Juan Merino Condado
Expediente 227/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 43 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 227/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 43
- Última actuación
- 28/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Juan Merino Condado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 43.
- Principal
PRAL 227/2022 MESA 2* Visto, para resolver el juicio de amparo número 227/2022; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca. 1.1. Mediante escrito presentado el quince de febrero de dos mil veintidós en el buzón judicial ubicado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y turnado a ese órgano jurisdiccional en la misma fecha (fojas 11 a 14), *****, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado, consistente en el acuerdo de veintiuno de enero de dos mil veintidós, dictado en la carpeta de investigación *****, en la parte en que la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Operativa en Delitos contra la Mujer por Razón de Genero de la Vicefiscalía Regional de la Cuenca, residente en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, determinó que no era procedente expedirle copia de los dibujos, videograbación y demás pruebas realizadas por el perito psicólogo a la víctima al momento de su valoración y que le sirvieron de base para emitir su dictamen. 1.2. El quejoso narró los antecedentes del acto reclamado, invocó como derecho fundamental vulnerado el contenido en el artículo 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Incompetencia. En proveído pronunciado el dieciséis de febrero del año en curso (fojas 15 a 19), la juez Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca ordenó formar expediente impreso y electrónico, registró la promoción inicial en el libro de gobierno con el número 173/2022 y se declaró legalmente incompetente, por relación, para conocer de esa instancia constitucional, sustentando su actuar, en lo dispuesto en la fracción II del artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; por lo que determinó enviar ese juicio de amparo a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado a través del oficio número 2333/2022 (foja 3). Tercero. Se acepta conocer del juicio de amparo. Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. El veintidós de febrero de este año (fojas 20 a 24), se: a) tuvo por recibido el oficio y demanda de amparo remitidos, b) ordenó formar expediente impreso y electrónico, quedando registrado con el número de juicio de amparo 227/2022, c) aceptó conocer del asunto, d) admitió a trámite la promoción inicial constitucional, e) dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento, f) solicitó de la autoridad señalada como responsable su informe justificado y se g) ordenó emplazar a esta instancia constitucional a las menores de iniciales C.M.H. y D.P.M.H. , por conducto de su representante legítima *****, lo que se realizó el quince marzo de este año (foja 74) . Cuarto. Primera ampliación del escrito de demanda. Ampliación por un acto. Por escrito presentado el veintitrés de mayo de dos mil veintidós (fojas 148 a 152), la parte quejosa amplió la demanda de amparo, respecto del auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, emitido por la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Operativa en Delitos Contra la Mujer Por Razón de Genero de la Vicefiscalía Regional de la Cuenca, residente en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, en el que determinó que la copia de los dibujos, videograbación y demás pruebas realizadas por el perito psicólogo a la víctima al momento de su valoración y que le sirvieron de base para emitir su dictamen en la carpeta de investigación *****, se encontraban a su disposición, siempre y cuando, como lo consideró el mencionado experto, acudiera un profesional en psicología, con previa designación y autorización de un Juzgado, para tener acceso a esa información. Quinto. Segunda ampliación de la demanda. Ampliación por una autoridad. En diverso ocurso presentado el veintiuno de junio de dos mil veintidós (fojas 207 a 211) el quejoso amplío la promoción inicial, por cuanto hace al agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Ejecución de Sanciones de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, quien actualmente conoce de la carpeta de investigación *****; autoridad a quien atribuye el acto por el que amplió la demanda de amparo, consistente en el acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, emitido en la citada indagatoria. En relación al acto y autoridad por los que se amplió el escrito de demanda, el quejoso expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes y, señaló como derecho fundamental vulnerado, el contenido en el 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Federal. Sexto. Admisión de las ampliaciones realizadas. Mediante acuerdos pronunciados el veintitrés de mayo (fojas 153 a 156) y veintidós de junio (fojas 207 a 211) de dos mil veintidós, se: a) admitieron las ampliaciones realizadas, b) dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento y se c) solicitó de las autoridades señaladas como responsables su informe justificado. Séptimo. Audiencia constitucional. Previos los trámites relativos, se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49, 50 y 56, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 3/2021, que adiciona el primero (3/2013), publicado en el aludido medio de difusión oficial el veintidós de abril de dos mil veintiuno, por tratarse de un asunto de naturaleza penal y el acto se reclama de autoridades residentes en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca; lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo se establece que los actos reclamados por el quejoso y por los cuales se realizará el análisis relativo, como se advierte de la demanda de amparo y de los escritos de ampliación de ese ocurso, consisten en: Acuerdo de veintiuno de enero de dos mil veintidós, dictado en la carpeta de investigación *****, en la parte en que se determinó que no era procedente expedirle copia de los dibujos, videograbación y demás pruebas realizadas por el perito psicólogo a la víctima al momento de su