Juan Muñoz Gutiérrez

Expediente 335/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 26 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
335/2021
Año
2021
Actuaciones
26
Última actuación
23/02/2022

Partes del expediente

  • Juan Muñoz Gutiérrez
  • Karina Iveth Fuentes Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento, contra de la sentencia con fecha de engrose veintiocho de enero de dos mil veintidós, en la que se negó en el presente juicio de amparo, en virtud de lo anterior con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia de mérito. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, y toda vez que no existen diligencias por realizar archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente junto con el original del incidente de suspensión carecen de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Conforme a lo anterior y toda vez que en el presente asunto se negó la protección constitucional a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es DEPURABLE; por lo que transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído, deberá procederse a su depuración, para lo cual solo deberá conservarse la demanda de amparo, la sentencia que puso fin al juicio y el presente acuerdo. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado, y siguiendo las directrices ahí detalladas, este órgano jurisdiccional, dentro de los noventa días siguientes, realizará la depuración correspondiente y concluida la misma, solicítese la trasferencia al depósito documental dependiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Se ordena devolver a la autoridad responsable Juez Séptimo de Control y Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, el disco versátil digital (DVD), que remitió en su informe justificado, solicitándose el acuse de recibo respectivo. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Rolando Cruz Delfín, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    ***A la vista, los autos, para resolver en sentencia, el juicio de amparo indirecto número 335/2021, promovido por Juan Muñoz Gutiérrez, por propio derecho, contra actos del Juez Séptimo del Juzgado de Control y Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedra y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado, con residencia en San Luis Apizaquito, Apizaco Tlaxcala; y, R E S U L T A N D OS: PRIMERO. Recepción de demanda. Por escrito recibido el treinta de abril de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, y turnado el tres de mayo siguiente a este Juzgado Primero de Distrito, Juan Muñoz Gutiérrez, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE: Juez Séptimo del Juzgado de Control y Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedra y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado, con residencia en San Luis Apizaquito, Apizaco Tlaxcala. ACTO RECLAMADO: Resolución dictada en audiencia de nueve de abril de dos mil veintiuno, dictada en autos de la causa judicial 149/2021, en la cual dictó auto de vinculación a proceso, por el delito de violación. SEGUNDO. Admisión, Trámite y Audiencia constitucional. En proveído de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, se ordenó radicar el asunto, se admitió a trámite la demanda, se solicitó el informe justificado, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, quien no formuló pedimento, se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada, se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 35, 37 y 107, fracción VII de la Ley de Amparo; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relacionados con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como su adición contenida en el diverso acuerdo 3/2021 difundido en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de abril de dos mil veintiuno, en virtud de que el acto reclamado y las autoridades a quien se les reprochan tienen su residencia dentro de la jurisdicción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Cambio de Titular. En sesión celebrada el ocho de septiembre de dos mil veintiuno del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio SEADS/814/2021, determinó la readscripción de la suscrita Juez, Karina Juárez Benavides, en este órgano jurisdiccional, con efectos a partir del uno de octubre de dos mil veintiuno; en tal virtud, se hace del conocimiento de las partes que tras el análisis de las constancias que integran el presente juicio de amparo, no se advierte alguna causal de impedimento de las establecidas en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno; por tanto, esta Juzgadora procede a dictar la sentencia correspondiente en este asunto. SEGUNDO. Precisión de los Actos Reclamados. El acto reclamado por la parte promovente consiste en: Resolución dictada en audiencia de nueve de abril de dos mil veintiuno, dictada en autos de la causa judicial 149/2021, en la cual dictó auto de vinculación a proceso, por el delito de violación. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable, al rendir su informe justificado manifestó la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora con las constancias escritas de la causa judicial 149/2021-7, así como el audio y video de la audiencia celebrada el nueve de abril de dos mil veintiuno, que lo es aquí, el acto reclamado, contenidas en un disco versátil digital remitido por la Juez responsable en apoyo a su informe justificado. Las referidas copias certificadas cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, al haber sido autentificadas por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Respecto al contenido del disco versátil digital también tiene la naturaleza de una documental pública, por lo que tiene valor probatorio pleno en términos de los preceptos precisados con antelación. Lo anterior, acorde a lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por contradicción 1a./J.43/2013, consultable en la página 703, del Libro XXIII, correspondiente al mes de agosto de dos mil trece, tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.". CUARTO. Causales de improcedencia del juicio de amparo. Toda vez que no se advierte que las partes hubieran opuesto alguna causa de improcedencia y este órgano Jurisdiccional tampoco advierte de oficio, alguna de ellas, por consiguiente procede el análisis del acto reclamado. SEXTO. Consideración Previa. Se considera necesario precisar que de acuerdo con las disposiciones contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Juez de Control responsable no tuvo acceso directo a la carpeta de investigación, ello solamente el Agente del Ministerio Público y la Defensa, de tal manera que a efecto de examinar el acto reclamado, se tomará en consideración el relato efectuado por las partes