Juan Pablo Herrera Ramirez

Expediente 263/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 11 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
263/2020
Año
2020
Actuaciones
11
Última actuación
26/01/2021

Partes del expediente

  • Juan Pablo Herrera Ramirez
  • Juez de Distrito Especializado En el Sistema Penal Acusatorio Administrador del Centro de Justicia Penal Federal En el Estado de Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de enero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado -electrónicamente- por Nadia Jazmín González Limón, Secretaria del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa; y, en atención a su contenido, primero debe decirse que dicha promoción fue presentada de manera electrónica ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y que ésta cuenta con la evidencia criptográfica que prevén los artículos 2, fracción XVI, 22, 52 y 53 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, misma que se tiene a la vista y acredita que la promovente es titular de la firma electrónica que lo autoriza para enviar promociones de conformidad con el artículo 3, quinto párrafo de la Ley de Amparo. Asimismo, se aprecia que dicha signatura electrónica se encuentra vigente. Sentado lo anterior, téngasele devolviendo debidamente diligenciado el exhorto 6/2021 (orden 32/2021), de la estadística de este juzgado, de cuyas actuaciones se advierte que se notificó personalmente al quejoso Juan Pablo Herrera Ramírez la determinación de diecinueve de enero de dos mil veintiuno; por tanto, se tiene por cumplida la encomienda planteada, para los efectos legales a que haya lugar. Dese de baja la comunicación oficial del mérito, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). No ha lugar a acusar recibo de la comunicación oficial de cuenta, en virtud de que al enviar dichas constancias a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) éste se genera de forma automática. Cúmplase.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la resolución dictada el diecinueve de noviembre de dos mil veinte, mediante la cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, ha sido notificada a todas las partes y que el término genérico de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de inconformidad ha fenecido para todas ellas. Lo anterior, en virtud de que la última notificación se efectuó al quejoso Juan Pablo Herrera Ramírez el uno de diciembre de dos mil veinte, surtió efectos el dos siguiente y el aludido plazo transcurrió del tres de diciembre de dos mil veinte al catorce de enero de dos mil veintiuno, descontándose los siguientes días: i) cinco, seis, doce, trece, diecinueve y veinte de diciembre de dos mil veinte por ser sábados y domingos, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo; y, ii) los días comprendidos del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, en los que se declaró la suspensión de labores por la contingencia provocada por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, comunicada mediante circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, signada por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo, no es de relevancia documental, pero sí es susceptible de depuración después de transcurridos tres años. Se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente físico, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, en razón de que el quejoso Juan Pablo Herrera Ramírez se encuentra recluido en el Centro Federal de Reinserción Social Número 5 "Oriente" en el Estado de Veracruz, con residencia en Villa Aldama, se ordena notificarle la presente resolución, corriéndole traslado con copia autorizada de la misma. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 27, fracción II y 116, segundo párrafo de la Ley de Amparo, 144, 145 y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los numerales 298, 300 y 314 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo y, en términos del Acuerdo General 3/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, gírese atento exhorto electrónico al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, en turno, a fin de que, en auxilio de las labores de este Juzgado, se sirva realizar lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Centro Federal de Reinserción Social Número 5 "Oriente" en el Estado de Veracruz, con residencia en Villa Aldama; b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al quejoso Juan Pablo Herrera Ramírez, y se cerciore de su identidad; c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla-, así como el número de expediente -juicio de amparo 263/2020-; d) Notifique al demandante constitucional la presente determinación; e) Le corra traslado con copia autorizada de la presente determinación; y, f) Asiente razón en el sentido de si el quejoso quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza al Fedatario Judicial para que realice la notificación aún en horas y días inhábiles, en la inteligencia de que si se entera de un domicilio diverso donde pueda realizarse, se le faculta para constituirse en el lugar que se le informe y lo efectúe sin necesidad de previo acuerdo, asentando la razón correspondiente, para lo cual deberá indagar con los vecinos del lugar. Así, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, envíese vía electrónica el exhorto de referencia. