Juan Pablo Licea Diaz

Expediente 1713/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 18 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1713/2018
Año
2018
Actuaciones
18
Última actuación
22/07/2019

Partes del expediente

  • Juan Pablo Licea Diaz
  • Juan Pablo Licea Diaz y Otros.
  • Gabriela Aguilar Navarro
  • Gabriela Aguilar Navarro y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; veintidós de julio de dos mil diecinueve. La certificación de cuenta evidencia que la parte quejosa no se inconformó dentro del plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra el proveído de veintiuno de junio del presente año (fojas 174 a 177), en el cual se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, el auto de mérito se tiene por consentido para los efectos legales conducentes. Por otra parte, el estado procesal de este juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de depuración, pues deberá conservarse únicamente la demanda y la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito, ya que mediante resolución emitida en el presente juicio, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión (punto vigésimo primero, inciso IV). En el entendido que en el presente juicio no existen documentos exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este juzgado de Distrito carecen de relevancia documental, y además, no encuadran en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Finalmente, si las autoridades destinatarias del oficio que de este acuerdo se expida, gozan del período vacacional correspondiente, se comisiona al Actuario Judicial de la adscripción para que, precisamente en el día en que éstas reanuden sus labores, entreguen dichos oficios, sin necesidad de ulterior acuerdo, mismos que deberán quedar bajo su resguardo y más estricta responsabilidad, en tanto sean entregados a sus destinatarios. Notifíquese.

  2. Principal

    iii) Toluca, Estado de México; veintiuno de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa Juan Pablo Licea Díaz y Gabriela Aguilar Navarro en auto de siete de junio pasado (foja 170), para que manifestaran lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo. Por tanto, al atender el estado procesal de los autos y en términos de lo dispuesto en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a determinar si la sentencia se encuentra cumplida o no, si existe exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. A fin de establecer lo anterior, es necesario precisar: El presente juicio se promovió por Juan Pablo Licea Díaz y Gabriela Aguilar Navarro, contra actos de la Legislatura del Estado de México y otras autoridades, por lo que hace al acto reclamado consistente en: La discusión, aprobación, refrendo, expedición, promulgación, publicación y primer acto de aplicación del decreto por el cual se creó el artículo 95, fracciones I, inciso C, rango 6 y II, rango 6 vigentes para dos mil dieciocho (pago de derechos por servicios prestados por el Instituto de la Función Registral del Estado de México, derivado de la inscripción de operación de compraventa de inmueble y apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria). Ahora, mediante sentencia emitida el diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 95 a 108), en lo relativo a los efectos del amparo, se determinó lo siguiente: "(.) En consecuencia, procede conceder a la parte quejosa la protección federal solicitada, en los términos siguientes: a) En lo sucesivo, no se aplique a la parte quejosa el artículo 95, fracciones I, inciso C, rango 6 y II, rango 6 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho. b) Dicha protección constitucional se hace extensiva al cobro y liquidación del derecho combatido que le fue efectuado a la quejosa, por ende, se deberá devolver, actualizada de forma debida, la cantidad que resulte de la diferencia entre las cantidades de $37,204.00 (treinta y siete mil doscientos cuatro pesos 00/100 moneda nacional), correspondiente al volante de trámite exhibido y la cuota mínima establecida en la porción normativa aplicada. c) En la inteligencia de que el efecto del amparo no tiene el alcance de liberar en su totalidad al gobernado del pago de la contribución y obligar al Estado a prestar el servicio registral, pues, ello implicaría un despropósito; sino que la protección constitucional tiende a desincorporar de la esfera de la parte quejosa la porción normativa estimada inconstitucional; sin que ello implique que no deba pagar por el servicio, lo que, en todo caso, deberá hacer con base en la menor tarifa que establece la ley, por ser ese el parámetro mínimo que representa para el Estado el costo del servicio de que se trata. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 29/2012, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de siguiente contenido: "DERECHOS POR SERVICIOS. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY QUE PREVÉ EL MECANISMO DE CÁLCULO DE LA TASA QUE FIJA EL PAGO DE AQUÉLLOS. Por regla general, la concesión del amparo respecto de una ley fiscal tiene como efecto que no se aplique al quejoso el precepto declarado inconstitucional, y que se le restituyan las cantidades enteradas. Ahora bien, atento al criterio sustentado por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 62/98, de rubro: "CONTRIBUCIONES. