Juan Pablo Guillermo Molina
Expediente 2524/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 85 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2524/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 85
- Última actuación
- 16/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Juan Pablo Guillermo Molina
- Lic. José Artemio Zuñiga Mendoza, Juez de Distrito Especializado En el Sistema Penal Acusatorio, Centro de Jusiticia Penal Federal, Reclusorio Norte, Cdmx
- Lic Ramon Jesus Aldaz Bencomo, Juez de Control Juzgado del Sistema Penal Acusatorio En Quintana Roo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 85.
- Principal
Mérida, Yucatán; dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Toda vez que de la cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la resolución con la cual se sobreseyó el presente juicio de amparo; pues si bien no obran en autos los acuses de recibo de los oficios por medio del cual se les comunicó la citada sentencia a las autoridades que tiene su sede fuera de esta ciudad de Mérida, ello no les causa perjuicio alguno, si no únicamente al directo quejoso, en virtud de que se sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo, y en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que el único punto resolutivo que SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 21 inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, así como que carece de documentos originales, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere el Acuerdo antes citado. De conformidad al artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Asimismo, en cuanto a los cuadernos relativos al incidente de suspensión derivado del expediente en que se actúa, dado que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva, de los actos reclamados a las responsables, provéase respecto de la destrucción de ambos incidentes, dado que se ubican en la hipótesis a que se refiere el artículo 21, inciso c), del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, SON SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; por lo que podrá hacerse una vez transcurridos los tres años a que se refiere dicho numeral. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL veinticinco de octubre de dos mil veintidós, estando en audiencia pública la Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, Karla Alexandra Domínguez Aguilar, asistida de Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa, procede al desahogo de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo dentro del juicio de amparo indirecto VI-2524/2021, promovido por Juan Pablo Guillermo Molina, por conducto de su apoderado legal Roberto Renato Rodríguez Rodríguez, contra actos del Juez de Control de Juzgado del Sistema Penal Acusatorio, con sede en Quintana Roo, y de otras autoridades; haciéndose constar que no comparecieron las partes en forma personal ni por conducto de representante o apoderado. Relación de constancias. A continuación, la Jueza ordena a la Secretaria hacer una relación de las constancias de autos, por lo que se dio cuenta con las siguientes: a) Demanda de amparo; b) Auto admisorio de la demanda; c) Constancia de notificación a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; y, d) Proveídos mediante los cuales se tuvieron por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables los cuales obran agregados a los presentes autos y se dio vista a las partes para que expresaran lo que a sus derechos conviniera. Asimismo, se hace constar que no obran en autos los informes del Director de la Policía Ministerial Investigadora de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, Titular de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica 23 de La Fiscalía General del Estado de Yucatán, con sede en Kanasín Yucatán, Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, Titular de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, Director General de la Policía en Apoyo a Mandamientos de la Agencia de Investigación Criminal, Comisionado General de la Policía Federal dependiente de la Secretaría de Gobernación, Comandante de la Guardia Nacional, todos con sede en la Ciudad de México; no obstante que se encuentran debidamente notificadas, tal y como se advierte de las constancias relativas que obran en autos. Acto seguido, la Jueza ACUERDA: téngase por rendidos en tiempo y forma los informes justificados de las autoridades responsables, para ser relacionados y tomados en consideración en el momento procesal oportuno, y celébrese la audiencia constitucional. Celébrese la presente audiencia constitucional, aún respecto de las autoridades omisas. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las ofrecidas por la parte quejosa en su escrito de demanda, consistente en la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, y con las documentales remitidas por el Juez de Despacho del Sistema Penal Acusatorio de Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, en representación del Juez de Control y Juicio Oral del Estado de Quintana Roo, en su informe de Ley; en tal virtud, la Jueza acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas citadas, mismas que se tienen por desahogadas en virtud de su naturaleza jurídica, y que serán tomadas en consideración al resolver. Abierto el período de alegatos, se da cuenta con las alegaciones vertidas por la Agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado en su alegato ministerial 12/2022, a lo que la Jueza acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados las manifestaciones de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, mismas que serán tomadas en consideración al momento de emitir la sentencia de amparo. Hecho lo anterior, se declara cerrada la presente etapa. Visto, para resolver, el presente juicio de amparo 2524/2021-VI, promovido por Juan Pablo Guillermo Molina, por conducto de su apoderado Roberto Renato Rodríguez Rodríguez, contra actos que reclama del Juez de Control de Juzgado del Sistema Penal Acusatorio, con sede en Quintana Roo, con sede en esta ciudad de Mérida, y de otras autoridades, por considerarlos violatorios a los artículos 1, 14, 16, 17, 19 y 20, Constitucionales; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. En demanda de amparo presentada el veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Tercero de Distrito, Juan Pablo Guillermo Molina, por conducto de su apoderado legal Roberto Renato Rodríguez Rodríguez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra del acto reclamado a las autoridades responsables que señaló en su demanda de amparo, consistente en la orden de aprehensión y detención dictada en su contra, así como su ejecución. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo; se ordenó dar a la representante Social de la Federación adscrita a este Juzgado la intervención legal que le compete; se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe justificado; se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo este día, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA LEGAL. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales, 107 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 03/2015, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de una autoridad que tiene ejecución dentro de la circunscripción territorial en que esta Juzgadora ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que deriva del análisis integral de las constancias de autos, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. En ese sentido, del examen integral de las constancias de autos, se obtiene el siguiente acto reclamado: - La orden de aprehensión y detención dictada en su contra, así como su ejecución. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Las autoridades responsables, Fiscales Investigadores de las Unidades de Investigación y Litigación Periférica Números Uno y Tres; Jefe de Departamento de Amparos, en ausencia temporal del Jefe de Departamento de Colaboraciones y Órdenes de Aprehensión; el Director de Investigación y Atención Temprana; Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación en Delitos Comunes; el Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Robo, todos los anteriores de la Fiscalía General del Estado; el Subdelegado Sustantivo y Fiscal Titular de la Unidad de Investigación y Litigación, encargado del Despacho de la Delegación Estatal de la Fiscalía General de la República y Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica Dos del Ministerio Público del Fuero Común, todos con sede en esta ciudad de Mérida; la Secretaría de Acuerdos de Juez de Instrucción en Materia Familiar y Civil Oral, de Isla Mujeres, Quintana Roo; Juez Mixto, Juez de Despacho y Juez en Funciones de Administradora de Primera Instancia del Distrito Judicial de Isla Mujeres, Quintana Roo; Juez de Distrito Especializado en el Sistema Acusatorio, en funciones de Juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, por sí y en representación de los Jueces de Distrito Especializados en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Jueces de Control adscritos a dicho Centro de Justicia Penal y del diverso Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, con competencia en Ejecución adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Quintana Roo; Director de Amparos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán; Secretario de Acuerdos en Funciones de Juez Tercero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo; Directora de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado de Durango; Secretario de Estudio y Cuenta en Funciones de Juez de Despacho Adscrito al Juzgado de Despacho del Sistema Penal Acusatorio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo; Secretaria de Acuerdos en Funciones de Juez Segundo Penal de Primera Instancia por Acuerdo General del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo; Directora de Tramitación Común de la Dirección General Jurídica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato; Fiscal del Ministerio Público adscrita a la zona dos de la Dirección Jurídica de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, en representación del Fiscal General del Estado de Quintana Roo; con sede en Chetumal, Quintana Roo; Director General Jurídico de la Fiscalía del Estado de Jalisco, en representación del Fiscal General del Estado de Jalisco; Secretario de Acuerdos en Funciones de Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, por vacaciones del Titular; Fiscal General del Estado de Aguascalientes; Fiscal General del Estado de Morelos; Vicefiscal Jurídico de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí; Procuradora General de Justicia del Estado de Tlaxcala; Vicefiscal de Investigación y Persecución del Delito, por ausencia del Fiscal General del Estado de Querétaro; Secretario de Acuerdos en funciones de Juez de Despacho del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto; Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección Jurídica y Consultiva de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en representación del Fiscal General de Justicia del Estado de México; Secretario de Estudio y Cuenta en Funciones de Juez de Despacho por Acuerdo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, adscrito al Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Tulum, Quintana Roo; Coordinador General de Asuntos Jurídicos en representación del Fiscal General del Estado de Puebla; Director Jurídico en ausencia del Fiscal General del Estado de Chiapas; Secretaria de Acuerdos en funciones de Juez de Despacho, en funciones de Juez de Instrucción Civil y Familiar Oral y Juez Mixto del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo; Secretaria de Estudio y Cuenta en funciones de Coordinadora de Seguimiento del Programa para el Fortalecimiento de la Justicia Civil y en funciones de Juez de Instrucción Civil y Familiar Oral, además en funciones, de Juez