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión (vía exhorto); por lista a su defensor público; y, por oficio a la autoridad responsable y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, ocho de diciembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio signado -electrónicamente- por Zoila Flor Juárez San Martin, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, y, en atención a su contenido, primero debe decirse que dicha promoción fue presentada de manera electrónica ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y que ésta cuenta con la evidencia criptográfica que prevén los artículos 2, fracción XVI, 22, 52 y 53 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, misma que se tiene a la vista y acredita que la promovente es titular de la firma electrónica que lo autoriza para enviar promociones de conformidad con el artículo 3, quinto párrafo de la Ley de Amparo. Asimismo, se aprecia que dicha signatura electrónica se encuentra vigente. Sentado lo anterior, téngasele devolviendo debidamente diligenciado el exhorto 140/2020 (orden 638/2020), de la estadística de este juzgado, de cuyas actuaciones se advierte que se notificó personalmente al quejoso Juan Pablo Herrera Ramírez la determinación de diecinueve de noviembre de dos mil veinte; por tanto, se tiene por cumplida la encomienda planteada, para los efectos legales a que haya lugar. Dese de baja la comunicación oficial del mérito, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Sin que haya lugar a acusar recibo de la comunicación oficial de cuenta, en virtud de que al enviar dichas constancias a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) éste se genera de forma automática. Cúmplase.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído cinco de noviembre de dos mil veinte, se dio vista al quejoso Juan Pablo Herrera Ramírez para que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, desahogando la aludida vista mediante una manifestación asentada en diligencia de diez de noviembre de dos mil veinte, practicada por el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos y tomando en consideración lo expresado por el directo quejoso. 1. Antecedentes. Mediante sentencia dictada el veintitrés de septiembre de dos mil veinte, se concedió el amparo al quejoso Juan Pablo Herrera Ramírez, contra el registro de actuación de doce de febrero de dos mil veinte, derivado de la carpeta de investigación FED/PUE/PBL/00002106/2017, por el cual -de forma tácita- se le negó la expedición de copia gratuita de la citada carpeta de investigación (oficio VIII-196/2020); para los efectos precisados en el propio fallo protector. Por acuerdo diecinueve de octubre del año en curso, causó ejecutoria la sentencia de amparo y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Octava Investigadora de la Delegación Estatal en Puebla de la Fiscalía General de la República. Por oficio VII-1038/2020, la citada autoridad responsable informó el cumplimiento dado a la sentencia de amparo; y mediante acuerdo de cinco de noviembre de dos mil veinte, se ordenó dar vista a la parte quejosa en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, para que manifestara lo que estimara conducente sobre tal cumplimiento. 2. Análisis de la ejecutoria de amparo. En la sentencia de amparo de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, se declaró inconstitucional el registro de actuación emitido el doce de febrero de dos mil veinte, dentro de la carpeta de investigación FED/PUE/PBL/00002106/2017, en la que se acordó -de forma tácita- negar la expedición de copia certificada de dicha indagatoria (oficio VIII-196/2020), por violar los derechos de acceso a la justicia y defensa adecuada, consagrados en los artículos 17 y 20, Apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para arribar a dicha conclusión, se aplicó el criterio jurisprudencial 1a./J. 72/2019 (10a.), sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y se tomaron en consideración las siguientes circunstancias particulares: A. Que el quejoso tenía el carácter de imputado en el procedimiento penal, pues, tanto en el registro de actuación reclamado como en la constancia de notificación por correo electrónico de siete de agosto de dos mil veinte, se desprendía que el quejoso solicitó copias de la carpeta de investigación para estar en aptitud de defenderse. B. Que el estado procesal de la causa penal de origen, por lo menos al momento de la presentación de la demanda de amparo -diez de marzo de dos mil veinte-, se ubicaba en la etapa de investigación complementaria y estaba pendiente de celebrarse la audiencia intermedia, tal como se advertía de la citada constancia de notificación. C. Que en virtud de lo último, se pudo deducir que el quejoso se encontraba vinculado a proceso. D. Que el quejoso se encontraba privado de su libertad. Entonces, con base en tales premisas, se consideró lo siguiente: ( Que al margen de que la fiscal responsable no había fundado ni motivado debidamente la negativa de expedir copia cotejada de la carpeta de investigación en favor del ahora quejoso, dicha autoridad no tenía razón alguna para emitir una determinación en ese sentido, tomando en consideración que -se reiteró- era un derecho expreso del imputado a obtener copia gratuita de los registros cuando aquél se encontraba detenido -como se dio en el presente caso-, fuera citado para comparecer con tal carácter, o bien, fuera sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. ( Dicho de otro modo, que las razones expuestas por la fiscal no eran idóneas ni suficientes para negar la expedición de las copias solicitadas, cuando se trataba de un derecho del imputado reconocido constitucional y legalmente, en especial aquellos argumentos en los que justificaba su negativa con base en una política de austeridad republicana o porque con anterioridad ya se había entregado copia de la carpeta a su defensor de oficio. ( Que el derecho de defensa adecuada no podía obstaculizarse por razones de austeridad en los ingresos públicos del Estado, pues, al margen de que dicha justificación no se encontraba regulada en la Constitución ni en otro ordenamiento jurídico aplicable al nuevo sistema penal de justicia, su aplicación podía generar en el imputado un estado de desigualdad procesal con su contraparte y, probablemente, un estado de incompetencia para defenderse en el procedimiento que se instruía en su contra. ( Que este órgano jurisdiccional coincidía con el quejoso, en el sentido de que resultaba complicado tener un contacto efectivo con su defensor de oficio en la causa penal de origen, quien según la responsable contaba con copia de los registros de actuación de la indagatoria, tomando en consideración que de autos se advertía que dicho profesionista era el licenciado en derecho Néstor Pérez Zárate, quien también fue designado con dicho carácter en el presente juicio de amparo y quien tenía su residencia en la Delegación en Puebla del Instituto Federal de Defensoría Pública. ( Que, en consecuencia, si el quejoso se encontraba recluido en Centro Federal de Reinserción Social Número 5 "Oriente" en el Estado de Veracruz, con residencia en Villa Aldama, era creíble que el quejoso no podía tener un contacto directo y constante con su defensor público y, por ende, eso dificultaba que el quejoso tuviera un acceso efectivo a los registros que componen la carpeta de investigación de origen. ( Que no fue correcto que la fiscal responsable indicara que si el quejoso persistía con su solicitud de expedir en su favor copia de la carpeta de investigación, ese trámite correría a su costa, habida cuenta que el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 113, fracción VIII, era claro en establecer que uno de los derechos del imputado era tener acceso, junto con su defensa, a los registros de la investigación, así como a obtener copia gratuita, registro fotográfico o electrónico de los mismos, en términos de los artículos 218 y 219 del cuerpo normativo en cuestión. ( Que la gratuidad de la justicia que consagra el artículo 17 Constitucional consistía en que las personas no tienen que efectuar ninguna erogación a los tribunales por la impartición de la justicia, lo cual genera como efecto la prohibición para que éstos exijan retribución por la función que desempeñan dentro del Estado. En ese tenor, el amparo se concedió para el efecto de que el efecto de que el fiscal responsable realizara lo siguiente: A. Dejara insubsistente el registro de actuación emitido el doce de febrero de dos mil veinte, dentro de la carpeta de investigación FED/PUE/PBL/00002106/2017, únicamente por cuanto al quejoso (oficio VIII-196/2020) -acto reclamado-. B. Con base en los razonamientos indicados en el considerando octavo del fallo protector, emitiera otro registro de actuación en el que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, Apartado B, fracción VI, de la Constitución y en los numerales 113, 218 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, expidiera de forma gratuita copia de las actuaciones que integran la aludida indagatoria. C. Notificara personalmente al quejoso el nuevo registro de actuación y le hiciera entrega de dichas copias en el lugar de su reclusión -Centro Federal de Reinserción Social Número 5 "Oriente" en el Estado de Veracruz, con residencia en Villa Aldama-, para lo cual podría coordinarse con el Juez de Distrito de Control que llevaba y tramitaba la causa penal instruida en su contra. 3. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. A. Mediante registro de actuación emitido el veintiuno de octubre del presente año, dentro de la carpeta de investigación FED/PUE/PBL/00002106/2017, el fiscal realizó lo siguiente: ( Dejó insubsistente el diverso registro de actuación de doce de febrero de dos mil veinte, en el que negó al aquí quejoso Juan Pablo Herrera Ramírez la expedición de copia gratuita de la citada carpeta de investigación -acto reclamado-; y ( En su lugar, acordó favorable la expedición de copia gratuita de la carpeta de investigación, en favor del referido quejoso. B. El tres de noviembre de dos mil veinte, la autoridad responsable notificó al quejoso el registro de actuación de veintiuno de octubre del actual -antes referido- y le hizo entrega de las copias que integran la carpeta de investigación de origen. 4. Desahogo a la vista otorgada. El quejoso Juan Pablo Herrera Ramírez, en diligencia de diez de noviembre de dos mil veinte practicada por el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, adujo -esencialmente- lo siguiente: ( Que el titular y jurídico del Centro Federal de Reinserción Social Número 5 "Oriente" en el Estado de Veracruz, con residencia en Villa Aldama, le limitaron y restringieron el acceso completo a la carpeta de investigación de origen, ya que -afirmó- sólo le entregaron un tomo de los cuatro que la componen. ( En consecuencia, solicita que se le proporcionaran los otros tres tomos y se le dé un tiempo razonable de dos meses para su análisis. 