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA TRIBUTARIA.", se concluye que cuando en la ley se prevea un vicio subsanable en el mecanismo de cálculo de la tasa a pagar por concepto de derechos por servicios, el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicios proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva. Consecuentemente, cuando la disposición declarada inconstitucional fija derechos por registro de documentos a partir de un porcentaje sobre el valor de la operación comercial que les dio origen, pero previendo también una cantidad fija mínima a pagar, la restitución en el goce de la garantía individual violada sólo implica que el quejoso deje de pagar la tarifa porcentual, pero sin relevarlo de la obligación de enterar dicha cuota fija mínima, ya que esta suma es igual para todos los contribuyentes sin considerar el tipo de operación contenida en el documento a registrar, con lo cual se respeta el criterio del Tribunal Pleno plasmado en la jurisprudencia P./J. 121/2007, de rubro: "SERVICIOS REGISTRALES. LOS ORDENAMIENTOS LEGALES QUE ESTABLECEN LAS TARIFAS RESPECTIVAS PARA EL PAGO DE DERECHOS, SOBRE EL MONTO DEL VALOR DE LA OPERACIÓN QUE DA LUGAR A LA INSCRIPCIÓN, VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA.". Así como en lo sustentado en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DEL AMPARO CUANDO SE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS EN QUE SE FUNDÓ EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS). La declaratoria de inconstitucionalidad de las normas que rigen un tributo, derivada del juicio de garantías, tiene como efecto desincorporar de la esfera jurídica del contribuyente la respectiva obligación tributaria, y devolverle el saldo a favor originado con motivo de tal declaratoria. Ahora bien, aun cuando la actualización del monto respectivo para este supuesto no esté expresamente previsto en la norma, el derecho del contribuyente a recibirla deviene de la propia naturaleza del sistema que rige las relaciones entre el fisco y el contribuyente, del que deriva que el monto pagado debe efectuarse en valor presente, pues de otra manera no podría restituirse al gobernado en el pleno goce de la garantía violada en términos del artículo 80 de la Ley de Amparo." Cabe precisar que la concesión de amparo no tiene ningún efecto para las autoridades que participaron en la formación de la norma de observancia general, esto es, no alcanza a vincularlas ni las obliga a dejar insubsistentes sus actos, pues, el amparo otorgado no afecta a la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de su eficacia general. Lo anterior se sustenta en la tesis 1664, emitida por la Suprema Corte Justicia de la Nación en Pleno, cuyo texto y rubro son al tenor siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN. De los antecedentes históricos que dieron lugar a la consagración constitucional del principio de relatividad de las sentencias de amparo y de los criterios sentados por este tribunal sobre la materia, particularmente del establecido en los asuntos de los cuales derivaron las tesis jurisprudenciales publicadas con los números 200 y 201 del Tomo I del Apéndice de 1995, con los rubros de "LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN" y "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN", se desprende que los efectos de la sentencia que concede el amparo en contra de una ley reclamada con motivo de su aplicación concreta, actúan hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación que en su caso se hayan generado durante la tramitación del mismo, y actúan hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se aplique al quejoso la norma declarada inconstitucional, pero no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general." Los criterios citados en esta sentencia en los que se analizó lo dispuesto en la Ley de Amparo abrogada, se consideran aplicables al caso, pues las figuras jurídicas estudiadas siguen vigentes conforme a la actual Ley de la materia. SEXTO. Protección de datos personales. En atención a que la parte quejosa se opuso a la publicación de sus datos personales en la consulta o publicación de la presente sentencia, de conformidad con lo señalado por los artículos 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Finalmente, si las autoridades destinatarias del oficio que de este acuerdo se expida, gozan del período vacacional correspondiente, se comisiona al Actuario Judicial de la adscripción para que, precisamente en el día en que éstas reanuden sus labores, entreguen dichos oficios, sin necesidad de ulterior acuerdo, mismos que deberán quedar bajo su resguardo y más estricta responsabilidad, en tanto sean entregados a sus destinatarios. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 63, 73, 74, 75, 76, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Juan Pablo Licea Diaz y Gabriela Aguilar Navarro, por las razones y para los efectos precisados en el considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución, en términos del considerando último. