Juan Pablo Díaz Acosta

Expediente 1381/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 28 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1381/2016
Año
2016
Actuaciones
14
Última actuación
28/05/2018

Partes del expediente

  • Juan Pablo Díaz Acosta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    I) Toluca, Estado de México; veintiocho de mayo de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio suscrito por el Juez de Control del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, por medio del cual solicita informe del estado procesal del juicio de amparo en que se actúa. Atento a lo anterior, infórmesele a la autoridad oficiante, al número de fax o dirección de correo electrónico, que indica en su ocurso de cuenta, que mediante sentencia dictada el quince de noviembre de dos mil dieciséis, se sobreseyó en el presente juicio de amparo y por auto de seis de diciembre de dos mil dieciséis, la presente determinación causó estado, ordenando su archivo. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; seis de diciembre de dos mil dieciséis. La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el quejoso no recurrió la sentencia dictada el quince de noviembre de dos mil dieciséis, por la cual se sobreseyó en este asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales conducentes; háganse y las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Ahora, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Por tanto, en el Libro de Gobierno realícense las anotaciones correspondientes. En ese orden de ideas, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: - El presente asunto es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso II, del Acuerdo de referencia), pues, se sobreseyó en el presente asunto. El cuaderno original y el duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción (encuadran en las hipótesis previstas en el punto vigésimo, inciso III y vigésimo primero, inciso III, de dicho Acuerdo). Lo anterior, pues se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados; en el entendido que se toma en consideración ésta y no la provisional dado que si bien el numeral en cita no establece en forma literal a cuál de ellas debe atenderse, de una lectura integral del mismo se advierte que se refiere a la definitiva, pues establece: "deberán conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento". - No existen documentos originales exhibidos por las partes (de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII del Acuerdo de referencia). - A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Finalmente, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Israel Díaz Reyna, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/7478/2016, asistido de con la Secretaria Maria Isabel Lopez Mondragon, que autoriza, firma y da fe.

  3. Principal

    SENTENCIA. Vistos, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1381/2016-I, promovido por Juan Pablo Díaz Acosta, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México y otras autoridades; y R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el doce de septiembre de dos mil dieciséis ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México con residencia en Toluca, remitido ese mismo al día a este Juzgado, Juan Pablo Díaz Acosta, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: -JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO. -PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. -DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO. -COMISARIO GENERAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO." "IV.- ACTO RECLAMADO. La infundada, inmotivada inconstitucional y anticonstitucional orden de aprehensión o la medida cautelar girada en su contra por la responsable ordenadora, dictada en la carpeta Administrativa número 12/2016, con la cual pretenden privarlo de su libertad personal violando con ello sus garantías constitucionales." DERECHOS HUMANOS INVOCADOS. La parte quejosa narró los antecedentes del caso y, dada la naturaleza del acto reclamado, no señaló tercero interesado, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes; y precisó que los actos reclamados aducidos son violatorios de los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Mediante auto de trece de septiembre de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe justificado, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio conforme a lo dispuesto por los artículos 103 fracción I, 107 fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 12/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 03/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que el acto reclamado, de existir, podría tener ejecución material dentro de la demarcación territorial en que este órgano constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se coligen del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por el quejoso. Lo anterior, de conformidad con lo sustentado en la jurisprudencia P./J.40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, número de registro 192097, misma que se transcribe a continuación: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, de la lectura integral de la demanda de amparo, en concordancia con los autos del sumario constitucional, se concluye que el peticionario de amparo reclama: - La orden de aprehensión o medida cautelar, girada en su contra. TERCERO. INEXISTENCIA DE ACTOS. Previo al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto que por esta vía se controvierte, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia de los actos reclamados a cada una de las autoridades responsables en el presente asunto, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente. Tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia 10, publicada en la página sesenta y ocho, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, tomo 76, abril de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con número de registro 212775, misma que se transcribe a continuación: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." En esa tesitura, las autoridades señaladas como responsables: JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO. -PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. -DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO. -COMISARIO GENERAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO Al rendir sus informes justificados negaron la existencia del acto que les atribuye la impetrante de amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia 284, publicada en la página 236, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, materia común, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 917818, cuyo rubro y texto se transcribe a continuación: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se le atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." En esa tesitura, y toda vez que la promovente del amparo no desvirtuó la negativa de los actos dentro de su oportunidad procesal; en consecuencia, se sobresee en el juicio de amparo respecto de los actos reclamados a las autoridades indicadas, por surtirse el supuesto normativo contenido en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se Sobresee en el juicio de amparo 1397/2016-I, promovido por Juan Pablo Díaz Acosta contra actos de las autoridades responsables precisadas en el resultando primero de este fallo constitucional, en términos de lo razonado en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria María Isabel López Mondragón, que autoriza, firma y da fe

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; ocho de noviembre de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del diverso 2°, agréguese a los autos sin mayor proveído el oficio de cuenta, a través del cual el Director General de Seguridad Pública Protección Civil y Bomberos de Tenancingo, Estado de México, rinde su respectivo informe justificado, en virtud de que mediante proveído de veinte de octubre del año en curso, se tuvo por rendido el informe solicitado. Por otra parte, la certificación de cuenta evidencia que la audiencia constitucional se fijó para hoy a las diez horas con cuarenta y cinco minutos, como se determinó mediante proveído de trece de septiembre del año en curso; sin embargo, de conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Encargado del Despacho no se encuentra facultado para celebrar audiencias constitucionales en las ausencias temporales de los titulares, pues cuando un Juez de Distrito falte por un plazo menor de quince días al despacho del juzgado, el secretario practicará las diligencias y dictará las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente por la ausencia del titular. Por tanto, no se está en posibilidad de llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para este día, en consecuencia se difiere y se fijan las once horas con quince minutos del quince de noviembre de dos mil dieciséis, para su verificativo. Se estima aplicable, la tesis XV.20.11, publicada en la página 443, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Enero de 1997, Materia Común, Novena Época, que establece: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. CARECE DE VALIDEZ LA SENTENCIA EMITIDA EN LA, SI FUE DICTADA POR EL SECRETARIO DEL JUZGADO ENCARGADO DEL DESPACHO SIN LA AUTORIZACIÓN FORMAL Y EXPRESA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. Acorde con los artículos 43, 81, fracción XXII, y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es atribución del Consejo de la Judicatura Federal, el autorizar a los secretarios de los Juzgados de Distrito para desempeñar las funciones de Jueces de Distrito, en las ausencias temporales de los titulares, y cuando un Juez de Distrito falte por un término menor de quince días al despacho del juzgado, el secretario respectivo practicará las diligencias y dictará las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente, y si la ausencia del Juez es superior a quince días, será el Consejo de la Judicatura Federal quien autorizará al correspondiente secretario o designará a la persona que deba sustituirlo durante su ausencia, entre tanto, el secretario se encargará del despacho pero sin resolver en definitiva. En tales condiciones, el fallo en definitiva del juicio de garantías, no constituye un acto de mero trámite que pueda dictar el secretario sin la autorización formal y expresa del Consejo de la Judicatura Federal, que obre en autos, en el supuesto de la ausencia temporal del Juez, inferior a quince días, y por otra parte, se encuentra específicamente impedido el funcionario que actúa, para dictar la sentencia de amparo, por lo que la contravención a las disposiciones citadas primeramente, conduce a la reposición del procedimiento." Notifíquese. Así lo acordó y firma José Antonio Ruiz Rosales, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Encargado del Despacho por licencia otorgada al titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa con la Secretaria Maria Isabel Lopez Mondragon, que autoriza, firma y da fe.

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