valoración y, que le sirvieron de base para emitir su dictamen. Lo que atribuye a la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Operativa en Delitos contra la Mujer por Razón de Genero de la Vicefiscalía Regional de la Cuenca, residente en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, en el que se señaló que la copia de las referidas pruebas se encontraban a disposición del quejoso, siempre y cuando, como lo consideró el mencionado experto, acudiera un profesional en psicología, con previa designación y autorización de un Juzgado, para tener acceso a esa información. El que inicialmente reclamó a la citada autoridad ministerial y, con posterioridad, con motivo de la ampliación que realizó, combatió al agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Ejecución de Sanciones de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, quien actualmente conoce de la referida indagatoria. Tercero. Existencia de los actos reclamados. Informes justificados. Las autoridades responsables a) agente del Ministerio Público adscrita a la Vicefiscalía Regional de la Cuenca, residente en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca (fojas 47 y 48) y b) agente del Ministerio Público comisionado para la Diligencia del Juzgado de Ejecución de Sanciones de esa población (foja 273), al rendir su respectivo informe justificado, convinieron en la existencia de los actos reclamados. Al respecto, en lo sustancial, señalaron lo siguiente: I. Con fecha diecinueve de enero de dos mil veintidós el aquí quejoso ***** solicitó a la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Operativa en Delitos Contra la Mujer Por Razón de Genero de la Vicefiscalía Regional de la Cuenca, residente en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, le expidiera copia de los dibujos, videograbación y demás pruebas realizadas por el perito psicólogo a la víctima, al momento de su valoración y que le sirvieron de base para emitir su dictamen en la carpeta de investigación *****. II. Atento a esa solicitud, mediante acuerdo de veintiuno de enero del año en curso (foja 125), la representante social determinó que no era procedente expedirle copia de las pruebas que solicitó, en virtud que, dijo, no tenía acceso a estas últimas y no obraban en la causa penal, aunado a que el perito únicamente le entregó el dictamen psicológico, por contener información confidencial (lo que constituye el primer acto reclamado). III. Derivado de esa negativa, el promovente del amparo presentó un escrito ante el Tribunal de Enjuiciamiento. IV. Mediante auto de diez de febrero de dos mil veintidós, dictado en la causa penal 289/2019, el juez de Control del circuito judicial de Tuxtepec, Oaxaca, requirió a la citada agente del Ministerio Público, para que, previo análisis a) entregara al quejoso las constancias solicitadas y b) estableciera los motivos por los que la información se ubica en el supuesto de información sensible (foja 49). V. Con motivo de ese mandamiento judicial, la agente del Ministerio Público requirió al subdirector de Servicios Periciales de la Vicefiscalía de Regional de la Cuenca (foja 48 reverso), para que ordenara al perito psicólogo de su adscripción, remitiera copia de las pruebas psicológicas realizadas a la víctima, a efecto de hacerle entrega de esos registros a la abogada particular del quejoso *****. VI. En razón de lo ordenado, el perito psicólogo informó a la agente del Ministerio Público que la representante de las víctimas solicitó se reservaran sus datos personales, por lo que dicha información se encontraba a disposición del quejoso, pero, para ello, era indispensable que acudiera un profesional, con previa designación y autorización de un Juzgado, para tener acceso y tomar nota (fojas 49 reverso y 50). VII. Considerando lo comunicado en el párrafo anterior, con fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintidós (foja 128) la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Operativa en Delitos contra la Mujer por Razón de Genero de la Vicefiscalía Regional de la Cuenca, residente en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, dictó un acuerdo, en el que señaló a la defensora particular del sentenciado, aquí quejoso, que la copia de los dibujos, videograbación y demás pruebas realizadas por el perito psicólogo a la víctima, en la carpeta de investigación *****, se encontraban a su disposición, siempre y cuando, como lo consideró el mencionado experto, acudiera un profesional en psicología, con previa designación y autorización de un juez, para tener acceso a esa información (acto reclamado en el escrito de ampliación). Aseveraciones que se corroboran con las constancias que las responsables anexaron como justificación a sus informes, con valor probatorio pleno, en su calidad de documental pública, conforme en lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su precepto 2º. Cuarto. Causa de improcedencia. Previo al estudio de la cuestión planteada, procede analizar si, en la especie, existe alguna causal de improcedencia, pues su estudio es preferente y de orden público, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo . En el caso, de oficio, se advierte se actualiza la causa de improcedencia del juicio que prevé la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo. De dicho precepto se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente, cuando el acto reclamado deja de incidir en la esfera jurídica del quejoso, de modo que ya no puede producir efecto alguno. La cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad a quien se le atribuyó tal proceder deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la extinción definitiva del actuar de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos inmersos, que se puede ver acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es su simple paralización, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una determinación que ya no está surtiendo sus efectos. Así, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho vulnerado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho humano de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. En ese sentido, se precisa que tal hipótesis puede actualizarse por dos circunstancias