Juan Migueles Jiménez
Expediente 837/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 59 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 837/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 59
- Última actuación
- 25/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Juan Migueles Jiménez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 59.
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PRAL.837/2021.MESA-5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Gestiones para el pago de honorarios. Agréguese el oficio firmado por el *******, con residencia en este municipio, mediante el cual, en atención a la solicitud que se planteó en auto de catorce de octubre de este año -fojas 400 y 401-, comunica que el trámite para el pago de gastos y honorarios del perito oficial que intervino en este juicio se debe llevar a cabo de conformidad con los artículos 9, 10, 16 y 17 del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en materia pericial", publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de septiembre de dos mil veintiuno. Por ello, solicita que se remita a dicha Unidad Administrativa, lo siguiente: "- Oficio dirigido al **********solicitando el pago de honorarios, al que acompañará copia del proveído u oficio en donde señale expresamente que ese Órgano Jurisdiccional autoriza y aprueba el pago de los honorarios por la cantidad de $ (importe con número y letra) al perito **********. El dictamen y su ratificación". Aprobación y solicitud de pago. Atento a lo manifestado por la autoridad oficiante, con fundamento en el artículo 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en materia pericial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de septiembre de dos mil veintiuno, y disposición sexta del arancel para el cálculo de honorarios y gastos de las personas que pueden fungir como peritas y peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, se aprueba la cotización presentada por el perito *********el veinticinco de mayo de dos mil veintidós -fojas 296 a 298-, por la cantidad de $9,092.03 M.N.(nueve mil noventa y dos pesos, tres centavos, moneda nacional). En consecuencia, se solicita atentamente al ***********, con residencia en este municipio, que proceda al pago de los honorarios del perito oficial, por la cantidad antes señalada, para lo cual, se le remite copia certificada del a) dictamen pericial emitido por el citado profesionista -fojas 365 a 368- y de la b) diligencia de ratificación de cuatro de octubre de este año -foja 389-. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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PRAL.837/2021.MESA-5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de noviembre de dos mil veintidós. 1. Plazo para la interposición de recurso. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada en la audiencia constitucional de diecisiete de octubre de este año, en la que, por una parte, se sobreseyó en el juicio y, por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso *****; sin que lo hubiesen hecho. 2. Firmeza de la sentencia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 3. Requerimiento de cumplimiento de la sentencia. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, 1) síndico Municipal 2) síndico suplente, 3) ******, 4) ******, 5) *******y 6) *******, todos del municipio de Tamazulapam del *****, que dentro del plazo de tres días procedan a cumplir con la sentencia dictada en este juicio, en los términos planteados en ella, a saber: ".deberán proceder en los términos siguientes: Dejen sin efecto ni valor alguno el acta convenio de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, celebrada en la Sindicatura Municipal y Alcaldía Única Constitucional del municipio de ******." Con la precisión que, dentro del mismo plazo (tres días), deberán remitir copia certificada de las constancias que acrediten el acatamiento. 3.1 Apercibimiento. Se hace de su conocimiento que, de incumplir sin causa justificada, se le impondrá a cada uno, la multa equivalente a cien días calculados sobre el valor diario de la unidad de medida y actualización que es de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 M.N); por tanto, la medida que, en su caso, se imponga, ascenderá a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 M.N); con independencia de ello, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución. La medida de apremio con la que se les apercibe se sustenta en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, en tanto que la aplicación de la unidad de medida tiene su base en el numeral 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, Constitucional, en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. 4. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la resolución sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 5. Devolución de constancia original. Como se hizo constar en la certificación de cuenta, en esta Secretaría obra, en un sobre cerrado, el original del acta de convenio de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, exhibido por la síndico Municipal de Tamazulapam del Espíritu Santo, Mixe, Oaxaca -autoridad responsable-; por tanto, se ordena su devolución mediante oficio, toda vez que carece de objeto su permanencia en este Juzgado. Con la precisión que tal oficio deberá entregarse a la autoridad de referencia, por correo postal, con la finalidad de asegurar la entrega del documento original que se devuelve. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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PRAL.837/2021.MESA-5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Expedición de copia certificada. Incorpórese a los autos el escrito firmado por el quejoso *******, por medio del cual solicita copia certificada de las constancias que indica; en su atención, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, expídase a su costa la copia certificada que solicita; teniendo por autorizadas para recibirla a las personas que menciona, previa identificación y razón de entrega que se deje en autos. En el entendido que para ello deberán observarse, al menos durante su periodo de vigencia, los lineamientos establecidos para la atención al público en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (generación de cita para ingresar al órgano jurisdiccional mediante código QR), con motivo de las medidas implementadas en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia sanitaria por el COVID-19. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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PRAL.837/2021.MESA-5 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las diez horas con veinticinco minutos del diecisiete de octubre de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas en acuerdo de treinta de septiembre de este año para celebrar la audiencia constitucional, el juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, Ponciano Velasco Velasco, asistido de la secretaria Julissa Nohemí Pérez Salinas, quien da fe, la declara abierta, sin asistencia de las partes. Enseguida, la secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que destacan: 1) la demanda de amparo promovida por Juan Migueles Jiménez, por propio derecho, 2) la ampliación de esa demanda, 3) los informes justificados de las autoridades responsables, 4) la constancia de emplazamiento a juicio de la parte quejosa y 5) el dictamen pericial ratificado, respecto al desahogo de la prueba pericial en materia de grafoscopía; asimismo, informa que no existe documento con el que deba darse cuenta; y hace constar que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales. A lo anterior, se acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente al dictarse sentencia. Posteriormente, se declara abierto el periodo probatorio, en el cual se hace constar que las partes ofrecieron las siguientes: Parte quejosa. Copia simple del acta de convenio de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, celebrada en la Sindicatura Municipal y Alcaldía Única Constitucional del municipio de Tamazulapam del Espíritu Santo, Mixe, Oaxaca (fojas 14 a 15). Copia simple del acta de convenio de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, celebrada en la Sindicatura Municipal y Alcaldía Única Constitucional del municipio de Tamazulapam del Espíritu Santo, Mixe, Oaxaca (fojas 109 a 110). Copia simple del oficio 148/2021 de uno de septiembre de dos mil veintiuno, de la Fiscalía Local de Ayutla Mixe, Oaxaca (foja 106). Copia simple de la respuesta otorgada al mencionado oficio 148/2021 (fojas 107 a 108). Pericial en materia de grafoscopía (fojas 168, 361 a 362 y 365 a 388). Presuncional legal y humana. Instrumental de actuaciones. Autoridades responsables. Síndico municipal, síndico suplente, alcalde municipal, alcalde suplente y secretaria interina de la Sindicatura Municipal, todos del municipio de Tamazulapan del Espíritu Santo, Mixe, Oaxaca: Copia certificada del acta de convenio de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, celebrada en la Sindicatura Municipal y Alcaldía Única Constitucional del municipio de Tamazulapam del Espíritu Santo, Mixe, Oaxaca (fojas 88 a 89). Copia certificada del acta de hechos de ocho de julio de dos mil veintiuno, celebrada en la Sindicatura Municipal y Alcaldía Única Constitucional del municipio de Tamazulapam del Espíritu Santo, Mixe, Oaxaca (fojas 90 a 91). Original del acta de convenio de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, celebrada en la Sindicatura Municipal y Alcaldía Única Constitucional del municipio de Tamazulapam del Espíritu Santo, Mixe, Oaxaca (obra por separado, en sobre cerrado -foja 343 a 344-). Presuncional legal y humana. Instrumental de actuaciones. Acto continuo, el juez acuerda: tomando en consideración que las documentales referidas se desahogaron durante la secuela del juicio en razón de su propia y especial naturaleza; en tanto que respecto a la prueba pericial se recibió dictamen que fue ratificado por el perito oficial; todas esas probanzas serán valoradas al momento de emitir la sentencia correspondiente. Y en relación con las pruebas presuncional e instrumental de actuaciones, que derivan de las propias constancias de autos, se tomará en consideración la totalidad de las actuaciones y, de ser preciso, se deducirán las presunciones que se aprecien en favor del oferente de esas pruebas. A continuación, se declara cerrado el periodo probatorio, y se ordena pasar a la etapa de alegatos, en la cual la secretaria hace constar que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho; por lo cual, se cierra esta fase. Con lo anterior se da por concluida la audiencia y se procede a dictar la resolución correspondiente. S E N T E N C I A Visto para resolver el juicio de amparo 837/2021; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veinte de julio de dos mil veintiuno en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, y recibido el veintiuno siguiente en este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca (fojas 9 a 13), Juan Migueles Jiménez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra un acto del síndico municipal de Tamazulapam del Espíritu Santo, Oaxaca, y de otras autoridades, que hizo consistir en lo siguiente: (A continuación se inserta imagen) Al respecto, dicho ocurso fue dirigido al juicio de amparo 729/2021, del índice de este Juzgado, presentado como ampliación de la demanda de amparo que le dio origen. SEGUNDO. Derechos fundamentales que la parte quejosa estima vulnerados. En relación con el acto reclamado, la parte quejosa formuló conceptos de violación para demostrar que, según lo considera, las autoridades responsables vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. 