5. Opinión jurisdiccional. Atento a lo expuesto, se considera que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo. En efecto, la fiscal responsable cumplió con el núcleo esencial del fallo protector, habida cuenta que i) dejó insubsistente el registro de actuación reclamado; ii) emitió otro en el que expidió en favor del aquí quejoso copia gratuita de la carpeta de investigación de origen; iii) le notificó dicho registro y iv) le entregó personalmente la copia autorizada. De ahí que se cumplieron, sin excesos ni defectos, con los efectos y consideraciones del fallo protector. Ahora bien, el quejoso señala que el titular y jurídico del Centro Federal de Reinserción Social Número 5 "Oriente" en el Estado de Veracruz, con residencia en Villa Aldama, le limitaron y restringieron el acceso completo a la carpeta de investigación de origen, ya que -afirmó- sólo le entregaron un tomo de los cuatro que la componen. Al respecto, debe decirse que tal circunstancia no forma parte de la litis constitucional resuelta ni de los efectos del fallo protector, pues aun y cuando se haya ordenado restablecer el derecho del quejoso de contar con un acceso efectivo a las actuaciones de la carpeta de investigación de origen a través del mandato de expedirle copia de la misma y de entregarla personalmente en el lugar de su reclusión; lo cierto es que los actos que atribuye a dichas autoridades penitenciarias son autónomos al que reclamó en el presente juicio de amparo. Justamente, de existir tales los actos, éstos deben impugnarse de forma separada a través de los medios de defensa ordinarios que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal o, de resultar procedente, a través de un diverso juicio de amparo, a fin de que se estudie su legalidad o constitucionalidad. Por ende, no es factible que en esta etapa procesal de este juicio de derechos fundamentales se vincule a las referidas autoridades penitenciarias a permitir el acceso a la carpeta de investigación en los términos que pretende el quejoso, pues tal conducta puede estar fundada y motivada con base, por ejemplo, en un reglamento del propio centro penitenciario, el cual no puede soslayarse sin que previamente se haya analizado la actuación en una litis judicial ordinaria o extraordinaria. Por tanto, la circunstancia apuntada por el quejoso no es impedimento para declarar cumplida la ejecutoria de amparo, quedando a salvo sus derechos para impugnar los actos que atribuye a las autoridades penitenciarias referidas ante la instancia correspondiente. En diverso sentido, este juzgado de distrito no es competente para otorgar al quejoso un tiempo de dos meses para el análisis de la carpeta de investigación. En todo caso, la autoridad competente resulta la autoridad jurisdiccional que conoce del proceso penal emanado de la investigación que se lleva a cabo en dicha indagatoria, por lo que, si lo estima conveniente, deberá formular la solicitud respectiva a dicha autoridad. 6. Notificación al quejoso. En razón de que el quejoso Juan Pablo Herrera Ramírez se encuentra recluido en el Centro Federal de Reinserción Social Número 5 "Oriente" en el Estado de Veracruz, con residencia en Villa Aldama, se ordena notificarle la presente resolución, corriéndole traslado con copia autorizada de la misma. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 27, fracción II y 116, segundo párrafo de la Ley de Amparo, 144, 145 y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los numerales 298, 300 y 314 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo y, en términos del Acuerdo General 3/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, gírese atento exhorto electrónico al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, en turno, a fin de que, en auxilio de las labores de este Juzgado, se sirva realizar lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Centro Federal de Reinserción Social Número 5 "Oriente" en el Estado de Veracruz, con residencia en Villa Aldama; b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al quejoso Juan Pablo Herrera Ramírez, y se cerciore de su identidad; c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla-, así como el número de expediente -juicio de amparo 263/2020-; d) Notifique al demandante constitucional la presente determinación; e) Le corra traslado con copia autorizada de la presente determinación; y, f) Asiente razón en el sentido de si el quejoso quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza al Fedatario Judicial para que realice la notificación aún en horas y días inhábiles, en la inteligencia de que si se entera de un domicilio diverso donde pueda realizarse, se le faculta para constituirse en el lugar que se le informe y lo efectúe sin necesidad de previo acuerdo, asentando la razón correspondiente, para lo cual deberá indagar con los vecinos del lugar. Así, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, envíese vía electrónica el exhorto de referencia. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión (vía exhorto), así como a su defensor público en el domicilio señalado para tal efecto; y, por oficio a la autoridad responsable y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

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