Juan Pablo Alayón García
Expediente 1814/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1814/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Juan Pablo Alayón García
Actuaciones
- Principal
NVO DOM QUEJ Mérida, Yucatán, once de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado de autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese a este expediente el escrito de ********************, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; y en atención a su contenido, téngase como su NUEVO DOMICILIO para oír y recibir notificaciones, el que señala para tal fin en su escrito de cuenta. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERA INTERESADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO... VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 237/2022-VII-B, promovido por CHRISTIAN ERIC ESPADAS GÓNGORA, en contra del acto atribuido a la Primera Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiocho de enero de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado al día siguiente a este órgano de control constitucional, compareció CHRISTIAN ERIC ESPADAS GÓNGORA, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto reclamado a la Primera Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de uno de febrero de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de que se trata; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se ordenó emplazar a juicio a la parte tercero interesada; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán es legalmente competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la Ley de Amparo, y 49, en relación con el 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado a la Primera Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, lo hizo consistir la parte quejosa en: La resolución de doce de enero de dos mil veintidós, dictada en el toca de apelación 216/2021, que confirmó el auto de vinculación a proceso de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, que dictó el Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, en la carpeta de investigación 227/2021, por la posible comisión del delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, querellado por Gilda Roberta Conde Jiménez, en lo personal y en representación del menor de iniciales J.R.E.C. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Primera Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, por conducto de la Magistrada Primera y Presidenta de dicha Sala, por lo que así debe tenerse para los efectos del presente juicio, lo que se corrobora con el toca 216/2021 y la certificación de constancias de la carpeta administrativa 227/2021 y los discos ópticos que adjuntó a su informe, los que alcanzan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que respecto del primero, resulta ser un documento expedido por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que les asigna la ley; mientras que el segundo, constituye la videograbación de la actuación llevada a cabo por la responsable que tiene la certificación de la fecha y lugar en que fue realizada, así como de los hechos que la contienen. Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 231, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que se cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto." Así como, la jurisprudencia 43/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 10ª Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703, con número de registro 2004362, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Inexistencia de causales de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de Amparo, en vigor, por lo que procede el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Estudio de la litis constitucional. Resultan infundados los conceptos de violación formulados por el quejoso, motivo por el cual deberá negarse el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. En el caso, el promovente aduce, entre otros motivos de disenso, que en la resolución impugnada se vulneraron en su perjuicio los numerales 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues alega que la responsable confirmó la resolución impugnada sin el debido análisis de los datos de prueba, ya que se le pretende enjuiciar con base a una resolución de audiencia inexistente. En este contexto, la base normativa del auto de vinculación a proceso (que dio origen al acto que se reclama) se contempla en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin pasar por alto el derecho a la debida fundamentación y motivación de dicha resolución, que se encuentra tutelada en el artículo 16 de la misma Ley Suprema. Dichos preceptos establecen: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento..." "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." Ahora bien, la figura del auto de vinculación a proceso dentro del sistema de justicia penal acusatorio, encuentra estructura en los artículos 316 y 317, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en los que se prevén los requisitos que debe contener, pues disponen: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente". "Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa". Del análisis en conjunto de las transcritas disposiciones, respecto al auto de vinculación a proceso, se desprende que los elementos de forma y de fondo que debe contener, son los siguientes: A) Elementos de forma: Que se haya formulado imputación, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que se hace del conocimiento del imputado la investigación que se desarrolla en su contra, respecto de uno o más hechos determinados que se consideran delitos, la fecha, lugar y modo de su comisión, el grado de intervención y el nombre de la persona que lo señala como responsable. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar. Que se dicte por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, aun y cuando el Juez pueda otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. Que se establezca el lugar, el tiempo y las circunstancias de ejecución de tales hechos. B) Elementos de fondo: Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito. Que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Que no se encuentre demostrada, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. Apoya lo anterior por analogía, la Jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicado en la página 1940, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3, Materia Penal, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 160331, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos." En ese sentido, de una interpretación sistemática y armónica del texto previsto en los artículos 16 y 19, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se colige que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, sólo debe justificarse la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo, esto es, la existencia de un hecho delictivo y la probabilidad de que el inculpado lo hubiera cometido o participado en su comisión, dado que tal determinación, en realidad, sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Aplica al caso concreto la jurisprudencia: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS) Y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO Y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). De los artículos 16, tercer párrafo, 19, primer párrafo y 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformados el dieciocho de junio de dos mil ocho, se advierte que el Constituyente, en el dictado del auto de vinculación a proceso, no exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, pues indica que debe justificarse, únicamente la existencia de "un hecho que la ley señale como delito" y la "probabilidad en la comisión o participación del activo", esto es, la probabilidad del hecho, no la probable responsabilidad, dado que el proveído de mérito, en realidad, sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Consecuentemente, en el tratamiento metódico del llamado auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple con los lineamientos de la nueva redacción del referido artículo 19, no es necesario acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, en el caso de que así los describa el tipo penal, es decir, el denominado cuerpo del delito, sino que, para no ir más allá de la directriz constitucional, sólo deben atenderse el hecho o los hechos ilícitos y la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión; para ello, el Juez de Garantía debe examinar el grado de racionabilidad (teniendo como factor principal, la duda razonable), para concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (si se citaron hechos que pueden tipificar delitos e información que se puede constituir como datos y no pruebas), la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por ambas partes) para el dictado de dicha vinculación." (Décima Época. Registro: 160330. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3. Materia(s): Penal. Tesis: XVII.1o.P.A. J/25 (9a.). Página: 1942). En conclusión, tal como lo estimó la Sala responsable, para emitir el auto de vinculación a proceso, sólo es necesario establecer que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, con base en los datos de prueba que obren en la carpeta de investigación, los cuales el juez no tiene en su poder al momento de resolver dentro del término constitucional, sino que atiende a la exposición que de ellos realiza el agente del Ministerio Público, para sostener la imputación, o la defensa, en uso del derecho de réplica. Así, una vez analizados los motivos de inconformidad que vierte el solicitante del amparo, y confrontados con las consideraciones de la Sala responsable para confirmar el auto de vinculación a proceso, se concluye como ya se dijo, que los mismos devienen infundados. Ello es así, porque como de manera correcta lo determinó la Sala responsable, los requisitos constitucionales que se exigen para dictar un auto de vinculación a proceso, que se recogen y a su vez, complementan los aludidos ordinales 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se