Juan Pablo Guillermo Molina
Expediente 1231/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1231/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Juan Pablo Guillermo Molina
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, ocho de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a los presentes autos el oficio 4389/2022 firmado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual solicita se otorgue el acceso al expediente electrónico de este asunto, por la razón que manifiesta. Al respecto, no habiendo impedimento alguno para ello, se autoriza dar al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, acceso al expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo marcado con el número 1231/2020, a fin de que se encuentre en aptitud de tener a la vista las constancias que lo integran. Por tal motivo, hágase lo anterior del conocimiento de la Oficial Judicial encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado, para que realice las gestiones necesarias con la finalidad de que el juzgado de referencia pueda acceder y consultar el expediente electrónico del presente juicio. Lo anterior en términos de los artículos 26 y 73 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de la Materia, en contra del acuerdo de ocho de diceimbre de dos mil veinte, mediante el cual se tuvo por desechada de plano la demanda de amparo. En tal virtud, se declara que el referido proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21, inciso d) del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que en el presente asunto se desechó de plano la demanda que dio origen al presente expediente, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. Por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha en que se ordena su archivo, se deberá destruir el expediente. Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con la Licenciada Yazmín Maribel Galaz Solís, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, ocho de diciembre de dos mil veinte. PRESENTACION DE LA DEMANDA Vista la demanda de amparo promovida vía electrónica por ***, quien se ostenta apoderado legal del quejoso ***, personalidad que se le reconoce en términos de la copia certificada del poder notarial relativa al acta número veinte mil setecientos once, de fecha seis de julio de dos mil diecisiete, pasada ante la fe del licenciado ***, Notario Público suplente, actuando dentro del protocolo de la titular Abogada ***, Notario Público número 18, del Estado de Quintana Roo, con residencia en la ciudad de Cancún, Municipio de Benito Juárez, contra los actos que reclama de las autoridades siguientes: ORDENADORAS: ...ACTO RECLAMADO Actos que hace consistir en: Las órdenes de aprehensión y o detención y o presentación y o comparecencia y o solicitud de colaboración o ejecución. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE Y DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Al efecto, fórmese expediente, regístrese con el número 1231/2020-VIII-A y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Ahora bien, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se exponen. El precepto legal antes relacionado, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;" La hipótesis legal en cita alude al supuesto en que un juicio de amparo resulta improcedente, cuando el acto que en él se reclama, sea materia de otro juicio de la misma naturaleza, promovido por el mismo quejoso respecto de las mismas autoridades responsables, aun cuando se aduzcan en uno y otro, distintas violaciones constitucionales, lo que significa estar ante la institución procesal de la litispendencia. De acuerdo a la doctrina procesal, esa figura requiere que un litigio esté vigente, es decir, pendiente de resolverse y se entenderá terminado una vez que exista cosa juzgada, en otras palabras, en el momento en que cause ejecutoria o quede firme la determinación que haya concluido el juicio primigenio. Cabe hacer notar que en distingo a la Ley de Amparo, hasta el dos de abril de dos mil trece, la actual Ley Reglamentaria modificó el texto de la fracción que preveía la causal de improcedencia analizada, siendo que el texto anterior sí detallaba qué debe entenderse cuando se aludía a un juicio "pendiente de resolución", esto es, ya sea que se encuentre substanciando en primera o única instancia, o bien, en revisión. Así, del texto anterior era factible extraer que la figura de litispendencia podía surtirse en tres momentos: ? Antes del dictado de la sentencia en el primer juicio; ? Aun cuando ya se haya dictado sentencia en el primer juicio, siempre y cuando no haya causado ejecutoria antes de la iniciación del segundo; y, ? Si existe recurso de revisión en contra de la sentencia, hasta antes del dictado del fallo correspondiente. Precisión que si bien es verdad no se contiene gramaticalmente en el texto vigente de la fracción X, del precepto 61, de la Ley de Amparo, ya que únicamente prevalece la expresión que alude a un juicio de amparo precedente "pendiente de resolución", también es verdad que ésta debe ser interpretada acorde con la naturaleza y teleología de la institución jurídica que acoge, asimismo, en forma sistemática, con el texto integral del precepto 61 de la Ley de Amparo. En efecto, se destaca que la litispendencia es una institución procesal que tiene como finalidades fundamentales las siguientes: ? Que se guarde la unidad del proceso; ? Que se cumpla con el principio de economía procesal que debe imperar en todo juicio; y, ? Evitar que se pronuncien sentencias contradictorias en procesos iniciados por