respecto de los antecedentes de investigación o, con motivo de ellos, que la responsable se haya apoyado para decretar la resolución que aquí se combate. De esta manera, para el análisis sobre la constitucionalidad del acto reclamado no se podría tomar en consideración la carpeta de investigación, dado que la responsable, por regla general, no puede revisar su contenido, debiendo resolver conforme a los antecedentes y medios de prueba que expongan las partes en la audiencia respectiva. Empero, no puede considerarse que dicha limitante resulte extensiva para el Juez de amparo tratándose del proceso penal acusatorio, para que éste pueda tener acceso a dicha carpeta de investigación, toda vez que esa facultad deriva de lo dispuesto por el artículo 75, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que dispone que en las sentencias dictadas en los juicios respectivos, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada; de ahí, que sólo en el caso de que la responsable hubiere tenido acceso a la carpeta de investigación, es que el Juez federal podría imponerse de la misma, pero solamente respecto de los datos que aquélla haya tenido en cuenta a fin de dilucidar la controversia, lo que en la especie no acontece. SÉPTIMO. Estudio de constitucionalidad del acto reclamado. Son infundados los conceptos de violación, hechos valer por la parte quejosa aun suplidos en su deficiencia, de ahí que deba negarse el amparo solicitado, lo anterior pues se considera que el auto de vinculación a proceso que se combate cumple con los requisitos constitucionales para su emisión. Para una mejor comprensión del asunto resulta conveniente destacar algunos de los antecedentes mismos que se desprenden de las constancias remitidas por la responsable en justificación de sus actos: 1.- Con motivo del oficio 112/2021 signado por la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada Delitos de Violencia Intrafamiliar, Región Norte, girado dentro de la carpeta de investigación UIEDVI-N/29/2021, se solicitó al Juez de Control (señalado como responsable) librara orden de aprehensión en contra de Juan Muñoz Gutiérrez, como forma de conducción a la audiencia inicial ante la existencia de la necesidad de imputarle el hecho que se le investigaba al contar con datos que hacían probable suponer su intervención dolosa como autor material en la comisión del delito de violación, cometido en agravio de la menor víctima de identidad reservada identificada con las iniciales X.L.M.F. 2.- En siete de abril de dos mil veintiuno el Juez de Control responsable, ordenó registrar la causa judicial 149/2021 y declaró procedente la solicitud de la Fiscalía y ordenó girar la orden de aprehensión solicitada a efecto de presentar a Juan Muñoz Gutiérrez, a proceso por su probable participación en el hecho que la ley señala como violación. 3.- Mediante oficio 568/2021 los oficiales del Vigésimo Segundo Grupo de Policía de Investigación del Estado de Tlaxcala, cumplimentaron la orden de aprehensión girada y pusieron a disposición del Juez de Control responsable al ahora quejoso Juan Muñoz Gutiérrez. 4. Así el nueve de abril de dos mil veintiuno se celebró la audiencia inicial en el proceso penal 149/2021, a fin de formular la imputación respectiva. Hecho lo anterior se concedió la oportunidad de declarar al imputado, haciendo uso el ahora quejoso de su derecho a guardar silencio; posteriormente, se realizó la solicitud de vinculación a proceso y el imputado solicitó que se resolviera su situación jurídica en el término constitucional y previo debate de las partes, se determinó vincular a proceso al ahora quejoso. Siendo este el acto reclamado. De igual manera se fijó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Ahora, previo al estudio de fondo de los conceptos de violación, procede en fijar en qué consisten éstos. En ellos el ahora quejoso se limita a manifestar que en el dictado de vinculación a proceso emitido en su contra se viola en su perjuicio el contenido en los artículos 14, 16, 19 segundo párrafo, 20 fracción V, así como el contenido de los artículos 4, 6 y 10 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior como se adelantó deviene infundado. Por principio, es necesario señalar que dado que el acto reclamado es una resolución por la que se vincula a proceso al aquí quejoso; entonces debe verificarse que dicha resolución cumpla con los requisitos procesales, formales y de fondo que exigen los artículos 16 párrafo primero y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 67, párrafos primero y segundo, fracción IV, y penúltimo párrafo y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de los que se advierte que, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, debe cumplirse con lo siguiente: 1. Debe ser emitido de manera oral y por autoridad judicial competente. 2. Debe dictarse dentro de las setenta y dos horas contadas a partir de que el indiciado sea puesto a disposición de la autoridad judicial; plazo que se puede duplicar a petición del imputado o su defensor. 3. Que se haya formulado imputación. 4. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar. 5. Existan datos de prueba que permitan establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito; entendiéndose por ello, cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo; así como, que exista la probabilidad de que las personas imputadas lo cometieron o participaron en su comisión. 6. Se precise el delito que se atribuye a los imputados, así como el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa. 7. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Lo anterior evidencia que, para dictar un auto de vinculación a proceso ya no se exige la comprobación del cuerpo del delito (elementos normativos, objetivos y subjetivos), ni la justificación de la probable responsabilidad, sino sólo se requiere de la existencia de datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así también, el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé qué debe entenderse por dato de prueba para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, esto es, cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo; es decir, se habla únicamente de indicios, los que necesariamente deben ser razonables. Por su parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que la función del auto de vinculación a proceso dentro del proceso penal es autorizar la investigación complementaria, pues se continúa con la etapa de indagación ante el juez de Control, dado que el auto de vinculación sólo establece la materia sobre la cual versará la investigación y el eventual juicio. Lo anterior se insiste, porque será hasta la formulación de la acusación cuando la fiscalía depurará y