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Víctor Manuel Rendón Sosa, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización concedida por la comisión de carrera judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/6826/2018 de once de diciembre de dos mil dieciocho, signado por el Secretario Técnico de dicha comisión, asistido de María Isabel López Mondragón, Secretaria con quien actúa, firma y da fe. Doy fe..." Inconforme con dicha determinación, la Directora Técnico-Jurídica y representante Legal de la Directora General del Instituto de la Función Registral del Estado de México interpuso recurso de revisión, medio de impugnación del cual correspondió su conocimiento al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, mismo que mediante ejecutoria emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, el veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, en el amparo en revisión 53/2019, resolvió: "PRIMERO. Se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. Para los efectos precisados en la última parte del considerando sexto de esta ejecutoria, la Justicia de la Unión Ampara y Protege a Juan Pablo Licea Díaz y Gabriela Aguilar Navarro, contra el acto y autoridades responsables precisados en el resultando primero de esta sentencia." Ahora, la modificación de la concesión del amparo fue para los siguientes efectos: "a) En lo sucesivo, no se aplique a la parte quejosa el artículo 95, fracciones I, inciso C, rango 6 y II, rango 6 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho. b) Dicha protección constitucional se hace extensiva al cobro y liquidación del derecho combatido que le fue efectuado a la quejosa, por ende, se deberá devolver, actualizada de forma debida, la cantidad que resulte de la diferencia entre las cantidades de $ 37,204.00 (treinta y siete mil doscientos cuatro pesos), correspondiente al volante de trámite exhibido y la cuota mínima establecida en la porciones normativa aplicadas a saber: fracciones I, inciso C, rango 6 y II, rango 6, del artículo 95 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, que asciende a la cantidad de $ 1, 521.00 mil quinientos veintiún pesos 00/100 moneda nacional. c) En la inteligencia de que el efecto del amparo no tiene el alcance de liberar en su totalidad al gobernado del pago de la contribución y obligar al Estado a prestar el servicio registral, pues, ello implicaría un despropósito; sino que la protección constitucional tiende a desincorporar de la esfera de la parte quejosa la porción normativa estimada inconstitucional; sin que ello implique que no deba pagar por el servicio, lo que, en todo caso, deberá hacer con base en la menor tarifa que establecen las fracciones I, inciso C, rango 6 y II, rango 6, del artículo 95 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, por ser esos parámetros mínimos que representa para el Estado el costo de los servicios de registros de compraventa, así como de hipoteca, esto es, la suma de $ 1, 521.00 mil quinientos veintiún pesos.". En cumplimiento a lo anterior, mediante auto de veintiuno de mayo del año en curso (fojas 152 y 153), se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable Directora General del Instituto de la Función Registral del Estado de México y por oficio recibido en este juzgado el veintinueve de mayo del año en curso (foja 166 a 167), la citada autoridad comunicó que dejaba a disposición de la parte quejosa el cheque de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, adjuntando copia certificada de dicho título valor y con lo cual se dio vista por el plazo de tres días a la parte solicitante del amparo, para que se acudiera ante la responsable a recoger el cheque en cuestión, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro de ese plazo o no manifestar nada al respecto se entendería que lo recibieron, sin que realizaran manifestación alguna dentro del plazo concedido para tal efecto, por lo que en proveído de siete de junio se hizo efectivo el apercibimiento respectivo, hendiéndose que recibieron el cheque en cuestión. Establecido lo anterior, de las constancias exhibidas por la responsable, se advierte que dejó de aplicar a la quejosa el artículo 95, fracciones I, inciso C, rango 6 y II, rango 6, del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, razón por la cual le devolvió la cantidad actualizada que resultó de la diferencia entre lo que había pagado según el volante de trámite exhibido y la cuota mínima establecida en la porción normativa aplicada. Por tanto, resulta evidente que los efectos de la sentencia de amparo fueron satisfechos por la responsable. La consideración anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 16/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época , publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, Materia Común, página 122, cuyo contenido es: "INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO. Si se concede el amparo para el efecto de que se dicte una resolución y se notifique la misma en forma personal a la parte quejosa, es obvio que el fallo protector sólo se acatará totalmente cuando la autoridad responsable haya ejecutado dichos actos. Sin embargo, como el fin último del juicio de garantías es que las sentencias constitucionales que conceden el amparo y la protección de la Justicia Federal se cumplan, puede el juzgador, una vez que la autoridad le envía la resolución, ordenar que ésta se le notifique en forma personal a la parte quejosa para los efectos legales consiguientes, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia y además, tal actuación es congruente con lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que ordena que el juzgador que emitió la sentencia protectora, puede hacer cumplir la ejecutoria de que se trate dictando las órdenes necesarias para ello." En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Victor Manuel Rendon Sosa, que autoriza, firma y da fe.

