Juan Pablo Guillermo Molina
Expediente 9/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 9/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Juan Pablo Guillermo Molina
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada ley, en contra del acuerdo de cuatro de los corrientes, mediante el cual se desechó la demanda constitucional. En tal virtud, se declara que el referido proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes; en consecuencia, previas las anotaciones conducentes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda y que carece de relevancia documental. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, cuatro de enero de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida vía electrónica por ROBERTO RENATO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, quien se ostenta apoderado legal del quejoso JUAN PABLO GUILLERMO MOLINA, contra los actos que reclama de las autoridades siguientes: ORDENADORAS: I.- OTHON P. BLANCO. 1. JUEZ DE CONTROL DEL JUZGADO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LIC. RAMÓN JESÚS ALDAZ BENCOMO 2. JUEZ DE CONTROL DEL JUZGADO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LIC. ABRAHAM ALBERTO LOEZA ORTIZ. 3. JUEZ DE CONTROL DEL JUZGADO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LIC. ALEX RAMIRO BUENFIL AYALA. 4. JUEZ DE CONTROL Y JUEZ DE CONTROL EN FUNCIONES DE JUEZ DE TRIBUNAL DE JUICIO ORAL DEL JUZGADO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LIC. FERNANDO LEÓN CHÁVEZ. 5. JUEZ DE CONTROL Y JUEZ DE TRIBUNAL DE JUICIO ORAL, PENAL DEL JUZGADO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LIC. DANIEL ESTEBAN FARAH GODOY. 6. JUEZ DE CONTROL Y JUEZ DE TRIBUNAL DE JUICIO ORAL PENAL, JUZGADO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LIC. EDUARDO DEL VALLE GARCÍA. II.- BENITO JUÁREZ 7. JUEZ DEL JUZGADO PRIMERO PENAL "A" LIC. JOSÉ ÁNGEL GUTIÉRRREZ R. 8. JUEZ DEL JUZGADO PRIMERO PENAL "B" LIC. EZEQUIEL ROLDÁN MARTÍN 9. JUEZ DEL JUZGADO SEGUNDO PENAL "A" LIC. GEFREY RUFINO MARTIN AYALA 10. JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL JUZGADO SEGUNDO PENAL "B". LIC. VÍCTOR MANUEL ECHEVERRÍA TUN 11. JUEZ DEL JUZGADO TERCERO PENAL "A" LIC. PAOLA RAMIRO MENDOZA 12. JUEZ DEL JUZGADO TERCERO PENAL "B" LIC. NOEMÍ ZENAIDA MARTÍNEZ SÁNCHEZ 13. JUEZ DE DESPACHO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LIC. JOSÉ ANDRÉS VÁZQUEZ MEDINA 14. JUEZ DE CONTROL DEL JUZGADO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LIC. GEORGINA MARÍA MÉNDEZ VÁZQUEZ. 15. JUEZ DE CONTROL DEL JUZGADO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LIC. TERESA ISABEL LÓPEZ AGUILAR. 16. JUEZ DE CONTROL PARA ADOLESCENTES Y EN FUNCIONES DE JUEZ DE CONTROL DEL JUZGADO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO MTRA. GINA DIANELA CANÚL SOLÍS 17. JUEZ DE CONTROL DEL JUZGADO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LIC. LANDY ROSALÍA PAMPLONA PÉREZ 18. JUEZ DE CONTROL DEL JUZGADO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. MTRA. SILVIA VERÓNICA SOLÍS LIZAMA III.- COZUMEL 19. SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA EN FUNCIONES DE JUEZ DEL JUZGADO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA. LIC. LORENA KARINA AYUSO MAGAÑA, 20. SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA EN FUNCIONES DE ADMINISTRADORA DE LA ADMINISTRACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL ORAL Y DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LIC. LOURDES FERRÁEZ QUITTNER. IV.- SOLIDARIDAD. 21. SECRETARIO EN FUNCIONES DE JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL JUZGADO PENAL "A". LIC. LUIS ERNESTO GABOUREL GARCÍA 22. JUEZ DEL JUZGADO PENAL "B" DR. GUALTERIO GERALDO DÍAZ JARQUÍN 23. JUEZ DEL JUZGADO DE DESPACHO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO LIC. RAQUEL LEAL PIMENTEL 24. JUEZ DE CONTROL Y JUEZ DE TRIBUNAL DE JUICIO ORAL PENAL DEL JUZGADO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO LIC. MANUEL DAVID MONTOYA ABSALÓN 25. JUEZ DE CONTROL EN TODO EL ESTADO DEL JUZGADO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO LIC. NICOLÁS PINZÓN ÁVILA, 26. JUEZ DE TRIBUNAL DE JUICIO ORAL Y COORDINADOR DE JUECES ORALES DEL JUZGADO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO LIC. PEDRO PABLO ÁLVAREZ VEGA. 27. JUEZ DE CONTROL DEL JUZGADO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO LIC. DIEGO EMMANUEL PENICHE CARO. 28. JUEZ DE CONTROL DEL JUZGADO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO LIC. MIGUEL ANGEL TUYÚ MARTÍN V.-ISLA MUJERES 29. SECRETARIA DE ACUERDOS EN FUNCIONES DE JUEZ DE INSTRUCCIÓN EN LAS MATERIAS FAMILIAR Y CIVIL ORAL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA. LIC. GUADALUPE TREJO PÉREZ 30. JUEZ MIXTO, JUEZ DE DESPACHO, JUEZ EN FUNCIONES DE JUEZ ORAL CIVIL Y FAMILIAR, JUEZ EN FUNCIONES DE ADMINISTRADORA DE GESTION JUDICIAL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA. LIC. ADRIANA IVETTE DE GUADALUPE RIVERO MENDOZA VI.