Juan Pablo Castro Gonzalez

Expediente 377/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
377/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
22/06/2018

Partes del expediente

  • Juan Pablo Castro Gonzalez

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el oficio de la Secretaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por medio del cual, remite testimonio de la ejecutoria pronunciada el siete de junio de dos mil dieciocho, en el recurso de queja 49/2018, interpuesto por la parte quejosa en contra del auto dictado el treinta de abril de dos mil dieciocho, en el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de garantías; misma que en su punto resolutivo señala: "ÚNICO.- Es infundado el recurso de queja hecho valer por Juan Pablo Castro González, por su propio derecho, contra el proveído de treinta de abril de dos mil dieciocho, dictado por la Jueza Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en los autos del juicio de amparo indirecto 377/2018-C de su índice." En tales condiciones, acúsese el recibo de estilo correspondiente al tribunal de revisión; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de garantías no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Por otro lado, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, mediante el cual comunica que en proveído de catorce de mayo de dos mil dieciocho, dictado en el toca Q-49/2018 de índice, el Magistrado Presidente de dicho órgano colegiado admitió el recurso de queja interpuesto por el quejoso Juan Pablo Castro González, en contra del auto de treinta de abril del año en curso, dictado en el presente juicio de amparo; de lo que se toma para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, nueve de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a los presentes autos el escrito de expresión de agravios signado el quejoso Juan Pablo Castro González, mediante el cual, interpone recurso de queja en contra del auto dictado el treinta de abril de dos mil dieciocho, en el presente juicio de amparo 377/2018-C, por el cual se desechó su demanda de garantías. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98 100 y 101 de la Ley de Amparo vigente; ríndase el informe respectivo, manifestando que es cierto que se desechó la demanda de amparo y remítase el original del aludido escrito de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, conjuntamente con copia certificada de todo lo actuado en este expediente en que se provee, toda vez que no hay más partes a notificar. Así mismo, glósese para constancia copia del escrito de expresión de agravios.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de abril de dos mil dieciocho. FORMACIÓN. Visto lo de cuenta; fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo promovida por Juan Pablo Castro González, por propio derecho, con el número 377/2018-C, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado. DESECHAMIENTO. En primer término, debe precisarse que el promovente, quien acude a esta instancia constitucional en su carácter de víctima del delito, esencialmente reclama de la autoridad responsable 1. Juez de Control de la Región Judicial Sur-Oriente, con residencia en Tehuacán, Puebla (Carlos Guillermo Ramírez Rodríguez), lo siguiente: El acuerdo de nueve de abril de dos mil dieciocho, dictado dentro de la carpeta judicial administrativa 44/2018/TEHUACÁN de su índice, mediante el cual negó la solicitud del agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto, de librar orden de aprehensión en contra de Martín García Lozano alias "Sargento" y/o "Sarchs" y Ulber Palacios Martínez alias "Silver", por su probable participación en la comisión de hechos con apariencia del delito de secuestro agravado, cometido en su agravio. En ese sentido, debe concluirse que la acción intentada mediante la demanda de amparo que se analiza, deviene improcedente, pues en la especie se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" De tal disposición se colige que, el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones judiciales respecto de las cuales la ley conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, siempre y cuando el quejoso no sea tercero extraño al juicio natural. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En ese sentido, debe decirse que del contenido integral de la demanda de amparo, se advierten a manera de antecedentes, los siguientes: 1. El siete de abril de dos mil dieciocho, dentro de la Carpeta de Investigación número 067/2016/FISDAI, Constantino Hernández Gutiérrez, agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto, solicitó al juez de control responsable, librara orden de aprehensión en contra de los imputados Martin García Lozano alias "Sargento" y/o "Sarchs" y Ulber Palacios Martinez alias "Silver", por su probable participación en la comisión de hechos con apariencia del delito de secuestro agravado, en agravio del hoy quejoso. 