Juan Miguel Millán Gómez

Expediente 256/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
256/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
27/04/2021

Partes del expediente

  • Juan Miguel Millán Gómez

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; veintisiete de abril de dos mil veintiuno. Firmeza procesal. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de catorce de abril de dos mil veintiuno, a través del cual se desechó la demanda de amparo promovida por ***, sin que el quejoso lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. En este contexto, atento a lo ordenado en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que: a) El cuaderno principal es susceptible de destrucción (Artículo 21, inciso d), del citado Acuerdo). Por tanto, una vez que transcurra el plazo de tres años contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido se procederá a su destrucción, al no tratarse de un expediente con relevancia documental. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General Conjunto de referencia. En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 35 del citado Acuerdo General, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), se ordena remitir como concluido el expediente de que se trata al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo. Asimismo, toda vez que la parte quejosa adjuntó documentos originales a la demanda inicial, se dejan a su disposición, y se le apercibe que de no recogerlos en el término de noventa días, serán destruidos. En el entendido de que deberá sujetarse a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, por lo que para el caso de comparecer ante este juzgado se le sugiere hacer uso del micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, contenido en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. En cumplimiento a lo establecido en el acuerdo general 12/2020, artículos 3 fracción lll y 22 párrafo lV, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona al Secretario y a los Actuarios Judiciales para revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en éste. Asimismo, los oficiales administrativos auxiliarán en ese ejercicio e incluso realizarán la compulsa de las actuaciones que integran el expediente físico para la digitalización de constancias y darán cuenta respecto de la identidad entre las actuaciones de ambos expedientes. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 párrafo lV, del acuerdo mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, catorce de abril de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio proveniente del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite por conducto de la Oficina de Correspondencia Común, la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Agente del Ministerio Público del Tercer Turno, con residencia en el Municipio de Lerma de Villada, Estado de México. Acúsese el recibo correspondiente y regístrese con el número 256/2021. Desechamiento de la demanda. De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano. En el caso, se advierte actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por lo siguiente: El numeral citado establece: "Artículo. 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, ndependientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley.". De lo anterior se advierte que la disposición legal transcrita establece lo que se conoce como principio de definitividad cuando se reclaman actos de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, consistente en que la parte quejosa, previamente al ejercicio de la acción constitucional, por regla general, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así, será improcedente el juicio de amparo. Este principio es indicativo de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa a través de la protección de las garantías individuales y derechos humanos, de modo que para acudir a él es necesario interponer en la vía ordinaria procedente los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan. La causa de improcedencia descrita opera cuando se colmen los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado se trate de una resolución proveniente de una autoridad distinta de los tribunales judiciales. b) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente. c) Por virtud de ese medio, la resolución pueda ser modificada, revocada o nulificada. Al respecto, es menester destacar el contenido del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que regula el régimen al que deben sujetarse las partes sobre las determinaciones del Ministerio Público. El precepto citado establece lo siguiente: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno.". De lo anterior, se advierte que en contra de los actos reclamados consistentes en la omisión del Agente del Ministerio Público del Tercer Turno, con residencia en el Municipio de Lerma de Villada, Estado de México, de proveer lo conducente respecto al escrito de veintidós de septiembre de dos mil veinte, mediante el cual solicitó el no ejercicio de la acción penal y en consecuencia el archivo de la carpeta de investigación número LER/TOL/LER/054/056737/18/03, iniciada por el delito de despojo, la parte quejosa debió hacer valer el medio de defensa innominado que prevé el citado numeral, ya que el mismo procede en contra de las omisiones y determinaciones del Ministerio Público. Al caso se invoca la Jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 945, cuyo rubro y texto es: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en estesupuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." En efecto, el acto del que se duele la parte quejosa deriva de la carpeta de investigación con número LER/TOL/LER/054/056737/18/03, de la cual conoce el Agente del Ministerio Público del Tercer Turno, con residencia en el Municipio de Lerma de Villada, Estado de México, el cual, se rige a través de las reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales y es impugnable a través del medio de defensa innominado que prevé en su numeral 258; de ahí la procedencia del recurso previo a esta instancia constitucional. Por tanto, el promovente tenía la carga de agotar, previo a la promoción del juicio de amparo, el medio de defensa innominado que prevé el citado numeral, con la finalidad de cumplir con el principio de definitividad que rige al mismo, a través del cual pueda declararse la invalidez del acto que en esta vía combate, lo que omitió, pues no aduce que lo haya hecho valer. Por lo expuesto, fundado y motivado, atento a lo dispuesto por los artículos 113 y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda presentada por Juan Miguel Millán Gómez, contra actos del Agente del Ministerio Público del Tercer Turno, con residencia en el Municipio de Lerma de Villada, Estado de México, por notoriamente improcedente. Domicilio y autorizados. De conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa las listas publicadas en estrados de este órgano constitucional por así solicitarlo. Por otra parte, téngase por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Manuel Pérez Pintle; asimismo, únicamente para oír y recibir notificaciones a ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** y ***. Días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de la materia, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Exhortación. Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en línea. Requerimiento. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a las partes para que proporcionen correo electrónico y número telefónico, para establecer contacto respectivo, en caso de que este Juzgado estime necesario localizarlas por alguno de los citados medios de comunicación. En cumplimiento a lo establecido en el acuerdo general 12/2020, artículos 3 fracción lll y 22 párrafo lV, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona al Secretario y a los Actuarios Judiciales para revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en éste. Asimismo, los oficiales administrativos auxiliarán en ese ejercicio e incluso realizarán la compulsa de las actuaciones que integran el expediente físico para la digitalización de constancias y darán cuenta respecto de la identidad entre las actuaciones de ambos expedientes. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 párrafo lV, del acuerdo mencionado. Notifíquese.

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