Juan Noel Daza Sosa

Expediente 639/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
639/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
28/06/2021

Partes del expediente

  • Juan Noel Daza Sosa

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiocho de junio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta que antecede, se acuerda: intégrese en autos para los efectos legales condignos, el oficio 3299 remitido por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, residente en esta ciudad, con el que remite el testimonio de la resolución pronunciada el dieciséis de junio de dos mil veintiuno, en la queja 125/2021, formada con motivo del recurso interpuesto por ********************, en contra del proveído dictado en este asunto el diecinueve de abril de dos mil veintiuno, mediante el cual se decretó el desechamiento de la demanda de amparo; resolución de la que se advierte que el referido medio de impugnación interpuesto se declaró infundado. Acúsese recibo. En mérito de lo anterior y previas las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el de veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d), del citado precepto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firmó el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria del Juzgado que autorizó y dio fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, once de mayo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta que antecede, se acuerda: intégrese en autos para los efectos legales condignos, el oficio remitido vía interconexión IOJ (Interconexión Órganos Jurisdiccionales) dentro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, con el que esencialmente comunica que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el quejoso JUAN *** por conducto de su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, Hiram ***, contra el proveído de diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Circunstancia de la cual, este órgano jurisdiccional queda enterado para los efectos legales conducentes. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria con quien actúa. Doy fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de abril de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta que antecede, se acuerda: téngase por presentado a HIRAM ***, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, interponiendo recurso de queja en contra del acuerdo dictado el diecinueve de abril de dos mil veintiuno, en consecuencia: Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 de la Ley de Amparo en vigor, agréguese a este expediente una copia del escrito de expresión de agravios, ríndase el informe sobre la materia de la queja en el sentido de que SÍ ES CIERTO que por auto de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, se desechó de plano la demanda de amparo que promovió la parte quejosa. En consecuencia, remítase vía interconexión el escrito de expresión de agravios, junto con copia digital de la demanda de amparo, auto recurrido y de su notificación relativa, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, para lo que esa Superioridad estime procedente resolver al respecto. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de abril de dos mil veintiuno. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA Vista la demanda de cuenta, se tiene a ***, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama del Juzgado Quinto Especializado en Materia Oral Mercantil del Poder Judicial del Estado de Jalisco (Juzgado Décimo Quinto), y de la Institución bancaria denominada "BBVA Bancomer, Sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer. Al respecto, SE ACUERDA: FORMACIÓN Y REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente, regístrese con el número 639/2021-III-B y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA En el presente asunto procede desechar de plano la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto tiene la obligación de examinar ante todo las demandas que le sean presentadas para que, en el evento de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal. Así, este órgano jurisdiccional federal, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a pronunciarse sobre dicha figura jurídica de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 814, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Del análisis integral efectuado a la demanda se advierte que el quejoso reclama, de la autoridad responsable, lo siguiente: ACTOS RECLAMADOS La medida cautelar relativa a la retención de bienes propiedad del quejoso y la inmovilización de su cuenta bancaria 0109260730, aperturada en la institución financiera BBVA Bancomer, Sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, ordenada en los autos de diecisiete de agosto y dos de septiembre de dos mil veinte, dictados en el expediente 151/2020. ACTUALIZACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Ahora bien, de la certificación de cuenta se advierte que al tener a la vista los autos del juicio de amparo 1150/2020-I-B, del índice de este juzgado, el cual fue promovido por el citado quejoso, se advierte que en la ampliación de su demanda, señaló como autoridad responsable al Juzgado Quinto Especializado en Materia Oral Mercantil del Poder Judicial del Estado de Jalisco, con sede en Guadalajara (Juzgado Décimo Quinto), de quien reclamó la orden de embargo o retención de recursos de la cuenta bancaria número 0109260730, abierta en la institución bancaria BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, con número de cliente A2506868, decretada en el oficio 431/2020, de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte (misiva que deriva directamente del citado auto de dos de septiembre de dos mil veinte) y su ejecución (por parte de la institución bancaria inicialmente señalada como autoridad responsable). Orden que se traducen en los mismos actos reclamados de las mismas autoridades, que pretende combatir en la demanda de mérito; lo que constituye un hecho notorio para este juzgador, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia VI.1º.P. J/25, de los Tribunales Colegiado de Circuito, visible en la página 1199, del Tomo XV, Marzo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noven Época, registro 187526, del rubro y texto: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO". En consecuencia, del análisis comparativo entre la demanda de cuenta y la diversa del juicio de amparo 1150/2020-I-B, del índice de este juzgado y su ampliación, se advierte que SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; (.)". Causal que se refiere al caso de la litispendencia, es decir, cuando existe identidad en la ley o acto reclamado, quejoso, autoridad responsable, de un juicio que ya se inició, pero que no ha concluido, por estar pendiente de resolución. Por lo que, para que se actualice la causal de improcedencia es necesario que concurran dos requisitos: 1) La existencia de dos juicios de amparo promovidos por la misma quejosa, contra las mismas autoridades responsables y contra el mismo acto reclamado. 