Juan Pablo Gongora Tuyub

Expediente 735/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 19 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
735/2018
Año
2018
Actuaciones
19
Última actuación
15/11/2018

Partes del expediente

  • Juan Pablo Gongora Tuyub

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Incidental

    MESA VII. Téngase por recibido y agréguese el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, al que adjunta el cuaderno original del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo VII.735/2018, del índice de este Juzgado, y la copia certificada de la resolución pronunciada en el toca 288/2018, de su índice, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por el quejoso, Juan Pablo Góngora Tuyub, contra la sentencia interlocutoria dictada el diez de julio de dos mil dieciocho; ejecutoria en cuyo único punto resolutivo, la Superioridad declaró sin materia el medio de defensa en comento. En consecuencia, acúsese recibo; háganse las anotaciones de rigor en el libro respectivo; glósese a estos autos el expedientillo formado con motivo del recurso de que nos ocupa, únicamente con las constancias que no obren en autos; y como se ordenó en auto de cuatro de octubre del año en curso, remítanse los autos incidentales del expediente 735/2018, junto con este último, al archivo de este Juzgado, en los términos señalados en el acuerdo en comento. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    MESA VII. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado en este juicio el diez de septiembre del año en curso; con fundamento en los artículos, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, atendiendo a que no obstante que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se concedió a la parte quejosa la suspensión provisional de los actos reclamados a las responsables, provéase únicamente respecto de la destrucción del duplicado de dicho incidente debiendo conservarse el original del mismo, por el término de tres años, y una vez transcurrido éste deberá transferirse tal como lo establece la fracción I del Punto Décimo Primero, Capítulo III del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y haciéndose la certificación correspondiente en dicho original; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la anterior Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Igualmente, en cumplimiento al punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de garantías en el que se sobreseyó, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. Ahora bien, de conformidad con lo previsto en la fracción III del punto Vigésimo del capítulo Quinto del acuerdo antes citado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, también es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. En cuanto al valor jurídico no lo tiene el presente juicio de garantías y el incidente de suspensión del cual deriva del mismo, sí tiene valor jurídico. Finalmente, devuélvase al Juez Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, las copias certificadas que remitió como justificación a su informe de ley, solicitándole se sirva acusar el recibo del mismo. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    MESA VII. Agréguese a estos autos el escrito de María Jesús Jiménez García, en su carácter de representante especial de las menores Ruth Abigail y Ana Raquel, ambas de apellidos Góngora Ucán, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en vía de alegatos. Sin embargo, no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento de lo anterior, en virtud de que en proveído de diez de septiembre del año en curso, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de amparo, al actualizase la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    VII. Visto el estado que guardan los presentes autos, es menester traer a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo, medularmente, es la determinación de doce de junio de dos mil dieciocho, emitida por el Juez responsable en el expediente 12/2018, en la que fijó las nueve horas del veintidós de junio siguiente, a efecto de que la tercero interesada Deisy Antonia Ucan Ojeda, en compañía del Actuario adscrito al Juzgado responsable, así como de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, se constituyeran en el jardín de niños "Rosaura Zapata", a fin de que la Directora de dicho plantel o la responsable del mismo, entregaran a la menor Ruth Abigail Góngora Ucan a la citad Ucan Ojeda; asimismo, se indicó que una vez concluida la diligencia, se constituyeran en el predio trescientos cuarenta y cinco "B", de la calle ciento once, entre las calles treinta y ocho y cuarenta, de la colonia "Canto", de esta ciudad de Mérida, Yucatán, a efecto de que la diversa menor Ana Raquel Góngora Ucan fuera entregada a la referida Ucan Ojeda. En consecuencia, en el caso a estudio, respecto de la diligencia a verificarse en el jardín de niños "Rosaura Zapata", se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reitera, la