las mismas partes, por el mismo objeto y que busquen la misma pretensión. Entonces, con el objetivo de proteger la unidad del proceso, el principio de economía procesal y sobre todo, evitar la emisión de resoluciones contradictorias en asuntos iniciados por las mismas partes, con el mismo objeto y pretensión, se entiende que la litispendencia debe operar siempre que se encuentre vigente el primigenio juicio, lo que significa que aún no debe existir cosa juzgada en el litigio planteado en primer orden, y en esa postura, al hablar de un "litigio pendiente", se tiene que puede manifestarse en tres momentos, como ya se dijo: a) antes del dictado de la sentencia en el primer juicio; b) aun cuando ya se haya dictado sentencia en el primer juicio, siempre y cuando no haya causado ejecutoria antes de la iniciación del segundo; y, c) si existe recurso de revisión en contra de la sentencia, hasta antes del dictado del fallo correspondiente. Ello es así, porque, aun cuando no lo recoge textualmente la fracción X, del numeral 61 de la vigente Ley de Amparo, lo cierto es que de la lectura integral de dicho precepto, no se advierte diversa fracción que en específico contemple en forma fragmentada cada uno de los tres supuestos en que se puede manifestar la institución de la litispendencia, y por otra parte, la fracción XI del mismo numeral sí contempla como diverso motivo de improcedencia del juicio de amparo, la institución de la cosa juzgada; todo lo cual, lleva a concluir que la causal de improcedencia materia del presente análisis sí puede manifestarse en cualquiera de los tres supuestos ya indicados, esto es, antes del dictado de sentencia; luego de dictada la sentencia, pero antes de causar ejecutoria; o bien, durante la substanciación del recurso de revisión. Así, para la actualización de la litispendencia es necesario que se actualicen los siguientes elementos constitutivos: a) Que el acto reclamado se cuestione simultáneamente en dos juicios de amparo; b) Los juicios estén pendientes de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión; y, c) Ambos juicios se hubiesen promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Los anteriores requisitos se encuentran probados, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, es un hecho notorio para el suscrito juzgador la existencia del diverso juicio constitucional ***, del índice de este Juzgado Federal, de donde se desprende que el dos de septiembre de dos mil veinte, se presentó diversa demanda de amparo promovida por ***, en su carácter de apoderado de ***, y se admitió a trámite. Demanda que promovieron en contra de las mismas autoridades señaladas como responsables en el presente juicio, y por los mismos actos reclamados, que se hicieron consistir en las órdenes de aprehensión y o detención y o presentación y o comparecencia y o solicitud de colaboración o ejecución. La cual, mediante proveído de tres de septiembre de esta anualidad, se admitió a trámite la misma; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; la intervención que le compete y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se encuentra señalada para las nueve horas con doce minutos del veintiocho de diciembre de dos mil veinte. YAZMIN MARIBEL GALAZ SOLIS De lo anteriormente relacionado se colige que en ambos juicios de amparo el indicado quejoso ***, por conducto de su apoderado Roberto ***, se duele de los mismos actos reclamados (órdenes de aprehensión y o detención y o presentación y o comparecencia y o solicitud de colaboración o ejecución) a idénticas autoridades. Por lo anterior, es dable afirmar que, dichos actos reclamados son materia de estudio en el diverso juicio de amparo ***. Además, cabe destacar que lo así considerado, no causa perjuicio a la esfera jurídica de derechos del quejoso, porque con motivo de esa demanda, se aperturó el incidente de suspensión, en el que se concedió a la parte quejosa la suspensión provisional respecto a las órdenes de aprehensión y o detención dictadas en su contra, así como su ejecución, para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan y no sea privado de su libertad. De igual manera en cuanto a las órdenes de presentación y o comparecencia reclamadas de las autoridades judiciales, se concedió la medida suspensional, para el efecto de que no se ejecuten dichos mandamientos. Y en cuanto a las órdenes de presentación y o comparecencia que se reclaman de las autoridades ordenadoras administrativas, se concedió al directo quejoso la suspensión provisional, para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado que actualmente guardan y el quejoso no sea privado temporalmente de su libertad personal con motivo de esos mandamientos. Medidas que actualmente se encuentran vigentes, dado que aún no se han recepcionado los informes previos de todas las autoridades responsables y por ende, no se ha hecho pronunciamiento alguno respecto a la suspensión definitiva de los actos reclamados. Circunstancia anterior que impide a este Juzgado realizar un nuevo estudio en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos aquí reclamados, por tratarse de una cuestión que no se ha resuelto en la vía constitucional, pues asumir una posición contraria, implicaría que el aquí quejoso pueda válidamente promover tantos amparos como quisiera, como en efecto lo ha hecho, según manifestó bajo protesta de decir verdad en su demanda, en total detrimento de la justicia federal que emplearía más recursos materiales y humanos en analizar lo que será materia de estudio por la misma instancia federal, situación