establecerá los hechos, así como los medios de prueba que serán materia en el juicio oral; de ahí que, para el dictado del auto de vinculación a proceso sólo se requieren datos que establezcan que se cometió un hecho señalado por la ley como delito, y exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, en el caso la parte quejosa reclama del Juzgado de Control responsable, la resolución emitida en la audiencia de nueve de abril de dos mil veintiuno, dictada en el proceso penal 149/2021, en la que se determinó vincularle a proceso por su posible participación en los hechos constitutivos del delito de violación. En dicha resolución, se estimaron satisfechos los requisitos que exige el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales para el dictado de un auto de vinculación a proceso, en atención a que la Fiscalía formuló imputación en contra del activo; lo que se corrobora de la audiencia de nueve de abril de dos mil veintiuno. Así del análisis de los autos del proceso penal 149/2021, se advierte que se cumplieron con los requisitos para emitir un auto de vinculación a proceso, puesto que el acto reclamado se dictó en audiencia de índole oral, como se corrobora con el audio y video de la audiencia en la que se resolvió la situación jurídica del ahora quejoso, por autoridad competente ya que fue presidida por un Juez de Control con competencia para conocer del auto de vinculación a proceso en términos de lo dispuesto en los artículos 20, fracción I, y 133, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como 1º, 8º, fracción II, y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. Por otra parte, se aprecia que el aquí quejoso tuvo una defensa adecuada, por conducto de su defensor, quien se identificó con cédula profesional, y aceptó el cargo conferido, además que el Juez responsable preguntó a su auxiliar de sala en audiencia inicial que dichos datos se encontraran corroborados (minuto 04:40). Asimismo, se cumplió con el requisito relativo a que la fiscalía formulara imputación en contra del imputado, en la que narró las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que aconteció el hecho ilícito que atribuyó al ahora quejoso (violación) (minuto 08:12). También fue observada la obligación constitucional prevista en el artículo 20, apartado, B, fracción II, de la Constitución, ya que se otorgó al imputado su derecho a declarar, a lo que previa consulta con la Defensa, el quejoso señaló que no era su deseo emitir ninguna manifestación, por lo que le fue respetado ese derecho (minuto 15:49). De igual manera, la fiscalía cumplió con solicitar al Juez de control que vinculara a proceso al imputado por la comisión del hecho señalado como delito de violación, y enseguida narró los datos de prueba en los cuales apoyó su acusación, en momento posterior a la formulación de la imputación y de que éste tuvo oportunidad de contestar el cargo. Enseguida, en la misma audiencia, la defensa informó que no aportaría datos de prueba y que solo realizaría alegaciones en relación a la solicitud de vinculación a proceso de la fiscalía. Enseguida, una vez cerrado el debate entre las partes, el Juez responsable, y procedió a resolver la situación jurídica en la misma audiencia, en donde determinó que existían datos de prueba suficientes para establecer razonablemente que existía el hecho el hecho que la ley señala como delito de violación, previsto y sancionado por los artículos 286 y 289, fracción I, del Código Penal del Estado de Tlaxcala, en relación con el artículo 6, fracciones II y V, de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre sin Violencia, los cuales fueron considerados suficientes para declarar fundada la solicitud de la fiscalía de vincular a proceso al vinculado. Asimismo, en el acto reclamado se estableció el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de tal hecho. Hasta este punto, contrario a lo que aduce la parte quejosa, se encuentran colmados los requisitos de forma del acto de vinculación a proceso reclamado, ya que fue dictado por una autoridad competente, se formuló imputación a la parte quejosa, quien se reservó el derecho de declarar y fue dictado en el plazo constitucional. Además se especificó el delito, así como el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de tal hecho. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, diciembre de 2005, Materia Común, Página 162, del rubro siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE." Por otro lado, en la resolución emitida por el juez responsable, con el objeto de verificar si cumple con los lineamientos del artículo 19 Constitucional, no es necesario analizar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, es decir, el cuerpo del delito, sino sólo el hecho ilícito y la probabilidad de que la parte quejosa lo hubiera cometido o participado en su comisión. En la citada resolución reclamada, el Juez responsable dictó auto de vinculación en contra de la parte quejosa, por el hecho constitutivo del ilícito de violación Ahora, el artículo 289 del Código Penal para el Estado de Tlaxcala, establece que se aplicarán de veinticinco a treinta años de prisión y multa de setecientos veinte a mil ochenta Unidades de Medida y Actualización, a quien realice cópula con persona menor de catorce años. Así, para tener por acreditado el citado hecho, el Juez responsable tomó en consideración fundamentalmente los datos de prueba siguientes: La entrevista de la menor víctima de identidad reservada identificada con las iniciales X.L.M.F, de veintinueve de marzo del año dos mil veintiuno, asistida de su madre Karina Iveth Fuentes Hernández, en la que narró hechos. La entrevista de Karina Iveth Fuentes Hernández madre de la víctima, de veintinueve de marzo del año dos mil veintiuno, mediante la cual formuló denuncia por hechos probablemente constitutivos de delito de violación cometidos en agravio de la menor de identidad reservada identificada con las iniciales (X.L.M.F), en contra de Juan Muñoz Gutiérrez. La entrevista de Cecilia Garrido Carmona de seis de abril del año dos mil veintiuno, quien refirió que es abuela paterna de la menor de identidad reservada con las iniciales X.L.M.F, (hija de su hijo de nombre Uriel Muñoz Garrido). Dictamen pericial en materia de medicina legal, emitido por perito médico el cual concluyó que la víctima presenta infección de tracto urinario. Dictamen en materia de psicología 19/2021 en donde se hizo constar que la menor víctima presenta daños y repercusiones psicológicos. Con tales datos de prueba, el juez responsable determinó que éstos eran aptos y suficientes para establecer que probablemente el ahora quejoso, participó en la comisión del delito, ello pues determinó