Mixto y Juez de Despacho del Sistema Penal Acusatorio de Primera Instancia, adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo; Secretaría de Actas Mínimas en Funciones de Administradora Adscrita a la Administración de Gestión Judicial del Sistema Penal Acusatorio y en Funciones de Administrador Judicial en las Materias Familiar y Civil Oral de Primera Instancia en los Distritos Judiciales de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos; Secretario de Acuerdos en funciones de Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de José María Morelos, Quintana Roo; Secretario de Estudio y Cuenta en Funciones de Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cozumel, Quintana Roo; Directora de Análisis Legislativo y Asuntos Contenciosos en ausencia del Fiscal General de Justicia del Estado de Tamaulipas; Director de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General en suplencia del Fiscal General del Estado de Nayarit; Secretaria de Acuerdos en funciones de Juez Penal Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad; Juez de Despacho del Sistema Penal Acusatorio adscrita a los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, Quintana Roo; Subdirector de Amparo, Civil y Penal de la Fiscalía General del Estado de Veracruz; Subprocuradora Jurídica y de Amparo, de la Procuraduría General de Justifica en el Estado de Baja California Sur; Fiscal General del Estado de Oaxaca; Consejero Jurídico de la Fiscalía General del Estado de Baja California; Procurador encargado de la Subprocuraduría Jurídica y de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo; Vicefiscal del Ministerio Público en Suplencia del Vicefiscal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León; Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur; Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, en representación de los Jueces que integran el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, en Almoloya de Juárez (Altiplano); Director de Amparo en suplencia por ausencia del Director General de Control de Juicios de Amparo, por suplencia del Fiscal General de la República; Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, Fiscal General de Justicia del Estado de Zacatecas; Administradora del Centro de Justifica Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Oriente; Coordinadora del Área de Amparo, de la Dirección General Jurídica de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua; Director General de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora; Vicefiscal de Procedimientos Penales de la Fiscalía General del Estado de Colima; Fiscal General del Estado de Tabasco; Fiscal General del Estado de Campeche; Secretario de Estudio y Cuenta de Sala en Funciones de Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo; Vicefiscal General del Estado de Sinaloa; Director General Jurídico de la Fiscalía General del Estado de Guerrero; Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, y la Administradora de Gestión Judicial adscrita a la Administración de Gestión Judicial de los Juzgados de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cozumel, Quintana Roo; al rendir sus respectivos informes justificados, NEGARON la existencia del acto que se les atribuye, consistente en la orden de aprehensión y detención dictada contra el quejoso, así como su ejecución; lo anterior, sin que exista prueba en contrario de la parte quejosa. Al ser esto así, lo procedente en el caso es sobreseer en este juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y en la jurisprudencia bajo el rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." CUARTO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Las autoridades responsables, Jueces de Control y Juicio Oral de los Juzgados del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo; el Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos por sí y en suplencia del Fiscal General; el Comandante de Aplicaciones, Presentaciones, Detenciones Ministeriales y de Custodia de la Policía Estatal de Investigación, el Encargado del Departamento Jurídico de la Policía Estatal de Investigación y el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, todos con sede en esta ciudad de Mérida; así como la Directora de Amparos en representación de la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, con sede en la Ciudad de México, al rendir sus respectivos informes justificados, aceptaron la existencia del acto que se les atribuye. Lo mismo debe decirse en cuanto al Director de la Policía Ministerial Investigadora de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, Titular de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica 23 de La Fiscalía General del Estado de Yucatán, con sede en Kanasín Yucatán, Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, Titular de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, Director General de la Policía en Apoyo a Mandamientos de la Agencia de Investigación Criminal, Comisionado General de la Policía Federal dependiente de la Secretaría de Gobernación, Comandante de la Guardia Nacional, todos con sede en la Ciudad de México; quienes no rindieron sus correspondientes informes justificados, no obstante encontrarse debidamente notificados para ello, tal y como se advierte de las constancias relativas que obran en autos; por lo que, conforme al artículo 117 de la Ley de Amparo, procede presumir ciertos los actos que se les atribuyen. QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ACTUALIZADA. En el presente juicio se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala, en relación con la diversa fracción X del propio numeral, lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;. La Suprema Corte de Justicia de la Nación al interpretar ese supuesto de improcedencia ha indicado las premisas a partir de las cuales debe ser analizado, entre las que destacan las siguientes: - La improcedencia del juicio de amparo por cosa juzgada exige