Juan Pablo Albin Gutierrez

Expediente 557/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
557/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
11/07/2018

Partes del expediente

  • Juan Pablo Albin Gutierrez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de veintinueve de junio de dos mil dieciocho por el que DESECHÓ la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, CAUSA ESTADO dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. En razón de lo anterior, en cumplimiento a lo que establece el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente expediente en que se actúa, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes, conforme a lo que dispone la fracción XVIII, del capítulo primero, del referido acuerdo general conjunto; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo primero, párrafo segundo, del multicitado acuerdo general conjunto número 1/2009.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por el quejoso JUAN PABLO ALBIN GUTIERREZ, mediante el cual da cumplimiento a la prevención formulada por auto de veintiséis del propio mes y año; en ese sentido, se provee lo conducente en relación a su libelo inicial de amparo. Ante todo, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO Del contenido de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio se advierte que la parte quejosa reclama en esencia los actos siguientes: a).- Del Agente del ministerio Público Adscrito a la Fiscalía General Regional de Puebla, abogado EHECATL ANTONIO HERRERA DE LA CRUZ. La orden de aseguramiento de veintiuno de enero del año dos mil dieciséis decretado dentro de la Averiguación Previa AP-241/2014/DMZS/FGR, de los predios San Pedro Ocotzotal, Ocotzotal, El Brujo, Sanabu, Muñeco, Bastión, Los Arroyos, unos de mi propiedad y otros de terceros de buena fe que compraron. Sin que obste a lo anterior la circunstancia de que el quejoso haya precisado que a dicho Agente del Ministerio Público lo señalaba como responsable en atención a que fue quien llevó a cabo el segundo aseguramiento dentro del proceso 9/2016 radicado en el juzgado de lo penal de Xicotepec de Juárez, Puebla, con fecha veintiuno de enero del año dos mil dieciséis, cumpliendo con la ejecutoria del amparo 512/2015 del índice de este órgano jurisdiccional. Pues del contenido de las constancias que obran en el citado juicio de amparo, se desprende que la orden de aseguramiento emitida por el representante social en cumplimiento a la ejecutoria de amparo de mérito respecto de dichos predios, es la de veintiuno de enero del año dos mil dieciséis decretada dentro de la Averiguación Previa AP-241/2014/DMZS/FGR, ahora proceso 9/2016 radicado ante el Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Xicotepec de Juárez, Puebla. Lo cual se invoca como un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, sin necesidad de agregar copia certificada de dicha constancias, al tratarse de un expediente de este juzgado, el cual se tuvo a la vista al momento de resolver. Sirve de apoyo por analogía la tesis siguiente: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." b).- Del Juez de lo Penal de Xicotepec de Juárez Puebla, El auto de catorce de septiembre de dos mil diecisiete emitido dentro del proceso 9/2016, a través del cual se confirma el aseguramiento decretado por el Agente del ministerio Público ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, respecto de los predios identificados como San Pedro Ocotzotal, Ocotzotal, El Brujo, Sanabu, Muñeco, Bastión, Los Arroyos, a efecto de que no se realicen actos jurídicos como donación a título gratuito, a título oneroso, compraventa etc. c).- Del Registrador Público de la Propiedad del Distrito Judicial de Xicotepec de Juárez, Puebla, en su carácter de ejecutora: La ejecución de las ordenes de aseguramiento reclamadas a las autoridades señaladas en los incisos a) y b). De lo anterior, el suscrito advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que impone desechar la demanda que se provee de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17, 18, 22 y 61, fracción XIV, todos de la Ley de Amparo , cuyo texto es el siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:. I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días;. II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años;. III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados;. IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 22. Los plazos se contarán por días hábiles, comenzarán a correr a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación y se incluirá en ellos el del vencimiento, inclusive para las realizadas en forma electrónica a través del uso de la Firma Electrónica, salvo en materia penal, en donde se computarán de momento a momento.. Correrán para cada parte desde el día siguiente a aquél en que para ella hubiese surtido sus efectos la notificación respectiva. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso.. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad.. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." De los artículos transcritos, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Así, el artículo 17 de la Ley de Amparo, establece que el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo cuando se trate de: 1.- Una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición; 2.- Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; 3.- Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; 4.- Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales Supuestos que en la especie no se actualizan por tratarse los actos reclamados en las órdenes de aseguramiento emitidas por el Agente del Ministerio Público y Juez de lo Penal señalados como responsables dentro de la Averiguación Previa AP-241/2014/DMZS/FGR y causa penal 9/2016, respectivamente, así como su ejecución. Aunado a lo anterior, en el artículo 18 de la Ley de Amparo, se establece que los plazos a que se refiere el artículo 17 del mismo ordenamiento legal, es decir, el plazo para la presentación de la demanda de amparo es el genérico de quince días, contados a partir del día siguiente: 1) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; 2) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución; o 3) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. De igual forma, se hace necesario precisar que los plazos se contarán por días hábiles mismos que comenzarán a correr a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación y se incluirá en ellos el del vencimiento, salvo en materia penal, en donde se computarán de momento a momento y correrán para cada parte desde el día siguiente a aquél en que para él hubiese surtido sus efectos la notificación respectiva. Ahora bien, de una recta interpretación de artículo 18 de la Ley de Amparo, se desprende que los supuestos antes precisados son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno y, por tanto, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el término para la promoción del juicio de amparo se compute a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de aquéllos. Entonces, tomando como base la hipótesis indicada en el inciso 2) y dado que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos, esto es, quince días contados a partir de que el quejoso haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, se tiene que la demanda de amparo que se provee es improcedente por no haberse presentado dentro del plazo que impone la ley. Como se dijo con antelación, los quejosos reclaman del Agente del Ministerio Público Adscrito a la Fiscalía General Regional de Puebla, abogado EHECATL ANTONIO HERRERA DE LA CRUZ, la orden de aseguramiento de veintiuno de enero del año dos mil dieciséis decretado dentro de la Averiguación Previa AP-241/2014/DMZS/FGR y del Juez de lo Penal de Xicotepec de Juárez Puebla, el auto de catorce de septiembre de dos mil diecisiete emitido dentro del proceso 9/2016, a través del cual se confirma el aseguramiento decretado por el representante social en la citada averiguación, ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio respecto de los predios identificados como San Pedro Ocotzotal, Ocotzotal, El Brujo, Sanabu, Muñeco, Bastión, Los Arroyos, a efecto de que no se realicen actos jurídicos como donación a título gratuito, a título oneroso, compraventa etc; así como su ejecución. Actos respecto de los cuales el quejoso manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento por lo menos desde el mes de septiembre de dos mil diecisiete, sin recordar la fecha exacta pero con posterioridad al auto de catorce de septiembre de dos mil diecisiete. Bajo ese contexto, la demanda motivo de este expediente resulta extemporánea, tomando en consideración que el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la promoción del juicio constitucional transcurrió en exceso, en virtud de que, como se dijo, respecto de los actos que por esta vía reclama fueron de su conocimiento en el mes de septiembre de dos mil diecisiete, es decir, por lo menos desde el último día de dicho mes, a saber el treinta de septiembre de dos mil diecisiete. Por lo que conforme a las reglas que para plazos establece el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, a la fecha de presentación de la demanda que dio origen al expediente en que se actúa (once de junio de dos mil dieciocho) excede el término señalado por el artículo 17 de la Ley de Amparo para la promoción del juicio de amparo, por haber transcurrido entre una fecha y otra más de quince días hábiles, pues si tuvo conocimiento de los actos reclamados por lo menos desde el treinta de septiembre de dos mil diecisiete, a partir del día siguiente hábil empezó a correr el término respectivo, ello, en términos de los artículos 48 y 49 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, feneciendo el veinticinco de octubre del mismo año, sin contar los días uno, siete, ocho, doce, trece, catorce, quince, veintiuno y veintidós de octubre de dos mil diecisiete por ser inhábiles en términos de lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 19 de la Ley de Amparo. Lo expresado en la parte final del párrafo que antecede, se encuentra robustecido con el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitido al resolver la contradicción de tesis 30/94, que dio origen a la tesis de jurisprudencia P./J. 27/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, de Junio de mil novecientos noventa y seis, visible en la página cincuenta y siete, la cual es del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." De igual forma, cobra aplicación la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de este Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES EN MATERIA PENAL. SURTEN EFECTOS EL MISMO DÍA EN QUE SE PRACTICAN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). El artículo 48 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla no es preciso en determinar cuándo surten sus efectos las notificaciones, sin embargo, señala que los términos judiciales se contarán desde el día siguiente al en que se hubiere hecho la notificación respectiva, de donde se concluye que, por regla general, las notificaciones en materia penal surten efectos desde que se efectúan y, por ende, si la codificación que rige el acto concreto no señala, específicamente, cuándo surte efectos la notificación, los términos deben computarse a partir del día siguiente al en que ésta se realiza". Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, septiembre 2011, página 2018." Por lo anteriormente expuesto, es claro que en la especie se actualiza la causal de improcedencia, prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues el quejoso consintió tácitamente el acto reclamado ya que no obstante de tener conocimiento de los actos reclamados por lo menos desde el treinta de septiembre de dos mil diecisiete pretende promover juicio de amparo mediante demanda que fue presentada hasta el once de junio del año en curso, según la data que obra en el sello fechador de la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, lo que de suyo revela que entre ambas fechas media un período mayor a quince días hábiles. Atento al cómputo antes realizado, se estima procedente DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO que se provee al ser notoria e indudable la causal de improcedencia que se observa; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17, 18, 22 y 61, fracción XIV, todos de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, el criterio del PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN al resolver la contradicción de tesis 248/2014 contenido en la jurisprudencia P./J. 12/2015 (10a.), publicada en la página 38, del Libro 18, correspondiente al mes de Mayo de 2015, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son el siguiente: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." Asimismo, por lo que hace al acuerdo de catorce de septiembre del año próximo pasado emitido dentro de la causa penal 9/2016 del índice del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, el quejoso en su escrito aclaratorio, bajo protesta de decir verdad señala que en el mes de septiembre de dos mil diecisiete tuvo conocimiento de dicho acto, motivo por el cual resulta inconcuso que la demanda que se provee deviene extemporánea. En mérito de lo anterior, se concluye que la demanda que dio origen al expediente en que se actúa, excede el término señalado por el artículo 17 de la Ley de Amparo para la promoción del juicio de amparo, por haber transcurrido entre una fecha y otra más de quince días hábiles,. Por lo anteriormente expuesto, es claro que en la especie se actualiza la causal de improcedencia, prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues el quejoso consintió tácitamente los actos reclamados. Con independencia de lo anterior, debe decirse que respecto al acto atribuido al Juez de lo Penal de Xicotepec de Juárez Puebla, consistente en el auto de catorce de septiembre de dos mil diecisiete emitido dentro del proceso 9/2016, a través del cual se confirma el aseguramiento del predio que defiende, el aquí inconforme antes de acudir en demanda de amparo se encontraba obligada a agotar el medio ordinario de defensa previsto en la ley que rige, ya que al no hacerlo así se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII.- Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.. Se exceptúa de lo anterior:. a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales;. b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal;. c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento.. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Lo anterior es así, porque a JUAN PABLO ALBIN GUTIERREZ le reviste el carácter de imputado en la causa penal 9/2016, por lo que es parte formal en la misma. De la interpretación relacionada de los numerales antes mencionados, se conoce que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado, toda vez que si con aquéllos logra anular los efectos que le causan agravio, es evidente que el interesado no debe acudir a un medio extraordinario de protección de sus derechos esenciales cuando tiene al alcance los recursos con los que logrará el mismo objetivo, pues de otra manera el juicio de amparo se convertiría en un medio ordinario de defensa más. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo. Así, el auto de catorce de septiembre de dos mil diecisiete, que confirma el aseguramiento de los predios a que hace alusión en su demanda de amparo, por tratarse de un acto de autoridad, se rige por lo dispuesto en el artículo 16 constitucional, que de manera alguna afecta o impone algún tipo de restricción o perturbación de la libertad del acusado, ni constituye una pena, ya que es un simple auto de trámite que para reclamarse en la vía del juicio de amparo, se requiere agotar dicho principio de definitividad, contenido en el primer párrafo de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ahora bien, los artículos 267 y 273 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, establecen: "Artículo 267. El recurso de revocación procede, cuando este Código no conceda el de apelación". "Artículo 273.- Son apelables, salvo disposición legal en contrario:. I.- Las sentencias de primera instancia;. II.- Los autos de falta de elementos para procesar;. III.- Los autos en que se conceda o niegue la libertad bajo caución;. IV.- Los autos que concedan o nieguen la libertad por desvanecimiento de datos;. V.- Los autos que resuelvan algún incidente no especificado;. VI.- El auto en que se niegue la orden de aprehensión y el que niegue la citación para preparatoria;. VII. Los autos que ratifiquen la constitucionalidad de una detención conforme al párrafo VI del artículo 16 Constitucional;. VIII.- Los autos en que se fije o modifique el monto de la caución para obtener la libertad provisional, teniendo la autoridad revisora, en este caso, un término de cuarenta y ocho horas para resolver al respecto, y. IX.