1° Recepción en vía de ampliación de demanda, en diverso juicio de amparo. Mediante acuerdo de veintiocho de julio de dos mil veintiuno dictado en el expediente de amparo 729/2021 de este Juzgado (fojas 20 a 27), se proveyó la ampliación de la demanda de amparo suscrita por el quejoso Juan Migueles Jiménez, contra las autoridades responsables: 1) síndico Municipal, 2) síndico suplente, 3) alcalde único Constitucional, 4) alcalde suplente y 5) secretario de la Sindicatura Municipal, todos del municipio de Tamazulapam del Espíritu Santo, Mixe, Oaxaca; de quienes reclamó el acta convenio de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. No obstante, en esa fecha (28/07/2021) se determinó que ese nuevo acto no era de estrecha relación con los reclamados en la demanda inicial 729/2021. De ahí que se ordenó remitir su escrito original, anexo y las copias del mismo, a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación en San Bartolo Coyotepec, a fin de que procediera a su registro como nueva demanda de amparo indirecto y la remitiera al Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, en turno. 2° Diverso Juzgado rechaza conocimiento por turno. Mediante determinación de treinta de julio de dos mil veintiuno inserta en el oficio 18363/2021 (foja 2 a 3), el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, rechazó el conocimiento del asunto, que le fue turnado por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca; pues precisó que correspondía a este Juzgado el conocimiento, debido a que la nueva demanda derivaba de una ampliación de diverso juicio de amparo radicado en este órgano jurisdiccional. 3° Se radica nuevo expediente de amparo. En proveído de nueve de agosto de dos mil veintiuno este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca se avocó al conocimiento de la demanda de amparo, admitiéndola a trámite (fojas 30 a 36); asimismo, requirió informe justificado a las autoridades responsables, dio intervención a la agente de Ministerio Público de la adscripción, reservó emplazar a la persona a la que le resultara el carácter de tercera interesada y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. 4° Ampliación de la demanda de amparo. Posteriormente, el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno (fojas 97 a 101) el quejoso promovió ampliación de la demanda de amparo; a la que recayó la prevención de veintidós de octubre de ese año (fojas 111 a 112), en donde se le requirió que narrara antecedentes del nuevo acto reclamado y la fecha en que tuvo conocimiento del mismo. Y una vez atendida esa prevención, la ampliación de la demanda se admitió el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno (fojas 127 a 132), requiriendo el informe justificado de las autoridades responsables. 5° Parte tercera interesada. En el mismo auto de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno se ordenó el emplazamiento a juicio de la tercera interesada Hilaria Jiménez Albino, por conducto del despacho girado al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Zacatepec, Mixes, Oaxaca (fojas 129 reverso a 130); emplazamiento que se verificó el seis de abril de dos mil veintidós (fojas 270 y 291), sin que se apersonara al juicio. 6° Pruebas no admitidas en el juicio. En determinación de veintidós de noviembre de dos mil veintidós se desecharon las pruebas a) pericial en materia de topografía y agrimensura, y b) testimonial (fojas 130 reverso a 132) ofrecidas por la parte quejosa; de ahí que, inconforme, interpuso el recurso de queja, al que se dio trámite el uno de diciembre de dos mil veintiuno (foja 148), cuyo conocimiento correspondió al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, el que por ejecutoria de ocho de abril de dos mil veintidós dictada en el recurso de queja 4/2022, la declaró infundada (fojas 215 a 224). Posteriormente, en auto de veinte de abril de dos mil veintidós nuevamente se desecharon las pruebas a) pericial en materia de topografía y agrimensura, y b) testimonial (fojas 230 a 233) ofrecidas por la parte quejosa; determinación que causó estado el diez de mayo de dos mil veintidós (foja 265). 7° Desahogo de prueba pericial en materia de grafoscopía. En el proveído de veinte de abril de dos mil veintidós se admitió la pericial en materia de grafoscopía ofrecida por la parte quejosa en el escrito de ampliación de demanda y que reiteró en su escrito presentado el seis de diciembre de dos mil veintiuno (foja 228 reverso a 229); y después de diversas gestiones para la designación de un perito oficial y allegarse del documento original que sería materia de análisis, el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós se realizaron los ejercicios caligráficos (fojas 361 a 362) y el cuatro de octubre de este año el perito oficial emitió el dictamen pericial en materia de grafoscopía (fojas 365 a 388), mismo cuyo contenido fue ratificado en diligencia de la misma fecha. 8° Audiencia constitucional. Finalmente, después de múltiples diferimientos en el juicio, se integró debidamente para la celebración de la audiencia constitucional que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, de diecisiete de octubre de dos mil veintidós. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal; 35 y 37 de la Ley de Amparo; 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en términos del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa, y las consecuencias jurídicas y materiales de los actos reclamados tienen verificativo en Tamazulapan del Espíritu Santo, Mixe, Oaxaca, lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Acorde con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo y su ampliación, se advierte que Juan Migueles Jiménez reclama de las autoridades responsables: Del 1) síndico municipal 2) síndico suplente, 3) alcalde único constitucional, 4) alcalde suplente y 5) secretaria interina de la Sindicatura Municipal, todos del municipio de Tamazulapam del Espíritu Santo, Mixe, Oaxaca: El acta convenio de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, aparentemente celebrada entre Hilaria Jiménez Albino y Juan Migueles Jiménez, en la Sindicatura Municipal y Alcaldía Única Constitucional del municipio de Tamazulapam del Espíritu Santo, Mixe, Oaxaca (foja 88). Del 1) síndico Municipal 2) síndico suplente, 3) alcalde único constitucional, 4) alcalde suplente, 5) presidenta de la instancia de la mujer y 6) regidor de salud, todos del municipio de Tamazulapam