Juan Medina Fernández
Expediente 126/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 19 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 126/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 05/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Juan Medina Fernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Incidental
Mérida, Yucatán, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Visto estado procesal que guarda el presente incidente de suspensión y en atención a lo acordado en el juicio principal del que deriva este asunto, archívese el presente cuaderno de suspensión por cuerda separada. (...) Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido de la licenciada Georgina Pacheco Hernández, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Atento a lo informado en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso alguno en contra de la sentencia de treinta de agosto de dos mil veintitrés, por la cual se negó el amparo y protección de Justicia Federal a la parte quejosa; con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquella resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales pertinentes. (...) Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido de la licenciada Georgina Pacheco Hernández, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos, para resolver en definitiva, los autos del juicio de amparo número 126/2023-V, promovido por ********************, contra actos del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con sede en la ciudad de México y otra autoridad, por considerarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16 y 133 de la Constitución Federal; y,********************R e s u l t a n d o:********************Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veinticuatro de enero de dos mi veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, y turnado al día siguiente a este Juzgado de Distrito, ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada S.N.C. ambas con sede en la ciudad de México, que hizo consistir en: ******************** "La inconstitucionalidad de aplicarme descuentos, más del 90% (NOVENTA POR CIENTO) de mis haberes de retiro, que comprendieron los meses del dieciséis de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de dos mil veintidós, y que siguen en tracto sucesivo, realizando en el mes de enero sin saber a ciencia cierta porque razones."******************** ********************Segundo. Admisión de la demanda. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito, la que por acuerdo de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite, se solicitó su correspondiente informe con justificación y se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, la intervención legal que le compete y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento, se llevó a cabo al tenor del acta correspondiente.********************Cabe señalar que mediante acuerdo de diez de mayo de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa con las manifestaciones relativas a la justificación de la legalidad del acto reclamado por la parte quejosa, esto es, respecto a los descuentos efectuados, a efecto de que manifestara su era su deseo ampliar su demanda de amparo, sin que haya hecho manifestación alguna, por lo que se resuelve únicamente con las autoridades y actos señalados en su escrito inicial; y, ********************C o n s i d e r a n d o:********************Primero. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; artículo 1º, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por lo dispuesto en el Acuerdo General Número 3/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; lo anterior, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del territorio en el que este Juzgador ejerce jurisdicción.****************************************Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: ******************** "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto."****************************************En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de su ampliación, así como de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa en:****************************************- El descuento de sus haberes de retiro que comprendieron a partir del dieciséis de septiembre, así como los meses de octubre, noviembre y diciembre de dos mil veintidós.****************************************Tercero. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada S.N.C. ambas con sede en la ciudad de México, toda vez que así lo precisaron al rendir su correspondiente informe justificado, lo que se corrobora con las constancias digitalizadas que anexó a su informe de ley la institución bancaria responsable, a las que este órgano de control constitucional les confiere valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2o. de la Ley de Amparo.********************Cuarto. Causas de improcedencia hechas valer por la responsable. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo.********************Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394,770, que indica: ********************"IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia."****************************************Así, el Director General del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, aduce que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque a su consideración, los descuentos aplicados al "Haber de Retiro" del quejoso, se realizaron por haber contraído de manera particular con este Instituto un crédito hipotecario y con Banjército un crédito denominado "Credi líquido" y el quejoso no prueba su interés jurídico en el presente juicio de amparo con prueba en contrario.