- Las demás resoluciones que señale la Ley." De las transcripciones que anteceden, se conocen cuáles son las resoluciones en materia penal respecto de las que procede el recurso de apelación, en el caso concreto, el proveído que constituye el acto reclamado por el impetrante de dictado dentro de los autos del proceso 9/2016 del índice del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Xicotepec de Juárez, Puebla, por medio del cual se confirma el aseguramiento de los predios a que hace alusión en su demanda de amparo, el cual si bien no se encuadra dentro de las hipótesis previstas en el artículo 273 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla; sin embargo, el diverso artículo 267 del ordenamiento legal en cita establece que cuando el Código en mención no conceda el de apelación procederá el recurso de revocación, lo que lleva a concluir que si la resolución o acuerdo materia de estudio no es apelable de conformidad con el artículo 273 anteriormente referido es indudable que en contra de dicha resolución PROCEDE EL RECURSO DE REVOCACIÓN. Conforme con lo expuesto, se colige que el acto reclamado por el quejoso es impugnable a través del recurso de revocación previsto en el artículo 267 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, por no encuadrar dentro de las hipótesis a que se refiere el artículo 273 del mismo cuerpo de leyes. En el contexto que antecede, resulta indudable que la demanda de amparo que se provee, resulta improcedente al no haberse agotado el principio de definitividad, dado que a través de la interposición del referido medio ordinario de impugnación, se puede obtener la confirmación, modificación o revocación de los autos que se reclaman a través del presente juicio de amparo, esto es, el quejoso debió haber cumplido con el principio de definitividad previo a ocurrir al juicio del amparo, impugnando a través del RECURSO DE REVOCACIÓN que prevé el artículo 267 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, el acuerdo por medio del cual se confirma el aseguramiento de los predios a que hace alusión en su demanda de amparo, mismo que constituye uno de los actos reclamados, por no ser extraño al juicio natural y no tratarse de aquellos que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, ni de los previstos en el artículo 61, fracción XVIII, incisos a), b) y c) de la Ley de la Materia, no opera en su favor la excepción a que se refiere éste último ordenamiento legal. En consecuencia, al no haberse agotado el principio de definitividad rector del juicio constitucional, mediante la previa interposición del recurso de revocación aludido, por parte del promovente del amparo, es evidente la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo por analogía, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en la tesis jurisprudencial número VI.1o.P. J/47, visible en la página 2097, Tomo: XX, Octubre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMAN AUTOS DE TRÁMITE QUE SE EMITEN DURANTE EL PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE DEFENSA SOCIAL Y/O SU NOTIFICACIÓN, POR NO AGOTARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Cuando el acto reclamado en el amparo lo constituye un auto de trámite y/o su correspondiente notificación durante la secuela procesal, el juicio de garantías es improcedente en términos del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, porque dichos actos pueden ser modificados, revocados o nulificados; respecto del primero, mediante el recurso de revocación previsto en el artículo 267 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social y, en relación con el segundo, mediante el incidente de nulidad de notificación contemplado en los diversos artículos 46, fracción XIV y 349 del mismo ordenamiento legal; medios de impugnación ordinarios que deben agotarse previamente al intentarse el juicio de garantías, para así cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo." También tiene aplicación al caso la Tesis visible en la página 650, Tomo XIII, junio de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación cuyo texto dice: "RECURSOS. TERCERO EXTRAÑO, NO TIENE ESE CARÁCTER, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUIEN SE INTEGRA A LA RELACIÓN JURIDICA-PROCESAL EN EL JUICIO NATURAL, POR LO QUE DEBE AGOTAR LOS. Si bien es cierto que los extraños a juicio no se encuentran obligados a agotar recursos y pueden acudir en demanda de sus garantías en forma inmediata; también lo es que para considerárseles con dicho carácter, es menester que no sean parte en juicio y, excepcionalmente, como lo sostiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también se estiman extraños a juicio a quienes, siendo parte en él, reclaman el indebido emplazamiento, lo que resulta lógico, ya que desconocen la existencia del juicio que se sigue en su contra, hipótesis esta última que no se actualiza cuando quienes siendo parte en el juicio conocen de su existencia y, por tanto, tienen obligación de acudir al mismo a fin de conocer lo que se resuelva o deje de resolverse, para estar en aptitud de interponer los medios ordinarios de defensa que correspondan, cuando crean lesionados sus intereses." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, visible en la página 678, Tomo VI, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Finalmente, al actualizarse las causales de improcedencia invocadas con antelación, procede DESECHAR DE PLANO la demanda en estudio, con fundamento en el diverso artículo 113 de la invocada Ley de la Materia. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido.