del Espíritu Santo, Mixe, Oaxaca: El acta convenio de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, aparentemente celebrada entre Hilaria Jiménez Albino y Juan Migueles Jiménez, en la Sindicatura Municipal y Alcaldía Única Constitucional del municipio de Tamazulapam del Espíritu Santo, Mixe, Oaxaca (fojas 343 a 344). TERCERO. Existencia de actos reclamados. Al rendir informe justificado, todas las autoridades negaron los actos reclamados (fojas 72 y 172); sin embargo, la negativa queda desvirtuada con las manifestaciones realizadas en los propios informes, pues en los mismos se hizo referencia a la existencia de las actas convenio reclamadas por el quejoso y se pretendió justificar que no son inconstitucionales. En efecto, las autoridades refirieron lo siguiente: (Foja 72) ".NEGAMOS A SU SEÑORIA, que el acto reclamado, respecto del acta de convenio de fecha veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, haya sido realizado de manera unilateral por los suscritos. Haciendo la aclaración que dicha acta, si bien es cierto que los suscritos intervenimos en ella, dicha intervención fue realizada facultada en nuestras funciones respectivas en el municipio de Tamazulapam del Espíritu Santo, conforme lo establece la ley orgánica municipal." (Lo resaltado es propio) (Foja 173) ".2.- El acta convenio de cesación de concubinato y repartición de bien inmueble de fecha veinticinco de junio de dos mil veintiuno.fue realizado conforme a derechos, esto debido a primeramente, como ya se explicó en el párrafo somos una comunidad indígena reconocida, la cual se rige bajo el sistema normativo indígena (usos y costumbres) . NEGAMOS A SU SEÑORIA, que el acto reclamado, haya sido realizado de manera unilateral por los suscritos. Haciendo la aclaración que dicha acta, SI BIEN ES CIERTO QUE LOS SUSCRITOS INTERVENIMOS EN ELLA, DICHA INTERVENCIÓN FUE REALIZADA FACULTADA EN NUESTRAS FUNCIONES RESPECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULAPAM DEL ESPÍRITU SANTO, conforme lo establece la ley orgánica municipal." (Lo resaltado es propio) Como se ve, aunque las autoridades negaron la existencia de los actos reclamados, expusieron razones de las que se desprende que sí existen; máxime que ello se corrobora con las documentales ofrecidas como prueba por las autoridades responsables, consistentes, precisamente, en copia certificada y original de las actas convenio reclamadas, de veintisiete de mayo y veinticinco de junio de dos mil veintiuno, a las que, desde ahora, se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dado que de las mismas se advierte la intervención de todas las autoridades en la suscripción de esas actas; en consecuencia, son ciertos los actos que reclama el quejoso. Tiene aplicación, en lo conducente, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA". CUARTO. Causales de improcedencia del juicio de amparo. Previo al análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede el estudio de las causas de improcedencia invocadas por las partes o que este órgano jurisdiccional advierta oficiosamente, en razón de que se trata de presupuestos de orden público y de estudio preferente, conforme a la técnica del juicio de amparo, y su eventual actualización impide el estudio del fondo de este asunto constitucional. PRIMER ACTO RECLAMADO Por lo que hace al primer acto reclamado, consistente en el acta de convenio de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, se aprecia, de oficio, que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXI del precepto 61 de la Ley de Amparo. La causal de mérito se actualiza cuando la autoridad revoca el acto reclamado y sus efectos se destruyen en forma total e incondicional, de tal modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deja ninguna huella. Y en caso de que el acto reclamado sea una omisión u abstención, la cesación de efectos se actualiza cuando las autoridades responsables abandonan su conducta negativa y proceden de manera positiva, de acuerdo a la pretensión del quejoso. Se invoca en apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página treinta y ocho, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Bajo esas condiciones, se aprecia que en auto de doce de septiembre de dos mil veintidós se recibió el original del acta de convenio de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, que las autoridades responsables remitieron previo requerimiento de este Juzgado, en razón de que fue señalada como acto reclamado en la ampliación de la demanda; y justamente en su punto resolutivo octavo se dejó sin efectos la primera acta de convenio de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, para dejar subsistente solamente lo acordado en la segunda acta, esto es, la de veinticinco de junio de dos mil veintiuno. En ese contexto, cesaron los efectos del acta de convenio de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, celebrada en la Sindicatura Municipal y Alcaldía Única Constitucional del municipio de Tamazulapam del Espíritu Santo, Mixe, Oaxaca (fojas 14 a 15); porque la misma fue sustituida por la de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, en razón de que en esta última se precisó que las partes intervinientes no habían quedado conformes con el contenido de la primera acta, de modo que "decidieron" celebrar un nuevo convenio que la dejara sin efecto alguno. Así, solo por cuanto hace al primer acto reclamado, procede sobreseer en este juicio de amparo, con apoyo en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. SEGUNDO ACTO RECLAMADO En relación con el acto reclamado en la ampliación de la demanda de amparo, consistente en el acta de convenio de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, se advierte que en su informe justificado las autoridades responsables dijeron invocar tres causas de improcedencia. No obstante, jurídicamente, solamente se hacen valer dos causas, porque la que alegan como inexistencia del acto reclamado no constituye una causa de improcedencia, en términos del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por