de manera estricta la concurrencia de los supuestos siguientes: 1) Que el acto reclamado en determinado juicio de amparo verse o involucre un acto o una ley que hubiera sido materia de una ejecutoria emitida en otro; y, 2) Que los juicios respectivos hubieran sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. - Por regla general esta causa de improcedencia no se actualiza en casos de sobreseimiento en el juicio, ya que en éstos no se decide sobre la constitucionalidad de los actos reclamados, y por eso no impide promover un nuevo juicio de amparo en el que se impugne el mismo acto o norma general. - Sin embargo, debido a que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera por diversas circunstancias, existen excepciones y opera siempre que la determinación de sobreseimiento se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercible nuevamente la acción de amparo de modo absoluto o de manera insuperable, con independencia del juicio en que se haya efectuado, pues esta situación no puede desconocerse en un nuevo juicio constitucional. - De manera que la condición para que opere la cosa juzgada en relación con ese tipo de determinaciones consiste en que en el juicio previo se haya determinado la inatacabilidad del acto reclamado. Con base en lo anterior, es posible sostener que el principio de cosa juzgada opera como causa de improcedencia cuando existe una ejecutoria dictada en un juicio de amparo, en el cual, generalmente, se dictó una sentencia de fondo que decidió sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados y se promueva un nuevo juicio en el que haya identidad de quejosos, autoridades responsables y actos reclamados, aunque las violaciones sean diversas. Pero, como excepción, esa causa de improcedencia se actualiza en algunos supuestos en que la resolución del juicio previo no es de fondo sino que obedece a la actualización de una causa de improcedencia, pero siempre que esa decisión (sobreseimiento) haya provocado que la acción constitucional no pueda ejercerse nuevamente de modo absoluto, de tal manera que no sea posible combatir el acto reclamado a través de un nuevo juicio de amparo. Es así que, para determinar la actualización de la cosa juzgada como causa de improcedencia del juicio de amparo indirecto será necesario analizar: 1. Si existe identidad de los quejosos, autoridades responsables y actos reclamados; y 2. Si las razones o circunstancias que sustentaron la decisión de improcedencia en el juicio previo provocaron la inejercibilidad de la acción de amparo de modo absoluto, esto es, la inatacabilidad del acto reclamado a través de un juicio constitucional posterior. Esto es así porque solamente cuando concurren ambas circunstancias la improcedencia decretada en el juicio de amparo indirecto previo provocará imposibilidad para reclamar el acto en nuevo juicio constitucional, porque con aquella decisión insuperable se impide analizar el fondo del asunto. Dicho lo anterior, se procede a efectuar el estudio correspondiente a fin de acreditar por qué se considera improcedente el estudio de fondo respecto del acto reclamado en este juicio constitucional. Para explicar lo anterior, debe tomarse en cuenta que, según lo expresado por los Jueces responsables en sus informes de ley, existen cuatro órdenes de aprehensión libradas contra Juan Pablo Guillermo Molina en las siguientes carpetas de investigación: I. Carpeta administrativa 151/2017. Librada por la Jueza de Control del Estado, adscrita a los Juzgados de Control y Tribunal de Juicio Oral Penal del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo el veintiocho de junio de dos mil diecisiete, por su probable participación en la comisión del delito de desempeño irregular de la función pública. II. Carpeta administrativa 325/2019. Librada por el Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Chetumal el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, por su probable participación en la comisión del delito de desempeño irregular de la función pública. III. Carpeta administrativa 144/2018. Librada en su contra por el Juez de Control adscrito a los Juzgados de Control y Tribunal de Juicio Oral Penal del Distrito Judicial de Chetumal el dieciséis de abril de dos mil dieciocho, por su probable participación en el delito de peculado; y, IV. Carpeta administrativa 640/2021. Librada por el Juez de Control y de Juicio Oral del Sistema Penal Acusatorio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, el once de agosto de dos mil veintiuno, por su probable participación en el delito de peculado. Ahora bien, no obstante la existencia de las órdenes de aprehensión referidas, lo cierto es que se encuentra actualizada de manera fehaciente la existencia de diversos juicios de amparo promovidos con anterioridad, por el mismo quejoso contra los mismos actos reclamados, y contra las propias autoridades responsables ordenadoras; los cuales además, se han resuelto en definitiva. Esto es así, pues de la revisión del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes puede advertirse que, en relación con la orden de aprehensión librada dentro de la carpeta administrativa 151/2017, se instó el juicio de amparo 994/2017 ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, resuelto en sentencia de catorce de mayo de dos mil dieciocho y conformada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. Lo mismo debe decirse en relación con la orden de aprehensión librada en la carpeta administrativa 325/2019, cuya demanda en su contra correspondió conocer a este juzgado en el amparo 1332/2019, cuya sentencia fue dictada el veintiséis de octubre de dos mil diez y modificada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito en ejecutoria de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Por otro lado, en lo referente a la orden derivada de la carpeta administrativa 144/2018, se advierte que el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, resolvió el juicio de amparo 