distintas: a) Porque la responsable determinó revocarlo, anulando todos los efectos que producía. b) Porque el acto reclamado sea sustituido procesalmente por otro. El primer supuesto, se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica o patrimonial. Ese supuesto se relaciona con el artículo 77 de la Ley de Amparo, puesto que se materializa cuando ante la insubsistencia del acto, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la vulneración constitucional, caso en que no tendría razón de ser el juicio de amparo, por desaparecer su objetivo, ya que a nada práctico conduciría el ejercicio constitucional cuando las cosas hubieran vuelto al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado. Entonces, para que se actualice la causa de improcedencia de que se trata -cesación de efectos por revocación- el acto impugnado debe ser revocado o destruido, así como todos y cada uno de los efectos que haya producido, ya que el alcance sería la restitución a la parte quejosa en el goce de los derechos vulnerados, quedando en una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera surgido. Al caso, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, registro digital 193758, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". Por otra parte, el segundo supuesto de la cesión de efectos del acto reclamado -por sustitución-, se presenta cuando contra el acto de la autoridad impugnado se interpone algún recurso ordinario o medio de defensa y a ello recae una resolución, pues en este supuesto, lo resuelto sustituye los efectos del acto recurrido, de tal manera que la causa de improcedencia se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad de aquél que se reclama, mismo que se encontraba en suspenso por virtud de dicho medio de impugnación y queda firme por el ulterior acto por el cual fue sustituido. Al respecto, se cita la tesis I.3o.C.92 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, diciembre de 2009, página 1491; de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente". 4.1. Precisión: no se actualiza la referida causa de improcedencia, con motivo de la emisión del acuerdo por el que se amplió la demanda de amparo. En primer término, se destaca que el acto reclamado inicialmente en la demanda de amparo, relativo al acuerdo de veintiuno de enero de dos mil veintidós, dictado en la carpeta de investigación *****, en la parte en que se determinó que no era procedente expedir al quejoso copia de los dibujos, videograbación y demás pruebas realizadas por el perito psicólogo a la víctima, no cesó en sus efectos con motivo de la emisión del diverso auto de veinticuatro de febrero siguiente, en el que se señaló que la copia de las referidas pruebas se encontraban a disposición del agraviado, siempre y cuando, como lo consideró el mencionado experto, acudiera un profesional en psicología, con previa designación y autorización de un Juzgado, para tener acceso a esa información. Ello es así, en virtud que subsistía la materia para analizar, que es el rechazo de la responsable de otorgar las copias requeridas, en el modo en que el quejoso las había solicitado, pues, si bien, al inicio se negó proporcionar a este último las constancias que pidió y, después, se pusieron a su disposición; sin embargo, la entrega de las pruebas fue condicionada a la asistencia de un profesional en psicología, con previa designación y autorización de un juzgador. De ahí que el acto reclamado en el escrito de demanda no desapareció en forma total e incondicional, sin dejar huella o lesión en la esfera jurídica del quejoso, como lo exige la hipótesis de improcedencia que se analiza, por lo que es factible estudiar en su conjunto el acto reclamado en la demanda de amparo y aquél por el que se amplió la instancia constitucional. 4.2. Cesación de efectos. Este órgano de control constitucional estima que, respecto de los actos reclamados en la demanda y en el escrito de su ampliación, se actualiza el primero de los supuestos de la causal de improcedencia analizada, esto es, por revocación. Es así, porque de las constancias que a requerimiento de este Juzgado de Distrito fueron allegadas por el agente del Ministerio Público comisionado para la Diligencia del Juzgado de Ejecución de Sanciones de esa población (denominación con la que rindió su informe justificado -fojas 437 a 439-), quien conoce actualmente de esa indagatoria y que es la autoridad por la que el quejoso amplió la demanda de amparo, con valor probatorio pleno, en su calidad de documental pública, conforme en lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su precepto 2º, se aprecia que, mediante resolución dictada el diecisiete de octubre del año en curso, se autorizó expedir al aquí quejoso esa documental. Conforme a lo expuesto, es inconcuso que sobrevino la causal de improcedencia que deriva de lo previsto por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en la primera de las hipótesis indicadas en párrafos que anteceden (revocación), porque la negativa de entregar la copia que solicitó la parte quejosa y la condición impuesta, posteriormente, para su entrega, dejó de subsistir con posterioridad a la fecha en que se presentó la demanda que originó este juicio, quince de febrero de dos mil veintidós; ello con motivo del acuerdo emitido el diecisiete de octubre del año en curso, en el que se autorizó su expedición. Sin que se soslaye que el acuerdo por el que cesaron los efectos de los actos reclamados, a saber, el dictado el diecisiete de octubre del año en curso, haya sido emitido por el agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Ejecución Penal de Tuxtepec, Oaxaca y no por la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Operativa en Delitos Contra la Mujer Por Razón de Genero de la Vicefiscalía Regional de la Cuenca, residente en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, que fue quien inicialmente negó la entrega de la copia solicitada, en virtud que el primero de los representantes sociales es quien actualmente conoce de la carpeta de investigación ***** y, como unidad colectiva, el Ministerio Público, no obstante la pluralidad de agentes del Ministerio Público que lo conforman, posee indivisibilidad de funciones. De ahí que cada