el contrario, la inexistencia del acto reclamado es un motivo de sobreseimiento en el juicio, como lo prevé el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo; empero, no le asiste razón a las autoridades responsables, pues tal aspecto ya fue abordado en el considerando que antecede, en el que se concluyó que sí existe el acta de convenio de veinticinco de junio de dos mil veintiuno. Entonces, solamente se abordarán las dos causales que las autoridades afirman que se actualizan en este juicio, en relación con la referida acta de convenio de veinticinco de junio de dos mil veintiuno: 1. No se agotó el medio ordinario de defensa, previo a la promoción del juicio de amparo. En primer lugar, el 1) síndico Municipal 2) síndico suplente, 3) alcalde único constitucional, 4) alcalde suplente, 5) presidenta de la instancia de la mujer y 6) regidor de salud, todos del municipio de Tamazulapam del Espíritu Santo, Mixe, Oaxaca, sostienen que el juicio es improcedente, porque era necesario que la parte quejosa promoviera juicio de nulidad previo al ejercicio de la acción de amparo; es decir, que no observó el denominado principio de definitividad en el juicio de amparo, porque afirman que si reclama un acto administrativo emitido conforme a las facultades previstas en la Ley Orgánica Municipal, debió agotar el juicio de nulidad que prevé la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, porque no se actualiza excepción alguna que lo autorice a acudir directamente al juicio de amparo. Entonces, hacen valer la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." Del citado precepto legal se conoce que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando proceda en su contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal por el cual dichos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados. Lo anterior, siempre y cuando para la procedencia del recurso no se exijan más requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para otorgar la suspensión, ni un plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la misma; además, que no existe obligación de agotar tales medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, si sólo se alegan violaciones directas a la Constitución o si el recurso se encuentra previsto en un reglamento sin estar contemplado en la ley aplicable. En relación a lo anterior, el numeral 215, fracción III, de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca dispone como requisito para conceder la suspensión del acto reclamado, que con la ejecución de éste se generen al solicitante daños y perjuicios de difícil reparación; elemento que no está previsto en el artículo 128 de la Ley de Amparo. Por tanto, dicha Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca establece mayores exigencias para conceder la suspensión del acto impugnado que las señaladas en la Ley de Amparo; de modo que se actualiza una de las excepciones contempladas en el primer párrafo de la fracción XX del invocado numeral 61 de la misma, lo que implica que es infundada la invocada causal de improcedencia del juicio constitucional; por ello, este juicio no debe sobreseerse con el argumento de que era necesario promover, previamente, el juicio contencioso administrativo o juicio de nulidad. Así lo determinó el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en la jurisprudencia XIII.2o.C.A. J/1 A (10a.) de aplicación obligatoria para este Juzgado, consultable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 74, enero de 2020, tomo III, página 2368, registro 2021383, de rubro: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA LEY DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO DE OAXACA, ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LOS SEÑALADOS EN LA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, POR LO QUE NO DEBE DESECHARSE LA DEMANDA DE AMPARO O SU AMPLIACIÓN EN EL AUTO INICIAL, CON EL ARGUMENTO DE QUE PREVIAMENTE DEBE AGOTARSE AQUÉL". 2. Actos consentidos expresamente por el quejoso. En segundo lugar, el 1) síndico Municipal, 2) síndico suplente, 3) alcalde único constitucional, 4) alcalde suplente, 5) presidenta de la instancia de la mujer y 6) regidor de salud, todos del municipio de Tamazulapam del Espíritu Santo, Mixe, Oaxaca, afirman que el quejoso consintió expresamente el acta de convenio de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, porque compareció ante esas autoridades a firmarlo, lo que implica que expresó su conformidad con su contenido. Entonces, hacen valer la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; - - -- (.)" De la norma inserta se obtiene que el juicio de amparo resulta improcedente cuando el quejoso ha consentido expresamente el acto reclamado, o bien, ha hecho manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; situación que responde a un principio de seguridad jurídica orientado a evitar que la parte quejosa haga uso del juicio de amparo para desconocer los efectos de la conducta que ella misma haya exteriorizado de manera libre y espontánea con arreglo al acto o ley de que se trate. El consentimiento, para efectos de la improcedencia del juicio de amparo debe entenderse como la manifestación de voluntad del quejoso que opta por someterse a los efectos de la ley o acto reclamados, pues sólo en ese supuesto puede afirmarse que la promoción del juicio resultaría ilegítima, ya que con ella se pretendería sustraer a su propia conducta. En respaldo de lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J. 148/2006 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "CONSENTIMIENTO EXPRESO COMO CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EL QUEJOSO SE ACOGE A UN BENEFICIO ESTABLECIDO A SU FAVOR, CUYO NACIMIENTO ESTÁ CONDICIONADO, POR LA OBLIGACIÓN O PERJUICIO QUE LE OCASIONA EL ACTO RECLAMADO. El artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento, lo cual debe entenderse como el acatamiento consciente a una ley o acto que cause un agravio o perjuicio presente y actual al quejoso. En esas condiciones, si el acto o la ley reclamada en el amparo