Juan Meza Rea

Expediente 194/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
194/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
19/04/2021

Partes del expediente

  • Juan Meza Rea

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Firmeza procesal. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, a través del cual se desechó la demanda de amparo promovida por Juan Meza Menis, en representación de su hijo Juan Meza Rea, sin que el quejoso, lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. En este contexto, atento a lo ordenado en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que: a) El cuaderno principal es susceptible de destrucción (Artículo 21, inciso d), del citado Acuerdo). Por tanto, una vez que transcurra el plazo de tres años contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido se procederá a su destrucción, al no tratarse de un expediente con relevancia documental. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General Conjunto de referencia. En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 35 del citado Acuerdo General, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), se ordena remitir como concluido el expediente de que se trata al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo. En cumplimiento a lo establecido en el acuerdo general 12/2020, artículos 3 fracción lll y 22 párrafo lV, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona al Secretario y a los Actuarios Judiciales para revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en éste. Asimismo, los oficiales administrativos auxiliarán en ese ejercicio e incluso realizarán la compulsa de las actuaciones que integran el expediente físico para la digitalización de constancias y darán cuenta respecto de la identidad entre las actuaciones de ambos expedientes. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 párrafo lV, del acuerdo mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    Se hace efectivo el apercibimiento inserto en el aviso de dos de abril de dos mil veintiuno y se notifica por lista a la parte quejosa ------el acuerdo de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno que dice: Toluca, Estado de México, veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Radicación. Vista la demanda de cuenta promovida por Juan Meza Menis, en representación de su hijo Juan Meza Rea, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez (Altiplano) y otra autoridad, regístrese bajo el número 194/2021. Desechamiento. De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano. En esas condiciones, la demanda de amparo resulta improcedente, toda vez que el escrito de demanda que se provee, no contiene firma autógrafa del quejoso, así como tampoco las copias que de la misma se anexaron, lo cual, se estima necesario pues el principio de agravio personal y directo que emana del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 6 de la Ley de Amparo implica que debe ser solicitado por quien directamente resienta los efectos del acto impugnado. Además, el artículo 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles establece que por suscripción de un documento se entiende la colocación al pie del escrito, de las palabras que con respecto a su destino sean idóneas para identificar a la persona que suscribe. En esa medida, dado que el escrito inicial de demanda no contiene la firma autógrafa de quien se cita en el rubro como promovente, esto es, de Juan Meza Rea, y en virtud de que aquélla constituye una formalidad indispensable para dar curso a cualquier escrito que contenga una promoción judicial, pues sirve para dar autenticidad al mismo y plasma la voluntad de todo accionante, debe estimarse que conforme a los preceptos antes indicados, propiamente no le revestiría el carácter de parte quejosa en el presente asunto; consecuentemente de conformidad con los preceptos legales arriba mencionados, en relación con el numeral 61, fracción XXIII y 113, de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su anterior integración, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 181-186 Quinta Parte, Séptima Época, página 71, que es como sigue: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 Constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio." Así también, resulta aplicable la tesis consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo X-Octubre, relativo a Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, visible en la página 315, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTOGRAFA. Si un escrito de demanda de amparo carece de la firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4o. y 166 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada". No pasa inadvertido que en el escrito de demanda aparece el signo gráfico de una persona con el nombre de Juan Meza Menis, sin embargo, tomando en consideración que el quejoso reclama la privación de la libertad de Juan Meza Rea, la apertura del juicio ante el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez (Altiplano), la omisión de análisis de pruebas y la imputación del delito contra la salud, sin acreditar los elementos del cuerpo del delito, se advierte actualizada la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación a los diversos 6 y 15, aplicado en sentido contrario, de la Ley Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. (...)" En principio conviene precisar que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad y que su procedencia se supedita a los diversos principios que lo rigen. Dentro de los postulados básicos del juicio de amparo está el de instancia de parte agraviada y el de la existencia del agravio personal y directo, contenidos en el artículo 6° de la Ley de Amparo, los cuales consisten en que el juicio de amparo sólo se puede promover por quien resulte perjudicado con un acto de autoridad, por aquél que resiente el agravio de manera directa y personal. De la lectura del precepto legal en cita, se advierten las formas para dar cumplimiento al principio de instancia de parte agraviada rector del juicio de amparo, previsto en el artículo 6° de la Ley de Amparo, el cual establece una regla general a seguir para la procedencia del juicio constitucional, relativa a que éste sólo se puede promover por aquella persona a quien afecte la norma general o cualquier otro acto de autoridad; sin embargo, también prevé un caso