- TULUM 31. SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA EN FUNCIONES DE JUEZ DE DESPACHO DEL JUZGADO DE DESPACHO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE PRIMERA INSTANCIA. VII.- FELIPE CARRILLO PUERTO JUZGADOS PENALES DE PRIMERA INSTANCIA 32. SECRETARIO DE ACUERDOS EN FUNCIONES DE JUEZ DE LOS JUZGADOS PENALES DE PRIMERA INSTANCIA. LIC. FIDEL CASTELLANOS ÁLVAREZ. 33. JUEZ DE CONTROL DEL JUZGADO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, LIC. GONZALO MIGUEL SEGOVIA HERRERA 34. SECRETARIA DE ACTAS MÍNIMAS EN FUNCIONES DE ADMINISTRADORA DE ADMINISTRACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO (FELIPE CARRILLO PUERTO Y JOSÉ MARIA MORELOS) LIC. FÁTIMA DEL ROSARIO CHI AY. VIII.- JOSE MARIA MORELOS 35. JUEZ DEL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA Y EN FUNCIONES DE JUEZ DE INSTRUCCIÓN EN MATERIA FAMILIAR Y CIVIL ORAL Y EN FUNCIONES DE JUEZ DE DESPACHO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA. LIC. MARTHA CECILIA CRUZ NOVELO IX.- LAZARO CARDENAS 36. SECRETARIO DE ACUERDOS EN FUNCIONES DE JUEZ DE DESPACHO Y EN FUNCIONES DE JUEZ DE INSTRUCCIÓN Y JUEZ ORAL EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR ORAL Y JUEZ MIXTO EN FUNCIONES DE JUEZ ORAL EN LAS MATERIAS CIVIL Y ORAL DEL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA. LIC. CONCEPCIÓN CLEMENTE MARTÍNEZ. 37. SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA Y SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA, EN FUNCIONES DE JUEZ DE INSTRUCCIÓN EN LOS ASUNTOS DE ORALIDAD, CIVIL Y FAMILIAR JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA. LIC. JENNYFER PAOLA LOCKWOOD PALMA AUTORIDADES ORDENADORAS FEDERALES: I.- CANCUN, QUINTANA ROO 38. JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, ADSCRITO AL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO. LICENCIADO JESÚS ALEJANDRO ÁVILA GUTIÉRREZ. 39. JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, ADSCRITO AL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO, CON RESIDENCIA EN CANCÚN, LICENCIADO JOSÉ EDUARDO CORTÉS SANTOS. 40. JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, ADSCRITO AL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO, CON RESIDENCIA EN CANCÚN, LICENCIADA VERÓNICA GUTIÉRREZ FUENTES. 41. JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, ADSCRITO AL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO, CON RESIDENCIA EN CANCÚN, LICENCIADO JOSÉ ANTONIO BELDA RODRIGUEZ. II.- ESTADO DE MEXICO 42. JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO ADSCRITO AL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN NEZAHUALCOYOTL, LICENCIADO JUAN MANUEL GARCÍA ARREGUÍN. 43. JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO ADSCRITO AL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE MÉXICO. LICENCIADO MARCO ANTONIO BELTRÁN MORENO. 44. JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO ADSCRITO AL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE MÉXICO. LICENCIADO MARCO TULIO MUÑOZ AMEZCUA, 45. JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO ADSCRITO AL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN NEZAHUALCOYOTL, LICENCIADO SAÚL COTA MURILLO. 46. JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO ADSCRITO AL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE MÉXICO. LICENCIADO JORGE ANTONIO SALCEDO GARDUÑO. 47. JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSTATORIO ADSCRITO AL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE MÉXICO. LICENCIADO ENRIQUE BELTRÁN SÁNCHEZ. 48. JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO ADSCRITO AL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN NEZAHUALCOYOTL. LICENCIADO JOSÉ ARTEMIO ZÚÑIGA MENDOZA. 49. JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO ADSCRITO AL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN NEZAHUALCOYOTL. LICENCIADA MAGDALENA VICTORIA OLIVA. 50. JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO EN FUNCIONES DE ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ (ALTIPLANO). LICENCIADO ROGELIO LEÓN DÍAZ VILLARREAL. 51. JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ (ALTIPLANO). LICENCIADO GREGORIO SALAZAR HERNÁNDEZ, 52. JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ (ALTIPLANO), LICENCIADO IVÁN AARÓN ZEFERÍN HERNÁNDEZ. 53. JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ (ALTIPLANO). LICENCIADO RODOLFO MARTÍNEZ ABARCA. CIUDAD DE MEXICO. CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, RECLUSORIO SUR. 54. JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO LIC. ANA GABRIELA URBINA ROCA. 55. JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO LIC. GANTHER ALEJANDRO VILLAR CEBALLOS. 