uno de los representantes sociales pueden sustituirse en cualquier momento por otro, sin que sea necesario el cumplimiento de formalidades y sin que se afecte la validez de lo actuado por cualquiera de ellos. Máxime si se considera que el agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Ejecución Penal de Tuxtepec, Oaxaca fue la autoridad por la que el quejoso amplió la demanda de amparo, al ser quien actualmente conoce de la carpeta de investigación de la que derivan los actos reclamados, por lo que válidamente puede rendir informe justificado y dictar los acuerdos que, atendiendo a sus funciones, considere pertinente en esa indagatoria. En consecuencia, al actualizarse esa causa de improcedencia respecto de los actos analizados en este considerando, con fundamento, además, en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo. El sobreseimiento por la causal de improcedencia decretada impide el estudio de los conceptos de violación planteados, como lo establece la jurisprudencia II.3o.J/58 publicada en la foja 57 del tomo 70, octubre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Quinto. Alegatos. No procede analizar los alegatos que hizo valer la parte quejosa, dado que los mismos no forman parte de la litis, pues sólo se está, jurídicamente, en la obligación de examinar la justificación de los conceptos de violación contenidos en la demanda de amparo, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con lo aducido en los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, el contenido de la jurisprudencia P./J. 27/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo 80, Agosto de 1994, página 14, del rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." Sexto. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la referida resolución se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal , ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado legalmente, con apoyo, además, en los artículos 1°, fracción I, 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo; se: R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por ***** contra los actos reclamados, consistentes en: Acuerdo de veintiuno de enero de dos mil veintidós, dictado en la carpeta de investigación *****, en la parte en que se determinó que no era procedente expedirle copia de los dibujos, videograbación y demás pruebas realizadas por el perito psicólogo a la víctima al momento de su valoración y que le sirvieron de base para emitir su dictamen. Lo que atribuye a la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Operativa en Delitos contra la Mujer por Razón de Genero de la Vicefiscalía Regional de la Cuenca, residente en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, en el que se señaló que la copia de las referidas pruebas se encontraban a disposición del quejoso, siempre y cuando, como lo consideró el mencionado experto, acudiera un profesional en psicología, con previa designación y autorización de un Juzgado, para tener acceso a esa información. El que inicialmente reclamó a la citada autoridad ministerial y, con posterioridad, con motivo de la ampliación que realizó, combatió al agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Ejecución de Sanciones de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, quien actualmente conoce de la referida indagatoria. En términos del considerando cuarto de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió el juez Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hasta el día de hoy, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Dos firmas ilegibles". Lo que transcribo para su conocimiento y fines legales consiguientes. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Atentamente Por acuerdo del titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. La secretaria. Lic. Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes. PRAL. 227/2022. Mesa. 2 B. COPIA AUTORIZADA ". Visto, para resolver el juicio de amparo número 227/2022; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca. 1.1. Mediante escrito presentado el quince de febrero de dos mil veintidós en el buzón judicial ubicado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y turnado a ese órgano jurisdiccional en la misma fecha (fojas 11 a 14), *****, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado, consistente en el acuerdo de veintiuno de enero de dos mil veintidós, dictado en la carpeta de investigación *****, en la parte en que la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Operativa en Delitos contra la Mujer por Razón de Genero de la Vicefiscalía Regional de la Cuenca, residente en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, determinó que no era procedente expedirle copia de los dibujos, videograbación y demás pruebas realizadas por el perito psicólogo a la víctima al momento de su valoración y que le sirvieron de base para emitir su dictamen. 1.2. El quejoso narró los antecedentes del acto reclamado, invocó como derecho fundamental vulnerado el contenido en el artículo 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Incompetencia. En proveído pronunciado el dieciséis de febrero del año en curso (fojas 15 a 19), la juez Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca ordenó formar expediente impreso y electrónico, registró la promoción inicial en el libro de gobierno con el número 173/2022 y se declaró legalmente incompetente, por relación, para conocer de esa instancia constitucional, sustentando su actuar, en lo dispuesto en la fracción II del artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; por lo que determinó enviar ese juicio de amparo a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado a través del oficio número 2333/2022 (foja 3). Tercero. Se acepta conocer del juicio de amparo. Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. El veintidós de febrero de este año (fojas 20 a 24), se: a) tuvo por recibido el oficio y demanda de amparo remitidos, b) ordenó formar expediente impreso y electrónico, quedando registrado con el número de juicio de amparo 227/2022, c) aceptó conocer del asunto, d) admitió a trámite la promoción inicial constitucional, e) dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento, f) solicitó de la autoridad señalada como responsable su informe justificado y se g) ordenó emplazar a esta instancia constitucional a las menores de iniciales C.M.H. y D.P.M.H. , por conducto de su representante legítima *****, lo que se realizó el quince marzo de este año (foja 74) . Cuarto. Primera ampliación del escrito de demanda. Ampliación por un acto. Por escrito presentado el veintitrés de mayo de dos mil veintidós (fojas 148 a 152), la parte quejosa amplió la demanda de amparo, respecto del auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, emitido por la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Operativa en Delitos Contra la Mujer Por Razón de Genero de la Vicefiscalía Regional de la Cuenca, residente en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, en el que determinó que la copia de los dibujos, videograbación y demás pruebas realizadas por el perito psicólogo a la víctima al momento de su valoración y que le sirvieron de base para emitir su dictamen en la carpeta de investigación *****, se encontraban a su disposición, siempre y cuando, como lo consideró el mencionado experto, acudiera un profesional en psicología, con previa designación y autorización de un Juzgado, para tener acceso a esa información. Quinto. Segunda ampliación de la demanda. Ampliación por una autoridad. En diverso ocurso presentado el veintiuno de junio de dos mil veintidós (fojas 207 a 211) el quejoso amplío la promoción inicial, por cuanto hace al agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Ejecución de Sanciones de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, quien actualmente conoce de la carpeta de investigación *****; autoridad a quien atribuye el acto por el que amplió la demanda de amparo, consistente en el acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, emitido en la citada indagatoria. En relación al acto y autoridad por los que se amplió el escrito de demanda, el quejoso expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes y, señaló como derecho fundamental vulnerado, el contenido en el 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Federal. Sexto. Admisión de las ampliaciones realizadas. Mediante acuerdos pronunciados el veintitrés de mayo (fojas 153 a 156) y veintidós de junio (fojas 207 a 211) de dos mil veintidós, se: a) admitieron las ampliaciones realizadas, b) dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento y se c) solicitó de las autoridades señaladas como responsables su informe justificado. Séptimo. Audiencia constitucional. Previos los trámites relativos, se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49, 50 y 56, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 3/2021, que adiciona el primero (3/2013), publicado en el aludido medio de difusión oficial el veintidós de abril de dos mil veintiuno, por tratarse de un asunto de naturaleza penal y el acto se reclama de autoridades residentes en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca; lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo se establece que los actos reclamados por el quejoso y por los cuales se realizará el análisis relativo, como se advierte de la demanda de amparo y de los escritos de ampliación de ese ocurso, consisten en: Acuerdo de veintiuno de enero de dos mil veintidós, dictado en la carpeta de investigación *****, en la parte en que se determinó que no era procedente expedirle copia de los dibujos, videograbación y demás pruebas realizadas por el perito psicólogo a la víctima al momento de su valoración y, que le sirvieron de base para emitir su dictamen. Lo que atribuye a la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Operativa en Delitos contra la Mujer por Razón de Genero de la Vicefiscalía Regional de la Cuenca, residente en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, en el que se señaló que la copia de las referidas pruebas se encontraban a disposición del quejoso, siempre y cuando, como lo consideró el mencionado experto, acudiera un profesional en psicología, con previa designación y autorización de un Juzgado, para tener acceso a esa información. El que inicialmente reclamó a la citada autoridad ministerial y, con posterioridad, con motivo de la ampliación que realizó, combatió al agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Ejecución de Sanciones de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, quien actualmente conoce de la referida indagatoria. Tercero. Existencia de los actos reclamados. Informes justificados. Las autoridades responsables a) agente del Ministerio Público adscrita a la Vicefiscalía Regional de la Cuenca, residente en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca (fojas 47 y 48) y b) agente del Ministerio Público comisionado para la Diligencia del Juzgado de Ejecución de Sanciones de esa población (foja 273), al rendir su respectivo informe justificado, convinieron en la existencia de los actos reclamados. Al respecto, en lo sustancial, señalaron lo siguiente: I. Con fecha diecinueve de enero de dos mil veintidós el aquí quejoso ***** solicitó a la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Operativa en Delitos Contra la Mujer Por Razón de Genero de la Vicefiscalía Regional de la Cuenca, residente en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, le expidiera copia de los dibujos, videograbación y demás pruebas realizadas por el perito psicólogo a la víctima, al momento de su valoración y que le sirvieron de base para emitir su dictamen en la carpeta de investigación *****. II. Atento a esa solicitud, mediante acuerdo de veintiuno de enero del año en curso (foja 125), la representante social determinó que no era procedente expedirle copia de las pruebas que solicitó, en virtud que, dijo, no tenía acceso a estas últimas y no obraban en la causa penal, aunado a que el perito únicamente le entregó el dictamen psicológico, por contener información confidencial (lo que constituye el primer acto reclamado). III. Derivado de esa negativa, el promovente del amparo presentó un escrito ante el Tribunal de Enjuiciamiento. IV. Mediante auto de diez de febrero de dos mil veintidós, dictado en la causa penal *****, el juez de Control del circuito judicial de Tuxtepec, Oaxaca, requirió a