2) Que el amparo que se promovió en primer término esté en trámite o pendiente de resolución. Respecto, al primer punto se acredita, en razón de que el presente asunto, así como en el diverso juicio de amparo indirecto 1150/2020-I-B, ambos de este juzgado federal, se advierte identidad de quejoso, autoridades responsables y actos reclamados derivados del expediente natural, con la salvedad que en el indicado juicio, además señaló como autoridades responsables a la Administración Local de Recaudación de Mérida, al Servicio de Administración Tributaria y al Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Estatal en Yucatán, ambas con sede en esta ciudad; así como a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la Ciudad de México, Seguidamente, el segundo requisito, también se actualiza, ya que los actos reclamados en este asunto son materia de estudio en el juicio de amparo 1150/2020-I-B, el cual se admitió a trámite y está pendiente de que se emita la sentencia definitiva, dado que en ambos casos el quejoso reclama en esencia, la medida cautelar consistente en la retención de bienes y embargo de la multicitada cuenta bancaria, derivada del mismo juicio de origen y ordenada en la misma fecha, por lo que se trata de los mismos actos reclamados. Además, se precisa que si se abordara el estudio planteado en el presente en que se actúa se estaría vulnerado el principio de seguridad jurídica que rige en la materia de amparo, previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, eleva a rango de derecho humano, pues de pensarse lo contrario, se dictarían resoluciones contradictorias, lo que el legislador trato de evitar precisamente con la multicitada fracción del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirviendo de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 24/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 265, Tomo I, Abril de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2006145, de rubro y texto siguientes: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten." En consecuencia, con fundamento en los numerales invocados y con apoyo además en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. La decisión que se asume, de modo alguno trasciende a la idoneidad y eficacia del juicio de amparo y de los medios de defensa que en el procedimiento respectivo surgen, pues el acceso de todo gobernado a un recurso efectivo, no implica necesariamente que se le libere de cumplir con los requisitos cuya procedencia, normativamente reglada impone, ni que en el caso deba emitirse un pronunciamiento sobre la litis. Es así, porque en la resolución de los juicios para la protección de derechos fundamentales, deben tenerse presentes las particularidades que se implican en la emisión de las sentencias respectivas; esto es, el acatamiento de todas las reglas que definen y delimitan el hacer y modo de actuar de los tribunales federales al ejercer sus funciones propias, de modo que, so pretexto de un nuevo paradigma en la protección de los derechos humanos, el órgano de control no puede separarse de su propio ámbito de competencias, pues sólo dentro de éstas es que puede ejercer el control de legalidad, constitucionalidad y de convencionalidad que le corresponde; siempre que sea viable el instar del gobernado conforme a la normatividad aplicable. Al respecto, son aplicables, en lo conducente, los criterios sustentados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis publicadas en las páginas 530 y 525, respectivamente, del Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registros 2002359 y 2005917, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo". "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano". Esto es, en términos de lo que dispone el artículo 1° constitucional, los órganos competentes del Poder Judicial de la Federación para efectuar el control de los actos de autoridad que constitucional y legalmente les corresponde en la instancia respectiva, y a través de esa función tutelar en su máxima expresión los derechos humanos, sólo pueden actuar en el ámbito de sus propias competencias, por lo que no deben apartarse de la regulación propia que el derecho positivo interno (constitucional, legal y jurisprudencial) les impone, y desde ahí, a partir de una competencia reglada, ser operadores jurídicos vigorosos para darle eficacia a esa protección de los derechos fundamentales, pero siempre atendiendo a la forma y términos en que se ha dispuesto el despliegue de sus atribuciones. En ese orden de ideas, partiendo del ámbito de las competencias que corresponden a este juzgador federal, es que se analizó el juicio de amparo, en los términos que se han desarrollado, sin que con ello se pueda atribuir infracción alguna al derecho de acceso a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. AUTORIZADOS Para el efecto de oír y recibir notificaciones relativas al presente asunto, téngase como autorizados de la parte quejosa : en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jesús Ortega Fernández, Hiram Josué Hernández González, Sara Fabiola Polanco Pusián, Pedro Francisco Rivas Acevedo, Mauricio Aguilera Cauich y Roxana Vanessa Rosales Miranda; mientras que, en forma restringida con las limitantes del citado precepto, a las demás personas que menciona para tal efecto en el libelo de cuenta, hasta que acrediten estar debidamente autorizados para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho. Para lo cual los profesionistas restringidos, deberán no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se les otorgue dicha autorización, sino proceder a su registro en los términos establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. NOTIFICACIONES Y ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Ahora bien, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo y en los numerales 35, 36, 38, 55, 57, 58 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, como lo solicita el promovente, se otorga autorización al usuario "OFA110314", para que tenga acceso al expediente electrónico y que las notificaciones de este juicio se le realicen vía electrónica. En consecuencia, proceda la Secretaría a autorizar al citado usuario en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). EXHORTACIÓN A LAS PARTES DE LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Además, en atención a lo indicado en el considerando Noveno, artículos 28, 29 y 31 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19; se exhorta a las partes, si no lo han hecho, a que continúen, o en su momento transiten a la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Solicitando para tal efecto, el acceso al expediente electrónico y autorizando se reciban las notificaciones vía electrónica; debiendo obtener para tal efecto su firma electrónica en términos de lo que establece el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; estando a su disposición el aplicativo de firma electrónica en los enlaces señalados en el Transitorio Décimo Primero, del referido Acuerdo General 21/2020. Así como deberán proporcionar un teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico con la finalidad de establecer contacto, de resultar necesario por esas vías, en términos de lo dispuesto en el numeral 5, fracción I del multicitado Acuerdo General 21/2020, para establecer comunicaciones no procesales. Lo anterior a fin de estar en la posibilidad de continuar en todo momento con el juicio de amparo, pues de no ser así podría llegarse al supuesto de excepción de no poder continuar con el trámite del mismo hasta su conclusión, pues de presentarse alguno de los supuestos establecidos en el artículo 19 del citado Acuerdo General 21/2020, eventualmente, podría suspenderse el trámite del presente juicio de amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la citada Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales de este Juzgado realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales. DERECHO A LA OPOSICIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES (PRIVACIDAD E INTIMIDAD DE LAS PARTES) En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente. Que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales. En la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. AUTORIZACIÓN DE REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. FORMACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese personalmente y cúmplase.

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