JUAN PABLO ALBIN GUTIÉRREZ y Otros.
Expediente 512/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 512/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- JUAN PABLO ALBIN GUTIÉRREZ y Otros.
- Juan Pablo Albin Gutiérrez
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta del quejoso CCCC visto su contenido, como lo solicita, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídasele copia certificada de las constancias que refiere, teniendo por autorizada a la persona que indica en el mismo para recibirlas, previa identificación a satisfacción de este Juzgado y razón que de su entrega obre agregada en autos.
- Principal
Glósese a los presentes autos el escrito presentado por ***atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el numeral 2° de esta última, expídasele a su costa las copias certificadas que solicita, previa constancia que por su recibo se deje en autos.
- Principal
[...] En consecuencia, se declara cumplida la ejecutoria de mérito y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente y definitivamente concluido; hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Sin que pasen inadvertidas las manifestaciones que realiza el inconforme, por conducto de su autorizada con el cúmulo de facultades, en el sentido de que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues refiere: Existe exceso en su cumplimiento, ya que el aseguramiento se realiza respecto del cien por ciento del total de los citados inmuebles, sin justificar razones ni fundamentos de dicha medida. También señala que resulta indebido que el aseguramiento se realice en atención a que los predios son producto u objeto del delito. Por otra parte, aduce que los fundamentos que cita la responsable para sustentar su resolución resultan infundados, pues la única autoridad facultada para fijar o señalar lo atinente a la reparación del daño es el Juez y no el Ministerio Público, aunado a que la tesis que cita resulta inaplicable al caso puesto que el tema a tratar en ella fue el de delincuencia organizada y el presente asunto deriva de la posible comisión del delito de fraude. Finalmente, indica que el aseguramiento decretado al predio denominado el bastión resulta impreciso, pues señala una superficie de más de ocho hectáreas, sin haber realizado un levantamiento topográfico o una inspección ocular a fin de determinar cuáles son esas ocho hectáreas, aunado que al no precisarse la superficie asegurada, estará imposibilitado para establecer por qué ordenó, en caso de que en dicho lugar se esté realizando algún tipo de obra o destrucción del lugar, la suspensión de dicho acto. Ahora bien, los argumentos anteriores van encaminados a controvertir aspectos relacionados con la legalidad de la resolución de veintiuno de enero de este año, por la que la autoridad responsable cumple con lo indicado en la ejecutoria de amparo. Asimismo, los aspectos aducidos por la autorizada del quejoso no fueron materia de la ejecutoria de amparo, pues la concesión de la protección constitucional únicamente implicó que la autoridad responsable, en lo atinente al retardo en la procuración de justicia dentro de la indagatoria de origen, emitiera la determinación en relación al ejercicio o no ejercicio de la acción penal y, respecto de la orden de inscripción marginal realizada dentro de los inmuebles denominados Sanabu, El Bastión y El Brujo, contenidas en los acuerdos de seis, veinte de mayo de dos mil catorce y catorce de julio de dos mil quince, dejara sin efectos los citados acuerdos, únicamente respecto de las medidas adoptadas respecto de los citados predios y, en su lugar, emitiera otra, con plenitud de jurisdicción, en el que subsanara los vicios de fundamentación y motivación, precisados en la ejecutoria de amparo, asimismo, notificara dicho proveído al quejoso, por lo tanto, la autoridad responsable debía especificar si las medidas de apremio en relación a los predios el Bastión, Sanabu y el Brujo, las emitió por considerarlos instrumentos, objeto o productos del delito, así como justificar el por qué dictó dichas medidas respecto de la totalidad de los citados predios, pero siempre con el libre ejercicio de la facultad constitucional conferida como órgano investigador y persecutor de los delitos. Por tanto, si en el caso la autoridad responsable consideró la circunstancia que mediante acuerdo de veintiuno de enero de este año se ordenara el aseguramiento de los predios El Brujo, Sanabú y El Bastión, fue por considerarlos objeto del delito y respecto del aseguramiento de la totalidad de su superficie por no existir en autos dato que indique específicamente la fracción física que comprende a cada uno de los copropietarios, asimismo, motivó el aseguramiento al precisar que el mismo fue con la finalidad de que los mismos no puedan producir consecuencias ulteriores a favor de terceros, salvaguardando los derechos de quienes intervienen, así como de aquellos que pudieran tener derecho y así estar en aptitud, en su caso, de garantizar la posible reparación del daño, lo cual, no contraviene lo establecido en la ejecutoria de amparo, pues son cuestiones de legalidad que no fueron materia de la ejecutoria de amparo, pues, como se indicó, la resolución de veintiuno de enero de este año cumple con los requisitos de fundamentación y motivación de acuerdo con lo expuesto en párrafos precedentes al señalar el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General Regional de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla la cita del precepto legal aplicable al caso y las razones, motivos o circunstancias especiales que lo llevaron a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. De ahí que en el caso, dichas manifestaciones constituyen materia de una diversa litis constitucional. En tales condiciones, se tiene por cumplida la sentencia de amparo. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y las constancias que obran en el mismo carecen de relevancia documental, sin que se advierta documento alguno en original exhibido por la quejosa, lo que se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero fracción IV del citado Acuerdo General.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio de cuenta de Diana López Valderrabano, autorizada por la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, visto su contenido, téngasele haciendo diversas manifestaciones en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable ordenadora, las cuales serán tomadas en consideración al momento de dictar la resolución que determine si la ejecutoria está cumplida o no.
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