  3. Principal

    SE LISTA AVISO DE NOTIFICACION DE LA PARTE QUEJOSA. iii) Toluca, Estado de México; veintiuno de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa Juan Pablo Licea Díaz y Gabriela Aguilar Navarro en auto de siete de junio pasado (foja 170), para que manifestaran lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo. Por tanto, al atender el estado procesal de los autos y en términos de lo dispuesto en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a determinar si la sentencia se encuentra cumplida o no, si existe exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. A fin de establecer lo anterior, es necesario precisar: El presente juicio se promovió por Juan Pablo Licea Díaz y Gabriela Aguilar Navarro, contra actos de la Legislatura del Estado de México y otras autoridades, por lo que hace al acto reclamado consistente en: La discusión, aprobación, refrendo, expedición, promulgación, publicación y primer acto de aplicación del decreto por el cual se creó el artículo 95, fracciones I, inciso C, rango 6 y II, rango 6 vigentes para dos mil dieciocho (pago de derechos por servicios prestados por el Instituto de la Función Registral del Estado de México, derivado de la inscripción de operación de compraventa de inmueble y apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria). Ahora, mediante sentencia emitida el diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 95 a 108), en lo relativo a los efectos del amparo, se determinó lo siguiente: "(.) En consecuencia, procede conceder a la parte quejosa la protección federal solicitada, en los términos siguientes: a) En lo sucesivo, no se aplique a la parte quejosa el artículo 95, fracciones I, inciso C, rango 6 y II, rango 6 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho. b) Dicha protección constitucional se hace extensiva al cobro y liquidación del derecho combatido que le fue efectuado a la quejosa, por ende, se deberá devolver, actualizada de forma debida, la cantidad que resulte de la diferencia entre las cantidades de $37,204.00 (treinta y siete mil doscientos cuatro pesos 00/100 moneda nacional), correspondiente al volante de trámite exhibido y la cuota mínima establecida en la porción normativa aplicada. c) En la inteligencia de que el efecto del amparo no tiene el alcance de liberar en su totalidad al gobernado del pago de la contribución y obligar al Estado a prestar el servicio registral, pues, ello implicaría un despropósito; sino que la protección constitucional tiende a desincorporar de la esfera de la parte quejosa la porción normativa estimada inconstitucional; sin que ello implique que no deba pagar por el servicio, lo que, en todo caso, deberá hacer con base en la menor tarifa que establece la ley, por ser ese el parámetro mínimo que representa para el Estado el costo del servicio de que se trata. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 29/2012, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de siguiente contenido: "DERECHOS POR SERVICIOS. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY QUE PREVÉ EL MECANISMO DE CÁLCULO DE LA TASA QUE FIJA EL PAGO DE AQUÉLLOS. Por regla general, la concesión del amparo respecto de una ley fiscal tiene como efecto que no se aplique al quejoso el precepto declarado inconstitucional, y que se le restituyan las cantidades enteradas. Ahora bien, atento al criterio sustentado por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 62/98, de rubro: "CONTRIBUCIONES. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA TRIBUTARIA.", se concluye que cuando en la ley se prevea un vicio subsanable en el mecanismo de cálculo de la tasa a pagar por concepto de derechos por servicios, el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicios proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva. Consecuentemente, cuando la disposición declarada inconstitucional fija derechos por registro de documentos a partir de un porcentaje sobre el valor de la operación comercial que les dio origen, pero previendo también una cantidad fija mínima a pagar, la restitución en el goce de la garantía individual violada sólo implica que el quejoso deje de pagar la tarifa porcentual, pero sin relevarlo de la obligación de enterar dicha cuota fija mínima, ya que esta suma es igual para todos los contribuyentes sin considerar el tipo de operación contenida en el documento a registrar, con lo cual se respeta el criterio del Tribunal Pleno plasmado en la jurisprudencia P./J. 121/2007, de rubro: "SERVICIOS REGISTRALES. LOS ORDENAMIENTOS LEGALES QUE ESTABLECEN LAS TARIFAS RESPECTIVAS PARA EL PAGO DE DERECHOS, SOBRE EL MONTO DEL VALOR DE LA OPERACIÓN QUE DA LUGAR A LA INSCRIPCIÓN, VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA.". Así como en lo sustentado en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DEL AMPARO CUANDO SE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS EN QUE SE FUNDÓ EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS). La declaratoria de inconstitucionalidad de las normas que rigen un tributo, derivada del juicio de garantías, tiene como efecto desincorporar de la esfera jurídica del contribuyente la respectiva obligación tributaria, y devolverle el saldo a favor originado con motivo