el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho considerado como ilícito, así como sus consecuencias, esto es, debidamente analizó y valoró de manera conjunta los datos de investigación, pues ellos resultan suficientes, pertinentes e idóneos para tener por demostrado el delito de violación. Lo que se estima correcto. Así también se consideran acertadas las consideraciones que expuso la responsable sobre la probable participación de Juan Muñoz Gutiérrez, en la comisión del precitado delito. De ahí que contrario a lo que refiere la parte quejosa, se considera que el Juez responsable sí aprecio correctamente los datos de prueba y es dable concluir que el auto de vinculación reclamado cumple con los requisitos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y, por ello, este órgano de control constitucional determina que sí existen datos de prueba suficientes en que se acreditan que probablemente participó en el hecho que la ley señala como violación. Finalmente no se actualiza una causal de extinción de la acción penal o excluyente del delito, pues no se advierte dato alguno que corrobore la extinción de la acción penal ni ninguna excluyente de incriminación. Por tanto, con base en todo lo anterior, y contrario a lo referido por la parte quejosa en sus conceptos de violación, se considera correcta la actuación de la autoridad responsable, al dictar auto de vinculación a proceso en su contra, por quedar establecidos los hechos señalados como delito de violación, así como la probable participación del ahora quejoso en su comisión, al acreditarse los requisitos establecidos en el artículo 19 Constitucional, en relación con los supuestos contenidos en el diverso numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es así, porque para el dictado de un auto de vinculación a proceso, sólo se requiere de un estándar mínimo probatorio, ya que sólo existe la obligación de apreciar la idoneidad y pertinencia de los datos de prueba y, por ende, la autoridad responsable sólo estaba obligada a realizar el encuadramiento de la conducta en la norma punible con base en los datos de prueba que resultaron idóneos, razonables y pertinentes, para establecer los hechos señalados como delito constitutivo de violación, pues expuso las razones por las cuales son aplicables las normas penales descritas, además, la finalidad del acto reclamado es la continuación de la investigación en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual el juez interviene para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de derechos fundamentales. Ahora, no le asiste razón a la parte quejosa, en relación a que el Juez de Control violó en su perjuicio los derechos humanos contenidos en los artículos 14, 16, 19 y 20 Constitucionales, pues conforme a lo ya analizado el Juez responsable ajustó su actuar a lo establecido en el numeral 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues en el auto de vinculación a proceso reclamado, obran datos suficientes que establecen que se cometió un hecho que la ley señala como delito, y la probabilidad de que la parte quejosa participó en el mismo; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, tal como se advierte del disco óptico, en que se aprecia el desarrollo de la audiencia oral, mediante la cual se dictó el auto de vinculación a proceso en cuestión. Por todo lo anterior se considera que el acto reclamado en esta vía - vinculación a proceso-, se encuentra ajustado a derecho, porque como se ha dicho, existen datos de prueba suficientes para vincular a la parte quejosa como la persona que probablemente participó en el ilícito que se le imputa. En consecuencia, al resultar infundados los conceptos de violación, y toda vez que no se advierte motivo para suplir la deficiencia de la queja, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. QUINTO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. SEXTO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que acredite estar legitimada para su recepción, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. Por tanto, a fin de que la parte interesada esté en posibilidad de acudir ante este órgano jurisdiccional para la reproducción de la presente sentencia, de conformidad con los lineamientos previstos en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníquesele que deberá ingresar al portal de servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el apartado de servicios jurisdiccionales, específicamente en el rubro de "Agenda OJ", y atendiendo a las fechas y horarios disponibles en que pueda acceder a este órgano jurisdiccional y al horario de labores del centro de foto copiado (hasta las doce horas), deberá generar un Código QR que le permitirá ingresar a estas instalaciones para realizar el trámite correspondiente a la entrega de las copias certificadas; ello, con el fin de acatar las medidas sanitarias tendentes a evitar la concentración de personal y la propagación del virus Covid-19 con motivo de la situación de emergencia sanitaria actual. Además, se le informa que de resultarle de suma importancia las copias en mención puede, en caso de no tenerlo, solicitar la continuación del juicio en línea, desde el portal de servicios en línea de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, para lo cual es indispensable contar con firma electrónica y solicitar notificaciones por medios electrónicos así como su nombre de usuario (lo cual incluye el acceso al expediente electrónico), en términos de los artículos 36 y 55 del Acuerdo General 12 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y así estar en aptitud de imprimir desde el Sistema Integral de Seguimiento del Expedientes las actuaciones que requiera ya que se encuentran acompañadas de evidencia criptográfica lo cual en términos de la fracción VI, del artículo 3 y 22 del citado Acuerdo General, tienen validez legal suficiente al ser firmadas electrónicamente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregadas al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ellas su evidencia criptográfica. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 103, 107 de la constitución federal; 73 y 74 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se: R E S U E LV E: PRIMERO. La Justicia Federal no Ampara Ni Protege a Juan Muñoz Gutiérrez, por propio derecho, contra los actos de las autoridades responsables indicadas en el resultando primero, por las consideraciones precisadas en el considerando sexto del presente fallo. SEGUNDO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y, agréguese el acuse de recibo. TERCERO. Entréguese copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. Notifíquese personalmente a las partes quejosa y tercero interesada; vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio o correo electrónico a la autoridad correspondiente. Así lo resolvió y firma, Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, hasta el día de hoy veintiocho de enero de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante el Licenciado Rolando Cruz Delfín, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    A la vista, los autos, para resolver en sentencia, el juicio de amparo indirecto número 335/2021, promovido por Juan Muñoz Gutiérrez, por propio derecho, contra actos del Juez Séptimo del Juzgado de Control y Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedra y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado, con residencia en San Luis Apizaquito, Apizaco Tlaxcala; y, R E S U L T A N D OS: PRIMERO. Recepción de demanda. Por escrito recibido el treinta de abril de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, y turnado el tres de mayo siguiente a este Juzgado Primero de Distrito, Juan Muñoz Gutiérrez, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE: Juez Séptimo del Juzgado de Control y Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedra y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado, con residencia en San Luis Apizaquito, Apizaco Tlaxcala. ACTO RECLAMADO: Resolución dictada en audiencia de nueve de abril de dos mil veintiuno, dictada en autos de la causa judicial 149/2021, en la cual dictó auto de vinculación a proceso, por el delito de violación. SEGUNDO. Admisión, Trámite y Audiencia constitucional. En proveído de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, se ordenó radicar el asunto, se admitió a trámite la demanda, se solicitó el informe justificado, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, quien no formuló pedimento, se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada, se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 35, 37 y 107, fracción VII de la Ley de Amparo; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relacionados con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como su adición contenida en el diverso acuerdo 3/2021 difundido en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de abril de dos mil veintiuno, en virtud de que el acto reclamado y las autoridades a quien se les reprochan tienen su residencia dentro de la jurisdicción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Cambio de Titular. En sesión celebrada el ocho de septiembre de dos mil veintiuno del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio SEADS/814/2021, determinó la readscripción de la suscrita Juez, Karina Juárez Benavides, en este órgano jurisdiccional, con efectos a partir del uno de octubre de dos mil veintiuno; en tal virtud, se hace del conocimiento de las partes que tras el análisis de las constancias que integran el presente juicio de amparo, no se advierte alguna causal de impedimento de las establecidas en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno; por tanto, esta Juzgadora procede a dictar la sentencia correspondiente en este asunto. SEGUNDO. Precisión de los Actos Reclamados. El acto reclamado por la parte promovente consiste en: Resolución dictada en audiencia de nueve de abril de dos mil veintiuno, dictada en autos de la causa judicial 149/2021, en la cual dictó auto de vinculación a proceso, por el delito de violación. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable, al rendir su informe justificado manifestó la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora con las constancias escritas de la causa judicial 149/2021-7, así como el audio y video de la audiencia celebrada el nueve de abril de dos mil veintiuno, que lo es aquí, el acto reclamado, contenidas en un disco versátil digital remitido por la Juez responsable en apoyo a su informe justificado. Las referidas copias certificadas cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, al haber sido autentificadas por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Respecto al contenido del disco versátil digital también tiene la naturaleza de una documental pública, por lo que tiene valor probatorio pleno en términos de los preceptos precisados con antelación. Lo anterior, acorde a lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por contradicción 1a./J.43/2013, consultable en la página 703, del Libro XXIII, correspondiente al mes de agosto de dos mil trece, tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.". CUARTO. Causales de improcedencia del juicio de amparo. Toda vez que no se advierte que las partes hubieran opuesto alguna causa de improcedencia y este órgano Jurisdiccional tampoco advierte de oficio, alguna de ellas, por consiguiente procede el análisis del acto reclamado. SEXTO. Consideración Previa. Se considera necesario precisar que de acuerdo con las disposiciones contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Juez de Control responsable no tuvo acceso directo a la carpeta de investigación, ello solamente el Agente del Ministerio Público y la Defensa, de tal manera que a efecto de examinar el acto reclamado, se tomará en consideración el relato efectuado por las partes respecto de los antecedentes de investigación o, con motivo de ellos, que la responsable se haya apoyado para decretar la resolución que aquí se combate. De esta manera, para el análisis sobre la constitucionalidad del acto reclamado no se podría tomar en consideración la carpeta de investigación, dado que la responsable, por regla general, no puede revisar su contenido, debiendo resolver conforme a los antecedentes y medios de prueba que expongan las partes en la audiencia respectiva. Empero, no puede considerarse que dicha limitante resulte extensiva para el Juez de amparo tratándose del proceso penal acusatorio, para que éste pueda tener acceso a dicha carpeta de investigación, toda vez que esa facultad deriva de lo dispuesto por el artículo 75, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que dispone que en las sentencias dictadas en los juicios respectivos, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada; de ahí, que sólo en el caso de que la responsable hubiere tenido acceso a la carpeta de investigación, es que el Juez federal podría imponerse de la misma, pero solamente respecto de los datos que aquélla haya tenido en cuenta a fin de dilucidar la controversia, lo que en la especie no acontece. SÉPTIMO. Estudio de constitucionalidad del acto reclamado. Son infundados los conceptos de violación, hechos valer por la parte quejosa aun suplidos en su deficiencia, de ahí que deba negarse el amparo solicitado, lo anterior pues se considera que el auto de vinculación a proceso que se combate cumple con los requisitos constitucionales para su emisión. Para una mejor comprensión del asunto resulta conveniente destacar algunos de los antecedentes mismos que se desprenden de las constancias remitidas por la responsable en justificación de sus actos: 1.