Juan Miguel Ortíz Mejía

Expediente 263/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
263/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
20/04/2023

Partes del expediente

  • Juan Miguel Ortíz Mejía

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se desprende que ha transcurrido el término de cinco días, que disponía la parte quejosa, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo en contra del auto de de siete de marzo de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Ahora bien, tomando en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso d), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término quince días que refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, del que disponían las partes en el presente asunto, para interponer el recurso de inconformidad en contra del auto de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, el cual transcurrió del cinco al veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, sin que lo hiciera; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído para los efectos legales a que haya lugar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 196, cuarto párrafo en relación con el 214 de la Ley de Amparo, remítase el presente juicio al archivo como asunto totalmente concluido, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Séptimo, numeral 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo séptimo, artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en mención; por lo que únicamente se conservará la demanda, la sentencia que puso fin al asunto y la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y, en su caso, las resoluciones recurridas; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Finalmente, toda vez que la parte quejosa exhibió documentación original en el presente sumario Constitucional, se ordena notificarlo personalmente, para que acuda a este Juzgado de Distrito, dentro del plazo de noventa días naturales, a recoger los documentos originales que exhibió, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos con el presente expediente, lo anterior en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Finalmente, en atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrara el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) respectivamente, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de siete de marzo de dos mil veintitrés, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, siete de marzo de dos mil veintitrés. Visto la demanda de amparo presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal por ********************con firma electrónica certificada por el Servicio de Administración Tributaria (e-firma), con número de serie ********************, a nombre del citado promovente; contra actos de la Doctora ********************, Encargada de la Dirección Regional en Morelia del ISSSTE y doctor ******************** Jefe de Departamento Encargado del Área de Licencias Médicas del ISSSTE, por los actos que hizo consistir en: ". De la primera reclamo: la "orden verbal" al doctor ********************, Jefe de Departamento encargado del área de licencias médicas del ISSSTE, de que el médico psiquiatra tratante emitiera interconsultas y examen de encefalograma, y acudiera a realizarlas para para que medicina laboral o del trabajo, los remitiera a Ciudad de México, para una valoración y posterior dictamen respecto de pensión por invalidez. De la segunda reclamo: La orden que dio el dieciséis de febrero pasado al doctor ********************, para que me hiciera entrega al día siguiente donde tenía cita programada, de tres documentos para que llevara a cabo los estudios clínicos correspondientes arriba señalados..". Acumulación de juicios. Luego, como de la certificación de cuenta, se advierte que en los juicios de amparo números 262/2023 y 264/2023, existe identidad con relación las autoridades señaladas como responsables, actos reclamados y antecedentes de los mismos, debe considerarse que en la especie, se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, que al efecto establece: Lo anterior es así, en razón a que los juicios de amparo anteriormente citados, se promovieron por ********************contra actos de la Doctora ********************, Encargada de la Dirección Regional en Morelia del ISSSTE y doctor ******************** Jefe de Departamento Encargado del Área de Licencias Médicas del ISSSTE, existe identidad con relación a las autoridades señaladas como responsables, actos reclamados y antecedentes de los mismos, de ahí que exista conexidad entre ambos juicios. Atento a ello, este juzgado en términos del invocado artículos 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º y al tenor del precepto 66 de este último ordenamiento legal, decreta de plano la acumulación de los citados juicios, sin necesidad de sustanciar incidente, en razón a que en autos existen constancias pertinentes sobre la conexidad de los juicios. Se expone tal aserto, pues la acumulación de que se trata, tiene por objeto tanto la economía del procedimiento como evitar la contradicción de resoluciones que se dicten en negocios que impliquen el mismo problema jurídico, si los actos reclamados son sustancialmente los mismos; ello a efecto de lograr que la impartición de justicia sea pronta y expedita, de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tales condiciones, en atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrará el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto. Por tanto, en esos términos de lo anteriormente expuesto se ordena formar y registrar los expedientes impreso, y electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) bajo el número 263/2023 y su acumulado 264/2023. Pronunciamiento respecto a la suspensión de plano que solicita. En el caso concreto, no ha lugar a proveer sobre la suspensión de plano que solicitó el quejoso, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, toda vez que la misma sólo procede cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, sin embargo, del contenido íntegro de la demanda de amparo se inadvierte que la parte quejosa reclame como acto destacado alguno de los anteriormente señalados. Se afirma lo anterior, toda vez que la parte del artículo 22 constitucional, a la que alude el citado artículo 126 de la Ley de Amparo, es el párrafo primero, que prohíbe las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Ahora bien, la existencia de esta regulación diferenciada, obedece, por lo que hace a la suspensión de oficio y de plano, a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia, como la vida, la libertad, o la integridad personal, de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del amparo (la privación de