establece diversas prescripciones, entre las que se encuentra un beneficio en favor del particular afectado, cuyo nacimiento está condicionado necesariamente a la aceptación de un perjuicio, una vez que el quejoso se haya acogido a aquél, dicha conducta supone también la aceptación de este último, por lo que el juicio de amparo resulta improcedente en los términos del precepto citado." En tal sentido, es un hecho social y jurídicamente aceptado, que la expresión de la voluntad se puede realizar, por regla general, por escrito y a través de firma autógrafa (o electrónica, dado el avance tecnológico), como una formalidad indispensable para acreditar tanto la voluntad del suscriptor para realizar el acto correspondiente, como la autenticidad del documento; entendiéndose que si un documento carece de la firma del suscriptor, no existe su manifestación de voluntad. Al respecto, el artículo 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dispone que se reputa autor de un documento privado al que lo suscribe -con la excepción de que trata el artículo 206-, de modo que la subscripción hace plena fe de la formación del documento por cuenta del subscriptor, aun cuando el texto no haya sido escrito ni en todo ni en parte por él, excepto por lo que se refiere a agregados interlineales o marginales, cancelaciones o cualesquiera otras modificaciones contenidas en él, las cuales no se reputan provenientes del autor, si no están escritas por su mano, o no se ha hecho mención de ellas antes de la subscripción. Entonces, si un documento está firmado, se presume auténtico el documento y existente la voluntad de su subscriptor para realizar el acto correspondiente, salvo prueba en contrario; es decir, mientras no se demuestre que la firma de que se trata no fue puesta del puño y letra del titular. Ahora, en el caso, las autoridades responsables afirman que el acta de convenio de veinticinco de junio de dos mil veintiuno fue emitida en razón de que así lo solicitaron conjuntamente el quejoso Juan Migueles Jiménez y la tercera interesada Hilaria Jiménez Albino, y que ambos estuvieron conformes con su contenido desde el día de la firma, en esa fecha; razón por la que alegan que el quejoso consintió expresamente el acto reclamado. No obstante, el quejoso afirmó en este juicio que él no firmó ese documento, y para demostrarlo ofreció la pericial en materia de grafoscopía, cuyo dictamen rindió el perito oficial el cuatro de octubre de este año, en el cual concluyó que la firma que obra en el acta convenio de veinticinco de junio de dos mil veintiuno no corresponde al puño y letra de Juan Migueles Jiménez, pues, como lo mencionó el experto en la materia, "la firma dubitable o cuestionada, fue imitada por medio del ardid de la reproducción servil" (foja 388). En efecto, de la mencionada experticia se advierte que el perito oficial realizó su dictamen con base en el estudio de la firma cuestionada y la diversa indubitable que sirvió como base para llegar a las siguientes conclusiones: Experticia a la que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente conforme lo prescribe el diverso 2° de la Ley de Amparo, se le otorga eficacia probatoria plena; conforme al principio de valoración de las pruebas, pues este juzgador debe analizar dicha pericial para establecer si contiene los razonamientos en los cuales el experto basó su opinión, que lo llevaron a emitir su dictamen; luego, como el experto fue lo suficientemente claro al exponer los objetivos, fundamentos teóricos, marco conceptual, técnicas, métodos, datos y demás elementos para llegar a tales conclusiones, es que se le otorga valor probatorio pleno. Bajo esas condiciones, deviene infundada la causal de improcedencia invocada por las autoridades responsables, en relación con el acta de convenio de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, porque si el quejoso no la firmó, entonces no puede afirmarse que haya consentido expresamente el acto reclamado, ni siquiera obran elementos en autos que permitan aseverar que hizo manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; pues de hecho promovió la ampliación de la demanda de amparo inconforme con esa acta de convenio, refiriendo, bajo protesta de decir verdad, que se enteró de su existencia el ocho de octubre de dos mil veintiuno, cuando le leyó su contenido el titular de la Agencia del Ministerio Público de San Pedro y San Pablo Ayutla, Mixes, Oaxaca (foja 119); sin que en autos se haya demostrado lo contrario. Dicho lo anterior, como las partes no hicieron valer diversa causal de improcedencia ni este órgano jurisdiccional aprecia que se actualice alguna respecto al acta convenio de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, que deba analizarse de oficio; lo procedente es entrar al estudio de los actos reclamados. QUINTO. Estudio de fondo. Se estima innecesario transcribir los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, ya que con ello no se transgreden los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias de amparo; atento a la jurisprudencia 2ª/J 58/2010, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". No obstante, para mayor claridad en el análisis de este asunto, se precisa que, toralmente, el quejoso afirma que se vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, debido a que el acta convenio de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, aparentemente celebrada entre Hilaria Jiménez Albino y Juan Migueles Jiménez, fue emitida por autoridades incompetentes, sin la debida fundamentación y motivación y afectando sus derechos, sin que hubiera sido oído ni vencido en juicio, con las formalidades esenciales del procedimiento. En ese sentido, de las constancias que obran en este juicio de amparo, con pleno valor probatorio en su calidad de documental pública, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, se advierte lo siguiente: a) Con motivo de un aparente conflicto entre el aquí quejoso Juan Migueles Jiménez y la tercera interesada Hilaria Jiménez Albino, el 1) síndico Municipal, 2) síndico suplente, 