encuentran satisfechos a cabalidad, tal y como a continuación se verá. En primer lugar, de uno de los discos ópticos que remitió la autoridad responsable, se advierte que el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación en contra del aquí quejoso; luego, previa oportunidad de consultar con su defensa, se reservó el derecho de declarar (316, fracciones I y II, del Código Nacional de Procedimientos Penales); la fiscal investigadora solicitó se vinculara a proceso al aquí quejoso por el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, así también, se advierte que tanto la resolución de treinta de septiembre de dos mil veintiuno que lo vinculó a proceso, como la que confirmó el auto de vinculación reclamada contienen los datos personales del imputado, aquí quejoso. Cabe señalar, que con los elementos antes descritos se encuentran satisfechos los requisitos establecidos en el artículo 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales antes citado. En el caso, el doce de enero de dos mil veintidós, se confirmó la resolución de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, que vinculó a proceso a CHRISTIAN ERIC ESPADAS GÓNGORA por su probable autoría material y directa, en la comisión del delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. Los restantes requisitos, se analizan de la siguiente manera: En efecto, de los datos de prueba relacionados por el fiscal adscrito al Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con residencia en esta ciudad, tal como lo estimó la Sala responsable, permiten establecer que en el caso, se cometió el hecho que la ley señala como delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar y que existe también la probabilidad de que el imputado, aquí quejoso, lo cometió. De ahí que, la resolución de doce de enero de dos mil veintidós, que confirmó el auto de vinculación a proceso de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, se considere ajustada a derecho, al estimar que de los datos de prueba existentes se desprenden indicios razonables y suficientes que hasta ese momento permitían establecer la probabilidad de que el imputado CHRISTIAN ERIC ESPADAS GÓNGORA intervino en la conducta delictiva que se le atribuye. Esto es, debido a que los datos de prueba enunciados por la fiscalía estatal, permiten establecer que el imputado, aquí quejoso, desde el mes de abril de dos mil veinte al mes de septiembre de dos mil veintiuno, ha sido omiso en proporcionar los recursos necesarios para la subsistencia de sus acreedores alimentarios, la querellante Gilda Roberta Conde Jiménez y el menor de edad J.R.E.C., pues ha incumplido con depositar la cantidad de cuarenta mil pesos, en forma mensual, en concepto de pensión alimenticia a favor de la querellante y su mencionado hijo menor de edad, ya que en varios meses no ha depositado cantidad alguna y las veces que lo ha hecho son cantidades inferiores a los cuarenta mil pesos. Cantidad que según convenio presentado por el imputado y la querellante, fue aprobado por el Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, en audiencia preliminar de doce de diciembre de dos mil diecinueve, verificada en autos del expediente 775/2019, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria a fin de que se aprueben judicialmente las bases de su divorcio voluntario, siendo que de esa suma veintiocho mil pesos serían para gastos del menor y doce mil pesos, para los gastos de la querellante, esto de manera vitalicia o hasta que contraiga nupcias nuevamente, mismas cantidades que se pagarían dentro de los primeros cinco días de cada mes, más gastos escolares y extraescolares del menor. Hechos que materializan el delito de INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR, previsto y sancionado con pena privativa de libertad por el artículo 220, en relación al diverso 221, ambos relacionados con el 11, todos del Código Penal de Estado, querellado por Gilda Roberta Conde Jiménez en lo personal y como representante del menor de edad J.R.E.C., e imputado por la Fiscalía General del Estado. En efecto, para llegar a esa conclusión, se tomó en consideración los datos de prueba que fueron detallados por la fiscalía estatal, y que en el caso concreto resultan: 1. Escrito de querella de Gilda Roberta Conde Jiménez en lo personal y como representante del menor de edad J.R.E.C., de diecisiete de abril de dos mil veinte, ratificado en la misma fecha ante el Fiscal investigador, en el que señaló que el imputado y ella, contrajeron matrimonio y que de dicha unión, nació el menor antes referido, quien en la fecha de presentación del memorial, contaba con quince años de edad, y que debido a diferencias con el imputado, actualmente se encuentra divorciada de él, ya que el doce de diciembre de dos mil diecinueve, el Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, aprobó las bases de su divorcio. 2. Acta de matrimonio con fecha de registro doce de marzo de dos mil cuatro, entre el imputado y la querellante. 