  3. Principal

    Puebla, Puebla, veintiséis de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por el quejoso -------, atento a su contenido, no ha lugar a tener por cumplida la prevención realizada el doce de junio del año en curso. Lo anterior en razón de que únicamente se limita a transcribir de nueva cuenta los antecedentes del acto reclamado realizados en su libelo inicial de amparo, sin que dé contestación a cada uno de los requerimientos formulados en el citado auto. En consecuencia, con la finalidad de proveer lo conducente a la demanda de amparo y de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa requiérasele de nueva cuenta para que dentro del término de DOS DÍAS siguientes a los que le surta la notificación del presente auto, en términos del artículo 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, cumpla con lo siguiente: a).- Precise de forma separada y clara el acto que por esta vía reclama, así como a qué autoridad se lo atribuye. Lo anterior, en razón de que en el capítulo correspondiente al acto reclamado de su demanda de amparo refiere que lo constituye el auto de catorce de septiembre de dos mil diecisiete dictado en el proceso 9/2016 por el Juez de lo Penal de Xicotepec de Juárez, Puebla, a través del cual confirma el aseguramiento del predio denominado el Bastión, el cual aduce es propiedad de ELOY FONSECA GARRIDO, así como su inscripción marginal en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Xicotepec de Juárez, Puebla; mientras que en el capítulo relativo a los antecedentes del acto y conceptos de violación hace mención al aseguramiento y anotación marginal de diversos predios. Para lo cual, deberá indicar la fecha del acto que reclame y dentro de que expediente se emitió el mismo. b).- Bajo protesta de decir verdad, cuándo le fue notificado o tuvo conocimiento del acto y/o actos que por esta vía reclame. Subsistiendo el apercibimiento decretado en auto de doce de junio del año en curso, para el caso de no cumplir íntegramente con todo lo requerido dentro del plazo indicado, esto es, se procederá en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo y se tendrá por no presentada su demanda de amparo. Lo anterior en atención a que la Jurisprudencia que a continuación se menciona establece la obligación del suscrito de emitir un acuerdo correspondiente al escrito a través del cual la parte quejosa pretende dar cumplimiento a la prevención que le fuera formulada para que, en el caso de que no se haya dado cumplimiento a tales prevenciones, esté en aptitud de cumplir en forma total con las mismas, lo cual debe realizarse antes de que concluya el término que le fue otorgado. Por tanto, si el auto de doce de junio del año en curso, en el cual se le previno le fue notificado por lista el quince de junio de dos mil dieciocho, resulta evidente que el término de cinco días que se le otorgó para cumplir con la prevención transcurre del diecinueve al veinticinco de junio del mismo año y, si el promovente presentó su escrito aclaratorio el veintidós de junio del actual ciclo, es evidente que le quedan dos días para cumplir con los requerimientos contenidos en dicho acuerdo. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia número 2ª./J. 106/2003, visible en la página 133, Tomo XVIII, Noviembre de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. -----". NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    Vista la razón de cuenta del Actuario Judicial adscrito a este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, mediante la cual informa la imposibilidad existente a fin de notificar a la parte quejosa el auto de doce de junio del año en curso, por los motivos que expone en la misma; en tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa por lista el proveído de mérito, así como los subsecuentes autos aún los de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio correcto en la ciudad de Puebla para tal efecto.

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