Juan Olmos Santoyo

Expediente 748/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 10 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
748/2018
Año
2018
Actuaciones
10
Última actuación
08/11/2018

Partes del expediente

  • Juan Olmos Santoyo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que no fue recurrida dentro del término legal la determinación de quince de octubre del año en curso, por la cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE QUEDÓ FIRME. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por actualizarse las hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero, párrafo primero, del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Tomando en consideración que resulta innecesaria la retención de las copias certificadas de las constancias que integran el juicio oral familiar ********** de su índice, que como justificación a su informe allegó el Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar de esta ciudad, devuélvansele y solicítesele el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por el Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar de esta ciudad, mediante el cual, con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, remite copia certificada del audio y video de la audiencia preliminar celebrada el cuatro de octubre del año en curso, dentro del juicio oral familiar ********** de su índice. Del referido medio de convicción al cual se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XXII.- Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo." Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de los derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido y la jurisprudencia del Más Alto Tribunal del país ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Por esta razón, entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, o bien, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de la prerrogativa constitucional que se estime violada. Lo anterior, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél; porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación; o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario del amparo. Bajo las consideraciones anteriores, en el caso concreto el suscrito estima que se actualiza dicha causal de improcedencia, pues a pesar de que aún existe el proveído de treinta y uno de agosto del dos mil dieciocho, emitido por el Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar de esta localidad, dentro del juicio oral familiar ************* de su índice, promovido en contra del aquí quejoso por **********, por su propio derecho y en representación de su menor hijo **********, mediante el cual, entre otras cosas, se decretaron diversas medidas precautorias, lo cierto es que no puede ya surtir efecto legal alguno, toda vez que ha dejado de existir el objeto del mismo. Se afirma lo anterior, en virtud de que el objeto de las medidas precautorias emitidas en auto de treinta y uno de agosto del dos mil dieciocho, fueron para garantizar los alimentos provisionales (en sentido amplio) en favor de ********** y de su menor hijo **********, en lo que se resolvía el juicio, así como para garantizar su seguridad. Sin embargo, mediante audiencia de cuatro de octubre del año en curso, el juez responsable tuvo a las partes (actora y demandada) manifestando su conformidad con el convenio que celebraron, el cual se elevó a la categoría de cosa juzgada, y dio el asunto como totalmente concluido. En ese tenor, si bien es cierto que subsiste el auto de referencia (treinta y uno de agosto del dos mil dieciocho), que constituye el acto reclamado en el presente juicio, también lo es que no puede surtir efecto legal alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo, al haberse dado por concluido el juicio de origen. Lo anterior es así, dado que si el objeto del indicado auto consistió en garantizar alimentos los provisionales (en sentido amplio) en favor de ********** y de su menor hijo **********, y por resolución de cuatro de octubre del año en curso, se tuvo a las partes manifestando su conformidad con el convenio que celebraron, el cual se elevó a la categoría de cosa juzgada; es inconcuso que en la especie dejó de existir la materia del acto reclamado al concluirse la litis en el procedimiento primigenio. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita fuera de la audiencia constitucional, en virtud que a juicio del suscrito la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el oficio signado por el Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar de esta ciudad, mediante el cual, con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, remite copia certificada del audio y video de la audiencia preliminar celebrada el cuatro de octubre del año en curso, dentro del juicio oral familiar ********* de su índice. Del referido medio de convicción al cual se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XXII.- Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo." Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de los derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido y la jurisprudencia del Más Alto Tribunal del país ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Por esta razón, entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, o bien, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de la prerrogativa constitucional que se estime violada. Lo anterior, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél; porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación; o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario del amparo. Bajo las consideraciones anteriores, en el caso concreto el suscrito estima que se actualiza dicha causal de improcedencia, pues a pesar de que aún existe el proveído de treinta y uno de agosto del dos mil dieciocho, emitido por el Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar de esta localidad, dentro del juicio oral familiar ************* de su índice, promovido en contra del aquí quejoso por **********, por su propio derecho y en representación de su menor hijo **********, mediante el cual, entre otras cosas, se decretaron diversas medidas precautorias, lo cierto es que no puede ya surtir efecto legal alguno, toda vez que ha dejado de existir el objeto del mismo. Se afirma lo anterior, en virtud de que el objeto de las medidas precautorias emitidas en auto de treinta y uno de agosto del dos mil dieciocho, fueron para garantizar los alimentos provisionales (en sentido amplio) en favor de ********** y de su menor hijo **********, en lo que se resolvía el juicio, así como para garantizar su seguridad. Sin embargo, mediante audiencia de cuatro de octubre del año en curso, el juez responsable tuvo a las partes (actora y demandada) manifestando su conformidad con el convenio que celebraron, el cual se elevó a la categoría de cosa juzgada, y dio el asunto como totalmente concluido. En ese tenor, si bien es cierto que subsiste el auto de referencia (treinta y uno de agosto del dos mil dieciocho), que constituye el acto reclamado en el presente juicio, también lo es que no puede surtir efecto legal alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo, al haberse dado por concluido el juicio de origen. Lo anterior es así, dado que si el objeto del indicado auto consistió en garantizar alimentos los provisionales (en sentido amplio) en favor de ********** y de su menor hijo **********, y por resolución de cuatro de octubre del año en curso, se tuvo a las partes manifestando su conformidad con el convenio que celebraron, el cual se elevó a la categoría de cosa juzgada; es inconcuso que en la especie dejó de existir la materia del acto reclamado al concluirse la litis en el procedimiento primigenio. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita fuera de la audiencia constitucional, en virtud que a juicio del suscrito la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

  4. Principal

    Agréguese en autos el escrito signado por **********, representante especial del menor tercero interesado **********; en atención a su contenido, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por reproducidas las manifestaciones que en vía de alegatos formula, las cuales podrán ser tomadas en consideración en el momento procesal oportuno.

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