********************Es infundada la causa de improcedencia que prevé la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que al efecto establece:********************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:********************... XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;."****************************************Por su parte, el artículo 5, fracción I, de la ley de la materia señala:********************"Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:********************I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.********************El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo.********************El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades.********************Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.********************La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta ley."****************************************Expuesto lo anterior, el órgano jurisdiccional debe examinar en cada caso, la naturaleza de los actos reclamados y la afectación que produzcan al quejoso en su esfera jurídica, identificando de esa manera si le es exigible el acrecentamiento del interés jurídico.********************En el caso, el quejoso reclama mediante el presente juicio de amparo el descuento aplicado a su "Haber de Retiro" como elemento del Ejército Mexicano en retiro, por lo que al encontrarse dirigida a su persona, es evidente que cuenta con interés para acudir a la presente vía a combatir la constitucionalidad del citado acto, por haber sido emitida en su contra, es decir, el descuento realizado afecta directamente la cantidad a la que dice tiene derecho a percibir, razón por lo que deviene infundado lo propuesto en la casual que se analiza. ********************Tiene aplicación al caso por identidad de razón, la Jurisprudencia localizable con número de registro digital: 2011586, correspondiente a la Décima Época, Materias Común, Administrativa, Tesis: PC.I.A. J/65 A (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo III, página 1849, que dispone lo siguiente: ********************"FOVISSSTE. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMAN LOS DESCUENTOS REALIZADOS A LA PENSIÓN DEL QUEJOSO CON MOTIVO DE UN CRÉDITO HIPOTECARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA CELEBRADO CON AQUÉL, SE SURTE A FAVOR DE UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. La relación jurídica entre el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), como obligado a otorgar la pensión, y los pensionistas es de naturaleza administrativa, pues ese instituto puede crear, modificar o extinguir por sí o ante sí la situación jurídica de éstos, de ahí que el descuento a la pensión por jubilación derivado del contrato de crédito hipotecario para la adquisición de vivienda celebrado por el quejoso con el Fondo de la Vivienda del referido Instituto (FOVISSSTE) es de naturaleza administrativa, ya que proviene de una autoridad con ese carácter y se rige por la ley de dicho Instituto. Por tales razones, la competencia para conocer del juicio de amparo indirecto en que se reclaman los referidos descuentos, se surte a favor de un Juez de Distrito en Materia Administrativa, pues aun cuando exista una relación contractual entre el FOVISSSTE y el quejoso, lo cierto es que el ISSSTE, tanto para el otorgamiento del crédito como para realizar los descuentos relativos, actúa de conformidad con las atribuciones que le fueron conferidas en la ley que lo rige, no por voluntad propia; por su parte, el quejoso, en su carácter de derechohabiente, se ciñe también a lo dispuesto en la ley."****************************************Continuando con las causas de improcedencia hechas valer por la autoridad responsable, se advierte que ésta considera que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción VIII del artículo 108, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que el quejoso no hace valer conceptos de violación con los que demuestre jurídicamente la supuesta violación a sus derechos fundamentales.********************Dicha causa de improcedencia es infundada por lo siguiente.********************Los artículos 61, fracción XXIII y 108, fracción VIII, de la Ley de amparo, señalan lo siguiente:********************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:********************(.)********************XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley".****************************************"Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:********************(.)********************VIII. Los conceptos de violación."****************************************Dichos numerales refieren que la demanda de amparo debe contener, entre otros, el concepto o conceptos de violación, y este requisito debe estimarse como una de las precisiones esenciales del juicio de amparo, en virtud de que es en el concepto de violación en el que la parte promovente, mediante los hechos, argumentos y razonamientos, establece las violaciones de derecho que le causan los actos reclamados, salvo en los casos de excepción que la propia Ley de Amparo reconoce. ****************************************Sentado lo anterior, se debe tener en cuenta que el quejoso laboró como Teniente Coronel Médico Veterinario Retirado adscrito al Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, motivo por el cual esa relación es de trabajo aun cuando se regule por la legislación administrativa, como distingo de la netamente laboral.********************Ahora, el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo señala lo siguiente:********************"Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes:********************.********************V. En materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo;."