Juan Moisés Cruz Vásquez

Expediente 692/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
692/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
10/11/2023

Partes del expediente

  • Juan Moisés Cruz Vásquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria. Visto el estado que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que el artículo 86 de la Ley de Amparo, establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ... sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 2° de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Requiere cumplimiento de ejecutoria. Por tanto, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Toluca de Lerdo, Estado de México y al Encargado de la Subdelegación de Prestaciones de la Oficina de Representación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en la Ciudad de Oaxaca, para que dentro del término de tres días, siguientes al en que queden notificadas del presente acuerdo, cumplan con la ejecutoria de amparo en los términos siguientes: "(.) La Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Toluca de Lerdo, Estado de México, obtenga el cumplimiento de la sentencia definitiva de doce de noviembre de dos mil veinte, dictada en el juicio de nulidad ********************, a través de los mecanismos legales que le faculta el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; lo que implica, lleve a cabo sus actos de manera pronta y expedita, dentro de los plazos que prevé dicha legislación. Debiendo recabar las constancias relativas, donde conste el cobro de las multas o el inicio del procedimiento administrativo que corresponda. El Encargado de la Subdelegación de Prestaciones de la Oficina de Representación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en la Ciudad de Oaxaca, dé cumplimiento a la sentencia definitiva. (.)" Debiendo remitir las constancias con las que acredite lo anterior; apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), de conformidad con los numerales 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo; y desde luego, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese para que obre como corresponda, el oficio signado por el Magistrado Presidente de la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Toluca de Lerdo, Estado de México, en virtud de que se acordó lo conducente en proveído de treinta de octubre de la presente anualidad. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 692/2023; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el doce de julio de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, Juan Moisés Cruz Vásquez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados de la 1) Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Toluca de Lerdo, Estado de México, y 2) Titular de la Oficina de Representación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que se precisarán en el considerando segundo de esta resolución. Actos que consideró violatorios de los derechos fundamentales contenidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda de amparo. Por acuerdo de trece de julio de dos mil veintitrés, este Juzgado de Distrito, a quien por razón de turno correspondió el conocimiento del asunto, admitió la demanda con el número de expediente 692/2023; solicitó informe justificado a las autoridades responsables; otorgó a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; y, señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Audiencia constitucional. Seguido el juicio en su trámite, el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, tuvo verificativo la audiencia constitucional en este asunto, al tenor del acta respectiva. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 6º, 37, 107 y 108 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016 de ese propio órgano colegiado, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de octubre de dos mil dieciséis, por tratarse de un juicio de amparo en materia administrativa; tomando en consideración que los actos reclamados tienen ejecución dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce competencia. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como actos reclamados, los siguientes: De la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Toluca de Lerdo, Estado de México: La omisión de verificar el cumplimiento de la sentencia definitiva de doce de noviembre de dos mil veinte, emitida en el juicio de nulidad número 3668/19-PC3-2. Del Encargado de la Subdelegación de Prestaciones de la Oficina de Representación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: La omisión de cumplir íntegramente la sentencia definitiva emitida en el juicio de nulidad número 3668/19-PC3-2. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El Magistrado Presidente de la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Toluca de Lerdo, Estado de México, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto que se le atribuye a dicha Sala. No obstante, su negativa se desvirtúa, pues de las constancias que remitió a este juzgado, a las que se concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria en cita, se aprecia que si bien en el juicio contencioso administrativo 3668/19-PC3-2, la Sala responsable el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, emitió acuerdo en que impuso multas al Encargado de la Subdelegación de Prestaciones de la Oficina de Representación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y Directora de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto antes indicado; además, ordenó girar oficio al Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a efecto de hacer de su conocimiento el incumplimiento de la sentencia definitiva de doce de noviembre de dos mil veinte; sin embargo, hasta la fecha no ha sido totalmente cumplida; por tanto, se debe tener por cierta la omisión atribuida a la responsable. Por otra parte, también resulta cierto el acto reclamado del Encargado de la Subdelegación de Prestaciones de la Oficina de Representación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, aun cuando en su informe lo hubiera negado, pues como se dijo, la sentencia de nulidad no ha sido acatada en sus términos. CUARTO. Causas de improcedencia. Antes de estudiar la materia de fondo de la litis constitucional, se debe analizar la procedencia del juicio de amparo, ya que de advertir que se actualiza una causa de improcedencia que impida la resolución de la contienda en el fondo, se debe sobreseer; tópico que es de obligado examen lo invoquen o no las partes, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso concreto, el Magistrado Presidente de la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Toluca de Lerdo, Estado de México, aduce que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado ha cesado en sus efectos. No asiste razón a la responsable. Al respecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." De tal dispositivo se deduce que el juicio de amparo carece de razón cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado, si éste es de carácter positivo, o de forzar a la autoridad responsable a realizar la conducta que omitió, si el acto es de carácter negativo, pues resultaría contrario a la naturaleza del juicio que el mismo fuese seguido sin ninguna finalidad práctica. En efecto, la citada causa de improcedencia se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o son destruidos en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo cual el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos humanos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial; por lo que resulta justificado que el juicio constitucional se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, página 38, con número de registro digital 193758, de epígrafe y contenido siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Sin embargo, en el caso en estudio, el acto reclamado a la Sala responsable no ha cesado, pues aun cuando dictaron los autos de siete de marzo, once de mayo y veintiséis de junio de dos mil veintitrés, en que se requirió a la autoridad demanda el cumplimiento de la sentencia, se impusieron multas a la referida autoridad y a su superior, además, se ordenó girar oficio al Órgano Interno de Control del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin de hacer de su conocimiento el incumplimiento dado a la sentencia; lo cierto es que a la fecha en que se resuelve este asunto, no se encuentra cumplida la sentencia dictada en el juicio de nulidad, y por ello, el acto reclamado no ha cesado en sus efectos. Por otra parte, la referida responsable también asegura que se actualiza la diversa causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues no le afecta en su interés jurídico. Tampoco asiste razón a la responsable. Al respecto, el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5º, fracción I y 6º, de la citada ley, que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)" "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley". De los dispositivos transcritos se desprende que el juicio de amparo no procede oficiosamente, es decir, constituye un requisito indispensable que el gobernado resienta directamente una afectación en su esfera jurídica. Conforme con los artículos 107, fracción I, de la Constitución, 5° y 6° de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es un medio de control constitucional para proteger los derechos humanos reconocidos de los gobernados y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de los gobernados contra los actos de las autoridades, que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, es decir, aquélla a quien perjudique una ley, un tratado internacional, un reglamento o cualquier otro acto que se reclame, y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa (interés jurídico) o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Luego, existe interés jurídico cuando el peticionario acredita una afectación en su persona o en sus bienes (esfera de derechos), debiendo acreditar fehacientemente que es titular del derecho subjetivo público que es violado por un acto de autoridad. En el caso, el acto reclamado afecta la esfera jurídica de los derechos del promovente, pues la falta de cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de nulidad, ya que es obligación de las autoridades, no únicamente resolver las controversias que les sean planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes, sino también, vigilar que las sentencias dictadas se ejecuten plena y cabalmente, ya que de otra manera, el gobernado quedaría en estado de indefensión, al no garantizarse su derecho a que la condena impuesta sea cumplida en sus términos. Luego, el acto reclamado sí afecta el interés jurídico del quejoso, al no haberse dado cumplimiento al fallo dictado en el juicio de nulidad. Por lo tanto al no advertirse de oficio alguna otra causa de improcedencia, o que se haya hecho valer por las partes, se procede a realizar el estudio de los actos reclamados, en este juicio. QUINTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación se tienen por reproducidos en acatamiento al principio de economía procesal y en razón de que no existe precepto legal alguno que obligue a su transcripción; máxime que con ello en modo alguno se afectan los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 830, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VXXXI, Mayo de 2010, Novena Época, registro digital 164618, de epígrafe: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SEXTO. Estudio. Aduce en esencia la parte quejosa, que la omisión atribuida a las responsables es violatoria de su derecho fundamental de acceso a la justicia, en términos del artículo 17 Constitucional, pues la responsable no se ha ceñido a los plazos y términos legales para dar cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Regional responsable, en el juicio de nulidad 3668/19-PC3-2, ni la autoridad demandada ha dado cumplimiento a la misma. Es esencialmente fundado dicho concepto de violación. Para ello, se precisa que el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 17. [...] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. [...]" El precepto transcrito pertenece a la especie del derecho fundamental de seguridad jurídica, en lo atinente, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. Atributos relativos al derecho de las personas a que se les imparta justicia, que se explican en la jurisprudencia 2a./J.192/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." Así, conforme a dicho criterio jurisprudencial se tiene que el derecho fundamental de impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. De tales principios, los que resultan útiles para resolver el asunto son los referidos a la justicia pronta y justicia completa, pues el primero, impone a las autoridades la obligación de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; y el segundo, implica el derecho a que las sentencias dictadas se ejecuten plena y cabalmente, ya que de otra manera no es posible entender que exista completitud en el fallo pronunciado si no se ejecuta y materializa en los hechos. Por lo tanto, se concluye que la responsabilidad estatal no termina con la emisión de la resolución, sentencia o laudo, sino que las autoridades responsables están obligadas a lograr la ejecución o materialización de la prerrogativa fundamental cuyo reconocimiento se obtuvo, a fin de lograr una efectiva ejecución. Cabe señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 1a. CCXXXIX/2018 (10a.), de rubro "DERECHO A LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS, COMO PARTE DE LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA." definió al derecho de ejecución plena de las sentencias como parte de la última etapa de la tutela jurisdiccional efectiva, aquella identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de aquél; señalando a éste como relevante por su instrumentalidad para que la justicia administrada se convierta en una realidad, evitando que las sentencias se tornen ilusorias o terminen por negar al derecho que se había reconocido. Lo anterior señaló, requiere que el Estado disponga normativamente recursos para ejecutar esas decisiones definitivas y garantice su efectividad, ya que de otra manera no podría entenderse la completitud en el fallo pronunciado, si no se hace realidad en los hechos. Asimismo, la citada Sala del máximo Tribunal del País, en la jurisprudencia 1a./J.28/2023 (11a.), de epígrafe: "DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. CONTENIDO, ETAPAS Y ALCANCE DE SU VERTIENTE DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LAS SENTENCIA", precisó que el derecho de acceso a la justicia no se limita a la facultad de someter una controversia al conocimiento de los tribunales y que la misma se tramite conforme a las garantías procesales, sino también comprende la posibilidad que la sentencia dictada tenga plena eficacia mediante su ejecución; para que el Estado garantice un efectivo derecho de acceso a la justicia, no basta con la existencia de sistemas legales a través de las cuales las autoridades emitan sus resoluciones, ni la existencia formal de recursos, sino que éstos deben ser efectivos, y parte de esa efectividad implica, precisamente, la ejecución de las sentencias y resoluciones y, respecto al plazo de cumplimiento, que este sea sin dilación en un tiempo razonable. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia dictada el cinco de julio de dos mil once, relativa al caso Mejía Idrovo vs. Ecuador, en su párrafo 104, determinó que la efectividad de las sentencias depende de su ejecución. Esto último, debido a que una sentencia con carácter de cosa juzgada otorga certeza sobre el derecho o controversia discutida en el caso concreto y, por ende, tiene como uno de sus efectos la obligatoriedad o necesidad de cumplimiento. Lo contrario supone la negación misma del derecho involucrado. Así también, que para lograr plenamente la efectividad de la sentencia, su ejecución debe ser completa, perfecta, integral y sin demora (párrafo 105). En ese orden de ideas, se tiene que el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, prevé un procedimiento específico a seguir para que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, asegure el pleno cumplimiento de las resoluciones que emita; dispositivo que establece: "Artículo 58. A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: I. La Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere pronunciado la sentencia, podrá de oficio, por conducto de su Presidente, en su caso, requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia. Se exceptúan de lo dispuesto en este párrafo las sentencias que hubieran señalado efectos, cuando la resolución impugnada derive de un procedimiento oficioso. Concluido el término anterior con informe o sin él, la Sala Regional, la Sección o el Pleno de que se trate, decidirá si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia, en cuyo caso procederá como sigue: a) Impondrá a la autoridad demandada responsable una multa de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario que estuviere vigente en el Distrito Federal, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio en los términos de este inciso, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada. b) Si al concluir el plazo mencionado en el inciso anterior, persistiere la renuencia de la autoridad demandada a cumplir con lo sentenciado, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá requerir al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de tres días la obligue a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se impondrá al superior jerárquico una multa de apremio de conformidad con lo establecido por el inciso a). c) Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá comisionar al funcionario jurisdiccional que, por la índole de sus funciones estime más adecuado, para que dé cumplimiento a la sentencia. Lo dispuesto en esta fracción también será aplicable cuando no se cumplimente en los términos ordenados la suspensión que se decrete, respecto del acto impugnado en el juicio o en relación con la garantía que deba ser admitida. d) Transcurridos los plazos señalados en los incisos anteriores, la Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere emitido el fallo, pondrá en conocimiento de la Contraloría Interna correspondiente los hechos, a fin de ésta (sic) determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento." Como se aprecia, en tal numeral se establecen prevé mecanismos legales que, de forma oficiosa o a petición de parte, debe realizar la Sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para vigilar y asegurar que se cumpla con las sentencias que al efecto emita. Ello, pues a través de dichos instrumentos se dota a la autoridad de las facultades correspondientes para lograr la ejecución de las resoluciones que dicte; y así, que dichos fallos no se tornen ilusorios al sólo quedar plasmados en documentos, así como el derecho generado en favor del gobernado; si no que éste se vea reflejado sustancialmente en su esfera jurídica, pues sólo así logrará cumplirse con el fin pretendido que es el de obtener una justicia verdadera. Precisado lo anterior, se tiene que de las constancias remitidas por el Magistrado Presidente de la Sala responsable, se advierten, por su importancia, los siguientes antecedentes: Mediante sentencia de doce de noviembre de dos mil veinte, dictada en el juicio de nulidad 3668/19-PC3-2 (fojas 102 - 109), se condenó a la Delegación Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a través de sus unidad jurídica, para que dentro del plazo de cuatro meses -como máximo-, emitiera una resolución expresa, fundada y motivada en la que: "[.] * Calcular los incrementos a la pensión de la accionante conforme al aumento que en el año calendario anterior hubiese tenido el índice Nacional de Precios al Consumidor, con efectos a partir del día 1º de enero de cada año, o bien conforme al aumento de los sueldos básicos de los trabajadores en activo, cuando éste resulte mayor, desde la fecha en que adquirió el carácter de pensionista. * Tomar en cuenta las constancias de evolución salarial emitidas por la dependencia en la cual laboró la hoy actora, que corresponden a las plazas que manifiesta haber ocupado en el año inmediato anterior a su jubilación. * Detallar el procedimiento llevado a cabo para dicho cálculo, señalando de manera precisa los datos que tomó en consideración como lo son los índices Nacionales de Precios al Consumidor aplicados, su valor y fechas de publicación en el Diario Oficial de la Federación, así como los incrementos efectuados en el salario básico de los trabajadores en activo. * En caso de que resulte alguna diferencia a favor de la parte actora, realice el ajuste de la cuota pensionaria y proceda al pago, así como de las prestaciones que también se vean afectadas por dicha modificación, entre ellas el aguinaldo o gratificación anual. * Lo anterior en el entendido, de que las diferencias que deriven de los incrementos omitidos por el instituto demandado, deberán entregarse debidamente actualizadas a la parte actora, conforme al procedimiento que establece el artículo 6º, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, tal y como lo establece la Jurisprudencia 2ª./J. 135/2019(10ª.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se cita a continuación. [.]." Inconforme con tal resolución, el Jefe de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, interpuso recurso de revisión fiscal, mismo que fue resuelto mediante determinación dictada el veinticinco de agosto de dos mil veintidós, en el toca 191/2021, por los Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en Naucalpan de Juárez, Estado de México, quienes confirmaron la sentencia recurrida y declararon la nulidad de la resolución impugnada (fojas 132 - 145). En acuerdo de siete de marzo de dos mil veintitrés, la sala requirió a la autoridad responsable, para que en el término de tres días, informara sobre el cumplimiento de la sentencia definitiva, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se procedería conforme a lo señalado en el artículo 58, fracción I, inciso a), de la Ley Federal de Procedimientos Contencioso Administrativo (foja155). Mediante auto de once de mayo del año en curso, se requirió nuevamente a la autoridad demandada, para que dentro del término de tres días, comunicara a la Sala el cumplimiento dado a la sentencia definitiva; se hizo efectiva la medida de apremio decretada el siete de marzo de dos mil veintitrés, y se impuso a la autoridad demandada una multa; además, se vinculó a la Directora de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad demandada el cumplimiento de la sentencia definitiva (fojas 161 - 162). El veintiséis de junio de dos mil veintitrés, emitió el acuerdo en que impuso multas al Encargado de la Subdelegación de Prestaciones de la Oficina de Representación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y Directora de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto antes indicado; además, ordenó girar oficio al Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a efecto de hacer de su conocimiento el incumplimiento de la sentencia definitiva de doce de noviembre de dos mil veinte. Sin que hasta la fecha en que se resuelve el presente juicio, se haya logrado el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo. Por su parte, la autoridad demandada no ha cumplido con la sentencia dictada en el juicio de nulidad de origen, pues de las constancias que remitió como justificación a su informe, no se advierte cumplimiento alguno; solamente se aprecia que la Jefa de la Unidad Jurídica del Instituto demandado, envió al