Juan Octavio Mejía Negrete
Expediente 617/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 617/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juan Octavio Mejía Negrete
Actuaciones
- Principal
Agréguese a sus antecedentes el oficio de cuenta, remitido vía interconexión a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, signado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual informa que ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada para conocer del juicio de amparo 617/2022-II, de la estadística este órgano jurisdiccional. En razón de lo anterior, se ordena archivar el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso j) del acuerdo citado en el párrafo que antecede.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por *******************, quien aduce ser defensor particular de ***************, contra actos del Juez Penal de Oralidad de la Primera Región del Estado de Guanajuato, con sede en San Miguel de Allende, Guanajuato; con apoyo en lo establecido en los Acuerdos Generales 7/2022 y 9/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar 21/2020, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, en relación al periodo de vigencia y las facultades de la Comisión Especial; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado con el número de expediente 617/2022-II. Ahora, dado que la competencia constituye un presupuesto de orden público, primeramente debe establecerse si este órgano jurisdiccional la tiene para conocer del presente juicio constitucional. Para tal efecto, es necesario traer a contexto el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que textualmente establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan en el orden siguiente: a) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. b) La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del citado numeral, la que se caracteriza porque el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. c) La tercera previsión normativa que se contiene en el comentado artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la regla anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda. Así las cosas, en cuanto a la competencia de un Juez de Distrito para conocer del juicio de amparo es indispensable determinar, en principio, si el acto reclamado requiere ejecución material o no, hecho lo cual, resultará aplicable alguna de las tres hipótesis competenciales referidas en el artículo 37 de la ley de la materia. En la especie, debe decirse que, de la lectura integral de la demanda, se advierte que el promovente del amparo manifiesta que acude a esta instancia constitucional reclamando esencialmente: La determinación de diez de junio de dos mil veintidós, emitida por el Juez Penal de Oralidad de la Primera Región del Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato, dentro de la causa penal ***************, instruida en contra de **************, en la que se decretó una medida con fundamento en el artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a través de la cual se ordenó la restitución de diversos bienes inmuebles. En ese contexto, se advierte que este Juzgado estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda que se estudia. Es así, ya que el gestionante refiere en el capítulo de antecedentes de su demanda de amparo, textualmente lo siguiente: ".II.- En la Ciudad de San Miguel de Allende en fecha 24 de Julio de 2020, dos mil veinte, la empresa ***************, fue puesta en posesión del inmueble consistente en dos fracciones del predio rustico identificado como Resto del Predio conocido como ***************, identificadas con las letras 13*****************, con el correspondiente cajón de estacionamiento cada uno de los inmuebles, lo que se desprende de los documentos públicos que como prueba se agregan, como parte integrante de esta demanda de garantías." De lo anterior, se desprende que el acto reclamado tendrá ejecución sobre los bienes inmuebles antes descritos, los cuales se ubican en el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, esto es, en el lugar de residencia de la autoridad responsable, urbe que se encuentra fuera de la jurisdicción territorial de este tribunal. Por tanto, toda vez que la ejecución del acto tildado de inconstitucional surte efectos fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, opera la hipótesis contenida en el párrafo primero, del artículo 37 de la Ley de Amparo, en donde se establece que es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, lo cual hace patente la incompetencia de este órgano jurisdiccional para conocer del presente asunto. En razón de lo anterior, de conformidad al punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se considera que la competencia para conocer del presente asunto se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ya que el mismo ejerce jurisdicción territorial en el distrito judicial en el que se ejecutará la orden de restitución que reclama el promovente del amparo, sobre los bienes inmuebles descritos. Consecuentemente, ante las consideraciones expuestas, en términos del artículo 37, en relación con el 48 de la Ley de Amparo, y el aludido Acuerdo General 3/2013, se ordena: Remitir el presente juicio de amparo al Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad de Guanajuato, en turno, para lo que tenga a bien ordenar. b. Solicitarle comedidamente informe si acepta o no el conocimiento del mismo. c. Formar con copia de la aludida demanda, el cuaderno de antecedentes respectivo; y, d. Realizar las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno correspondiente. En otro orden, como lo solicita el promovente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 y 37 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se le autoriza el acceso al expediente electrónico que se lleva con motivo del presente juicio de amparo, así como para que se le practiquen las notificaciones que a su parte corresponde por esa vía; para tal efecto se le tiene proporcionando el nombre de usuario *****************, dado de alta en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, de conformidad con el artículo 22, fracción II, del acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de la contingencia sanitaria que actualmente impera en el país, téngasele otorgando el correo electrónico y número telefónico que refiere, para en caso de ser necesario entablar contacto inmediato en relación al presente asunto. Con fundamento en el ordinal 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas y no sea posible su realización en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos de la fracción I del artículo 30 de la citada Ley de Amparo. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquellas por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal. Finalmente, se instruye a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que cuando practiquen notificaciones personales, acaten el lineamiento de higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para notificadores y defensores públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones
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