Juan Nepomuceno Cauich y Pech
Expediente 785/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 785/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 04/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Juan Nepomuceno Cauich y Pech y Otros.
- Juan Nepomuceno Cauich y Pech
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Incidental
Mérida, Yucatán, cuatro de octubre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que antecede, toda vez que en proveído de veintiséis de septiembre del año en curso, dictado en el cuaderno principal el que derivan los presentes incidentes, se ordenó el archivo del asunto como totalmente concluido. Por tanto, agréguese a los presentes autos incidentales, la copia certificada del proveído de veintiséis de septiembre del año en curso y en atención a lo acordado en el citado proveído del juicio principal del que deriva este incidente, archívense los presentes cuadernos de suspensión por cuerda separada. Ahora bien, de conformidad con la fracción III del artículo Vigésimo y la fracción III del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la observación de que el cuaderno original del presente incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que por acuerdo de nueve de julio de dos mil dieciocho, se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados por lo que deberá conservarse únicamente el acuerdo relativo a su otorgamiento, así como que el duplicado del mismo deberá ser destruido una vez que transcurra el término de seis meses contados a partir de la notificación de este proveído. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordena el archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante Alfonso Verduzco Hernández, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, a veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. Atento a lo informado por el Secretario en la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra del auto de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por lo tanto, con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de la Materia, se declara que aquella resolución ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en el aludido acuerdo se sobreseyó en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción II del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción. Asimismo, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que no obre en autos constancia de notificación a la autoridad responsable Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Kanasín, Yucatán, toda vez que por el sentido en que se resuelve el presente asunto, es evidente que no se le vulnera derecho alguno. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario Alfonso Verduzco Hernández, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que inmediatamente antecede, se tiene por recibido el oficio suscrito por el Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Kanasín, Yucatán, con el que remite las constancias que le fueron solicitadas en acuerdo de catorce de agosto del año en curso, el cual se ordena agregar a estos autos para que obren como legalmente correspondan. En el presente caso, respecto del acto reclamado consistente en la detención y arresto del directo quejoso Juan Nepomuceno Cauich y Pech, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. El invocado numeral en lo conducente dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: ".XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, en el presente asunto, respecto de la detención y arresto del directo quejoso Juan Nepomuceno Cauich y Pech, es de señalarse que de las constancias que obran en autos, particularmente del oficio DSPTMK/JUR/112ª/2018, suscrito por el Comandante de Cuartel de Seguridad Pública y Tránsito del citado Municipio, las cuales tienen valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2o. de la Ley de Amparo, se advierte que ingresó en la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Kanasín, Yucatán, a las nueve horas con doce minutos del ocho de julio de dos mil dieciocho; sin embargo, a las quince horas con treinta minutos del nueve de julio de dos mil dieciocho, quedó en inmediata libertad el directo quejoso (foja 21), con motivo de la suspensión de plano dictada en este juicio. En esas condiciones, en el caso la citada autoridad señalada como responsable ha dejado de intervenir en la detención y arresto que se le atribuyó, ya que si bien es cierto estuvo detenido el directo quejoso Juan Nepomuceno Cauich y Pech, a disposición de dicha Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Kanasín, Yucatán, también es cierto que fue puesto en libertad el nueve de julio de dos mil dieciocho (foja 21); por tanto, al haber quedado en libertad el nombrado quejoso, han cesado los efectos de la señalada detención y arresto que sufrió el mismo. En las relatadas consideraciones, es obvio que en el caso opera la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues habiéndose reclamado la detención y arresto de la parte quejosa por parte de la responsable, es incuestionable que en la especie cesaron los efectos del acto reclamado, desde el momento en que la autoridad responsable, Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Kanasín, Yucatán, el nueve de julio de dos mil dieciocho fue puesto en libertad el nueve de julio de dos mil dieciocho y el Comandante del Cuartel de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Kanasín Yucatán, a través del Comandante de Cuartel de Seguridad Pública y Tránsito del citado Municipio, el diez de agosto del año en curso informó al quejoso que se dejó sin efectos alguno el arresto administrativo hecho mención en el oficio de ocho de julio de dos mil dieciocho, y que las horas que quedaron pendientes del arresto han quedado insubsistentes, restituyéndose de todos y cada uno de sus derechos que hubiesen sido violados; lo cual motiva el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de amparo, por lo tanto, se sobresee en el presente juicio, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la invocada Ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior por similitud de razón, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, visible en la página 38, cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUÍDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Sin que sea obstáculo a lo anterior que la autoridad responsable haya manifestado que la detención y arresto del directo quejoso fue con motivo de una falta administrativa, por la que se elaboró la boleta de infracción; ya que al haber sido requerida por este juzgado para que remitiera la resolución recaída a la citada boleta; por tanto, no existe lapso de privación de libertad que pudiera ser susceptible de ejecutarse o suspenderse a través del amparo. Sirve de apoyo a lo anterior por similitud de razón, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, visible en la página 38, cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUÍDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En virtud de lo anterior se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veinte minutos del diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario Alfonso Verduzco Hernández, quien autoriza y da fe.