de tal declaratoria. Ahora bien, aun cuando la actualización del monto respectivo para este supuesto no esté expresamente previsto en la norma, el derecho del contribuyente a recibirla deviene de la propia naturaleza del sistema que rige las relaciones entre el fisco y el contribuyente, del que deriva que el monto pagado debe efectuarse en valor presente, pues de otra manera no podría restituirse al gobernado en el pleno goce de la garantía violada en términos del artículo 80 de la Ley de Amparo." Cabe precisar que la concesión de amparo no tiene ningún efecto para las autoridades que participaron en la formación de la norma de observancia general, esto es, no alcanza a vincularlas ni las obliga a dejar insubsistentes sus actos, pues, el amparo otorgado no afecta a la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de su eficacia general. Lo anterior se sustenta en la tesis 1664, emitida por la Suprema Corte Justicia de la Nación en Pleno, cuyo texto y rubro son al tenor siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN. De los antecedentes históricos que dieron lugar a la consagración constitucional del principio de relatividad de las sentencias de amparo y de los criterios sentados por este tribunal sobre la materia, particularmente del establecido en los asuntos de los cuales derivaron las tesis jurisprudenciales publicadas con los números 200 y 201 del Tomo I del Apéndice de 1995, con los rubros de "LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN" y "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN", se desprende que los efectos de la sentencia que concede el amparo en contra de una ley reclamada con motivo de su aplicación concreta, actúan hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación que en su caso se hayan generado durante la tramitación del mismo, y actúan hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se aplique al quejoso la norma declarada inconstitucional, pero no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general." Los criterios citados en esta sentencia en los que se analizó lo dispuesto en la Ley de Amparo abrogada, se consideran aplicables al caso, pues las figuras jurídicas estudiadas siguen vigentes conforme a la actual Ley de la materia. SEXTO. Protección de datos personales. En atención a que la parte quejosa se opuso a la publicación de sus datos personales en la consulta o publicación de la presente sentencia, de conformidad con lo señalado por los artículos 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Finalmente, si las autoridades destinatarias del oficio que de este acuerdo se expida, gozan del período vacacional correspondiente, se comisiona al Actuario Judicial de la adscripción para que, precisamente en el día en que éstas reanuden sus labores, entreguen dichos oficios, sin necesidad de ulterior acuerdo, mismos que deberán quedar bajo su resguardo y más estricta responsabilidad, en tanto sean entregados a sus destinatarios. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 63, 73, 74, 75, 76, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Juan Pablo Licea Diaz y Gabriela Aguilar Navarro, por las razones y para los efectos precisados en el considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución, en términos del considerando último. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Víctor Manuel Rendón Sosa, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización concedida por la comisión de carrera judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/6826/2018 de once de diciembre de dos mil dieciocho, signado por el Secretario Técnico de dicha comisión, asistido de María Isabel López Mondragón, Secretaria con quien actúa, firma y da fe. Doy fe..." Inconforme con dicha determinación, la Directora Técnico-Jurídica y representante Legal de la Directora General del Instituto de la Función Registral del Estado de México interpuso recurso de revisión, medio de impugnación del cual correspondió su conocimiento al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, mismo que mediante ejecutoria emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, el veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, en el amparo en revisión 53/2019, resolvió: "PRIMERO. Se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. Para los efectos precisados en la última parte del considerando sexto de esta ejecutoria, la Justicia de la Unión Ampara y Protege a Juan Pablo Licea Díaz y Gabriela Aguilar Navarro, contra el acto y autoridades responsables precisados en el resultando primero de esta sentencia." Ahora, la modificación de la concesión del amparo fue para los siguientes efectos: "a) En lo sucesivo, no se aplique a la parte quejosa el artículo 95, fracciones I, inciso C, rango 6 y II, rango 6 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho. b) Dicha protección constitucional se hace extensiva al cobro y liquidación del derecho combatido que le fue efectuado a la quejosa, por ende, se deberá devolver, actualizada de forma debida, la cantidad que resulte de la diferencia entre las cantidades de $ 37,204.00 (treinta y siete mil doscientos cuatro pesos), correspondiente al volante de trámite exhibido y la cuota mínima establecida en la porciones normativa