Juan Pablo Gonzalez Villalobos

Expediente 1439/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1439/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
11/10/2022

Partes del expediente

  • Juan Pablo Gonzalez Villalobos

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, once de octubre de dos mil veintidós. Vistos los oficios de cuenta, en el primero, la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, solicita el otorgamiento de un plazo adicional al concedido en auto de doce de septiembre pasado, para acreditar el cumplimiento del fallo protector, sin que hubiere demostrado fehacientemente la necesidad para otorgarlo, pues se limita señalar contundentemente a realizar diversas manifestaciones para ello y en el otro, la Subdirectora General de Amparos, en suplencia de la Coordinadora General de Administración de la citada dependencia, informa las gestiones de cumplimiento realizadas; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agregan a los autos para que obren como corresponda. En mérito de lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes, de las gestiones de cumplimiento realizadas por la Coordinadora General de Administración de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en su carácter de superior jerárquico de la directa responsable Por otra parte, en relación a la prórroga solicitada por la Directora General de Recursos Humanos, no es el caso de acordar favorablemente, pues omite acreditar fehacientemente que efectivamente hubiere realizado algún tipo de gestión encaminada al acatamiento de la ejecutoria de amparo, siendo que se limita a argumentar que ".me encuentro realizando los trámites administrativos necesarios para acreditar el cumplimiento de la ejecutoria; no obstante, debido a las grandes cargas laborales y las limitaciones en materia de recursos materiales y humanos de esta unidad administrativa.", sin siquiera acreditar que hubiere realizado algún trámite como lo refiere, por lo que, la sola afirmación resulta insuficiente para evadir atender el fallo de amparo. Al respecto, es aplicable por su contenido jurídico la tesis aislada de texto: EJECUTORIA DE AMPARO, TÉRMINO PARA SU CUMPLIMIENTO. En los casos de competencia de la Suprema Corte en única instancia, concedida la protección federal se emitirá testimonio de la ejecutoria, para su cumplimiento, a la autoridad responsable, la que deberá cumplirla dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación, cuando la naturaleza del acto lo permita, y en caso contrario, dentro de ese mismo término deberá iniciar los trámites para su cumplimiento, sin que deba tolerarse que se retrase la plena obediencia de la ejecutoria por medio de pretextos, subterfugios o evasivas. No puede ser obstáculo para ese cumplimiento el exceso de labores, toda vez que la responsable está obligada, para guardar el debido respeto al Tribunal Máximo, a darle preferencia, respecto de otros litigios que estime de urgente decisión; y la responsable tampoco puede alegar, como pretexto, lo voluminoso del expediente, ni la índole del asunto, si la Suprema Corte en su ejecutoria, limitó el problema que debía resolver la nueva sentencia y señaló los preceptos legales a cuyo criterio debía apegarse. El fallo que se dicte en cumplimiento de la ejecutoria, sólo incumbe a la responsable, y no es el caso de aplicar el artículo 112 de la Ley de Amparo, sino requerir al superior inmediato de la misma para que la obligue a cumplir sin demora la ejecutoria. (Registro 340527, emitida por la Sala Auxiliar, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 907, Materia Común). Ahora, cabe señalar que de autos se desprende que desde que se determinó la cantidad a pagar a favor de la parte quejosa en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en proveído de veintidós de julio del año en curso, la autoridad obligada al cumplimiento del fallo protector, no demostró indubitablemente el acatamiento de la ejecutoria de amparo, ni que exista una causa justificada para tal retraso, no obstante los posteriores requerimiento de cumplimiento dictados el veinticinco de agosto y veintiocho de septiembre, además de la prórroga otorgada el seis de septiembre del año en curso, los cuales fueron legalmente notificados. Por tal motivo, este Juzgador considera que no existe acto alguno indicativo de