- Principal
AVISO....QUEJOSA...Mérida, Yucatán, treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que inmediatamente antecede, se tiene por recibido el oficio suscrito por el Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Kanasín, Yucatán, con el que remite las constancias que le fueron solicitadas en acuerdo de catorce de agosto del año en curso, el cual se ordena agregar a estos autos para que obren como legalmente correspondan. En el presente caso, respecto del acto reclamado consistente en la detención y arresto del directo quejoso Juan Nepomuceno Cauich y Pech, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. El invocado numeral en lo conducente dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: ".XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, en el presente asunto, respecto de la detención y arresto del directo quejoso Juan Nepomuceno Cauich y Pech, es de señalarse que de las constancias que obran en autos, particularmente del oficio DSPTMK/JUR/112ª/2018, suscrito por el Comandante de Cuartel de Seguridad Pública y Tránsito del citado Municipio, las cuales tienen valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2o. de la Ley de Amparo, se advierte que ingresó en la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Kanasín, Yucatán, a las nueve horas con doce minutos del ocho de julio de dos mil dieciocho; sin embargo, a las quince horas con treinta minutos del nueve de julio de dos mil dieciocho, quedó en inmediata libertad el directo quejoso (foja 21), con motivo de la suspensión de plano dictada en este juicio. En esas condiciones, en el caso la citada autoridad señalada como responsable ha dejado de intervenir en la detención y arresto que se le atribuyó, ya que si bien es cierto estuvo detenido el directo quejoso Juan Nepomuceno Cauich y Pech, a disposición de dicha Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Kanasín, Yucatán, también es cierto que fue puesto en libertad el nueve de julio de dos mil dieciocho (foja 21); por tanto, al haber quedado en libertad el nombrado quejoso, han cesado los efectos de la señalada detención y arresto que sufrió el mismo. En las relatadas consideraciones, es obvio que en el caso opera la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues habiéndose reclamado la detención y arresto de la parte quejosa por parte de la responsable, es incuestionable que en la especie cesaron los efectos del acto reclamado, desde el momento en que la autoridad responsable, Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Kanasín, Yucatán, el nueve de julio de dos mil dieciocho fue puesto en libertad el nueve de julio de dos mil dieciocho y el Comandante del Cuartel de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Kanasín Yucatán, a través del Comandante de Cuartel de Seguridad Pública y Tránsito del citado Municipio, el diez de agosto del año en curso informó al quejoso que se dejó sin efectos alguno el arresto administrativo hecho mención en el oficio de ocho de julio de dos mil dieciocho, y que las horas que quedaron pendientes del arresto han quedado insubsistentes, restituyéndose de todos y cada uno de sus derechos que hubiesen sido violados; lo cual motiva el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de amparo, por lo tanto, se sobresee en el presente juicio, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la invocada Ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior por similitud de razón, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, visible en la página 38, cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUÍDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Sin que sea obstáculo a lo anterior que la autoridad responsable haya manifestado que la detención y arresto del directo quejoso fue con motivo de una falta administrativa, por la que se elaboró la boleta de infracción; ya que al haber sido requerida por este juzgado para que remitiera la resolución recaída a la citada boleta; por tanto, no existe lapso de privación de libertad que pudiera ser susceptible de ejecutarse o suspenderse a través del amparo. Sirve de apoyo a lo anterior por similitud de razón, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, visible en la página 38, cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUÍDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En virtud de lo anterior se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veinte minutos del diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario Alfonso Verduzco Hernández, quien autoriza y da fe.
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