3) alcalde único constitucional, 4) alcalde suplente, 5) presidenta de la instancia de la mujer y 6) regidor de salud, todos del municipio de Tamazulapam del Espíritu Santo, Mixe, Oaxaca, se reunieron en la Sindicatura Municipal y Alcaldía Única Constitucional del Ayuntamiento de ese Municipio, el veinticinco de junio de dos mil veintiuno. b) Dichas autoridades hicieron constar que comparecieron Juan Migueles Jiménez y la tercera interesada Hilaria Jiménez Albino, y que ambos viven en concubinato. c) Además, se precisó en el acta que, al estar todos presentes, se procedía al análisis del caso para la separación conyugal (sic) y separación del bien inmueble. Resolviendo las autoridades municipales, en las cláusulas tercera a séptima, lo siguiente: Como se ve, esencialmente las autoridades municipales determinaron la cesación de un concubinato, separación de los concubinos y repartición del bien inmueble que dijeron habitar. Bajo esa condición, el concepto de violación esgrimido por la parte quejosa es fundado, dado que en el acta convenio de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, aparentemente celebrada entre Hilaria Jiménez Albino y Juan Migueles Jiménez, las autoridades responsables: 1) síndico Municipal, 2) síndico suplente, 3) alcalde único constitucional, 4) alcalde suplente, 5) presidenta de la instancia de la mujer y 6) regidor de salud, todos del municipio de Tamazulapam del Espíritu Santo, Mixe, Oaxaca, determinaron cuestiones relativas al patrimonio y estado civil de las personas, sin que tengan facultades constitucionales ni legales para ello, vulnerando el derecho fundamental del quejoso de legalidad y seguridad jurídica a que se refieren los numerales 14 y 16 de la Constitución Federal, como ahora se demostrará. Dentro del sistema de legalidad establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no basta tener el carácter de autoridad, entendido como tal todo órgano del Estado material o formal, facultado para emitir una orden o mandato que, por su fuerza imperativa o coercitiva, repercute en la esfera jurídica de los gobernados, sino que es indispensable que su actuar se ajuste y respete el mínimo de derechos contenidos en la norma fundamental de los ciudadanos, brindando seguridad y certeza jurídica, ajustando su actuar a las formalidades esenciales del procedimiento; además de ser necesario que la autoridad funde y motive la causa legal de su determinación; es decir, que rija su actuación conforme a los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, que disponen: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. [.]" Como se ve, el primer artículo citado dispone que nadie puede ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento; y el segundo artículo precisa que los actos de autoridad requieren una debida fundamentación y motivación, más aún cuando éstos tienden a realizar un acto de molestia en los particulares; de donde se aprecia que la ley debe prever una situación concreta que faculte a la autoridad a realizar el acto; en otras palabras, es necesaria la existencia de una ley que autorice el actuar del Estado, de lo cual deriva que las autoridades sólo pueden hacer lo permitido en la ley. En el caso concreto, las autoridades responsables resolvieron la separación de dos personas, a quienes las propias autoridades consideraron como concubinos, y resolvieron también el estado en que habrían de quedar en relación con la vivienda y terreno que, dijeron, habitaron. Empero, de acuerdo con el Código Civil y Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Oaxaca, sólo el juez de lo Familiar está facultado para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, decretando las medidas precautorias que tiendan a preservar la familia y proteger a sus miembros. Cierto, los artículos 196, 198, 199, 200, 201, 202 y 210 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, disponen lo siguiente: "Artículo 196.- El cónyuge que intente demandar, denunciar o querellarse en contra del otro, puede solicitar su separación al Juez competente, quien dictará las medidas necesarias a fin de determinar cual de los cónyuges se hará cargo del cuidado de los hijos y la forma de subvenir a sus necesidades alimenticias, para que éste, si así lo desea, siga habitando la casa conyugal, y prevendrá al otro, para que señale la casa donde habitará mientras dure el procedimiento correspondiente". "Artículo 198.- Sólo los Jueces de Primera Instancia pueden decretar la separación a que se refiere el artículo 196, a no ser que, por circunstancias especiales y por la urgencia del caso, no se pueda acudir al Juez del lugar en donde se encuentre el domicilio conyugal o el cónyuge que desee separarse. En este caso, el Juez del lugar podrá decretar la separación provisional y deberá remitir las diligencias al Juez competente para que siga conociendo de ellas". "Artículo 199.- En la solicitud, que puede ser verbal o escrita se señalarán las causas en que se funda, la casa en donde habitará el cónyuge que se separa, se informará sobre la existencia de hijos menores o incapacitados y se expondrán las demás circunstancias del caso". "Artículo 200.- El Juez practicará todas las diligencias que sean necesarias para proteger a los menores hijos, a quienes deberá escuchárseles en presencia del Ministerio Público. Asimismo, dictará todas las medidas que sean necesarias para evitar que los cónyuges, se causen daños y perjuicios entre sí, o los causen a los bienes comunes. El juez practicará las diligencias que a su juicio sean necesarias antes de dictar resolución. En el caso de violencia familiar tomará en cuenta los dictámenes, informes y opiniones que hubieren realizado las instituciones públicas o privadas dedicadas a atender estos asuntos". "Artículo 201.- El Juez resolverá de inmediato sobre la solicitud y dictará las medidas necesarias para que se realice la separación. Podrá modificar esas medidas según las circunstancias de cada caso". "Artículo 202.