2. El nueve de abril de dos mil dieciocho, la notificadora adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur Oriente, notificó el auto de nueve de abril de dos mil dieciocho, que en lo conducente dice: "... Visto el contenido del oficio de cuenta y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 68, 131 y 134 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mediante el cual solicita se libre orden de aprehensión en contra de MARTIN GARCIA LOZANO alias "SARGENTO" y/o "SARCHS" y ULBER PALACIOS MARTINEZ alias "SILVER" dígasele que no es posible atender a su solicitud en atención al acuerdo emitido por el abogado VICTOR ANTONIO CARRANCA BOURGET, Fiscal General del Estado, mediante el cual se crea la Unidad de Control de Actuaciones de Ministerios Públicos, que en el procedimiento penal requiere intervención judicial a la Fiscalía General de Estado de Puebla, mismo en el que se establece que es la única instancia de la institución con competencia para canalizar y presentar a este juzgado las solicitudes del Ministerio Público para la intervención judicial en el procedimiento penal, consecuentemente, se establece que el promovente de acuerdo al auto en mención, carece de autorización para realizar la solicitud planteada, ya que en todo casos la misma debe de ser remitida por el Titular de la Unidad de Control de Actuaciones del Ministerio Público, circunstancia que no acontece en el caso concreto.". Dicho acuerdo, constituye el acto reclamado en esta vía constitucional. No se soslaya que, en el capítulo relativo al acto reclamado, el promovente refirió que combate la dilación del juez de control responsable para emitir el acuerdo respectivo sobre la solicitud de orden de aprehensión planteada por el agente de Ministerio Público; sin embargo, del contenido integral de la demanda que se provee, se advierte que dicha dilación se traduce en el propio acuerdo reclamado de nueve de abril de dos mil dieciocho. De lo antes indicado, es evidente que el mencionado acuerdo, en el que se niega la solicitud de librar orden de aprehensión, es apelable, en términos del artículo 467, fracción III del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone: "Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: I. Las que nieguen el anticipo de prueba; II. Las que nieguen la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios o no los ratifiquen; III. La negativa o cancelación de orden de aprehensión; IV. La negativa de orden de cateo; V. Las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares; VI. Las que pongan término al procedimiento o lo suspendan; VII. El auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso; VIII. Las que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso; IX. La negativa de abrir el procedimiento abreviado; X. La sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado, o XI. Las que excluyan algún medio de prueba." De esta manera, si el recurso de apelación que contempla la ley que rige el acto tildado de inconstitucional tiene por objeto que una de las partes legitimadas en la controversia penal pueda instarlo y con base en él se modifique, revoque o nulifique el mismo, es claro que existe la obligación de promoverlo previamente a la solicitud del amparo y protección de la Justicia Federal, a efecto de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de garantías. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis VI.2o.C. J/259, cuyos rubro y texto, son del tenor siguiente: "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo." Por tanto, en la especie se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley reglamentaria, sin que en el caso opere alguna de las excepciones que señalan los incisos a), b) y c) de dicho precepto legal, pues el acto reclamado no es uno que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el dispositivo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ni se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. Tampoco se trata de persona extraña al procedimiento (pues, en términos del artículo 105, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, la víctima u ofendido, es sujeto del procedimiento, quien tiene la calidad de parte en los procedimientos previstos en el referido código) ; y la procedencia del recurso o medio de defensa no se sujeta a interpretación adicional ni su fundamento legal es insuficiente para determinarla, caso en el cual el quejoso quedaría en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la presente demanda de amparo, por ser manifiesta y notoria la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII del mismo ordenamiento legal, respecto del acto reclamado precisado. Al respecto, conviene citar la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." DOMICILIO. Toda vez que la parte quejosa señala como domicilio para oír notificaciones los estrados de este Juzgado, los cuales, técnicamente no constituyen un domicilio para realizar notificaciones personales, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones personales a la parte quejosa, por lista de acuerdos. Tiene aplicación al caso la Tesis aislada número XXII.1°.22k, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito que se lee a foja 1067, del tomo VIII, Diciembre de 1998, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al rubro dice: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL." AUTORIZADOS. Téngase en términos del párrafo primero, parte in fine, del artículo 12 de la Ley de la Materia, se tiene como autorizados sólo para oír notificaciones e imponerse de autos a las persona que menciona, quienes no gozarán de las demás facultades a que se refiere el párrafo primero de dicho numeral, al no acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados, ni proporcionarse los datos correspondientes de sus cédulas profesionales. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atenta la carga de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano