Juan Medina Pérez
Expediente 296/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 296/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 12/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juan Medina Pérez
- Director de Tránsito y Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado de Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Vista la certificación que antecede, como no se interpuso recurso de revisión en contra del proveído de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicho proveído ha quedado firme, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y glósense los cuadernos incidentales. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Por otra parte, tomando en consideración que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención; en razón de que el suscrito estima que carece de relevancia documental. Ahora bien, respecto del original del incidente de suspensión, por contener medidas cautelares concedidas, se deberán conservar todas las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación. En tanto que el duplicado del incidente de suspensión, por ubicarse en el supuesto de la fracción lll, Punto Vigésimo del acuerdo en cita, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran seis meses de haber dictado la interlocutoria. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, VEINTIUNO DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el escrito signado por el quejoso Juan Medina Pérez el cual fue debidamente ratificado ante el Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional en esta misma data, según se advierte de la diligencia practicada el veinte de mayo de la presente anualidad, por el cual manifiesta que desiste del presente juicio de amparo, en consecuencia, se le tiene desistiendo de este juicio de garantías. En ese contexto, atento a que el desistimiento de la acción constitucional, constituye una abdicación o renuncia del sujeto, a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado; por consiguiente, el desistimiento ratificado ante el personal de este Juzgado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista en la fracción I, del ordinal 63 de la Ley de Amparo, por lo que se decreta el sobreseimiento en el presente asunto. Sirve de apoyo al anterior criterio por identidad jurídica la Tesis Jurisprudencial número 2a./J.33/2000, visible en la Página 147, Segundo Sala, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto que dice: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia." Háganse las anotaciones que correspondan en el Libro de Gobierno. Comuníquese lo anterior a las partes para los efectos legales consiguientes. En atención a lo anterior, se deja sin efecto la fecha fijada para la audiencia constitucional, programada para las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. NOTIFÍQUESE.
- Principal
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa y autorizados, el acuerdo y/o resolución de fecha veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, el cual en lo conducente señala: Pérez el cual fue debidamente ratificado ante el Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional en esta misma data, según se advierte de la diligencia practicada el veinte de mayo de la presente anualidad, por el cual manifiesta que desiste del presente juicio de amparo, en consecuencia, se le tiene desistiendo de este juicio de garantías. En ese contexto, atento a que el desistimiento de la acción constitucional, constituye una abdicación o renuncia del sujeto, a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado; por consiguiente, el desistimiento ratificado ante el personal de este Juzgado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista en la fracción I, del ordinal 63 de la Ley de Amparo, por lo que se decreta el sobreseimiento en el presente asunto. Sirve de apoyo al anterior criterio por identidad jurídica la Tesis Jurisprudencial número 2a./J.33/2000, visible en la Página 147, Segundo Sala, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto que dice: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia." Háganse las anotaciones que correspondan en el Libro de Gobierno. Comuníquese lo anterior a las partes para los efectos legales consiguientes. En atención a lo anterior, se deja sin efecto la fecha fijada para la audiencia constitucional, programada para las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. NOTIFÍQUESE.
- Principal
...Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se desprende que está transcurriendo el término de ocho días que señala el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que las partes, en especial el quejoso se imponga del contenido de las constancias que remitió el Perito en Hechos de Tránsito (Enrique López Cuevas), con sede en esta ciudad, de las cuales se proveyó en auto de siete de los actuales; en consecuencia, la audiencia constitucional prevista para esta fecha se difiere, para las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. En apoyo de lo anterior, es de invocar la jurisprudencia número 698 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 781, Tomo II. Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011 que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario.". Y la tesis consultable en la página 594, Tomo II, Agosto de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES. El artículo 149 de la Ley de Amparo, dispone que el quejoso debe tener conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, al menos ocho días antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional; además, la autoridad responsable debe acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar la legalidad del acto reclamado, y si el informe de la autoridad es rendido fuera del plazo que señala ese precepto, podrá ser tomado en cuanta por el juez de Distrito, siempre y cuando las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen. Por tanto, cuando el juez de Distrito pide oficiosamente la remisión de constancias que estima necesarias para la resolución del juicio de amparo, en términos del artículo 78, debe dar vista a las partes con ellas, de conformidad con lo dispuesto en la parte final del artículo 149 citado, interpretado a contrario sensu, pues sólo así se respetará la garantía de audiencia de las partes y se les permitirá conocer dichas constancias, controvertidas e impugnarlas, si a su derecho interesa, además de probar tanto la existencia como la inconstitucionalidad del acto reclamado". NOTIFÍQUESE.
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