Juan Mendoza Miguel y Otros.
Expediente 402/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 402/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Juan Mendoza Miguel y Otros.
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de mayo de dos mil veintidós. Estado de los autos. Vista la certificación que antecede y toda vez que el proveído de ocho de abril de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; se declara que ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Archivo y valoración documental Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente de ésta, este juzgador determina que el este expediente carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del citado ordenamiento. De conformidad con el artículo 21 del citado Acuerdo General, este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años después de ser conservado en el archivo de este órgano jurisdiccional, una vez destruido deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, téngase a la secretaria haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de abril de dos mil veintidós. Radicación. Por recibida la demanda de amparo que promueven Juan Mendoza Miguel, Lamberto García Hernández, Basilio González Avelino, Bartolo Bautista Orozco, Felipe Mendoza Hernández, y María del Carmen Benítez, por propio derecho en su carácter de ejidatarios e integrantes del Comisariado Ejidal de Cerro Marín, Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional, Oaxaca, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 22, con sede en Tuxtepec, Oaxaca, así como los anexos que acompañan; con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmese expediente electrónico e impreso con el número 402/2022 y regístrese en el libro de gobierno, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Análisis de la demanda Ahora bien, la demanda de garantías debe desecharse de plano, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". [.] "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Dicho precepto y fracción fueron interpretados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 377/2013, en el sentido de que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Asimismo, clarificó que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento, a saber: a) La exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y b) Que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consideraciones que dieron origen a la jurisprudencia visible a página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del siguiente rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J.4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." En esas condiciones, es evidente que el acto de procedimiento que se pretende combatir en esta instancia constitucional sólo produce efectos meramente intraprocesales, mas no causa un perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos personales de los inconformes (propiedades, posesiones o derechos). Ello es así, en virtud a que en esta instancia constitucional la parte quejosa reclama medularmente el auto de siete de marzo de dos mil veintidós, dictado por la autoridad responsable en el expediente agrario 436/2021, en el que, en lo conducente no se les reconoció la personalidad jurídica con la que se ostentaron, esto es, la de ejidatarios, y los requirió para que acreditaran tal carácter con documento idóneo, así como para que precisaran porque ese asunto les afecta sus derechos agrarios y humanos y una vez que dieran cumplimiento acordaría lo conducente. Como se advierte, tal actuación no constituye un acto de imposible reparación, pues el mismo no encuadra en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción V, de la ley de Amparo, al no causar un daño de imposible reparación a los ocursantes, en atención al concepto de irreparabilidad que ha quedado expuesto, ya que los promoventes pueden dar cumplimiento al requerimiento formulado y así la responsable darles intervención en dicho juicio, y en caso contrario estarían en aptitud de promover lo correspondiente. Resulta aplicable la tesis XV.6o.3 K (10a.), visible en la página 2300, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 75, Febrero de 2020, Tomo III, Décima Época, Materia Común, bajo el rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA OMISIÓN DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DE PRONUNCIARSE EN LA AUDIENCIA DE LEY RESPECTO DE LAS EXCEPCIONES DE FALTA DE PERSONALIDAD Y PLUS PETITIO QUE EL DEMANDADO HIZO VALER EN EL JUICIO DE ORIGEN [APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 37/2014 (10a.)]. Si el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto consiste en la omisión de un Tribunal Unitario Agrario de pronunciarse en la audiencia de ley respecto de las excepciones de falta de personalidad y plus petitio que en el juicio de origen el demandado hizo valer, la demanda debe desecharse de plano, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, porque los efectos de dicha omisión no son de imposible reparación, al no producir una afectación material a derechos sustantivos, pues no impiden en forma actual el ejercicio de un derecho, sino que sólo son susceptibles de afectar derechos procesales del quejoso, que podrían trascender o no al desenlace del juicio natural; de ahí que en el caso deba aplicarse por analogía la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), en la cual el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de establecer que no procede el juicio de amparo indirecto cuando se reclame la resolución que desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso, determinó la inaplicabilidad de la diversa jurisprudencia P./J. 4/2001, que permitía promover el amparo indirecto contra violaciones adjetivas o procesales en grado predominante o superior, en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo abrogada, ya que la legislación vigente sí precisa lo que debe entenderse por actos de imposible reparación." En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, con apoyo en el artículo 113 del ordenamiento legal citado, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Domicilio Se tiene como autorizado en amplios términos a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Edgar Ariel Roblero Cosme, toda vez que en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales aparece registrada cédula profesional a su nombre para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, no así la de José Alfredo Hernández Jiménez, por no encontrarse registrada en dicho Sistema. Se tienen a las diversas personas