- En la resolución, el Juez fijará un plazo hasta de quince días contados a partir del día siguiente de su notificación, para que el cónyuge que solicitó la separación, intente la acción correspondiente. Dicho plazo podrá ser prorrogado por una sola vez, hasta por quince días. Independientemente de lo anterior, el juez puede dictar las medidas que estime prudentes a efecto de evitar las molestias contra la mujer y el depositario". Artículo 210 Bis.- Los derechos contemplados en el presente capítulo, también podrán ejercerlos las personas que vivan en concubinato, siempre y cuando tengan un domicilio común, con las características a que se refiere el Código Civil del domicilio conyugal". Los referidos preceptos contemplan lo relativo a la separación de los cónyuges, o de concubinos, como acto prejudicial; y corresponde únicamente al juez de Primera Instancia de lo Familiar resolver la separación que los interesados le hayan formulado, así como dictar las medidas necesarias para la seguridad de los concubinos o cónyuges, la casa en que habitarán. Importancia que radica, precisamente, en el hecho de que los asuntos relacionados con la familia gozan de especial prelación, como núcleo de la sociedad, consagrado en el artículo 4 de la Constitución Federal. De ahí que las autoridades responsables no están facultadas legalmente para determinar la existencia de una unión de hecho como lo es el concubinato, y menos aún para resolver su disolución o las condiciones en que habrán de quedar quienes dijeron ser concubinos, y sus propiedades, pues es indispensable que para ello medie determinación de autoridad competente, de conformidad con las causas previstas en las leyes y mediante el debido proceso en el que se garantice el derecho de audiencia de las partes involucradas y que dé certeza de su situación legal. Luego, si no ha existido pronunciamiento de autoridad jurisdiccional, es inconcuso que se vulneran los derechos fundamentales del quejoso, ya que solamente el Juzgado Familiar de Primera Instancia competente puede resolver su situación jurídica en relación al aparente concubinato que las autoridades dicen que existe (en el entendido que el quejoso afirmó en la demanda de amparo que él es un hombre casado y no tiene relación alguna con la tercera interesada -foja 11-). Y en caso de existir intereses en conflicto, también es el juez familiar quien tendrá que examinar las circunstancias específicas de cada caso para poder llegar a una solución estable, justa y equitativa; de modo que, se reitera, las autoridades municipales no están facultadas legalmente para proceder en la forma en que lo hicieron, ni siquiera al amparo de un régimen interno de usos y costumbres, pues aunque refieren que ello los faculta a dirimir los conflictos de manera interna, lo cierto es que, como ya se vio, constitucional y legalmente la atribución para proceder en los términos en que lo hicieron recae exclusivamente en las autoridades jurisdiccionales competentes, en el caso, un Juzgado Familiar de Primera Instancia. Por lo expuesto, se concluye que la intervención de las referidas autoridades responsables, para determinar la existencia de una unión de hecho como lo es el concubinato, resolver su disolución y las condiciones en que habrían de quedar los supuestos concubinos, y sus propiedades, deviene en una injerencia arbitraria en la vida privada y familiar del promovente del amparo Juan Migueles Jiménez, a quien no se le dio la oportunidad de dirimir su conflicto familiar ante un juez competente. SEXTO. Concesión del amparo. En esa tesitura, como el acta convenio de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, celebrada en la Sindicatura Municipal y Alcaldía Única Constitucional del municipio de Tamazulapam del Espíritu Santo, Mixe, Oaxaca, es violatoria del derecho fundamental del quejoso a la legalidad y seguridad jurídica, en contravención de lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, procede conceder el amparo liso y llano de la Justicia Federal a Juan Migueles Jiménez. Así, para restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables 1) síndico Municipal, 2) síndico suplente, 3) alcalde único constitucional, 4) alcalde suplente, 5) presidenta de la instancia de la mujer y 6) regidor de salud, todos del municipio de Tamazulapam del Espíritu Santo, Mixe, Oaxaca, deberán proceder en los términos siguientes: Dejen sin efecto ni valor alguno el acta convenio de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, celebrada en la Sindicatura Municipal y Alcaldía Única Constitucional del municipio de Tamazulapam del Espíritu Santo, Mixe, Oaxaca. SÉPTIMO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. En mérito a lo expuesto y fundado legalmente, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Juan Migueles Jiménez, contra el acto reclamado al 1) síndico municipal, 2) síndico suplente, 3) alcalde único constitucional, 4) alcalde suplente y 5) secretaria interina de la Sindicatura Municipal, todos del municipio de Tamazulapam del Espíritu Santo, Mixe, Oaxaca, consistente en el acta de convenio de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, celebrada en la Sindicatura Municipal y Alcaldía Única Constitucional del municipio de Tamazulapam del Espíritu Santo, Mixe, Oaxaca; por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia Federal ampara y protege a Juan Migueles Jiménez, contra el acto reclamado al 1) síndico Municipal 2) síndico suplente, 3) alcalde único constitucional, 4) alcalde suplente, 5) presidenta de la instancia de la mujer y 6) regidor de salud, todos del municipio de Tamazulapam del Espíritu Santo, Mixe, Oaxaca, consistente en el acta de convenio de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, celebrada en la Sindicatura Municipal y Alcaldía Única Constitucional del municipio de Tamazulapam del Espíritu Santo, Mixe, Oaxaca; por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia y para el efecto precisado en el considerando sexto de la misma. TERCERO. En su oportunidad dese cumplimiento al considerando último de este fallo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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