****************************************La suplencia de la queja deficiente constituye una excepción al principio de estricto derecho, cuyo objeto es suprimir tecnicismos que obstaculicen la impartición de justicia en relación con las personas que se encuentren en un estado mayor de vulnerabilidad, buscando una mayor protección a los quejosos y recurrentes, y convirtiendo de este modo al juicio de amparo en un instrumento más eficaz, lo cual derivaría en un notorio beneficio de determinados sectores de la población que pudieran estar en situación de desventaja.****************************************En tales circunstancias, los juzgadores de amparo, en los supuestos establecidos en la ley reglamentaria, se encuentran obligados constitucionalmente a examinar oficiosamente la legalidad de las resoluciones ante ellos reclamadas, y de llegar a advertir alguna ilegalidad, procederán a revisar si hubo o no argumentos que pudieren respaldar la irregularidad detectada, a fin de declararlo fundado, y en caso contrario, suplir su deficiencia.****************************************Entonces, acorde con el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios en materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre el empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o el derecho administrativo.****************************************En otras palabras, la suplencia de la queja deficiente opera aun cuando la relación entre el empleador y el empleado esté regulada por el derecho administrativo; lo que ocurre en el caso, pues a pesar de que la relación entre los miembros de las fuerzas armadas, sea de naturaleza administrativa, el precepto legal en cuestión permite que se actualice la aludida figura.****************************************Lo anterior se afirma precisamente porque, los militares, quedan comprendidos en el texto de la fracción XIII, apartado B, del artículo 123, relativo al régimen de los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de las instituciones policiales, esto es, guardan una relación administrativa con el Estado.****************************************En congruencia con lo anterior, la suplencia establecida en la citada fracción aplica en favor de los militares, pues la relación Estado-empleado existente con aquéllos, es de carácter administrativo.****************************************En ese orden de ideas, y toda vez que nos encontramos en uno de los supuestos establecidos en el artículo 79 de la Ley de Amparo, relativos a la suplencia de la queja deficiente, es que resulta infundada la casual propuesta por la autoridad responsable. ****************************************Máxime que de la lectura integral de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa sí realiza argumentos encaminados a demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, sin que se prejuzgue sobre la procedencia de dichos argumentos, lo cual, será materia de análisis en la etapa correspondiente; sin embargo, se insiste, sí formula argumentos tendentes a inconformarse con el acto reclamado.****************************************Entonces, si el quejoso señaló en sus conceptos de violación, la pretensión o lo que se reclama, así como la causa petendi o causa de pedir, que implica el porqué de la pretensión, resulta inconcuso que se encuentran vinculados y relacionados con el contexto litigioso que se planteó.********************Lo anterior es así, pues los conceptos de violación no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción habitual.********************En tales circunstancias, en el caso, no se actualiza la causa de improcedencia propuesta.********************Por consiguiente, al no existir otra causal de improcedencia prevista por el artículo 61 de la Ley de Amparo, hecha valer por las partes, ni advertir de oficio la actualización de alguna, se procede al estudio del fondo del asunto.****************************************Quinto. Estudio de los conceptos de violación. Resultan infundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, motivo por el cual deberá negársele el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. ****************************************En efecto, el quejoso aduce como uno de los motivos de inconformidad que las autoridades responsables violaron los principios de debido proceso, audiencia, seguridad jurídica y legalidad en virtud de que no le fue dada la oportunidad de alegar en su derecho humano de defensa y tener conocimiento de por qué concepto se le aplicó el descuento de más de noventa por ciento de sus haberes de retiro y en su caso, ser oído y vencido en juicio.****************************************Asimismo, refiere el quejoso que las autoridades responsables transgreden la legalidad del artículo 22 de la Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, que establece que los préstamos se harán de tal manera que los abonos correspondientes para reintegrar la cantidad prestada, sumado a los descuentos por préstamos hipotecarios y a los que deban hacerse sobre cualquier otro adeudo con la sociedad, no excederán de cincuenta por ciento del haber de retiro o pensión en su caso.****************************************Ahora bien, a efecto de sostener lo infundado de los motivos de inconformidad hechos valer por el quejoso, es preciso destacar los antecedentes del acto reclamado, derivados de las manifestaciones efectuadas por el quejoso y que se corroboran con las constancias remitidas por la autoridad responsable, de las que se destaca lo siguiente: ****************************************El quejoso causó baja del servicio activo del Ejército Mexicano y alta en situación de retiro con fecha dieciséis de septiembre de dos mil veintidós, con derecho a recibir un "Haber de Retiro".