la citada agente del Ministerio Público, para que, previo análisis a) entregara al quejoso las constancias solicitadas y b) estableciera los motivos por los que la información se ubica en el supuesto de información sensible (foja 49). V. Con motivo de ese mandamiento judicial, la agente del Ministerio Público requirió al subdirector de Servicios Periciales de la Vicefiscalía de Regional de la Cuenca (foja 48 reverso), para que ordenara al perito psicólogo de su adscripción, remitiera copia de las pruebas psicológicas realizadas a la víctima, a efecto de hacerle entrega de esos registros a la abogada particular del quejoso *****. VI. En razón de lo ordenado, el perito psicólogo informó a la agente del Ministerio Público que la representante de las víctimas solicitó se reservaran sus datos personales, por lo que dicha información se encontraba a disposición del quejoso, pero, para ello, era indispensable que acudiera un profesional, con previa designación y autorización de un Juzgado, para tener acceso y tomar nota (fojas 49 reverso y 50). VII. Considerando lo comunicado en el párrafo anterior, con fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintidós (foja 128) la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Operativa en Delitos contra la Mujer por Razón de Genero de la Vicefiscalía Regional de la Cuenca, residente en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, dictó un acuerdo, en el que señaló a la defensora particular del sentenciado, aquí quejoso, que la copia de los dibujos, videograbación y demás pruebas realizadas por el perito psicólogo a la víctima, en la carpeta de investigación *****, se encontraban a su disposición, siempre y cuando, como lo consideró el mencionado experto, acudiera un profesional en psicología, con previa designación y autorización de un juez, para tener acceso a esa información (acto reclamado en el escrito de ampliación). Aseveraciones que se corroboran con las constancias que las responsables anexaron como justificación a sus informes, con valor probatorio pleno, en su calidad de documental pública, conforme en lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su precepto 2º. Cuarto. Causa de improcedencia. Previo al estudio de la cuestión planteada, procede analizar si, en la especie, existe alguna causal de improcedencia, pues su estudio es preferente y de orden público, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo . En el caso, de oficio, se advierte se actualiza la causa de improcedencia del juicio que prevé la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo. De dicho precepto se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente, cuando el acto reclamado deja de incidir en la esfera jurídica del quejoso, de modo que ya no puede producir efecto alguno. La cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad a quien se le atribuyó tal proceder deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la extinción definitiva del actuar de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos inmersos, que se puede ver acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es su simple paralización, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una determinación que ya no está surtiendo sus efectos. Así, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho vulnerado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho humano de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. En ese sentido, se precisa que tal hipótesis puede actualizarse por dos circunstancias distintas: a) Porque la responsable determinó revocarlo, anulando todos los efectos que producía. b) Porque el acto reclamado sea sustituido procesalmente por otro. El primer supuesto, se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica o patrimonial. Ese supuesto se relaciona con el artículo 77 de la Ley de Amparo, puesto que se materializa cuando ante la insubsistencia del acto, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la vulneración constitucional, caso en que no tendría razón de ser el juicio de amparo, por desaparecer su objetivo, ya que a nada práctico conduciría el ejercicio constitucional cuando las cosas hubieran vuelto al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado. Entonces, para que se actualice la causa de improcedencia de que se trata -cesación de efectos por revocación- el acto impugnado debe ser revocado o destruido, así como todos y cada uno de los efectos que haya producido, ya que el alcance sería la restitución a la parte quejosa en el goce de los derechos vulnerados, quedando en una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera surgido. Al caso, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, registro digital 193758, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". Por otra parte, el segundo supuesto de la cesión de efectos del acto reclamado -por sustitución-, se presenta cuando contra el acto de la autoridad impugnado se interpone algún recurso ordinario o medio de defensa y a ello recae una resolución, pues en este supuesto, lo resuelto sustituye los efectos del acto recurrido, de tal manera que la causa de improcedencia se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad de aquél que se reclama, mismo que se encontraba en suspenso por virtud de dicho medio de impugnación y queda firme por el ulterior acto por el cual fue sustituido. Al respecto, se cita la tesis I.3o.C.92 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, diciembre de 2009, página 1491; de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente". 