- Con motivo del oficio 112/2021 signado por la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada Delitos de Violencia Intrafamiliar, Región Norte, girado dentro de la carpeta de investigación UIEDVI-N/29/2021, se solicitó al Juez de Control (señalado como responsable) librara orden de aprehensión en contra de Juan Muñoz Gutiérrez, como forma de conducción a la audiencia inicial ante la existencia de la necesidad de imputarle el hecho que se le investigaba al contar con datos que hacían probable suponer su intervención dolosa como autor material en la comisión del delito de violación, cometido en agravio de la menor víctima de identidad reservada identificada con las iniciales X.L.M.F. 2.- En siete de abril de dos mil veintiuno el Juez de Control responsable, ordenó registrar la causa judicial 149/2021 y declaró procedente la solicitud de la Fiscalía y ordenó girar la orden de aprehensión solicitada a efecto de presentar a Juan Muñoz Gutiérrez, a proceso por su probable participación en el hecho que la ley señala como violación. 3.- Mediante oficio 568/2021 los oficiales del Vigésimo Segundo Grupo de Policía de Investigación del Estado de Tlaxcala, cumplimentaron la orden de aprehensión girada y pusieron a disposición del Juez de Control responsable al ahora quejoso Juan Muñoz Gutiérrez. 4. Así el nueve de abril de dos mil veintiuno se celebró la audiencia inicial en el proceso penal 149/2021, a fin de formular la imputación respectiva. Hecho lo anterior se concedió la oportunidad de declarar al imputado, haciendo uso el ahora quejoso de su derecho a guardar silencio; posteriormente, se realizó la solicitud de vinculación a proceso y el imputado solicitó que se resolviera su situación jurídica en el término constitucional y previo debate de las partes, se determinó vincular a proceso al ahora quejoso. Siendo este el acto reclamado. De igual manera se fijó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Ahora, previo al estudio de fondo de los conceptos de violación, procede en fijar en qué consisten éstos. En ellos el ahora quejoso se limita a manifestar que en el dictado de vinculación a proceso emitido en su contra se viola en su perjuicio el contenido en los artículos 14, 16, 19 segundo párrafo, 20 fracción V, así como el contenido de los artículos 4, 6 y 10 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior como se adelantó deviene infundado. Por principio, es necesario señalar que dado que el acto reclamado es una resolución por la que se vincula a proceso al aquí quejoso; entonces debe verificarse que dicha resolución cumpla con los requisitos procesales, formales y de fondo que exigen los artículos 16 párrafo primero y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 67, párrafos primero y segundo, fracción IV, y penúltimo párrafo y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de los que se advierte que, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, debe cumplirse con lo siguiente: 1. Debe ser emitido de manera oral y por autoridad judicial competente. 2. Debe dictarse dentro de las setenta y dos horas contadas a partir de que el indiciado sea puesto a disposición de la autoridad judicial; plazo que se puede duplicar a petición del imputado o su defensor. 3. Que se haya formulado imputación. 4. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar. 5. Existan datos de prueba que permitan establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito; entendiéndose por ello, cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo; así como, que exista la probabilidad de que las personas imputadas lo cometieron o participaron en su comisión. 6. Se precise el delito que se atribuye a los imputados, así como el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa. 7. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Lo anterior evidencia que, para dictar un auto de vinculación a proceso ya no se exige la comprobación del cuerpo del delito (elementos normativos, objetivos y subjetivos), ni la justificación de la probable responsabilidad, sino sólo se requiere de la existencia de datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así también, el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé qué debe entenderse por dato de prueba para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, esto es, cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo; es decir, se habla únicamente de indicios, los que necesariamente deben ser razonables. Por su parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que la función del auto de vinculación a proceso dentro del proceso penal es autorizar la investigación complementaria, pues se continúa con la etapa de indagación ante el juez de Control, dado que el auto de vinculación sólo establece la materia sobre la cual versará la investigación y el eventual juicio. Lo anterior se insiste, porque será hasta la formulación de la acusación cuando la fiscalía depurará y establecerá los hechos, así como los medios de prueba que serán materia en el juicio oral; de ahí que, para el dictado del auto de vinculación a proceso sólo se requieren datos que establezcan que se cometió un hecho señalado por la ley como delito, y exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, en el caso la parte quejosa reclama del Juzgado de Control responsable, la resolución emitida en la audiencia de nueve de abril de dos mil veintiuno, dictada en el proceso penal 149/2021, en la que se determinó vincularle a proceso por su posible participación en los hechos constitutivos del delito de violación. En dicha resolución, se estimaron satisfechos los requisitos que exige el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales para el dictado de un auto de vinculación a proceso, en atención a que la Fiscalía formuló imputación en contra del activo; lo que se corrobora de la audiencia de nueve de abril de dos mil veintiuno. Así del análisis de los autos del proceso penal 149/2021, se advierte que se cumplieron con los requisitos para emitir un auto de vinculación a proceso, puesto que el acto reclamado se dictó en audiencia de índole oral, como se corrobora con el audio y video de la audiencia en la que se resolvió la situación jurídica del ahora quejoso, por autoridad competente ya que fue presidida por un Juez de Control con competencia para conocer del auto de vinculación a proceso en términos de lo dispuesto en los artículos 20, fracción I, y 133, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como 1º, 8º, fracción II, y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. Por