********************En el deposito correspondiente al mes de diciembre de dos mil veintidós, el Instituto de Seguridad para las Fuerzas Armadas Mexicanas, realizó un descuento en el "Haber de Retiro" del quejoso, por concepto de crédito hipotecario para la adquisición de una vivienda, que le fue otorgado en el año dos mil trece, cuando se encontraba en servicio activo, cuya clave de descuento se encuentra registrado con el número 66, por la cantidad de ******************** (********************/100 Moneda Nacional), correspondiente al periodo del dieciséis al treinta de septiembre, así como a los meses de octubre, noviembre y diciembre de dos mil veintidós. ****************************************Asimismo, se le realizó un descuento en el "Haber de Retiro" del quejoso por la cantidad de $******************** pesos 01/100 Moneda Nacional), con la clave de descuento 41, correspondiente a "Descuentos A B C D BANJERCITO" con motivo de la adquisición de un crédito denominado "Crediliquido".****************************************La aplicación de los citados descuentos quedaron reflejados en el recibo correspondiente de la manera siguiente:********************************************************************************Ahora bien, lo infundado de los conceptos de violación deviene en virtud de que de las constancias que anexó a su informe justificado la autoridad responsable Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. con sede en la ciudad de México, se advierte el contrato "Credi Líquido" número 3421743, por la cantidad de $******************** (******************** pesos 63/100 Moneda Nacional), que celebró la Institución responsable con el ahora quejoso, a un plazo de setenta y dos quincenas, con descuento quincenal de $******************** Moneda Nacional y con fecha de vencimiento quince de mayo de dos mil dieciocho. ****************************************En ese sentido, debe establecerse que las autoridades responsables no transgreden los derechos fundamentales de la parte quejosa al haber realizado el descuento en los haberes de retiro del quejoso, ya que tienen su origen en el crédito hipotecario adquirido en el año dos mil trece, cuando se encontraba en servicio activo, y que se dejó de aplicar con motivo de que causó baja del servicio activo del Ejército Mexicano y alta en situación de retiro desde el dieciséis de septiembre de dos mil veintidós, por lo que desde esa fecha hasta el treinta y uno de diciembre del mismo año, se le realizó un descuento por la cantidad de ******************** (********************/100 Moneda Nacional).****************************************Por otra parte, el diverso descuento por la cantidad de $******************** pesos 01/100 Moneda Nacional), tiene su origen en el contrato de apertura de crédito simple celebrado entre quejoso y la Institución Bancaria que señaló como responsable el veinte de abril de dos mil quince, siendo que en este último el propio quejoso autorizó al banco para que efectuara el cobro de las amortizaciones pactadas mediante descuento de su nómina o de su haber de retiro, como se advierte del propio contrato.****************************************De lo que se concluye que en el caso, existe una expresión de la voluntad del propio quejoso en el contrato que celebró con la institución responsable, en la que autorizó la deducción correspondiente, incluso de su haber de retiro, por lo que el descuento efectuado por dicho motivo corresponde al cumplimiento de la obligación contraída por el quejoso con las responsables, lo que conlleva a sostener que no se transgredió derecho fundamental alguno de la parte quejosa, ni mucho menos el derecho a ser oído y vencido en juicio como refiere, porque el acto reclamado deriva de una obligación contraída previamente con las autoridades responsables como se advierte del contrato que anexó a sus constancias digitalizadas y de las que incluso se dio vista oportunamente a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo ampliar su demanda, sin que haya hecho manifestación al respecto; de ahí que no existe transgresión alguna a sus derechos fundamentales. ****************************************En este sentido, y tratándose del cumplimiento de un contrato, si bien, el Juez debe aplicar la norma de mayor beneficio a la parte quejosa, lo cierto es que debe evitarse privar de efectos jurídicos a lo pactado por propia voluntad en el contrato base de la acción, en perjuicio del otro contratante, porque la ley es uniforme al disponer que los contratantes se encuentran obligados al cumplimiento de lo expresamente convenido y a sus consecuencias, hasta en tanto no sea declarada su invalidez, de ahí que no existe transgresión a los derechos fundamentales de la parte quejosa. ********************Tiene aplicación al caso la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable con registro digital: 2003027, correspondiente a la Décima Época, Materia Constitucional, Civil, Tesis: I.2o.C.6 C (10a.), consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3, página 1992, que dispone lo siguiente: ****************************************"DERECHOS HUMANOS. EL PRINCIPIO PRO HOMINE ES INAPLICABLE CUANDO TRATÁNDOSE DEL CUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO, EL QUEJOSO ALEGA QUE EL JUZGADOR DEBE ELEGIR LO MÁS FAVORABLE PARA ÉL, ENTRE LO EXPRESAMENTE PACTADO EN EL ACUERDO DE VOLUNTADES Y LO DISPUESTO POR LA LEY. Conforme al artículo 1o., segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio del dos mil once, las normas en materia de derechos humanos deben interpretarse de conformidad con ese Máximo Ordenamiento Jurídico y con los