la vida, de la libertad, etcétera). Sirve de apoyo a lo anterior, el principio rector de la tesis con número de registro digital 334093 sustentada por la Segunda Sala de la Sup. La razón de procedencia de este tipo de suspensión diferenciada (de plano y de oficio), estriba en que los actos a que está referida conllevan una extraordinaria afectación a derechos humanos, lo que se puede advertir con sólo ver las hipótesis normativas que cubren, es decir, se trata de bienes jurídicos que son derechos humanos altamente preciados y que requieren, ante dichas situaciones de riesgo, la protección judicial más accesible que pueda darse y que, precisamente por ello, no se allanan con la exigencia de reglas procesales que en otras hipótesis sin apremios tienen su razón de ser y resulta justificado exigir. Luego, la suspensión de plano y de oficio prevista en el artículo 126 de la Ley de Amparo, únicamente puede concederse en los casos previstos en dicho numeral, por estar orientada a actos de extraordinaria afectación a derechos humanos, entonces esa medida tendrá que ser concedida -en los casos que así procedaatendiendo directamente a la naturaleza del acto reclamado, y no a lo que manifieste la parte quejosa en relación con su procedencia. Así entonces, este órgano jurisdiccional considera que en el caso los actos reclamados consistentes en la orden de interconsulta, se refiere a que el médico psiquiatra que lo trato consideró necesario que sea evaluado por un médico especialista; en tanto que, la orden del estudio de encefalograma consiste en practicarle un estudio de la función cerebral que recoge la actividad eléctrica del cerebro en situación basal y con métodos de activación, como la hiperventilación y la foto estimulación; empero, no se advierte que cursara alguna enfermedad que genere una vulnerabilidad que comprometa su salud o ponga en peligro su vida, que permita considerar que se le está generando una aflicción física que afecte su integridad personal. Por tanto, se estima que no se actualiza el presupuesto de la suspensión de plano que solicitó el quejoso. Precisión de los actos reclamados. Ahora, con fundamento en la jurisprudencia P./J. 40/2000 y la tesis P. VI/2004, se procede a fijar en forma clara y precisa el acto reclamado en la presente litis constitucional, el cual se advierte del análisis integral de la demanda de amparo, de lo que se colige que la parte quejosa reclama: De la Encargada de la Dirección Regional en Morelia y Jefe de Departamento Encargado del Área de Licencias Médicas, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: La negativa de otorgarle más licencias médicas, con motivo de la orden verbal de que el médico psiquiatra tratante emitiera interconsultas y examen del estudio de encefalograma. Así como, la orden de entregarle tres documentos para que se efectuaran los estudios clínicos señalados en el párrafo que antecede. Lo expuesto, se corrobora de los antecedentes del acto reclamado y solicitud de la suspensión en el que manifestó: ".y sentía que en lo sucesivo ya no me diera más licencias médicas (por el padecimiento que en su momento me fue diagnosticado por el personal adscrito a dicha institución tanto en el hospital familiar, como en el de alta especialidad). [.] Acto, que a todas luces resulta violatorio en mis derechos fundamentales de salud, al ordenar al psiquiatra negarme toda licencia médica [.] Es decir no se coarte el derecho de otorgamiento de licencias médicas necesarias en caso de recaer por el trastorno mixto de ansiedad y depresión." De ahí que, se interprete que reclama la negativa de las responsables de otorgarle más licencias médicas, como acto destacado. Desechamiento de la demanda de amparo Precisado lo anterior, el suscrito juzgador considera que con relación a los actos reclamados en este juicio de derechos fundamentales, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Así, de la análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que ésta resulta notoriamente improcedente, pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, que disponen respectivamente lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "ARTÍCULO 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrían la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". La evolución del concepto de autoridad responsable inició con el texto del artículo 11 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, abrogada por la publicada en el mismo medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, el cual establecía que para los efectos del juicio de amparo, es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado. De esa definición legal derivó una primera interpretación por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinó, para los efectos del juicio de amparo, que autoridades responsables eran todas aquellas personas que disponían de fuerza pública en virtud de circunstancias de hecho o de derecho que estén en posibilidad de ejercer actos públicos, por ser pública la fuerza de que disponen. Con posterioridad, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación modificó ese criterio en atención a la amplitud de atribuciones de que gozan los órganos del Estado, que en su actuación pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, y estableció que el juzgador de amparo debe analizar, en cada caso particular, si el acto que se reclama es de autoridad para los efectos del juicio de garantías, tomando en cuenta la norma legal que lo faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente al gobernado, que deban exigirse mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades. Lo anterior se encuentra en los razonamientos que integran la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades.". De igual forma, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó las notas distintivas del concepto de autoridad responsable, en la siguiente jurisprudencia: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.". Ahora bien, del análisis del texto del artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, se observa que el legislador acogió el concepto de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo previamente aludido que ha desarrollado el Máximo Tribunal del País a través de su labor interpretativa. En efecto, de acuerdo con el citado artículo, es autoridad responsable para efectos del juicio constitucional la que con independencia de su naturaleza formal, realice un acto u omisión que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, por lo que al igual que se establece en las tesis de jurisprudencia anteriormente citadas, es en la relación jurídica de supra a subordinación en la que, al colocarse el gobernado como titular de derechos fundamentales