contradictoria con los fines de buena fe que persigue el juicio de amparo. Máxime que de la lectura de la demanda no se desprende la existencia de hechos diversos a los anteriormente planteados, sino por el contrario, como consta en el juicio de amparo ***, del índice de este juzgado, se advierte que el quejoso pretendió promover juicio de amparo en contra de la orden de aprehensión dictada en su contra por el Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral Penal del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, en la carpeta administrativa ***, y su ejecución; misma que fue desechada y causó estado, en virtud de que ya había promovido demanda de amparo indirecto contra el mismo acto y autoridad, la cual correspondió conocer al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en la ciudad de Cancún, que radicó bajo el número ***; en la que por resolución de catorce de mayo de dos mil dieciocho, dictada por el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, por una parte se decretó el sobreseimiento en el juicio, y por otro lado, se le negó el amparo y protección de la Justicia Federal al aquí quejoso; sentencia que fue confirmada el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en la ciudad de Cancún, en el amparo en revisión ***. Al respecto, es aplicable la tesis emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, con rubro y contenido literal, siguiente: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMAR EL ACTO EN DOS AMPAROS. NO ES OBSTACULO PARA DECLARARLA EN EL SEGUNDO JUICIO EL QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES CUMPLAN POR SI MISMAS LA SENTENCIA DICTADA EN EL PRIMERO, PENDIENTE DE RESOLUCION EN REVISIÓN, POR NO ESTAR CONFORME EL QUEJOSO CON LOS EFECTOS PARA LOS CUALES SE LE CONCEDIO LA PROTECCION DE LA JUSTICIA FEDERAL. ...". Asimismo, robustece a lo anterior la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito2, con rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE GARANTIAS. PROCEDE SU DESECHAMIENTO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCION III, DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO HABIENDOSE DICTADO LA SENTENCIA EN EL DIVERSO JUICIO, ESTA NO HA CAUSADO EJECUTORIA. ... únicamente en relación con sentencias que han causado ejecutoria, hipótesis que no se actualiza en el caso concreto." En consecuencia, por los razonamientos que han sido expuestos, se resuelve que en este caso la acción constitucional es notoriamente improcedente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción X, del artículo 61 de la Ley de Amparo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, PROCEDE DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por ***, quien se ostenta apoderado del quejoso ***, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la Materia. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J 11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. ..." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como autorizado del quejoso a ***, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. Por lo que toca a ***, se le tiene por señalada como autorizada, pero con las limitaciones que establece el referido numeral, hasta que acredite estar debidamente autorizada para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho. Debiendo no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización, sino proceder a su registro en los términos que establece el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En cuanto a la solicitud que realiza la parte quejosa referente a que las notificaciones que deban hacerse en este juicio se le realicen de manera electrónica a los usuarios "***" y "***", así como que se les permita el acceso electrónico al expediente, toda vez que proporciona el nombre de usuarios que ingresaron al registrase en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 6, 35, 36 tercer párrafo y 40 del Acuerdo General 12 2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Se otorga autorización a ***con usuario "***" y a ***, con usuraio "***", para que las notificaciones del expediente electrónico de este juicio de amparo se le realicen por la vía electrónica al quejoso, así como se autoriza el acceso a la consulta del expediente electrónico a dichos usuarios. Por tanto, proceda la Secretaría a efectuar las autorizaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, toda vez que la propia parte quejosa proporciona en el escrito constitucional el correo electrónico "***", así como el número de teléfono celular (***), en tal virtud; se tienen por proporcionados los mismos, únicamente para establecer contacto con el quejoso, por esas vías, en caso de resultar necesario. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la citada Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales de este Juzgado realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales. DERECHO A LA OPOSICIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES (PRIVACIDAD E INTIMIDAD DE LAS PARTES) En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente. Que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales. En la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. AUTORIZACIÓN DE REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES De conformidad con lo previsto por la Circular 12 2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. FORMACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 12 2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese personalmente y regístrese.
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