1115/2018, donde se analizó la constitucionalidad de dicho acto; resolución que fue revocada para otorgar el amparo al peticionario, por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en ejecutoria de once de septiembre de dos mil diecinueve. Finalmente, por lo que refiere a la orden de aprehensión librada en la carpeta administrativa 640/2021 el once de agosto de dos mil veintiuno, correspondió conocer de ella al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, en el juicio de amparo 2163/2021, quien, derivado del desistimiento de la parte quejosa, sobreseyó fuera de audiencia en el juicio en resolución de trece de septiembre de dos mil veintidós; ordenando el archivo del asunto en auto de cinco de octubre siguiente. Siendo que la información obtenida a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, constituye un hecho notorio para la suscrita y hace prueba plena de su existencia y veracidad para efectos de esta resolución incidental. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P./J. 16/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro electrónico 2017123, que a la letra dice: HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente. En las relatadas circunstancias, se concluye que cuando se promueve un juicio de amparo contra una misma resolución que ya fue materia de un diverso juicio de amparo, en que se estudió el fondo del asunto o derivado de la causa de improcedencia actualizada en él, la acción de amparo se hace inejercible en una subsecuente ocasión, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de la materia. Así las cosas, se hace patente que los actos reclamados por la parte quejosa en el presente juicio ya fueron objeto de estudio en los diversos juicio antes reseñados y, por tanto, no puede ser objeto de nuevo análisis en el juicio de amparo ahora intentado, pues la cosa juzgada en aquél constituye verdad legal, de modo tal que no es jurídicamente factible realizar examen alguno relacionado con las cuestiones debatidas y abordadas en el primer juicio de amparo promovido; pretender lo contrario, atentaría no sólo contra la técnica del juicio de amparo, sino contra el principio de seguridad jurídica establecido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ilustra lo considerado, la tesis aislada en Materia Común, Sexta Época, de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, página 9, quinta parte, tomo XLIII, Sexta Época, que dice: "AMPAROS IMPROCEDENTES. En los términos de la fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo, es improcedente el juicio constitucional que se promueve contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo". Sobreseimiento que debe hacerse extensivo al Director de la Policía Ministerial Investigadora de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, Titular de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica 23 de La Fiscalía General del Estado de Yucatán, con sede en Kanasín Yucatán, Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, Titular de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, Director General de la Policía en Apoyo a Mandamientos de la Agencia de Investigación Criminal, Comisionado General de la Policía Federal dependiente de la Secretaría de Gobernación, Comandante de la Guardia Nacional, todos con sede en la Ciudad de México, pues al tener el carácter de autoridades ejecutoras de los actos reclamados deben correr el mismo destino que sus ordenadoras, pudiendo ejercer su derecho de audiencia en los respectivos juicios donde se resolvió lo relativo a sus actos en un primer término. Sólo resta decir que, atento al resultado del presente fallo, este Juzgador no se ocupará de los argumentos tendientes a demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, ello, de conformidad con el criterio que contiene la jurisprudencia 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto y considerado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 76 de la Ley de Amparo en vigor, S E R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Juan Pablo Guillermo Molina, contra el acto que reclamó de las autoridades responsables que señaló en su demanda de amparo, consistente en la orden de aprehensión y detención dictada en su contra, así como su ejecución, por los motivos expuestos en el considerando tercero y quinto de esta resolución. NOTIFÍQUESE. Así lo resuelve y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Incidental
Por lo expuesto y considerado, con fundamento en los artículos 138 y 146 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. SE NIEGA a ********************por conducto de su apoderado ********************, la suspensión definitiva respecto de los actos atribuidos a las autoridades responsables señaladas en el considerando tercero de esta interlocutoria, por los motivos expuestos en el considerando tercero de la presente interlocutoria. SEGUNDO. Se declara SIN MATERIA el incidente de suspensión promovido por el mencionado quejoso contra los actos atribuidos al Juez de Despacho del Sistema Penal Acusatorio y el Juez de Control y de Juicio Oral, actuando en los Juzgados de Control de Primera Instancia, ambos del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo; el Director Jurídico en representación del Secretario de Seguridad Pública del Estado, así como el Director Jurídico y Comandante de aplicaciones, Presentaciones, Detenciones Ministeriales y de Custodia, ambos de la Policía Estatal de Investigación; lo anterior, en términos del considerando quinto de esta resolución.
- Incidental
Mérida, Yucatán, siete de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el informe previo rendido vía telegráfica por el Secretario de Acuerdos en funciones de Juez del Juzgado Tercero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, hágase relación del mismo, al celebrarse la audiencia incidental relativa. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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