cumplimiento a la ejecutoria, en razón de lo cual, se hace efectivo el apercibimiento decretado el veintiocho de septiembre del año que transcurre, por lo que en términos de los artículos 193 primer párrafo, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impone a la persona física que ostenta el cargo de Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Yolanda Carolina Salcedo Pérez, una MULTA a razón de cien veces la unidad de cuenta para la Ciudad de México; por lo que, una vez que cause estado el presente proveído, gírese oficio al JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, para que por conducto de la Unidad Administrativa Exactora correspondiente, haga efectivo el cobro de la multa impuesta a la citada autoridad. Apoya lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 49/2003, de rubro siguiente: MULTAS IMPUESTAS POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. COMPETE HACERLAS EFECTIVAS A LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE. (Jurisprudencia 2a./J. 49/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos veintiséis (226), del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Junio de dos mil tres (2003) No obstante lo anterior, se debe considerar que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del que las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, y tomando en cuenta que en el fallo judicial se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, de conformidad con los artículos 192; 193; 194 y 197, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 238 y 258 de la ley de la materia. Con fundamento con fundamento en los artículos 192, último párrafo y 193, párrafo tercero, se requiere nuevamente a la DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, (en su carácter de autoridad directamente obligada al cumplimiento) y su superior jerárquico Coordinadora General Administración, ambos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México: para que, en el ámbito de su competencia y en el improrrogable plazo de TRES DÍAS contado a partir de su legal notificación, den cumplimiento a la ejecutoria de amparo y realice lo siguiente: ? Acreditar que remitió la reimpresión de la planilla de liquidación y que solicitó al Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la citada dependencia, el otorgamiento de la suficiencia presupuestal para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, respecto de la cantidad a pagar a favor del quejoso por el importe liquido de $59,512.50 (cincuenta y nueve mil quinientos doce pesos 50/100 moneda nacional); por concepto de diferencia de pago de aguinaldo correspondiente al ejercicio dos mil diecinueve y respectivo título de crédito. De acuerdo con lo ordenado en el segundo párrafo, del artículo 193 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las citadas autoridades que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de cualquier autoridad que intervenga en el trámite relativo. Lo anterior se determina, toda vez que en términos de lo que dispone el artículo 197 de la Ley de Amparo, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional. Con el apercibimiento que, de no demostrar que llevaron a cabo las acciones para cumplir la ejecutoria de amparo, SE REMITIRÁN LOS AUTOS ORIGINALES DEL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTÚA, AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN TURNO, PARA SEGUIR EL TRÁMITE DE INEJECUCIÓN, QUE PUEDE CULMINAR CON LA SEPARACIÓN DE SU PUESTO Y SU CONSIGNACIÓN, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley de la materia. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo, del artículo 193 de la Ley de Amparo antes citada, se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. En ese orden de ideas, es oportuno precisar que la finalidad objetiva perseguida por la Ley de Amparo vigente es que el procedimiento de ejecución de sentencias protectoras sea simple, expedito y rápido, entonces debe considerarse que en todo caso debe procurarse que el único plazo que se conceda a las autoridades responsables sea el de tres días, previsto en el segundo párrafo del artículo 192, razón por la cual las dos excepciones a este lapso deben ser de aplicación estricta y limitada, pues de lo contrario no se respetaría la finalidad antedicha, lo cual, a su vez, está relacionada con el