4.1. Precisión: no se actualiza la referida causa de improcedencia, con motivo de la emisión del acuerdo por el que se amplió la demanda de amparo. En primer término, se destaca que el acto reclamado inicialmente en la demanda de amparo, relativo al acuerdo de veintiuno de enero de dos mil veintidós, dictado en la carpeta de investigación *****, en la parte en que se determinó que no era procedente expedir al quejoso copia de los dibujos, videograbación y demás pruebas realizadas por el perito psicólogo a la víctima, no cesó en sus efectos con motivo de la emisión del diverso auto de veinticuatro de febrero siguiente, en el que se señaló que la copia de las referidas pruebas se encontraban a disposición del agraviado, siempre y cuando, como lo consideró el mencionado experto, acudiera un profesional en psicología, con previa designación y autorización de un Juzgado, para tener acceso a esa información. Ello es así, en virtud que subsistía la materia para analizar, que es el rechazo de la responsable de otorgar las copias requeridas, en el modo en que el quejoso las había solicitado, pues, si bien, al inicio se negó proporcionar a este último las constancias que pidió y, después, se pusieron a su disposición; sin embargo, la entrega de las pruebas fue condicionada a la asistencia de un profesional en psicología, con previa designación y autorización de un juzgador. De ahí que el acto reclamado en el escrito de demanda no desapareció en forma total e incondicional, sin dejar huella o lesión en la esfera jurídica del quejoso, como lo exige la hipótesis de improcedencia que se analiza, por lo que es factible estudiar en su conjunto el acto reclamado en la demanda de amparo y aquél por el que se amplió la instancia constitucional. 4.2. Cesación de efectos. Este órgano de control constitucional estima que, respecto de los actos reclamados en la demanda y en el escrito de su ampliación, se actualiza el primero de los supuestos de la causal de improcedencia analizada, esto es, por revocación. Es así, porque de las constancias que a requerimiento de este Juzgado de Distrito fueron allegadas por el agente del Ministerio Público comisionado para la Diligencia del Juzgado de Ejecución de Sanciones de esa población (denominación con la que rindió su informe justificado -fojas 437 a 439-), quien conoce actualmente de esa indagatoria y que es la autoridad por la que el quejoso amplió la demanda de amparo, con valor probatorio pleno, en su calidad de documental pública, conforme en lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su precepto 2º, se aprecia que, mediante resolución dictada el diecisiete de octubre del año en curso, se autorizó expedir al aquí quejoso esa documental. Conforme a lo expuesto, es inconcuso que sobrevino la causal de improcedencia que deriva de lo previsto por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en la primera de las hipótesis indicadas en párrafos que anteceden (revocación), porque la negativa de entregar la copia que solicitó la parte quejosa y la condición impuesta, posteriormente, para su entrega, dejó de subsistir con posterioridad a la fecha en que se presentó la demanda que originó este juicio, quince de febrero de dos mil veintidós; ello con motivo del acuerdo emitido el diecisiete de octubre del año en curso, en el que se autorizó su expedición. Sin que se soslaye que el acuerdo por el que cesaron los efectos de los actos reclamados, a saber, el dictado el diecisiete de octubre del año en curso, haya sido emitido por el agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Ejecución Penal de Tuxtepec, Oaxaca y no por la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Operativa en Delitos Contra la Mujer Por Razón de Genero de la Vicefiscalía Regional de la Cuenca, residente en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, que fue quien inicialmente negó la entrega de la copia solicitada, en virtud que el primero de los representantes sociales es quien actualmente conoce de la carpeta de investigación ***** y, como unidad colectiva, el Ministerio Público, no obstante la pluralidad de agentes del Ministerio Público que lo conforman, posee indivisibilidad de funciones. De ahí que cada uno de los representantes sociales pueden sustituirse en cualquier momento por otro, sin que sea necesario el cumplimiento de formalidades y sin que se afecte la validez de lo actuado por cualquiera de ellos. Máxime si se considera que el agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Ejecución Penal de Tuxtepec, Oaxaca fue la autoridad por la que el quejoso amplió la demanda de amparo, al ser quien actualmente conoce de la carpeta de investigación de la que derivan los actos reclamados, por lo que válidamente puede rendir informe justificado y dictar los acuerdos que, atendiendo a sus funciones, considere pertinente en esa indagatoria. En consecuencia, al actualizarse esa causa de improcedencia respecto de los actos analizados en este considerando, con fundamento, además, en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo. El sobreseimiento por la causal de improcedencia decretada impide el estudio de los conceptos de violación planteados, como lo establece la jurisprudencia II.3o.J/58 publicada en la foja 57 del tomo 70, octubre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Quinto. Alegatos. No procede analizar los alegatos que hizo valer la parte quejosa, dado que los mismos no forman parte de la litis, pues sólo se está, jurídicamente, en la obligación de examinar la justificación de los conceptos de violación contenidos en la demanda de amparo, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con lo aducido en los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, el contenido de la jurisprudencia P./J. 27/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo 80, Agosto de 1994, página 14, del rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." Sexto. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la referida resolución se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal , ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado legalmente, con apoyo, además, en los artículos 1°, fracción I, 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo; se: R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por ***** contra los actos reclamados, consistentes en: Acuerdo de veintiuno de enero de dos mil veintidós, dictado en la carpeta de investigación *****, en la parte en que se determinó que no era procedente expedirle copia de los dibujos, videograbación y demás pruebas realizadas por el perito psicólogo a la víctima al momento de su valoración y que le sirvieron de base para emitir su dictamen. Lo que atribuye a la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Operativa en Delitos contra la Mujer por Razón de Genero de la Vicefiscalía Regional de la Cuenca, residente en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, en el que se señaló que la copia de las referidas pruebas se encontraban a disposición del quejoso, siempre y cuando, como lo consideró el mencionado experto, acudiera un profesional en psicología, con previa designación y autorización de un Juzgado, para tener acceso a esa información. El que inicialmente reclamó a la citada autoridad ministerial y, con posterioridad, con motivo de la ampliación que realizó, combatió al agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Ejecución de Sanciones de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, quien actualmente conoce de la referida indagatoria. En términos del considerando cuarto de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió el juez Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hasta el día de hoy, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este Juzgado.
