Juan Pablo Alcocer Mendoza

Expediente 999/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
999/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
15/12/2023

Partes del expediente

  • Juan Pablo Alcocer Mendoza
  • Presidente de la Republica

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Ciudad de México, quince de diciembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio signado electrónicamente por el Actuario del Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual, acusa recibo y hace del conocimiento el contenido del auto de catorce de diciembre de dos mil veintitrés, dictado en el toca Q.A. 502/2023 de su índice, en el que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto en autos, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos para que surta los efectos legales correspondientes, tomando conocimiento de su contenido. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, a cinco de diciembre de dos mil veintitrés. Visto el escrito suscrito por el autorizado de la parte quejosa, por medio del cual, interpone recurso de queja en contra del auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo. Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, en vía de informe justificado, dígase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en Turno, que es cierto el acto reclamado y, por tanto, se ordena remitir el escrito de agravios junto con el presente juicio de amparo. Se forma cuaderno de antecedentes, únicamente con la impresión del presente proveído, en pro de una protección al medio ambiente y para optimizar los recursos materiales, aprovechando el expediente electrónico, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 54, 89 y 90 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Secretario del Juzgado debe hace constar la integración de las constancias respectivas, que conforman el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este órgano jurisdiccional, como si se glosaran a este cuaderno. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el testimonio proveniente del Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por medio del cual, remite los autos originales del juicio de amparo 999/2023-V y el testimonio de la resolución pronunciada en el recurso de revisión número Q.A. 389/2023, mediante sesión de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Se hace del conocimiento de las partes que la superioridad resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Es fundado el presente recurso de queja." En ese tenor, cabe precisar que el tribunal oficiante determinó dicho resolutivo para el siguiente efecto: ? Del Sistema Nacional de Centros Públicos, que abarca los artículos 75 a 100, en el establece el sistema para el manejo y distribución delos recursos, infraestructuras y redes de ls Centros Públicos, con el objeto de contribuir con las actividades en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación relacionados con las áreas estratégicas o prioritarias del desarrollo nacional y los temas de interés público nacional o de atención indispensable considerados en la Agenda Nacional, a fin de alcanzar y consolidar la independencia científica y tecnológica del país, así como garantizar que los beneficios sociales del progreso científico y tecnológico redunden en el bienestar del pueblo de México; De lo anterior se advierte que el objeto primordial de la ley reclamada establece que busca garantizar el derecho al desarrollo de la investigación humanística y científica, el desarrollo tecnológico y la innovación que realicen los Centros Públicos, a fin del mejoramiento de la capacidad productiva en materia de humanidades, ciencia, tecnología e innovación, empleando los recursos, capacidades e infraestructuras del Estado en el sector público al servicio del pueblo de México, principalmente mediante el otorgamiento de recursos económicos por conducto de becas o apoyos financieros destinados a la investigación realizada por personas dentro del algún Centro Publico educativo o de investigación. Ahora bien, lo que pretende el quejoso es que, mediante el juicio de amparo, se le reconozca como investigador y se le otorgue el derecho a obtener las becas y beneficios que concede la ley reclamada a los investigadores; sin embargo, no sería factible concretar esos efectos, pues no se advierte que pertenezca al sistema nacional de investigadores, ya que de lo que relató en su demanda, así como del escrito de desahogo, se advierte que manifestó, bajo protesta de decir verdad, que aun cuando presentó solicitud de ingreso a ese sistema, fue rechazada en dos mil veinte, y desde entonces a la fecha no ha ingresado al Sistema Nacional de Investigadores, lo que se corrobora, porque, incluso, aun cuando promovió diversos juicios de amparo en contra del recurso de reconsideración, lo cierto es que el juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, dentro de los autos del juicio de amparo 1752/2022, le negó el amparo y esa decisión fue confirmada por el tribunal colegiado en el recurso de revisión resuelto en el toca 194/2023, del índice del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito; además, no cuenta con convenio alguno celebrado con el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías que lo acredite como miembro de este, con lo cual tendría derecho a recibir el estímulo económico sobre el cual versa la ley reclamada y que se lo suspendieron, por lo cual, de conceder el amparo, no tendría efecto alguno, pues como ya se dijo, no cuenta con algún convenio en el que se establezca el otorgamiento de beneficios económicos en apoyo a la investigación que manifiesta efectuar. Sin que obste a lo anterior que el quejoso alegue que acredita haber efectuado diversos trabajos de investigación en diversas instituciones privadas, pues no acredita el quejoso contar con algún proyecto ingresado al referido sistema de investigadores dentro del sector público pues, en su escrito de demanda manifestó haber desempeñado sus labores académicas y de investigación en instituciones privadas tales como lo es el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Lo que implica que aun cuando, eventualmente, se pudiera conceder la protección constitucional, lo cierto es que no podrían concretarse s efectos de ese fallo, ya que si se concede el amparo, traería como consecuencia volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto, pero esa situación no podría ocurrir, porque el quejoso, como ya se vio, no cuenta con documento ni convenio alguno con el que se tenga derecho a recibir el estímulo que desea, o sea, no se podrían volver las cosas al estado que tendrían. Aun cuando, durante la sustanciación del juicio, firmaran algún convenio, lo cierto es que ese hecho ocurriría después de la fecha de presentación de la demanda, lo que no es jurídicamente correcto el tomar en cuenta, porque serían actos posteriores a la admisión de la demanda. En apoyo a lo anterior, es aplicable la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven"; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención) se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. (Registro: 237687, Séptima Época, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Semanario Judicial de la Federación, Volumen 151-156, Tercera Parte, página: 119) En consecuencia, se estima colmada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 77, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, por lo que se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por Juan Pablo Alcocer Mendoza, por propio derecho. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

  4. Principal

    Ciudad de México, a uno de agosto de dos mil veintitrés. Visto el oficio signado por el Actuario del Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual, acusa recibo y hace del conocimiento el contenido del auto de veintiocho de julio de dos mil veintitrés, dictado en el toca Q.A. 389/2023 de su índice, en el que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto en autos, con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, se agrega a los autos para que surta los efectos legales correspondientes, tomando conocimiento de su contenido. Notifíquese

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