56. JUEZ ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL LIC. FELIPE DE JESÚS DELGADILLO PADIERNA. 57. JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LIC. GABRIELA GUADALUPE RODRÍGUEZ ESCOBAR. CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, RECLUSORIO NORTE. 58. JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO LIC. JOSÉ ARTEMIO ZÚÑIGA MENDOZA. 59. JUEZ ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL LIC. JESÚS EDUARDO VÁZQUEZ REA, 60. JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO LIC. JUAN CARLOS RAMÍREZ BENÍTEZ. 61. JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO LIC. JORGE MARIO MONTELLANO ITURRALDE. CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, RECLUSORIO ORIENTE. 62. JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LIC. BEATRIZ MOGUEL ANCHEYTA. 63. JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LIC. ALBERTO TORRES VILLANUEVA. 64. JUEZ ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL. LIC. ARTURO MEDEL CASQUERA. 65. JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LIC. JUAN GONZAGA SANDOVAL. EN SU CARÁCTER DE EJECUTORAS LOCALES EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO: 66. DIRECTOR DE LA POLICÍA MINISTERIAL INVESTIGADORA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. EN SU CARÁCTER DE EJECUTORAS LOCALES EN EL ESTADO DE YUCATAN: 67. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE YUCATAN. 68. VICE-FISCAL DE INVESTIGACIÓN Y PROCESOS, DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE YUCATÁN. 69. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COLABORACIÓN Y ÓRDENES DE APREHENSIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE YUCATÁN. 70. DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y ATENCIÓN TEMPRANA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE YUCATÁN. 71. TITULAR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN EN DELITOS COMUNES (SIN DETENIDO) DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE YUCATÁN. 72. TITULAR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN Y TRAMITACIÓN DE MASIVA DE CASOS) DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE YUCATÁN. 73. TITULAR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN PERIFÉRICA 1 SEDE EN (FIDEL VELAZQUEZ) DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE YUCATÁN. 74. TITULAR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN PERIFÉRICA 23 SEDE EN (KANASIN) DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE YUCATÁN. 75. TITULAR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN PERIFÉRICA 2 SEDE EN (SAN JOSE TECOH A UN COSTADO DEL PENAL) DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE YUCATÁN. 76. TITULAR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN PERIFÉRICA 3 SEDE EN (UNIDAD HABITACIONAL CORDEMEX) DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE YUCATÁN. 77. TITULAR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN EN DELITOS DE ROBO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE YUCATÁN. 78. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATAN. 79. DIRECTOR DE LA POLICIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE YUCATAN. 80. COMANDANCIA DE MANDAMIENTOS JUDICIALES DE LA POLICIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE YUCATAN. EN SU CARÁCTER DE EJECUTORAS FEDERALES EN EL ESTADO DE YUCATAN. 81. DELEGADO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA CON SEDE EN MERIDA, YUCATAN. EN SU CARÁCTER DE EJECUTORAS FEDERALES EN LA CIUDAD DE MEXICO. 82. FISCAL GENERAL DE LA REPUBLICA. 83. DIRECTOR EN JEFE DE LA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 84. TITULAR DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL DE LA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE LA FISCALÍA GENERAL REPUBLICA. 85. DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA EN APOYO A MANDAMIENTOS DE LA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL. 86. COMISIONADO GENERAL DE LA POLICÍA FEDERAL DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN. 87. COMANDANTE DE LA GUARDIA NACIONAL. EN SU CARÁCTER DE EJECUTORAS ESTATALES 88. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE. 89. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO. 90. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ. 91. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 92. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA. 93. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE CHIAPAS. 94. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE MÉXICO. 95. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE HIDALGO. 96. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN. 97. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS. 98. FISCAL GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 99. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO. 10. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA. 101. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE NAYARIT. 102. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE DURANGO. 103. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE SINALOA. 104. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. 105. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 106. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE SONORA. 107. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. 108. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 109. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. 110. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 111. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA. 112. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE ZACATECAS. 113. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO. 114. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 115. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO. 116. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA. 117. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE TLAXCALA. 118. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. Actos que hace consistir en: Las ordenes de aprehensión y/o detención y/o presentación y/o comparecencia y/o solicitud de colaboración o ejecución. FORMACIÓN EXPEDIENTE Y REGISTRO Al efecto, se acuerda: fórmese expediente, regístrese con el número 9/2022-IV-A, y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. RECONOCIMIENTO DE PERSONALIDAD De conformidad con los artículos 6 y 11 de la Ley de Amparo, se tiene por reconocida la personalidad que ostenta el promovente como apoderado del directo quejoso, en términos de la copia certificada del poder notarial relativa al acta número veinte mil setecientos once, de fecha seis de julio de dos mil diecisiete, pasada ante la fe del licenciado Jesús Eduardo Tovilla Heredia, Notario Público suplente, actuando dentro del protocolo de la titular Abogada Celia Pérez Gordillo, Notario Público número 18, del Estado de Quintana Roo, con residencia en la ciudad de Cancún, Municipio de Benito Juárez que adjuntó a su demanda. DESECHAMIENTO Ahora bien, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se exponen. El precepto legal antes relacionado, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;" La hipótesis legal en cita alude al supuesto en que un juicio de amparo resulta improcedente, cuando el acto que en él se reclama, sea materia de otro juicio de la misma naturaleza, promovido por el mismo quejoso respecto de las mismas autoridades responsables, aun cuando se aduzcan en uno y otro, distintas violaciones constitucionales, lo que significa estar ante la institución procesal de la litispendencia. De acuerdo a la doctrina procesal, esa figura requiere que un litigio esté vigente, es decir, pendiente de resolverse y se entenderá terminado una vez que exista cosa juzgada, en otras palabras, en el momento en que cause ejecutoria o quede firme la determinación que haya concluido el juicio primigenio. Cabe hacer notar que en distingo a la Ley de Amparo, hasta el dos de abril de dos mil trece, la actual Ley Reglamentaria modificó el texto de la fracción que preveía la causal de improcedencia analizada, siendo que el texto anterior sí detallaba qué debe entenderse cuando se aludía a un juicio "pendiente de resolución", esto es, ya sea que se encuentre substanciando en primera o única instancia, o bien, en revisión. Así, del texto anterior era factible extraer que la figura de litispendencia podía surtirse en tres momentos: Antes del dictado de la sentencia en el primer juicio; Aun cuando ya se haya dictado sentencia en el primer juicio, siempre y cuando no haya causado ejecutoria antes de la iniciación del segundo; y, Si existe recurso de revisión en contra de la sentencia, hasta antes del dictado del fallo correspondiente. Precisión que si bien es verdad no se contiene gramaticalmente en el texto vigente de la fracción X, del precepto 61, de la Ley de Amparo, ya que únicamente prevalece la expresión que alude a un juicio de amparo precedente "pendiente de resolución", también es verdad que ésta debe ser interpretada acorde con la naturaleza y teleología de la institución jurídica que acoge, asimismo, en forma sistemática, con el texto integral del precepto 61 de la Ley de Amparo. En efecto, se destaca que la litispendencia es una institución procesal que tiene como finalidades fundamentales las siguientes: Que se guarde la unidad del proceso; Que se cumpla con el principio de economía procesal que debe imperar en todo juicio; y, Evitar que se pronuncien sentencias contradictorias en procesos iniciados por las mismas partes, por el mismo objeto y que busquen la misma pretensión. Entonces, con el objetivo de proteger la unidad del proceso, el principio de economía procesal y sobre todo, evitar la emisión de resoluciones contradictorias en asuntos iniciados por las mismas partes, con el mismo objeto y pretensión, se entiende que la litispendencia debe operar siempre que se encuentre vigente el primigenio juicio, lo que significa que aún no debe existir cosa juzgada en el litigio planteado en primer orden, y en esa postura, al hablar de un "litigio pendiente", se tiene que puede manifestarse en tres momentos, como ya se dijo: a) antes del dictado de la sentencia en el primer juicio; b) aun cuando ya se haya dictado sentencia en el primer juicio, siempre y cuando no haya causado ejecutoria antes de la iniciación del segundo; y, c) si existe recurso de revisión en contra de la sentencia, hasta antes del dictado del fallo correspondiente. Ello es así, porque, aun cuando no lo recoge textualmente la fracción X, del numeral 61 de la vigente Ley de Amparo, lo cierto es que de la lectura integral de dicho precepto, no se advierte diversa fracción que en específico contemple en forma fragmentada cada uno de los tres supuestos en que se puede manifestar la institución de la litispendencia, y por otra parte, la fracción XI del mismo numeral sí contempla como diverso motivo de improcedencia del juicio de amparo, la institución de la cosa juzgada; todo lo cual, lleva a concluir que la causal de improcedencia materia del presente análisis sí puede manifestarse en cualquiera de los tres supuestos ya indicados, esto es, antes del dictado de sentencia; luego de dictada la sentencia, pero antes de causar ejecutoria; o bien, durante la substanciación del recurso de revisión. Así, para la actualización de la litispendencia es necesario que se actualicen los siguientes elementos constitutivos: a) Que el acto reclamado se cuestione simultáneamente en dos juicios de amparo; b) Los juicios estén pendientes de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión; y, c) Ambos juicios se hubiesen promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Los anteriores requisitos se encuentran probados, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, es un hecho notorio para el suscrito juzgador la existencia del diverso juicio constitucional 2345/2020-II-A, del índice de este Juzgado Federal, de donde se desprende que el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, se presentó diversa demanda de amparo promovida por Roberto Renato Rodríguez Rodríguez, en su carácter de apoderado de Juan Pablo Guillermo Molina, y se admitió a trámite. Demanda que promovió en contra de las mismas autoridades señaladas como responsables en el presente juicio, y por los mismos actos reclamados, que se hicieron consistir en las órdenes de aprehensión y/o detención y/o presentación y/o comparecencia y/o solicitud de colaboración o ejecución. La cual, mediante proveído de tres de septiembre de esta anualidad, se admitió a trámite la misma; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; la intervención que le compete y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se encuentra señalada para las NUEVE HORAS CON DOS MINUTOS DEL TRECE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. De lo anteriormente relacionado se colige que en ambos juicios de amparo el indicado quejoso Juan Pablo Guillermo Molina, por conducto de su apoderado Roberto Renato Rodríguez Rodríguez, se duele de los mismos actos reclamados (órdenes de aprehensión y/o detención y/o presentación y/o comparecencia y/o solicitud de colaboración o ejecución) a idénticas autoridades. Por lo anterior, es dable afirmar que, dichos actos reclamados son materia de estudio en el diverso juicio de amparo 2345/2020-II-A. Además, cabe destacar que lo así considerado, no causa perjuicio a la esfera jurídica de derechos del quejoso, porque con motivo de esa demanda, se aperturó el incidente de suspensión, en el que se concedió a la parte quejosa la suspensión provisional respecto a las órdenes de aprehensión y/o detención dictadas en su contra, así como su ejecución, para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan y no sea privado de su libertad. De igual manera en cuanto a las órdenes de presentación y/o comparecencia reclamadas de las autoridades judiciales, se concedió la medida suspensional, para el efecto de que no se ejecuten dichos mandamientos. Y en cuanto a las órdenes de presentación y/o comparecencia que se