excepcional, pues, dicho principio se considera cumplido si la demanda es promovida por un representante del agraviado o su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, o bien, por medio de algún pariente, o persona extraña en los casos en que la ley reglamentaria lo permita en forma expresa. En tal virtud, como los actos reclamados señalados como la privación de la libertad de Juan Meza Rea, la apertura del juicio ante el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez (Altiplano), la omisión de análisis de pruebas y la imputación del delito contra la salud sin acreditar los elementos del cuerpo del delito, no se ubican en el supuesto previsto por el artículo 15 de la Ley de Amparo, es evidente que no se justifica el hecho de que otra persona promueva en su favor la demanda; asimismo, se debe precisar que de la lectura íntegra de la demanda de amparo no se aprecia que el quejoso, se encuentre imposibilitado para firmar la demanda. Luego, si en el caso el acto reclamado no se ubica en las hipótesis establecidas en el artículo 15 de la Ley de Amparo, ni se advierte que la persona en cuyo favor se promueve esté imposibilitada para instar por derecho propio la demanda de amparo, se debe estimar que no se cumple con el principio de acción por la parte agraviada, pues éste es el rector del juicio de amparo, ya que no se está en alguno de los supuestos de excepción para que Juan Meza Menis, inste el presente juicio de amparo. A la presente determinación se estima aplicable, por haber interpretado disposición de contenido similar, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Enero de 1991, página 272, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO EN MATERIA PENAL POR FALTA DE LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA PARA PROMOVERLO. Uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo, lo es el de la iniciativa o instancia de parte agraviada previsto por la fracción I del artículo 107 de la Constitución General de la República, en relación con el 4o. de la Ley de Amparo, establece que el juicio de garantías únicamente puede promoverse por el gobernado a quien perjudique el acto que se le reclama, sin que pueda hacerlo persona distinta a él; sin embargo, en materia penal existen tres disyuntivas por virtud de las cuales se puede promover ese juicio, a nombre del quejoso: a) cuando el representante acredite debidamente esa calidad, en términos del artículo 12 de la Ley de la Materia; b) por los defensores, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento judicial (artículo 16 de la Ley de Amparo), y c) por cualquier persona, si se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos, por el artículo 22 constitucional, siempre y cuando "el agraviado se encuentre imposibilitado para" promoverlo según el artículo 17 de la ley reglamentaria. En estas condiciones, si en el caso concreto, el promovente hizo valer el juicio constitucional en favor de un hermano, sin que se encuentre en alguno de los supuestos referidos, puesto que reclama la orden de aprehensión emitida por autoridad judicial y no demostró ser el mandatario exhibiendo el documento respectivo, ni tampoco defensor del indicado, ni se está en los supuestos del artículo 17 del ordenamiento invocado, debe considerarse que el solicitante carece de legitimación procesal activa para intentar la acción constitucional, por actualizarse la causa de improcedencia que prevé la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 4o., de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. " Así como, en lo conducente, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 76, Primera Parte, página 45, de la Séptima Época, del contenido siguiente: "LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA OCURRIR AL AMPARO. La fracción I del artículo 107 constitucional establece como principio esencial del juicio de garantías, el que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, y, a su vez, el artículo 4o. de la Ley de Amparo dispone que el juicio de garantías puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Ahora bien, de la correcta interpretación de los mencionados preceptos, se llega a la conclusión de que la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tiene la persona o personas, físicas o morales, directamente agraviadas por la ley o acto que se estime violatorio de garantías, mas no así quien, por ello, indirectamente pudiera resentir algún perjuicio, porque el derecho de promover ese juicio es personalísimo." En consecuencia, por lo motivos desarrollados en el cuerpo de la presente determinación procede desechar la demanda intentada. Domicilio y autorizados. De conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. Por otra parte, en atención a la certificación secretarial que antecede, ténganse por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Esiquio López Trevilla y Antonio Jardón Sanabria. Ahora bien, dado que el promovente no señala un usuario electrónico en términos del Acuerdo General 34/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica, con fundamento en el artículo 22 del diverso acuerdo 21/2020, se tiene como correo electrónico he.trevilla@yahoo.com.mx, mediante el cual, en casos excepcionales, se le hará del conocimiento las notificaciones que surjan en el presente juicio, sin que ello implique que dicha comunicación tenga efectos procesales. Días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de la materia, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Exhortación. Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en línea. En cumplimiento a lo establecido en el acuerdo general 12/2020, artículos 3 fracción lll y 22 párrafo lV, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la ??????????????? Judicatura Federal, se comisiona al Secretario y a los Actuarios Judiciales para revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en éste. Asimismo, los oficiales administrativos auxiliarán en ese ejercicio e incluso realizarán la compulsa de las actuaciones que integran el expediente físico para la digitalización de constancias y darán cuenta respecto de la identidad entre las actuaciones de ambos expedientes. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 párrafo lV, del acuerdo mencionado. Notifíquese personalmente

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente.

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