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PRAL 227/2022 MESA 2* Audiencia constitucional. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las diez horas con veintidós minutos del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo 227/2022, como se ordenó en acuerdo de veintisiete de octubre del año en curso, el juez Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, la declara abierta, sin asistencia de las partes. Apertura de audiencia. Abierta esta etapa, la secretaria hizo relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que se encuentran la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho e informes justificados de las autoridades responsables. Asimismo, hace constar a) que no existe documento con el que deba darse cuenta y c) que las partes no manifestaron su oposición de manera expresa, para que la consulta de la sentencia que se pronuncie en este juicio de amparo sea omitiendo sus datos personales, como se les previno en auto admisorio Enseguida, se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales procedentes. II. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente al dictarse la sentencia. Etapa probatoria. Acto continuo, abierto el período probatorio, se hace constar que el quejoso y las autoridades responsables agente del Ministerio Público adscrita a la Vicefiscalía Regional de la Cuenca, residente en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca y agente del Ministerio Público Comisionado para la Diligencia del Juzgado de Ejecuciones de Sanciones de esa población, ofrecieron como prueba, la documental, consistente en diversas constancias relacionadas con los actos reclamados. Enseguida, se acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida la prueba documental de que se trata, misma que se desahoga en razón de su propia naturaleza, para ser considerada al resolver este juicio; no existiendo pruebas por desahogar ni escrito de las partes que acordar, se cierra esta etapa. Fase de alegatos. Abierta la fase de alegatos, se hace constar que mediante promociones registradas con los números de folio 11154 y 12129, el agraviado realizó diversas manifestaciones al respecto y, que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado no presentó pedimento; se cierra esta etapa y se procede a emitir la siguiente sentencia: PONCIANO VELASCO VELASCO. TITULAR DEL JUZGADO DÉCIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE OAXACA. GUADALUPE MISHELL ZAVALETA REYES. SECRETARIA DE JUZGADO Notifíquese. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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PRAL 227/2022 MESA 2 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Se difiere la audiencia constitucional. Visto el estado de autos, de los que se advierte que en proveído de diecinueve de octubre en curso, se tuvo al agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Ejecución Penal de Tuxtepec, Oaxaca remitiendo copia certificada de diversas constancias relacionadas con los actos reclamados, con las que se ordenó dar vista a la parte quejosa; lo que se hizo del conocimiento de esa parte procesal el veintiséis del mes actual, por conducto de sus autorizados legales. Diferimiento de la audiencia constitucional. En esas condiciones, no es posible jurídicamente celebrar la audiencia constitucional señalada para esta fecha, por lo que se difiere y se fijan las diez horas con veintidós minutos del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, para su celebración. Forma de notificación. Efectúese la notificación de este proveído por medio de lista a las autoridades responsables y a la agente del Ministerio Público de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, sin necesidad de que se envíen los oficios relativos, al tratarse de una determinación de mero trámite. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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PRAL 227/2022 MESA 2 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese un oficio del agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Ejecución Penal de Tuxtepec, Oaxaca, mediante el que, en cumplimiento al requerimiento que se le hizo en proveído de veintitrés de septiembre del año en curso, comunica que el diecisiete del mes actual emitió un acuerdo en la carpeta de investigación 26740/FCUE/TUXTEPEC/2019, en el que proveyó que, una vez que comparezca Alejandrina Ronquillo Regules, autorizada del aquí quejoso Juan Merino Condado, se le expedirá copia del dictamen, dibujos y demás pruebas realizadas a la víctima en dicha indagatoria; al efecto, remite copia certificada de esa resolución, misma que, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba documental, la que se desahoga dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. Dese vista a la parte quejosa, con el oficio de cuenta y anexo. Diferimiento anticipado de la audiencia constitucional. Para dar oportunidad a que las partes se impongan del contenido del oficio de cuenta y anexo, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional señalada para las diez horas con dos minutos del veintiuno de octubre del año en curso y se señalan las nueve horas con dos minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintidós, para que tenga verificativo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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