3. Acta de nacimiento del menor de edad J.R.E.C., con fecha de registro, veintinueve de septiembre de dos mil cuatro, ante el Director del Registro Civil del Estado de Yucatán, donde aparecen como datos de filiación los nombres del imputado y la querellante, con fecha de nacimiento el veintiocho de agosto de dos mil cuatro. 4. Entrevista de la testigo Isela Cabrera Alcocer, ante el fiscal investigador en diecinueve de noviembre de dos mil veinte, quien manifestó conocer a la víctima y que es su amiga desde hace más de quince años; que sabe que estuvo casada con el hoy imputado y que de dicha unión procrearon al menor de edad J.R.E.C., el cual a la fecha de la entrevista contaba con quince años de edad; que también sabe que mediante un convenio en el divorcio que promovieron, Cristian Erick Espadas Góngora se comprometió a pagar la cantidad de cuarenta mil pesos de manera mensual en concepto de pensión alimenticia de los cuales veintiocho mil pesos era para el menor y doce mil pesos para la querellante, cantidades que empezó a depositar el imputado en una cuenta bancaria de BANAMEX, y que de acuerdo con la testigo realizó sólo por dos meses; que debido a esa circunstancia, la víctima tuvo necesidad de pedir dinero prestado, y que ella le prestó diversas cantidades de dinero para que se pueda ayudar a solventar sus gastos; que sabe que el imputado tiene los medios económicos para pagar porque es empresario. 5. Entrevista de la testigo Rita del Carmen Cano Conde, ante el fiscal investigador en fecha diecinueve de noviembre de dos mil veinte, quien dijo ser prima de la querellante y que debido a ese parentesco y la relación que la une con la víctima es que sabe y le consta que estuvo casada con el hoy imputado; que de dicha unión procrearon al menor de edad y sabe que promovieron sus diligencias ante un juzgado y en diciembre de dos mil diecinueve se separaron; que firmaron un convenio donde el imputado se comprometía a suministrar la cantidad de cuarenta mil pesos, en concepto de pensión, y que lo empezó a realizar en una cuenta de Banamex, que sólo lo realizó por dos meses y después el imputado dejó de cumplir; que tiene conocimiento que el imputado si tiene dinero para pagar porque es empresario y ha sido testigo de que la víctima ha pasado por una necesidad de pedir préstamos de dinero y eso lo sabe y le consta porque en una ocasión la acompañó y porque también la ha apoyado en sus gastos. 6. Copias del expediente familiar 775/2019, del índice del Juzgado Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, de las que se advierte que la querellante y el imputado promovieron diligencias de jurisdicción voluntaria a fin de que se aprueben las bases de su divorcio voluntario, al que anexaron un convenio en cuya cláusula cuarta acordaron que el imputado pagaría por concepto de pensión alimenticia a favor de la querellante y del menor de edad de iniciales J.R.E.C., la cantidad de cuarenta mil pesos, veintiocho mil para el menor y doce mil para la querellante, más gastos escolares y extraescolares del menor, así como aumentar la pensión conforme aumente el salario mínimo, convenio que fue firmado ante el Notario Público número 57 del Estado, y aprobado judicialmente en sentencia de doce de diciembre de dos mil diecinueve, en la que también se decretó la disolución del vínculo matrimonial, misma que causó ejecutoria. 7. Diversos estados de cuenta del banco Banamex del mes de abril de 2020 hasta el mes de junio de 2021, exhibidos por la querellante en comparecencia de doce de agosto de dos mil veintiuno. 8. Copias de transferencias bancarias exhibidas por el imputado a través de su defensor en fecha catorce de enero de dos mil veintiuno, de las que el Fiscal refirió que en cuanto al mes de abril, mayo, junio, julio y agosto de 2020 no aparecen depósitos en concepto de pensión alimenticia, el 18 de septiembre de 2020 según el estado de cuenta de la víctima obra un depósito de $10,000.00 pesos, por concepto de pensión alimenticia, el 21 de septiembre de ese mismo año, obra otro depósito de $10,000.00 pesos, el 23 de septiembre obra otro depósito de $10,000.00 pesos y el 28 de septiembre obra un depósito de $20,000.00 pesos, el 15 de octubre realizó un depósito por $10,000.00 pesos, y antes de esa fecha también el 5 de octubre de 2020 realizó otro depósito de $10,000.00 pesos, el 17 de noviembre realizó un depósito de $10,000.00 pesos, el 14 de diciembre realizó un depósito de $15,000.00 pesos, el 15 de enero de 2021 realizó un depósito de $10,000.00 pesos, el 15 de febrero de 2021 realizó un depósito de $10,000.00 pesos, el 16 de marzo de ese mismo año, otros 10 mil pesos, el 15 de abril, otros 10 mil pesos, el 14 de mayo 12 mil pesos; el 15 de junio 12 mil pesos. 