Juan Mario Temoltzin Martinez

Expediente 570/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
570/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
16/07/2019

Partes del expediente

  • Juan Mario Temoltzin Martinez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el oficio número 908, signado por la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual informa que el citado Tribunal confirma la determinación de incompetencia de veinticinco de junio de dos mil diecinueve, planteada por éste Juzgado de Distrito, por lo que se avoca al conocimiento del asunto, mismo que radicó con el juicio de amparo directo número 518/2019 de su índice; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente expedientillo como totalmente concluido. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el Punto Vigésimo del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el presente expedientillo es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo fijado en dicho ordenamiento, posterior a la notificación legal del presente proveído, ya que a criterio del suscrito no es de relevancia documental, jurídica e histórica. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio 867 de cuenta, signado por la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual informa que se reserva a acordar lo conducente en torno a la competencia planteada por este Órgano Jurisdiccional; hasta en tanto, la autoridad responsable le remita las constancias requeridas; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista a la partes.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ********************, en contra del acto reclamado de los Magistrados que integran la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. Ahora bien, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en la resolución de treinta de mayo de dos mil diecinueve, dictada por los Magistrados que integran la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala dentro del Toca de Apelación número ********************, que confirmó el auto de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, dictado por la Juez Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, mediante el cual se decretó la caducidad de la instancia; de ahí que el acto reclamado es una resolución que pone fin al procedimiento, sin decirlo en lo principal; por tanto, se estima que de la presente demanda de amparo debe conocer el TRIBUNAL COLEGIADO, EN TURNO, DEL VIGÉSIMO OCTAVO CIRCUITO. Consecuentemente, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, considera carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************; en tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, 34, 47, 48 y 170, de la Ley de Amparo, se declina la competencia legal al TRIBUNAL COLEGIADO, EN TURNO, DEL VIGÉSIMO OCTAVO CIRCUITO, por tanto, remítase la demanda de amparo a través de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Vigésimo Octavo Circuito, así como las copias simples de la misma que se acompañan, para que resuelva lo procedente, solicitándole acuse recibo respectivo de su determinación. En efecto, para mejor comprensión del asunto, se hace pertinente transcribir el contenido del artículo 170, de la Ley de Amparo, que establece lo relativo a la procedencia del amparo directo: "ARTÍCULO 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo.". En ese contexto, la Ley de la Materia es categórica al establecer que la competencia para conocer de un juicio de amparo en el que se reclamen sentencias, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales jurisdiccionales, administrativos o del trabajo, o resoluciones que pongan fin al juicio que sin haberlo decidido en lo principal lo den por concluido, corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito. Entonces, al ser el acto reclamado en este juicio, la resolución dictada dentro del Toca de Apelación ********************, que confirmó el auto de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, dictado por la Juez Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, mediante el cual se decretó la caducidad de la instancia; resolución que tiene el carácter de definitiva, por lo que dicho acto se ubica en la última de las hipótesis expuestas por tratarse de una resolución que, sin decidir el fondo de la controversia, puso fin al juicio, por ello, se estima que a quien corresponde su conocimiento es a un Tribunal Colegiado de Circuito. En apoyo a lo anterior, se cita la Tesis VII.2o.C.38 C (10a.), visible en la página 1923, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL. HIPÓTESIS EN LA QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO PUEDE PRONUNCIARSE AL RESPECTO EN EL AMPARO DIRECTO. Conforme a la jurisprudencia 1a./J. 57/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 249, de rubro: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL. LA DECLARACIÓN JUDICIAL RESPECTIVA NO ES UN ELEMENTO CONSTITUTIVO DE ESA CONSECUENCIA PROCESAL, PERO SI HA DE EMITIRSE, DEBE PRONUNCIARSE POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE CONOZCA DE LA CAUSA.", corresponde a la autoridad que conozca del asunto emitir declaración respecto de la actualización o no de la caducidad de la instancia. Por tanto, si acorde con el artículo 1076 del Código de Comercio, la caducidad de la instancia opera por el simple transcurso del tiempo, es requisito ineludible que se dé conforme a una de estas dos hipótesis: 1. Que lo advierta de oficio el Juez y se pronuncie al respecto o, en su caso, el tribunal de alzada; y, 2. Que haya sido sometido a consideración por alguna de las partes durante el procedimiento o como agravio en la apelación. De estas dos formas debe necesariamente surgir el pronunciamiento de la autoridad jurisdiccional, establecido en la jurisprudencia invocada, lo cual da materia para que el Tribunal Colegiado de Circuito se pronuncie al respecto en el juicio de amparo directo pues, de lo contrario, se sustituiría a la autoridad responsable en una cuestión procesal que debe ser previamente analizada por ella." En consecuencia de lo anterior, con fundamento en el artículo 47, de la Ley de Amparo, lo que legalmente corresponde es declarar la incompetencia legal de este Juzgado Federal y, una vez que se notifique al promovente el contenido de esta determinación, deberán remitirse los autos al Tribunal Colegiado de este Circuito, para lo cual deberá formarse cuaderno de antecedentes, con copia del escrito inicial de demanda y del presente proveído, para que obre en la secretaría correspondiente; y hágase las anotaciones en el libro de gobierno para los efectos legales a que haya lugar. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia visible a foja 196, Tomo IV, Segunda Parte-1, Julio, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro: "DEMANDA DE AMPARO DIRECTO, PRESENTADA ANTE EL JUEZ DE DISTRITO COMO AMPARO INDIRECTO. EL ARTICULO 49 DE LA LEY DE LA MATERIA CONTIENE UNA EXCEPCIÓN A LA REGLA PREVISTA EN EL ARTICULO 165 DE LA MISMA LEY". También sirve de apoyo por las razones que la informan, la tesis visible en la página 1692, Tomo XVII, Marzo de 2003, Materia Común, Tribunales Colegiados de circuito, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTO QUE PONE FIN AL JUICIO. EL AMPARO DIRECTO ES LA VÍA EN LA QUE DEBE SER IMPUGNADO, AUN CUANDO NO SE HUBIERA AGOTADO EL RECURSO ORDINARIO.- El auto que pone fin al juicio, así sea recurrible, para efectos de determinar la vía en la que puede ser impugnado, constituye la última resolución y no aquella que resuelve el recurso procedente contra el indicado proveído o, en su caso, el acuerdo que declara firme el respectivo auto, porque la procedencia del juicio de amparo directo, competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, está prevista en el artículo 158 de la Ley de Amparo en términos claros acerca de que la materia del juicio de amparo son las sentencias definitivas o laudos y aquellas resoluciones que pongan fin al juicio, y si bien ese numeral exige, además, que las resoluciones sean definitivas, es decir, que respecto de ellas no proceda recurso ordinario por el que puedan ser modificadas o revocadas, esta última disposición incide solamente por cuanto hace a la procedencia y no por cuanto a la vía por la cual deban ser impugnadas dichas determinaciones; es decir, por como está redactado el indicado artículo 158, siendo el acto reclamado una última resolución o sentencia definitiva, esas resoluciones deben ser impugnadas por la vía de amparo directo y lo inherente al principio de definitividad, esto es, al estudio relativo a si procede o no recurso contra la resolución que se reclame y si se agotó o no ese recurso, es un tema que toca dilucidarlo al Tribunal Colegiado al proveer sobre la admisión de la demanda o al resolver en definitiva el asunto". Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado ******************** por haber acreditado contar con cédula profesional de licenciados en derecho. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente.

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