deber de garantía derivado de los derechos humanos, así como con las garantías de acceso a la justicia y recurso efectivo. Lo anterior se observa de la exposición de motivos del decreto por el que se expidió la Ley de Amparo, y que es del tenor siguiente: "Ejecución de las sentencias La ejecución de sentencias es, sin duda, uno de los temas más complejos e importantes del juicio de amparo. Su relevancia estriba en que la falta de materialización rápida de las sentencias hace que el juicio de amparo no tenga sentido, pues en los hechos se podría hacer de reparación irreparable el derecho que resulte protegido y resguardado por una de sentencia de amparo. Es claro que la ausencia de un desarrollo claro y sencillo de esta materia ha propiciado situaciones de indefensión y, en ciertos casos, de impunidad. Con el propósito de solucionar estas deficiencias, se ha buscado establecer una estructura nueva para, por una parte, unificar todas las cuestiones relacionadas dentro de un título y, por la otra, darle una denominación específica a cada uno de los supuestos de ejecución que de manera innominada prevé la ley en vigor o que se han creado por la tesis jurisprudenciales. En específico, la sentencia que otorga el amparo y protección de la justicia federal pierde su objetivo cuando se incumple o deja de observarse por los servidores públicos a quienes va dirigida. Por ello, sancionar a dichos servidores públicos no es trivial si se busca que las sentencias de amparo tengan realmente eficacia. Sin ser un punto de acuerdo generalizado, se estima que la interpretación correcta del artículo 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es en el sentido de que el Pleno de la Suprema Corte debe separar del cargo y consignar directamente ante el Juez de Distrito a la autoridad remisa con el propósito de que este órgano individualice la pena que le corresponde. De esta forma, la solución que se propone es en el sentido de que, con pleno respeto a la garantía de audiencia del sujeto involucrado, sea la propia Suprema Corte la que lleve a cabo esa individualización. [Lo destacado es propio]. En relación con lo anterior, los criterios jurisprudenciales emitidos por los órganos del Poder Judicial de la Federación facultados para ello, han establecido que el juzgador tiene la obligación de fijar un término prudente y determinado para que se cumpla la sentencia de amparo, para lo cual se debe considerar que el acto que debe realizar la autoridad responsable para cumplir con el fallo protector, no se trata de un asunto ordinario, sino extraordinario al haberse declarado la inconstitucionalidad del acto, por lo que dicha autoridad no debe darle el trato de un asunto ordinario, es decir, no debe someterlo a los mismos trámites administrativos ni los plazos máximos que tiene para ello, sino que se debe efectuar en un menor plazo, pues se insiste, la parte quejosa ya obtuvo una sentencia ejecutoria que constituye una norma individualizada a su favor y, que por ende, no puede ser condicionada su cumplimiento a los trámites burocráticos de la autoridad regulados por disposiciones administrativas internas ni a las cargas de trabajo de la autoridad. Sustentan las consideraciones expuestas en el presente acuerdo, en lo conducente, los criterios de rubros siguientes: SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JUDICIAL FIJAR Y AMPLIAR EL PLAZO PARA SU CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE. (Jurisprudencia número I.3o.C. J/7 (10a.) Página 2892, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Enero de 2014, Décima Época). EJECUTORIA DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE VELAR POR SU EXACTO CUMPLIMIENTO, EN LAS CONDICIONES POR LAS QUE FUE CONCEDIDO EL AMPARO. (Tesis número IV.1o.A.10 K (10a.) Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, página 2573). Asimismo, importa reiterar que atendiendo a la transformación jurídica en la estructura orgánica, administrativa y jurídica que dio como resultado la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la Ciudad de México, las autoridades responsables como las vinculadas a cumplir con la ejecutoria de amparo, deberán ajustar su proceder a los manuales, lineamientos, normativa interna que tengan y normas generales aplicables para el caso, para cumplir con la ejecutoria de amparo. Notifíquese