reclaman de las autoridades ordenadoras administrativas, se concedió al directo quejoso la suspensión provisional, para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado que actualmente guardan y el quejoso no sea privado temporalmente de su libertad personal con motivo de esos mandamientos. Medidas que actualmente se encuentran vigentes, dado que aún no se han recepcionado los informes previos de todas las autoridades responsables y por ende, no se ha hecho pronunciamiento alguno respecto a la suspensión definitiva de los actos reclamados. Circunstancia anterior que impide a este Juzgado realizar un nuevo estudio en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos aquí reclamados, por tratarse de una cuestión que no se ha resuelto en la vía constitucional, pues asumir una posición contraria, implicaría que el aquí quejoso pueda válidamente promover tantos amparos como quisiera, como en efecto lo ha hecho, según manifestó bajo protesta de decir verdad en su demanda, en total detrimento de la justicia federal que emplearía más recursos materiales y humanos en analizar lo que será materia de estudio por la misma instancia federal, situación contradictoria con los fines de buena fe que persigue el juicio de amparo. Máxime que de la lectura de la demanda no se desprende la existencia de hechos diversos a los anteriormente planteados, sino por el contrario, como consta en el juicio de amparo 120/2020-I-B, del índice de este juzgado, se advierte que el quejoso pretendió promover juicio de amparo en contra de la orden de aprehensión dictada en su contra por el Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral Penal del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, en la carpeta administrativa 151/2017, y su ejecución; misma que fue desechada y causó estado, en virtud de que ya había promovido demanda de amparo indirecto contra el mismo acto y autoridad, la cual correspondió conocer al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en la ciudad de Cancún, que radicó bajo el número 994/2017; en la que por resolución de catorce de mayo de dos mil dieciocho, dictada por el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, por una parte se decretó el sobreseimiento en el juicio, y por otro lado, se le negó el amparo y protección de la Justicia Federal al aquí quejoso; sentencia que fue confirmada el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en la ciudad de Cancún, en el amparo en revisión 419/2018. Al respecto, es aplicable la tesis emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro y contenido literal, siguiente: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMAR EL ACTO EN DOS AMPAROS. NO ES OBSTACULO PARA DECLARARLA EN EL SEGUNDO JUICIO EL QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES CUMPLAN POR SI MISMAS LA SENTENCIA DICTADA EN EL PRIMERO, PENDIENTE DE RESOLUCION EN REVISIÓN, POR NO ESTAR CONFORME EL QUEJOSO CON LOS EFECTOS PARA LOS CUALES SE LE CONCEDIO LA PROTECCION DE LA JUSTICIA FEDERAL. De lo dispuesto por el artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, se desprende que únicamente son tres los requisitos exigidos para que opere la causal de improcedencia relativa, a saber: a) Que la ley o acto que se reclamen sea materia de otro juicio de amparo; b) Que ese juicio esté pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión y, c) Que ambos juicios de garantías estén promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, todo lo cual permite inferir que se estableció por el legislador ordinario con el exclusivo propósito de impedir, en ese caso, la posibilidad de la coexistencia de sentencias contradictorias con igual autoridad de cosa juzgada y fuerza ejecutoria. Ahora bien, el hecho de que las autoridades responsables, por si mismas, den cumplimiento a la sentencia dictada en el primer juicio, carente de firmeza en virtud de la falta de resolución del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa al no estar conforme con los efectos para los cuales se le concedió la protección de la Justicia Federal, no constituye obstáculo para que en el segundo juicio se surta lo previsto por el mencionado dispositivo legal en la medida que, pese a la actitud peculiar asumida por las autoridades, sigue quedando en pie la existencia del primer juicio de amparo pendiente de resolución en revisión, promovido, al igual que el segundo, por el mismo quejoso en contra de las mismas autoridades responsables y por los propios actos reclamados, de manera que no se destruye la factibilidad de que lleguen a dictarse dos sentencias contradictorias que es lo que pretende evitar la causal aludida". Asimismo, robustece a lo anterior la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, con rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE GARANTIAS. PROCEDE SU DESECHAMIENTO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCION III, DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO HABIENDOSE DICTADO LA SENTENCIA EN EL DIVERSO JUICIO, ESTA NO HA CAUSADO EJECUTORIA. Como en términos del artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas; carece de relevancia que en dicho juicio de garantías pendiente de resolución, el fallo que lo haya decidido y aún no ha causado ejecutoria, haya sobreseído en relación con los actos reclamados, puesto que aunque dicha resolución por regla general no constituye cosa juzgada ni impide por consiguiente la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, esa regla se actualiza únicamente en relación con sentencias que han causado ejecutoria, hipótesis que no se actualiza en el caso concreto." En consecuencia, por los razonamientos que han sido expuestos, se resuelve que en este caso la acción constitucional es notoriamente improcedente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción X, del artículo 61 de la Ley de Amparo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, PROCEDE DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por Roberto Renato Rodríguez Rodríguez, quien se ostenta apoderado del quejoso Juan Pablo Guillermo Molina, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la Materia. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que señala para tal fin en su demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Alonso Román Cuevas Ocampo. En cuanto a la persona restante que menciona, se le tiene por autorizada únicamente para los efectos precisados en el escrito constitucional. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Y ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Asimismo, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo y en los numerales 35, 36, 38, 55, 57, 58 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, como lo solicita la parte quejosa, se otorga autorización a los usuarios que menciona, para que tengan acceso al expediente electrónico, así como para que las notificaciones se le realicen a la parte promovente por la vía electrónica. En consecuencia, proceda la Secretaría a autorizar al citado usuario en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESIGNACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO En cuanto al señalamiento del correo electrónico y números telefónicos, se tienen por proporcionados únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en caso de ser necesarias; en términos de lo dispuesto en el artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado por el similar 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021 y 9/2021, en relación con el periodo de vigencia. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales. PERMISIBILIDAD DE USO DE APARATOS DE REPRODUCCIÓN De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. EXHORTACIÓN A LAS PARTES DE LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Además, en atención a lo indicado en el considerando Noveno, artículos 28, 29 y 31 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021 y 9/2021; se exhorta a las partes, si no lo han hecho, a que continúen, o en su momento transiten a la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Solicitando para tal efecto, el acceso al expediente electrónico y autorizando se reciban las notificaciones vía electrónica; debiendo obtener para tal efecto su firma electrónica en términos de lo que establece el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; estando a su disposición el aplicativo de firma electrónica en los enlaces señalados en el Transitorio Décimo Primero, del referido Acuerdo General 21/2020. Así como deberán proporcionar un teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico con la finalidad de establecer contacto, de resultar necesario por esas vías, en términos de lo dispuesto en el numeral 5, fracción I del multicitado Acuerdo General 21/2020, para establecer comunicaciones no procesales. Lo anterior a fin de estar en la posibilidad de continuar en todo momento con el juicio de amparo, pues de no ser así podría llegarse al supuesto de excepción de no poder continuar con el trámite del mismo hasta su conclusión, pues de presentarse alguno de los supuestos establecidos en el artículo 19 del citado Acuerdo General 21/2020, eventualmente, podría suspenderse el trámite del presente juicio de amparo. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente. Que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales. En la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese personalmente y regístrese.
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