como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones, por no acreditar que se encuentran legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Requisito que se considera indispensable a fin de tener certeza de que quién representa a las partes en este juicio constitucional es un experto en derecho que afrontará las obligaciones de su encomienda. Orienta lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Décima Época, publicada el viernes siete de agosto de dos mil veinte, registro 2021840, que es del siguiente tenor: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. El artículo 12 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que el quejoso o el tercero interesado designen autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, los que tratándose de las materias civil, mercantil, laboral (en el caso del patrón), administrativa y penal, deben acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Para lo cual, solo se requiere que en el escrito en el que se otorga la autorización se señalen los datos con los que el autorizado acredite tal carácter. En ese tenor, si el agraviado designa autorizado delegándole las facultades que prevé la indicada disposición y éste no tiene reconocida personalidad ante la autoridad responsable (conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley de la materia) o ante el órgano jurisdiccional de amparo, pero señala el número de su cédula profesional, ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este Alto Tribunal, pudiendo confirmar la información proporcionada mediante consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública." Por otra parte, respecto a la autorización que solicita para la realización de las notificaciones por la vía electrónica, y toda vez que la parte quejosa, proporciona el nombre de usuario "AROBLERO"; por consiguiente, con fundamento en los artículos 77, 78, 79 y 80 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, se le autoriza la consulta vía electrónica de las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran el presente juicio de amparo, a través del portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal. De igual manera, se le faculta para presentar promociones y recursos por ese medio; con fundamento en los artículos 26 fracción IV, 30, fracciones II y III, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, 55 a 67 y 96 a 105 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza que las notificaciones relativas a este expediente se le practiquen al quejoso únicamente por vía electrónica, con el nombre del usuario de la persona citada, por así solicitarlo expresamente; en el entendido que de no ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, dentro del plazo máximo de dos días a partir de que éste órgano de control constitucional hubiere enviado la determinación respectiva, se autoriza al Actuario para que levante la razón correspondiente y tenga por hecha la notificación. Así también, se les tiene proporcionando el número telefónico 9511878401 y 9512442366 y el correo electrónico abogariell@hotmail.com, como medios de contacto para entablar comunicación no procesal. Uso de medios electrónicos Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados o delegados, según sea el caso, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro y texto: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 264/2011,(1) estableció que conforme a la ratio legis del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las partes en el juicio de amparo tienen el derecho subjetivo general de solicitar, a su costa, copia certificada de las constancias que fueron integradas al expediente por la autoridad responsable a través de su informe justificado, sin que se prevea restricción alguna. Luego, acotando que la obligación de mantener la reserva y sigilo de constancias establecida en el numeral 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, está dirigida al Ministerio Público y no al Juez de Distrito, se deduce que válidamente puede autorizarse al quejoso la expedición de copias certificadas de las constancias en que aparezca la averiguación previa o la orden de aprehensión girada en su contra, cuando por virtud del informe justificado esas constancias se integren al juicio de amparo, porque no hacerlo podría generar una limitación al derecho de igualdad procesal del quejoso relacionado con el ejercicio del derecho de acceso a la justicia. Lo anterior, sin perjuicio de que conforme al artículo 113 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información contenida en las investigaciones de delitos ante el Ministerio Público, se considera reservada, ya que tal disposición no se ve afectada cuando se trata de información concerniente a la propia persona del quejoso y el acceso a esa información redunda directamente en el ejercicio de su derecho fundamental de defensa; de ahí que la información "reservada o confidencial" contenida en la averiguación previa y/o en la orden de aprehensión aportada mediante el informe justificado, debe entenderse con esa connotación siempre que se trate de personas diversas del quejoso, o se trate de información que no esté relacionada directamente con éste, pues en este supuesto sí debe operar la protección de datos prevista en diverso numeral 114 de la mencionada ley." Habilitación de horas Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto, y entregue los oficios que del mismo deriven. Protección de datos Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Integración de expediente electrónico Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino (siete horas con cuarenta y cinco minutos a trece horas con cuarenta y cinco minutos), en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se autoriza este proveído con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), así como los subsecuentes que recaigan mientras se prorrogue la vigencia del referido Acuerdo General; quedando pendiente su engrose por el personal de mesa de trámite en los días que tiene autorizado acudir presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexará al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,308 expedientes
- Juan Mario Rios425/2021
- Juan Martínez Trujillo497/2021
- Juan Martínez Trujillo769/2018
- Juan Martínez Valencia31/2022
- Juan Matadamaz Vasquez487/2015
- Juan Mendoza García931/2016
- Juan Mendoza Valeriano530/2018
- Juan Miguel López Ortiz758/2015
- Juan Miguel Mata Bustos1781/2016
- Juan Miguel Portuondo Deroncele y Otros.1097/2023
- Juan Moisés Cruz Vásquez692/2023
- Juan Molina Alvarez1464/2014