  2. Principal

    Ciudad de México, a veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el escrito de cuenta signado por la quejosa Miriam Navarrete Márquez, por propio derecho, por medio del cual realiza diversas manifestaciones en relación con el cumplimiento del fallo protector. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, se procede a resolver el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obran en el expediente y con las constancias aportadas por las aludidas autoridades responsables. En primer término, conviene precisar que en sesión de cinco de julio de dos mil veintidós, dictada en el amparo en revisión R. A. 121/2022, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, resolvió lo siguiente: PRIMERO. Se desecha el recurso de revisión interpuesto por el Director General de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México. SEGUNDO. En materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida. TERCERO. La justicia de la Unión ampara y protege a MIRIAM NAVARRETE MÁRQUEZ, en contra del acto del Jefe de Unidad Departamental de Prestaciones de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, en términos y para los efectos precisados en la sentencia del juicio constitucional. Es oportuno precisar que mediante la sentencia de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, emitida en el presente juicio, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para los efectos siguientes: En este orden de ideas, la omisión apuntada conlleva a otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que el Jefe de Unidad Departamental de Prestaciones de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se le notifique el auto por el que cause ejecutoria la presente sentencia, cumpla cabalmente con la sentencia de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en el recurso de apelación RAJ 81306/2018, interpuesto en el juicio de nulidad TJA/IV-5512/2017, del índice de la Cuarta Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, de la cual se reiteran los efectos: 'Por consiguiente, procede declarar la nulidad del acto impugnado al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción II del artículo 127 de la Ley Orgánica de este Tribunal y en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 126 fracción IV y 128 fracción III de la Ley citada, queda la autoridad demandada obligada a restituir al actor en el derecho indebidamente afectado, esto es, a emitir un nuevo oficio en el que se ordene procedente el pago de indemnización por el equivalente a tres meses de salario, de acuerdo a lo regulado en el artículo 22 del Reglamento para la Conclusión de la Carrera Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, de conformidad con lo expuesto en el presente fallo, lo que deberá hacer dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir de la que sentencia quede firme. (.) Ahora bien, al estudiar las constancias aportadas por la responsable a fin de acreditar el cumplimiento de la resolución de mérito y observar los efectos de la concesión del amparo, se advierte que el Apoderado Legal de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, remitió el oficio PACCDMX/DG/DERHF/SRH/UDP/820/2022, de siete de septiembre de dos mil veintidós, por el que se dejó sin efectos el diverso PCDMX/DERHF/SRH/UPD/730/2017, de veintidós de agosto de dos mil diecisiete, y se declaró procedente el pago de la indemnización a favor de Miriam Navarrete Márquez, por el equivalente a tres meses de salario. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado considera CUMPLIDA LA SENTENCIA dictada en el presente juicio constitucional, toda vez que se acataron con los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional, en razón de que la autoridad responsable cumplió los efectos de la sentencia de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en el recurso de apelación RAJ 81306/2018, interpuesto en el juicio de nulidad TJA/IV-5512/2017, del índice de la Cuarta Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, es decir, dejó sin efectos el diverso PCDMX/DERHF/SRH/UPD/730/2017 de veintidós de agosto de dos mil diecisiete, y declaró procedente el pago de la indemnización a favor de Miriam Navarrete Márquez, por el equivalente a tres meses de salario. Asimismo, este órgano jurisdiccional considera que no existe defecto ni exceso en el cumplimiento de la sentencia de amparo. Las consideraciones anteriores tienen sustento por analogía en la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, que es del rubro y texto siguiente: EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO." .(No. Registro: 165,807, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXX, Diciembre de 2009, Tesis: 2a./J. 201/2009, Página: 301) Sin que sea óbice a lo anterior, lo alegado por la quejosa mediante el escrito de cuenta, en el sentido de que la sentencia de amparo no se encuentra cumplida, porque no se acredita que la responsable cubrió los tres meses de salario; sin embargo, tal situación no fue materia de la sentencia de amparo, por lo que no constituye un efecto de ésta; no obstante, se dejan a salvo sus derechos para que haga valer los medios de impugnación que tiene a su alcance. Notifíquese, y personalmente a la quejosa en el domicilio ubicado en ***

  3. Principal

    Ciudad de México, a ocho de septiembre de dos mil veintidós. Por recibidos los oficios firmados electrónicamente por el Apoderado Legal de Petróleos Mexicanos y por el Director de lo Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Turismo, ambos remitidos en términos del artículo 48 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; así como los diversos signados por la Directora de Asuntos Civiles, Administrativos, Mercantiles y Agrarios de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y por la Directora de Asuntos Jurídicos y Apoderada Legal del Consejo Nacional de Fomento Educativo, por medio de los cuales, en atención al requerimiento de veinticuatro de agosto del año en curso, informan que una vez realizada una búsqueda en sus archivos no encontraron registro de que Ignacio Serna Huesca y Josué Isaac García Hernández laboren o hayan laborado en dichas dependencias. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a los autos para que obren como corresponda, tomando conocimiento de su contenido. Notifíquese

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