frente a los actos unilaterales de la autoridad, como limitantes o restricciones jurídicas a su poder de imperio, se materializa el acto de autoridad reclamable a través del juicio de amparo. Ello, sin perjuicio de que el párrafo segundo de la fracción II del artículo en análisis establezca que los particulares también tienen la calidad de autoridad responsable para efectos, del juicio de amparo, dado que el legislador estableció que para que tal supuesto se actualice, es necesario que la actuación del particular esté determinada por una norma general y que el acto que realice sea equivalente y tenga los mismos efectos a los de una autoridad, en los términos de la redacción del primer párrafo de tal porción normativa. Ahora bien, a fin de determinar cuándo un acto es emitido por una autoridad para los efectos del juicio de amparo, se deben precisar los tres tipos de relaciones que existen entre las autoridades y los particulares, a saber: a) Relaciones de coordinación: Son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. b) Relaciones de supra a subordinación: Son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos suscitados por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. c) Relaciones de supraordinación: Son las que surgen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el imperativo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. Del contenido de los artículos transcritos y de la precisión de las relaciones que surgen entre las autoridades y los particulares, se desprende que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos que en éste se reclamen provengan de un acto de autoridad y que además afecten las garantías individuales de los particulares, lo que supone la existencia de actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares, por actuar las primeras en un plano superior a los segundos; de ahí, que aquellos actos que emanan de relaciones de supraordinación entre autoridades o de coordinación entre particulares, aun cuando en estas últimas, la relación surja entre un particular y una autoridad, pero en un mismo plano de coordinación como particular, tales actos no pueden reclamarse a través del juicio de amparo. Asimismo, a efecto de considerar que el acto ha sido emitido dentro de una relación de supra a subordinación y que entonces se estimara acto de autoridad para efectos del amparo, es necesario, además de que la autoridad obrara en un plano superior al del gobernado, que esa relación tuviera su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; que dicho acto lo haya emitido en forma unilateral y que con ello cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; que para emitir ese acto no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado; y que para hacer cumplir sus determinaciones pueda hacer uso directo o indirecto de la fuerza pública; es decir, resulta indispensable que ésta haya actuado al emitir el acto impugnado con unilateralidad, coercitividad e imperatividad. En ese sentido apoya al anterior argumento la tesis aislada I.15o.A.36 K del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1316, Tomo XXVIII, Noviembre de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: Lo anterior, ya que el acto que se le atribuye a las responsables deviene de su función como ente asegurador y no como una autoridad para efectos del juicio de amparo, en razón de que los actos que reclama por parte del personal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Región Morelia, -al cual pertenecen las autoridades médicas citadas supra- ante quien se encuentra afiliado como derecho habiente, debido a que es empleado del Consejo de la Judicatura Federal. En efecto, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a través de sus unidades médicas, tiene a su cargo el deber de brindar servicios de salud a todas aquellas personas que se encuentran afiliadas, dado que se trata de un ente asegurador que es contratado por los organismos gubernamentales y desconcentrados de la administración pública, para tales efectos, como ocurre con el Instituto Mexicano del Seguro Social, quien también puede obrar desde la dualidad de Patrón y como ente asegurador. Lo último tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J.134/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: Así pues, cualquier acción u omisión reclamado al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en su carácter de asegurador, a través de sus órganos internos, como en el caso que nos ocupa, no constituye un acto de autoridad, sino hechos derivados de la relación de seguridad social que existe entre la parte impetrante como afiliado de ese instituto, como ente asegurador, y como tal las controversias que entre éstos susciten, deben ser dirimidas ante la autoridad ordinaria correspondiente. Robustece lo anterior, en lo conducente, la tesis aislada V.2o.46 A, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito1, cuyo texto es el siguiente: De esta manera, es indudable que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del ordinal 61, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo; en consecuencia, resulta procedente desechar de plano la demanda de amparo promovida por ********************. No se soslaya, que el quejoso en su escrito inicial solicitó que se le sigan programando consultas médicas cercanas y que se le suministren medicamentos de patente no genéricos; sin embargo, el peticionario de amparo no reclamó la omisión o negativa de proporcionar atención médica, o bien, que las autoridades le nieguen el otorgamiento de algún medicamento que ocupe, en cuyo caso, sería procedente el juicio de amparo. Por el contrario, de sus propias manifestaciones bajo protesta de decir verdad y documentos anexos a su demanda, se advierte que se le ha otorgado la atención médica que requiere, tan es así que, lo turnaron con un especialista para tratar el padecimiento que ostenta. Lo que se corrobora, con las documentales que la parte quejosa adjuntó a las demandas de amparo, (de las cuales manifestó bajo protesta de decir verdad que con copias íntegras e inalteradas de sus originales), consistentes en las licencias médicas ********************, de veinte de enero y cuatro de febrero de dos mil veintitrés, así como del carnet número ********************, a nombre del citado quejoso, de las cuales se desprende que efectivamente como el mismo lo señala, se le han otorgado citas médicas y se ordenaron diversas solicitudes de interconsulta. Domicilio Se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la ********************. Invitación de las partes esquema en línea. Por otra parte, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente.

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