otra parte, se aprecia que el aquí quejoso tuvo una defensa adecuada, por conducto de su defensor, quien se identificó con cédula profesional, y aceptó el cargo conferido, además que el Juez responsable preguntó a su auxiliar de sala en audiencia inicial que dichos datos se encontraran corroborados (minuto 04:40). Asimismo, se cumplió con el requisito relativo a que la fiscalía formulara imputación en contra del imputado, en la que narró las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que aconteció el hecho ilícito que atribuyó al ahora quejoso (violación) (minuto 08:12). También fue observada la obligación constitucional prevista en el artículo 20, apartado, B, fracción II, de la Constitución, ya que se otorgó al imputado su derecho a declarar, a lo que previa consulta con la Defensa, el quejoso señaló que no era su deseo emitir ninguna manifestación, por lo que le fue respetado ese derecho (minuto 15:49). De igual manera, la fiscalía cumplió con solicitar al Juez de control que vinculara a proceso al imputado por la comisión del hecho señalado como delito de violación, y enseguida narró los datos de prueba en los cuales apoyó su acusación, en momento posterior a la formulación de la imputación y de que éste tuvo oportunidad de contestar el cargo. Enseguida, en la misma audiencia, la defensa informó que no aportaría datos de prueba y que solo realizaría alegaciones en relación a la solicitud de vinculación a proceso de la fiscalía. Enseguida, una vez cerrado el debate entre las partes, el Juez responsable, y procedió a resolver la situación jurídica en la misma audiencia, en donde determinó que existían datos de prueba suficientes para establecer razonablemente que existía el hecho el hecho que la ley señala como delito de violación, previsto y sancionado por los artículos 286 y 289, fracción I, del Código Penal del Estado de Tlaxcala, en relación con el artículo 6, fracciones II y V, de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre sin Violencia, los cuales fueron considerados suficientes para declarar fundada la solicitud de la fiscalía de vincular a proceso al vinculado. Asimismo, en el acto reclamado se estableció el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de tal hecho. Hasta este punto, contrario a lo que aduce la parte quejosa, se encuentran colmados los requisitos de forma del acto de vinculación a proceso reclamado, ya que fue dictado por una autoridad competente, se formuló imputación a la parte quejosa, quien se reservó el derecho de declarar y fue dictado en el plazo constitucional. Además se especificó el delito, así como el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de tal hecho. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, diciembre de 2005, Materia Común, Página 162, del rubro siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE." Por otro lado, en la resolución emitida por el juez responsable, con el objeto de verificar si cumple con los lineamientos del artículo 19 Constitucional, no es necesario analizar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, es decir, el cuerpo del delito, sino sólo el hecho ilícito y la probabilidad de que la parte quejosa lo hubiera cometido o participado en su comisión. En la citada resolución reclamada, el Juez responsable dictó auto de vinculación en contra de la parte quejosa, por el hecho constitutivo del ilícito de violación Ahora, el artículo 289 del Código Penal para el Estado de Tlaxcala, establece que se aplicarán de veinticinco a treinta años de prisión y multa de setecientos veinte a mil ochenta Unidades de Medida y Actualización, a quien realice cópula con persona menor de catorce años. Así, para tener por acreditado el citado hecho, el Juez responsable tomó en consideración fundamentalmente los datos de prueba siguientes: La entrevista de la menor víctima de identidad reservada identificada con las iniciales X.L.M.F, de veintinueve de marzo del año dos mil veintiuno, asistida de su madre Karina Iveth Fuentes Hernández, en la que narró hechos. La entrevista de Karina Iveth Fuentes Hernández madre de la víctima, de veintinueve de marzo del año dos mil veintiuno, mediante la cual formuló denuncia por hechos probablemente constitutivos de delito de violación cometidos en agravio de la menor de identidad reservada identificada con las iniciales (X.L.M.F), en contra de Juan Muñoz Gutiérrez. La entrevista de Cecilia Garrido Carmona de seis de abril del año dos mil veintiuno, quien refirió que es abuela paterna de la menor de identidad reservada con las iniciales X.L.M.F, (hija de su hijo de nombre Uriel Muñoz Garrido). Dictamen pericial en materia de medicina legal, emitido por perito médico el cual concluyó que la víctima presenta infección de tracto urinario. Dictamen en materia de psicología 19/2021 en donde se hizo constar que la menor víctima presenta daños y repercusiones psicológicos. Con tales datos de prueba, el juez responsable determinó que éstos eran aptos y suficientes para establecer que probablemente el ahora quejoso, participó en la comisión del delito, ello pues determinó el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho considerado como ilícito, así como sus consecuencias, esto es, debidamente analizó y valoró de manera conjunta los datos de investigación, pues ellos resultan suficientes, pertinentes e idóneos para tener por demostrado el delito de violación. Lo que se estima correcto. Así también se consideran acertadas las consideraciones que expuso la responsable sobre la probable participación de Juan Muñoz Gutiérrez, en la comisión del precitado delito. De ahí que contrario a lo que refiere la parte quejosa, se considera que el Juez responsable sí aprecio correctamente los datos de prueba y es dable concluir que el auto de vinculación reclamado cumple con los requisitos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y, por ello, este órgano de control constitucional determina que sí existen datos de prueba suficientes en que se acreditan que probablemente participó en el hecho que la ley señala como violación. Finalmente no se actualiza una causal de extinción de la acción penal o excluyente del delito, pues no se advierte dato alguno que corrobore la extinción de la acción penal ni ninguna excluyente de incriminación. Por tanto, con base en todo lo anterior, y contrario a lo referido por la parte quejosa en sus conceptos de violación, se considera correcta la actuación de la autoridad responsable, al dictar auto de vinculación a proceso en su contra, por quedar establecidos los hechos señalados como delito de violación, así como la probable participación del ahora quejoso en su comisión, al acreditarse los requisitos establecidos en el