tratados internacionales de la materia, procurando favorecer en todo tiempo a las personas con la aplicación de la norma que más les beneficia; disposición que recoge el llamado principio pro homine, consistente en la elección que el juzgador debe realizar para aplicar la norma más benéfica o realizar la interpretación más amplia si se trata de reconocer derechos protegidos, así como en la elección de la norma o la interpretación más restringida cuando se trata de establecer límites permanentes o suspensión extraordinaria a los derechos; lo cual implica que si un derecho es regulado en dos o más normas debe elegirse aquella que favorezca más ampliamente a la persona o que implique una menor restricción, y si la norma admite varias interpretaciones jurídicamente válidas, debe preferirse aquella que represente una mayor protección para el individuo o una menor restricción del derecho. En este sentido, y tratándose del cumplimiento de un contrato, el principio referido resulta inaplicable en el supuesto en que el quejoso sostiene que concurren dos normas, y que el Juez debe aplicar la de mayores beneficios: cuando por un lado, en el contrato fundatorio de la acción pactó con su contraparte el vencimiento anticipado del crédito en caso de incumplimiento en el pago de las amortizaciones y, por otro, la disposición legal que establece que las obligaciones a plazo son exigibles cuando ha concluido el plazo; es así, pues tal planteamiento deviene totalmente ajeno al contenido de la disposición constitucional en comento, ya que en realidad no se pretende el análisis más favorable de dos normas con distintas regulaciones ni se está en el supuesto de que la ley admita más de una interpretación sobre un mismo aspecto, sino lo que se busca es privar de efectos jurídicos a lo pactado por propia voluntad en el contrato base de la acción, en perjuicio del otro contratante, lo cual es improcedente, porque la ley es uniforme al disponer que los contratantes se encuentran obligados al cumplimiento de lo expresamente convenido y a sus consecuencias, hasta en tanto no sea declarada su invalidez, de conformidad con los artículos 1792 a 1796 del Código Civil para el Distrito Federal; por tanto, en la hipótesis que se analiza en realidad no existe la necesidad de que el juzgador pondere la aplicación de dos normas y realice una interpretación que otorgue mayores beneficios al impetrante, dado que no se está frente a disposiciones o interpretaciones jurídicas de contenido distinto."********************En esas condiciones, al haberse estimado infundados los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, aun suplidos en su deficiencia, procede negar al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal.****************************************Sexto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas.****************************************Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 76, 77, 78 y 79, de la Ley de Amparo aplicable, se********************R e s u e l v e:********************Primero. La Justicia de la Unión No Ampara ni Protege a ******************** respecto de los actos reclamados al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada S.N.C. ambas con sede en la ciudad de México, por los motivos expuestos en el cuerpo de esta sentencia.********************Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas.********************Notifíquese personalmente.********************Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria Georgina Pacheco Hernández, que autoriza y da fe, hasta el día de hoy treinta de agosto de dos mil veintitrés, en que lo permitió las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, diez de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos de los que se advierte que en el presente caso la parte quejosa reclama la inconstitucionalidad de aplicarle más del noventa por ciento de descuento de sus haberes de retiro que comprendieron los meses de octubre, noviembre y diciembre de dos mil veintidós y la autoridad responsable al rendir su informe justificado realizó diversas manifestaciones relativas a la justificación de la legalidad del acto reclamado por la parte quejosa, esto es, respecto a los descuentos efectuados. En ese sentido, con fundamento en el último párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, correrse traslado con el respectivo informe al quejoso, para que en el término de quince días hábiles, esté en aptitud de realizar la ampliación de la demanda en el plazo legalmente previsto, la que se limitará a cuestiones derivadas de la referida complementación, y que, en su caso, con dicha ampliación se dará vista a la responsable. Es aplicable al caso, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, localizable con el número de registro digital 2007493, correspondiente a la Décima Época, Materias Común, Administrativa, Tesis: VI.1o.A.74 A (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III, página 2560, de rubro y texto que se citan a continuación: "REGLA ESPECIAL PREVISTA DE MANERA COMPLEMENTARIA EN LOS PÁRRAFOS FINALES DE LOS ARTÍCULOS 117 Y 124 DE LA LEY DE AMPARO, RELATIVA A LA FALTA O INSUFICIENCIA DE LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS EN ASUNTOS VINCULADOS CON LA MATERIA ADMINISTRATIVA. DA LUGAR A DIVERSAS HIPÓTESIS QUE PUEDEN PRESENTARSE, DERIVADAS DE LA ACTUACIÓN QUE DESPLIEGUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). (...) Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se señalan las diez horas con cuarenta minutos del quince de junio de dos mil veintitrés. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa vía electrónica. (...)
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