Encargado de la Subdelegación de Prestaciones, el oficio REP/OAX/UJ/4454/2022, de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, en que le requirió el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de nulidad. Siendo ese el estado procesal del referido juicio de nulidad. Conforme a los anteriores antecedentes, se arriba al conocimiento que existe un retraso en la emisión de los actos tendientes a lograr el cumplimiento de la sentencia de nulidad emitida en el juicio de origen. Se afirma lo anterior, pues como se advierte, la Sala señala como autoridad responsable no ha tenido una actuación eficaz y contundente para lograr el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de nulidad 3668/19-PC3-2, no obstante el tiempo en demasía transcurrido desde quedó firme (agosto de 2022). En efecto, se aprecia que la sala de mérito, hasta el siete de marzo de dos mil veintitrés, emitió acuerdo en el que, requirió a la demandada el cumplimiento de la sentencia; asimismo, no obstante que en autos de once de mayo y veintiséis de junio de dos mil veintitrés, se requirió a la autoridad demanda el cumplimiento de la sentencia, se impusieron multas a la referida autoridad y a su superior, además, se ordenó girar oficio al Órgano Interno de Control del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin de hacer de su conocimiento el incumplimiento dado a la sentencia, es evidente que sus actuaciones han sido con retraso no justificado. Sin embargo, en autos no obran las constancias relativas, donde conste el cobro de las multas o el inicio del procedimiento administrativo que corresponda. Lo narrado evidencia que la referida Sala no se ajusta a lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que tal dilación implica que no vela porque sus resoluciones se ejecuten de manera eficaz e inmediata, lo que impacta en los derechos fundamentales del quejoso. Conforme a todo lo anterior, es evidente que la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar en Materia de Pensiones Civil del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Toluca de Lerdo, Estado de México, vulnera en perjuicio de la parte quejosa los derechos fundamentales previstos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues ha omitido vigilar el cumplimiento eficaz de la sentencia dictada en el juicio de nulidad 3668/19-PC3-2, dado que no ha emitido los acuerdos correspondientes tan luego concluyen los plazos otorgados a la demandada. Máxime que la sentencia que nos ocupa, ya constituye en definitiva un derecho subjetivo en favor del ahora quejoso en un juicio contencioso administrativo federal, lo que reviste el carácter de cosa juzgada que debe ser acatada a la brevedad. A su vez, la demandada Encargado de la Subdelegación de Prestaciones de la Oficina de Representación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en la Ciudad de Oaxaca, ha sido omisa en atender la sentencia de nulidad dictada en su contra, pues conforme a las constancias que integran el juicio de origen, no ha cumplido con el fallo, únicamente la Jefa de la Unidad Jurídica del Instituto demandado, se concretó a enviar al Encargado de la Subdelegación de Prestaciones, el oficio REP/OAX/UJ/4454/2022, de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, en que le requirió el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de nulidad. De ahí que si no se ha cumplido la encomienda inmersa en la sentencia de nulidad, es evidente que la omisión en que han incurrido las autoridades responsables deviene inconstitucional, al ir en contra de lo tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En las relatadas condiciones, al resultar fundado el concepto de violación en estudio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, y 77 de la Ley de Amparo, procede conceder la protección de la Justicia Federal solicitada por Juan Moiséis Cruz Vásquez, contra los actos reclamados de la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Toluca de Lerdo, Estado de México, y Encargado de la Subdelegación de Prestaciones de la Oficina de Representación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en la Ciudad de Oaxaca, para que, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, realicen lo siguiente: La Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Toluca de Lerdo, Estado de México, obtenga el cumplimiento de la sentencia definitiva de doce de noviembre de dos mil veinte, dictada en el juicio de nulidad 3668/19-PC3-2, a través de los mecanismos legales que le faculta el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; lo que implica, lleve a cabo sus actos de manera pronta y expedita, dentro de los plazos que prevé dicha legislación. Debiendo recabar las constancias relativas, donde conste el cobro de las multas o el inicio del procedimiento administrativo que corresponda El Encargado de la Subdelegación de Prestaciones de la Oficina de Representación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en la Ciudad de Oaxaca, dé cumplimiento a la sentencia definitiva. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, primer párrafo, a 75, y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Juan Moisés Cruz Vásquez, contra los actos reclamados de la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Toluca de Lerdo, Estado de México, y Encargado de la Subdelegación de Prestaciones de la Oficina de Representación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en la Ciudad de Oaxaca, para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos, conforme a la certificación que antecede se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días para que la parte quejosa para se imponga del contenido del informe justificado rendido por el representante legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar, se fijan las TRECE HORAS DEL TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. NOTIFÍQUESE.

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