artículo 19 Constitucional, en relación con los supuestos contenidos en el diverso numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es así, porque para el dictado de un auto de vinculación a proceso, sólo se requiere de un estándar mínimo probatorio, ya que sólo existe la obligación de apreciar la idoneidad y pertinencia de los datos de prueba y, por ende, la autoridad responsable sólo estaba obligada a realizar el encuadramiento de la conducta en la norma punible con base en los datos de prueba que resultaron idóneos, razonables y pertinentes, para establecer los hechos señalados como delito constitutivo de violación, pues expuso las razones por las cuales son aplicables las normas penales descritas, además, la finalidad del acto reclamado es la continuación de la investigación en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual el juez interviene para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de derechos fundamentales. Ahora, no le asiste razón a la parte quejosa, en relación a que el Juez de Control violó en su perjuicio los derechos humanos contenidos en los artículos 14, 16, 19 y 20 Constitucionales, pues conforme a lo ya analizado el Juez responsable ajustó su actuar a lo establecido en el numeral 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues en el auto de vinculación a proceso reclamado, obran datos suficientes que establecen que se cometió un hecho que la ley señala como delito, y la probabilidad de que la parte quejosa participó en el mismo; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, tal como se advierte del disco óptico, en que se aprecia el desarrollo de la audiencia oral, mediante la cual se dictó el auto de vinculación a proceso en cuestión. Por todo lo anterior se considera que el acto reclamado en esta vía - vinculación a proceso-, se encuentra ajustado a derecho, porque como se ha dicho, existen datos de prueba suficientes para vincular a la parte quejosa como la persona que probablemente participó en el ilícito que se le imputa. En consecuencia, al resultar infundados los conceptos de violación, y toda vez que no se advierte motivo para suplir la deficiencia de la queja, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. QUINTO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. SEXTO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que acredite estar legitimada para su recepción, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. Por tanto, a fin de que la parte interesada esté en posibilidad de acudir ante este órgano jurisdiccional para la reproducción de la presente sentencia, de conformidad con los lineamientos previstos en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníquesele que deberá ingresar al portal de servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el apartado de servicios jurisdiccionales, específicamente en el rubro de "Agenda OJ", y atendiendo a las fechas y horarios disponibles en que pueda acceder a este órgano jurisdiccional y al horario de labores del centro de foto copiado (hasta las doce horas), deberá generar un Código QR que le permitirá ingresar a estas instalaciones para realizar el trámite correspondiente a la entrega de las copias certificadas; ello, con el fin de acatar las medidas sanitarias tendentes a evitar la concentración de personal y la propagación del virus Covid-19 con motivo de la situación de emergencia sanitaria actual. Además, se le informa que de resultarle de suma importancia las copias en mención puede, en caso de no tenerlo, solicitar la continuación del juicio en línea, desde el portal de servicios en línea de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, para lo cual es indispensable contar con firma electrónica y solicitar notificaciones por medios electrónicos así como su nombre de usuario (lo cual incluye el acceso al expediente electrónico), en términos de los artículos 36 y 55 del Acuerdo General 12 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y así estar en aptitud de imprimir desde el Sistema Integral de Seguimiento del Expedientes las actuaciones que requiera ya que se encuentran acompañadas de evidencia criptográfica lo cual en términos de la fracción VI, del artículo 3 y 22 del citado Acuerdo General, tienen validez legal suficiente al ser firmadas electrónicamente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregadas al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ellas su evidencia criptográfica. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 103, 107 de la constitución federal; 73 y 74 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se: R E S U E LV E: PRIMERO. La Justicia Federal no Ampara Ni Protege a Juan Muñoz Gutiérrez, por propio derecho, contra los actos de las autoridades responsables indicadas en el resultando primero, por las consideraciones precisadas en el considerando sexto del presente fallo. SEGUNDO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y, agréguese el acuse de recibo. TERCERO. Entréguese copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. Notifíquese personalmente a las partes quejosa y tercero interesada; vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio o correo electrónico a la autoridad correspondiente. Así lo resolvió y firma, Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, hasta el día de hoy veintiocho de enero de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante el Licenciado Rolando Cruz Delfín, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, catorce de octubre de dos mil veintiuno. ( Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que mediante proveído de veintiocho de julio de dos mil veintiuno, se reservó señalar fecha para la celebración de la audiencia constitucional, hasta en tanto se lograra el emplazamiento de la tercera interesada ****************, quien es madre de la menor, lo cual ya aconteció. Se señala fecha de audiencia constitucional. Consecuentemente, se reanuda el procedimiento en el presente juicio de amparo y se señalan las NUEVE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. ( Cambio de titular. Finalmente, agréguese a los autos la copia del oficio SEADS/814/2021, por medio del cual el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, informó que el pleno del citado órgano, en sesión celebrada el ocho de septiembre de dos mil veintiuno, determinó la readscripción de la suscrita, como titular de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, a partir del uno de octubre de dos mil veintiuno; por tanto, atento a lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Amparo, hágase saber lo anterior a las partes para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

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