aplicadas a saber: fracciones I, inciso C, rango 6 y II, rango 6, del artículo 95 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, que asciende a la cantidad de $ 1, 521.00 mil quinientos veintiún pesos 00/100 moneda nacional. c) En la inteligencia de que el efecto del amparo no tiene el alcance de liberar en su totalidad al gobernado del pago de la contribución y obligar al Estado a prestar el servicio registral, pues, ello implicaría un despropósito; sino que la protección constitucional tiende a desincorporar de la esfera de la parte quejosa la porción normativa estimada inconstitucional; sin que ello implique que no deba pagar por el servicio, lo que, en todo caso, deberá hacer con base en la menor tarifa que establecen las fracciones I, inciso C, rango 6 y II, rango 6, del artículo 95 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, por ser esos parámetros mínimos que representa para el Estado el costo de los servicios de registros de compraventa, así como de hipoteca, esto es, la suma de $ 1, 521.00 mil quinientos veintiún pesos.". En cumplimiento a lo anterior, mediante auto de veintiuno de mayo del año en curso (fojas 152 y 153), se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable Directora General del Instituto de la Función Registral del Estado de México y por oficio recibido en este juzgado el veintinueve de mayo del año en curso (foja 166 a 167), la citada autoridad comunicó que dejaba a disposición de la parte quejosa el cheque de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, adjuntando copia certificada de dicho título valor y con lo cual se dio vista por el plazo de tres días a la parte solicitante del amparo, para que se acudiera ante la responsable a recoger el cheque en cuestión, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro de ese plazo o no manifestar nada al respecto se entendería que lo recibieron, sin que realizaran manifestación alguna dentro del plazo concedido para tal efecto, por lo que en proveído de siete de junio se hizo efectivo el apercibimiento respectivo, hendiéndose que recibieron el cheque en cuestión. Establecido lo anterior, de las constancias exhibidas por la responsable, se advierte que dejó de aplicar a la quejosa el artículo 95, fracciones I, inciso C, rango 6 y II, rango 6, del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, razón por la cual le devolvió la cantidad actualizada que resultó de la diferencia entre lo que había pagado según el volante de trámite exhibido y la cuota mínima establecida en la porción normativa aplicada. Por tanto, resulta evidente que los efectos de la sentencia de amparo fueron satisfechos por la responsable. La consideración anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 16/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época , publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, Materia Común, página 122, cuyo contenido es: "INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO. Si se concede el amparo para el efecto de que se dicte una resolución y se notifique la misma en forma personal a la parte quejosa, es obvio que el fallo protector sólo se acatará totalmente cuando la autoridad responsable haya ejecutado dichos actos. Sin embargo, como el fin último del juicio de garantías es que las sentencias constitucionales que conceden el amparo y la protección de la Justicia Federal se cumplan, puede el juzgador, una vez que la autoridad le envía la resolución, ordenar que ésta se le notifique en forma personal a la parte quejosa para los efectos legales consiguientes, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia y además, tal actuación es congruente con lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que ordena que el juzgador que emitió la sentencia protectora, puede hacer cumplir la ejecutoria de que se trate dictando las órdenes necesarias para ello." En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Victor Manuel Rendon Sosa, que autoriza, firma y da fe.

  4. Principal

    VI. Toluca, Estado de México; siete de junio de dos mil diecinueve. De la certificación de cuenta se desprende que el plazo de tres días concedido la parte quejosa, en proveído de treinta de mayo del año en curso (foja 168), donde se le requirió para que dentro del plazo de tres días acudiera ante el Instituto de la Función Registral del Estado de México, a recoger el cheque de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, girado a su favor transcurrió; sin que haya realizado manifestación alguna. Consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de referencia y se entiende que recibió el cheque a su satisfacción. Establecido lo anterior, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa con los autos, para que dentro del plazo de tres días manifieste lo que a su derecho e interés legal convenga; en relación al cumplimiento al fallo protector, sin perjuicio de que transcurrido dicho término se acuerde lo que en derecho corresponda. Al caso es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 247 publicada en las páginas 203 y 204 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, Tomo VI, Materia Común del rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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