parte quejosa reclama la determinación de doce de junio de dos mil dieciocho, emitida por el Juez responsable en el expediente 12/2018, en la que fijó las nueve horas del veintidós de junio siguiente, a efecto de que la tercero interesada Deisy Antonia Ucan Ojeda, en compañía del Actuario adscrito al Juzgado responsable, así como de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, se constituyeran en el jardín de niños "Rosaura Zapata", a fin de que la Directora de dicho plantel o la responsable del mismo, entregaran a la menor Ruth Abigail Góngora Ucan a la citad Ucan Ojeda. Ahora bien, de las constancias que integran este juicio de amparo, se advierte que en la citada diligencia de veintidós de junio de dos mil dieciocho, al constituirse las partes actuantes al jardín de niños "Rosaura Zapata", la citada Ucan Ojeda manifestó su deseo de desistirse de la misma, por así convenir a sus intereses, motivo por el cual no se llevó a cabo. Por lo tanto, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que es evidente que al haberse desistido la parte interesada de la práctica de la diligencia en cuestión, han cesado los efectos de la misma. Por otra parte, en lo que respecta al acto reclamado consistente en la propia determinación de doce de junio de dos mil dieciocho, dictada por el Juez responsable, en la que indicó que una vez concluida la diligencia a verificarse en el jardín de niños "Rosaura Zapata", las partes intervinientes se constituirían en el predio trescientos cuarenta y cinco "B", de la calle ciento once, entre las calles treinta y ocho y cuarenta, de la colonia "Canto", de esta ciudad de Mérida, Yucatán, a efecto de que la diversa menor Ana Raquel Góngora Ucan fuera entregada a la Deisy Antonia Ucan Ojeda; se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual textualmente dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ...XVI. Contra actos consumados de un modo irreparable." Se afirma lo anterior, toda vez que de las constancias remitidas por el Juez responsable, se desprende que el veintidós de junio de dos mil dieciocho, a las diez horas con veinte minutos, el personal actuante se constituyó en el domicilio indicado con antelación, en el cual, una vez habiendo ingresado al mismo, se hizo constar que no fue posible localizar a la mencionada menor, concluyéndose la diligencia. De este modo, resulta evidente que en este caso ha operado la citada causal de improcedencia, toda vez que por lo que respecta al acto reclamado, consistente en la citada diligencia, éste quedó consumado de modo irreparable desde el momento en que la misma tuvo verificativo. Ello, cuenta habida que de conformidad con el precepto legal en cita, así como con el diverso 77 de la legislación de la materia, se advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado, lo cual hace improcedente la acción de amparo, porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra una suspensión que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la violación alegada, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle los días que no acudió a sus labores escolares, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen los derechos fundamentales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar. Sin que se advierta que, con antelación a la presentación de la demanda de amparo, se hubiera adoptado alguna medida ulterior para localizar a las menores que nos atañen; por lo que, en caso de existir, al haber sido emitida con posterioridad, no podía ser materia de análisis de este juicio, sino de uno diverso. Por tanto, se reitera, es evidente que al haberse desistido la parte interesada de la práctica de la aludida diligencia, por lo que hace a la menor Ruth Abigail Góngora Dzul, y no localizarse a la diversa menor Ana Raquel Góngora Ucan, sin que se hubiere fijado, con antelación a la presentación de la demanda, alguna medida diversa para proceder a su entrega a la ahora tercero interesada, debe concluirse en la actualización de las causales de improcedencia antes analizadas. En tales condiciones, lo procedente es sobreseer, fuera de audiencia, en el presente juicio de garantías, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra del acto reclamado a las autoridades responsables, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." En virtud del sobreseimiento fuera de audiencia decretado, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con once minutos del diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho. Finalmente, toda vez que la tercero interesada Deisy Antonia Ucan Ojeda, no dio cumplimiento al requerimiento que se le realizó en proveído de veintiséis de junio anterior; se hace efectivo el apercibimiento decretado por lo que, en consecuencia, hágasele ésta y las subsecuentes notificaciones que deban ser personales, por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano de control constitucional.

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