9. Oficio del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado, de fecha cinco de agosto de dos mil veintiuno, en el que informó al Fiscal que el imputado y la querellante se encuentran registrados en el archivo del Fondo Auxiliar, pero no se han recibido depósitos en el expediente número 775/2019. En ese sentido, con los datos de prueba relacionados, se acredita el hecho que la ley señala como ilícito, esto es, INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR, pues en el caso particular se genera la convicción de que desde el mes de abril de dos mil veinte a septiembre de dos mil veintiuno, el imputado, sin causa justificada, ha omitido proveer a sus acreedores con los recursos necesarios para su subsistencia, lo que las ha colocado en un estado de necesidad, e incluso ha provocado que la querellante esté haciendo o pidiendo préstamos de dinero para solventar sus necesidades. Siendo que el delito que nos ocupa, se consuma desde el momento en que el sujeto activo deja de cumplir, ya sea parcial o total, con su obligación de dar alimentos a las personas que tienen derecho a recibirlos, aun cuando el acreedor alimentario se haya dejado al cuidado o reciba ayuda de un tercero o el deudor pague de forma extemporánea las cantidades adeudas, pues en este caso, dicho pago únicamente incidiría, en la reparación del daño pero en modo alguno como dato que haga atípico el hecho imputado. Los anteriores datos de prueba, tal y como se adelantó, fueron correctamente analizados por la responsable en concordancia con el artículo 20, apartado A, fracciones II y X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que además pone de manifiesto que no se encuentra demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación en favor del imputado, aquí quejoso. En efecto, contrario a la apreciación de la parte promovente, en el caso existe la probabilidad (entendiéndose que no se requiere prueba plena de demostración), de que el imputado, cometió los hechos que se le imputan. Pues como se apuntó, existe el señalamiento en su momento, de la querellante, por sí y en representación de su hijo menor de edad de iniciales J.R.E.C. (víctimas directas), respecto a que debido a la omisión injustificada del imputado de proporcionar los medios para su subsistencia desde el mes de abril de dos mil veinte a septiembre de dos mil veintiuno, se encuentran en un estado de necesidad, pues debido a la falta de depósitos en concepto de pensión alimenticia por parte del imputado, la querellante se ha visto en la necesidad de hacer y pedir dinero prestado. Por otra parte, no debe perderse de vista que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, no se necesita de prueba plena, sino única y exclusivamente que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió, tal y como sucede en la especie, ya que el estándar probatorio es mucho menor que para el dictado de un auto de formal prisión, pues recuérdese que sólo se necesita "la probabilidad" de que el imputado cometió el delito, en la medida que el auto de vinculación a proceso sólo fija el hecho o hechos materia de la investigación y el eventual juicio, en términos del artículo 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así se estableció por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 87/20161, origen de la jurisprudencia 1a./J.35/2017 (10a.) publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación el viernes cuatro de agosto de dos mil diecisiete, en la que sostuvo que en esta etapa del proceso que se analiza (auto de vinculación a proceso) basta con la existencia de indicios razonables que, a juicio del Juez de control, permitan establecer la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió. Dicho criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), de rubro y contenido siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." (Lo destacado es de este órgano jurisdiccional). Así, la Sala Colegiada responsable acertadamente estableció el grado de razonabilidad, para concluir que sí se justifican los hechos ilícitos y la probabilidad de que el imputado los cometió, así como tomó en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (se citaron hechos que pueden tipificar los delitos e información que se puede constituir como datos y no pruebas). También la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), realizada por la autoridad responsable. Lo cual es acorde con los datos de prueba relacionados por la fiscalía estatal, respecto del injusto, por lo que la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados en la audiencia), también fue abordada correctamente por la Juez como lo sostuvo la Sala responsable. Máxime que la omisión de las obligaciones alimentarias reprochadas fueron estipuladas con base en el convenio que el propio quejoso presentara para que se aprobaran las bases de su divorcio, en donde se comprometió a pagar la cantidad de cuarenta mil pesos mensuales, en concepto de pensión alimenticia a favor de su ex cónyuge y su hijo menor de edad, el cual fue aprobado judicialmente desde el año dos mil diecinueve. Por lo que al haber desacatado la referida determinación judicial, sin causa justificada, puso en riesgo el bien jurídico tutelado en el artículo 220 del Código Penal del Estado, que lo es la seguridad y la integridad física de la familia. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia 1a./J. 49/2015 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 753 del Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2010410, que establece:"INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR. PARA QUE SE CONFIGURE ESTE DELITO, BASTA CON QUE LA PERSONA QUE TIENE EL DEBER DE PROPORCIONAR A OTRO LOS MEDIOS DE SUBSISTENCIA, DERIVADO DE UNA SENTENCIA O CONVENIO JUDICIAL, DEJE DE HACERLO SIN CAUSA JUSTIFICADA (LEGISLACIÓN PENAL DE MICHOACÁN, QUERÉTARO Y LEGISLACIONES ANÁLOGAS).- Para que se actualice el tipo penal de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, incumplimiento de deberes alimentarios o abandono de personas, se requiere que: 1) el activo abandone y deje de cumplir su obligación de asistencia; 2) carezca de motivo justificado para ello, y 3) en virtud de esa conducta, los acreedores queden sin recursos para atender sus necesidades de subsistencia, entendida ésta desde el punto de vista del derecho alimentario. En ese sentido, es indudable que para la configuración del tipo penal basta con que quien tiene el deber derivado de una determinación, mandato, sanción o convenio judicial, de proporcionar a otro los medios de subsistencia, deje de hacerlo sin causa justificada. Ello es así, porque al tratarse de un delito de peligro no es preciso que los acreedores se encuentren en situación de desamparo absoluto real, surgido de la ausencia de recursos que permitan su subsistencia, la cual en su concepción jurídica, se presume ante la disposición de un juez civil, que previamente constató las necesidades del acreedor y las posibilidades del deudor, razón por la que la obligación a su cargo no puede desplazarse a otra persona en tanto que una autoridad judicial determinó que es a él y no a alguien más a quien corresponde garantizar la subsistencia de sus acreedores, lo que responde a un espíritu tutelar para la institución de la familia, pues elevando el incumplimiento a la categoría de ilícito penal se pretende castigar el abandono de quien debiendo amparar a los miembros de la familia que lo necesitan, los abandona sin justo motivo." Ahora bien, la circunstancia de que se haya realizado sin los requisitos legales el acta de audiencia preliminar en el que el juez familiar procedió a resolver sobre el convenio, en el que se cuantificó la cantidad que en concepto de alimentos debería suministrar el imputado, hoy quejoso, y las bases sobre las cuales se pactó su divorcio, tales alegatos resultan inatendibles en la medida que no atacan las consideraciones que llevaron a la Sala a confirmar la resolución recurrida. Además, como bien señala la Sala responsable dichos argumentos no pueden ser tomados en consideración, en la medida que atacan lo resuelto por el juez familiar, la cual no fue impugnada; y, en su caso, de considerar el quejoso que es excesiva la cantidad que se le fijó en concepto de alimentos está en la aptitud de solicitar la disminución de dicha cantidad. Así las cosas, se reitera lo infundado e inatendibles de los motivos de disenso de trato, porque el auto de vinculación a proceso confirmado por la responsable, cumple con las exigencias que impone el artículo 19 constitucional en relación con los numerales 316 y 317, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, al no advertirse motivo alguno favorable en la queja que deba suplirse de oficio, lo procedente es negar a CHRISTIAN ERIC ESPADAS GÓNGORA, el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 79, 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a CHRISTIAN ERIC ESPADAS GÓNGORA, en contra del acto atribuido a la Primera Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por los motivos señalados en el considerado quinto de este fallo. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, uno de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan estos autos y la razón actuarial levantada el día treinta y uno de julio de los corrientes por la actuaria judicial adscrita a este Juzgado Federal, de la que se advierte que el directo quejoso Juan Pablo Alayón García, no ratificó la demanda de amparo promovida a su favor por Rafael Ortiz Ley. En consecuencia, haciendo efectivo el apercibimiento contenido en el aludido proveído de treinta y uno de julio del año en curso, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo en cuestión, quedando sin efectos las providencias dictadas en autos. Por otra parte, en atención a la diversa prevención hecha a la parte quejosa, téngase como su autorizado a Rafael Ortiz Ley, con las limitantes que establece la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, hasta que no acredite ante este Juzgado encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho. Debiendo no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se le otorgue dicha autorización, sino proceder a su registro en los términos establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, que establece el sistema computarizado para el registro único de profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese personalmente y cúmplase.
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