Juan Martinez Trujillo

Expediente 982/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
982/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Juan Martinez Trujillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo indirecto 982/2023 p... R E S U L T A N D O: .... C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, ... SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Ahora, de un estudio integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama a las autoridades responsables: - La respuesta incompleta e incongruente que dio a su ocurso datado el diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, presentado al día siguiente ante la responsable TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado el Fiscal General del Estado, negó la existencia del acto que se le reclama; sin que exista prueba en contrario que evidencie que fue el referido Fiscal quien haya dado contestación a su escrito de petición datado el seis de octubre de dos mil veintitrés. En Tal circunstancia, con fundamento en el numeral 63, fracción IV de la Ley de Amparo procede SOBRESEER en el juicio. CUARTO. Existencia del acto reclamado La encargada de la mesa de intervenciones adscrita a la vice-fiscalía General zona Centro, en su informe justificado negó la existencia del acto reclamado; sin embargo, de las constancias que remitió como justificación a su informe se advierte que el acto es CIERTO. QUINTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la tesis de jurisprudencia número 814, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917- 1995, Tomo VI, Materia Común, página 553, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso, no existe causa de improcedencia que se haga valer o que se advierta de oficio, por cuyo caso se procede a atender los conceptos de violación formulados. SEXTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación que se encuentran contenidos en la demanda de amparo, se tienen por reproducidos sin necesidad de su transcripción. Es aplicable la jurisprudencia Tesis: 2a./J. 58/2010, XXXI, mayo de 2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, visible a página ochocientos treinta, Novena Época, con número de registro No. 164618, de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." No obstante, debe decirse, en resumen, se hacen consistir en lo siguiente: 1.- Que en caso se vulnera su derecho humano contenido en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque las responsables no dan respuesta congruente a su pedido para intervenir en la carpeta de investigación que existe en su contra. SÉPTIMO. Estudio de la inconstitucionalidad del acto reclamado. Los conceptos de violación son FUNDADOS, pero INOPERANTES. En primer lugar, cabe mencionar que el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente: "Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de uso de ese derecho los ciudadanos de la República.- A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". De la lectura el citado precepto se desprende que contiene dos requisitos formales que toda autoridad debe observar con el objeto de cumplir íntegramente con el imperativo constitucional que se analiza, que son: a).-Dictar el acuerdo correspondiente; y b).- Comunicarlo en breve término al interesado. Además de lo anterior, cuando se reclama la vulneración del derecho de petición, el juzgador debe hacer un análisis para establecer si la respuesta es o no congruente con lo pedido. Así lo pone de manifiesto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia consultable en la página 1490 del libro 20, diciembre de dos mil veintidós, Registro digital: 2025580, Undécima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto literal siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. LA PERSONA JUZGADORA DEBE ANALIZAR SI LA RESPUESTA ES CONGRUENTE CON LO SOLICITADO CUANDO SE RECLAMA LA VIOLACIÓN A ESE DERECHO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes adoptaron posturas discrepantes sobre un mismo punto de derecho, al analizar la violación al derecho de petición por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues mientras uno de ellos sostuvo que en el juicio de amparo no procede analizar la congruencia de la contestación acaecida a la solicitud del quejoso, ello en aplicación de la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), el otro consideró que sí se debe analizar tal circunstancia, derivado del contenido de dicha jurisprudencia y de las diversas emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que cuando se reclama la violación al derecho de petición, la persona juzgadora debe analizar la congruencia de la respuesta con la petición formulada a la autoridad, como es el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social o cualquier otra, toda vez que la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), al establecer en su texto: "... con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición ...", implica que la respuesta debe ser congruente con lo peticionado y, como efecto de ello, que el operador jurídico lo determine, esto es, si lo que contesta la autoridad tiene una relación lógica con la solicitud planteada por la persona peticionaria, en estrictos términos del artículo 8 constitucional. Justificación: Lo anterior, por la necesidad de que se garantice la protección efectiva del derecho humano previsto en el artículo 8 constitucional y así resulta acorde con la doctrina jurisprudencial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que la respuesta se debe referir efectivamente a lo peticionado, de modo que guarde una consecuencia lógica al efecto. Incluso podría tratarse de algún requerimiento de datos que la autoridad precise para estar en condiciones de proceder en torno a la solicitud. Esto, sin que la persona juzgadora esté constreñida a analizar la regularidad o legalidad de la respuesta, es decir, si el contenido y sentido son jurídicamente correctos, según la normatividad aplicable, como tampoco si en el fondo favorece a las pretensiones de la persona peticionaria. Bien, en el caso, consta, que la parte quejosa, mediante escrito datado el diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, solicitó en lo esencial a la responsable: Que sabe que se instruye una carpeta de investigación en su contra, motivo por el cual pide se le de acceso a dicha carpeta, se le haga del conocimiento el número, la mesa que la instruye y el delito por el que se sigue. Debiendo señalar fecha y hora para realizar su comparecencia, el profesional que le habrá de ser designado y que en su oportunidad se le reciban las pruebas respectivas en su defensa. A ese respecto, la responsable, según acuerdo de seis de septiembre del año en curso, en respuesta a dicha solicitud, contestó "Único.- Se localizó carpeta de investigación número 38620/UDVF/2022, que se encuentra radicada en la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género" "Lo que se le notifica para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo hago de su conocimiento que mediante este conducto únicamente se le notifica el resultado de la búsqueda, por lo que deberá hacer valer sus derechos constitucionales ante la autoridad conocedora de la carpeta de investigación; toda vez que en esta área a mi cargo únicamente se realiza la búsqueda solicitada. Dejando a salvo los derechos que le corresponda al Ministerio Público que conozca de la misma". "Lo anterior, con fundamento en los artículos 8, 20, apartado B y 21 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos". Como se ve, se estima que en el caso, la respuesta otorgada por la autoridad responsable no es congruente con lo pedido por el justiciable, pues de todas las concisas peticiones elevadas a la autoridad, sólo le proporciona al ahora quejoso, el número de carpeta de investigación; pues con respecto -se advierte por exclusión- a que señale fecha y hora para realizar su comparecencia, se le nombre un profesional que lo asesore, y que se le reciban las pruebas respectivas en su defensa, la autoridad le externó que deberá dirigirse ante la autoridad conocedora de la carpeta de investigación; toda vez que en el área a cargo de la responsable sólo se realiza la búsqueda solicitada. Sin embargo, esos motivos dados por la autoridad son insuficientes, para estimar que dicha contestación es congruente, pues es fundamental que para que ello ocurra, debe la autoridad, primero, fijar los fundamentos de su competencia, segundo, externar los motivos amparados en los fundamentos invocados que le permitan dar a conocer a la peticionaria si su pedido es o no procedente; y, tercero, notificarlo a la brevedad. Se invoca en apoyo la tesis 186/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 207 del Tomo XXIV, Diciembre de 2006, Registro digital: 173716, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto literal siguiente: PETICIÓN. PARA RESOLVER EN FORMA CONGRUENTE SOBRE LO SOLICITADO POR UN GOBERNADO LA AUTORIDAD RESPECTIVA DEBE CONSIDERAR, EN PRINCIPIO, SI TIENE COMPETENCIA. Conforme a la interpretación jurisprudencial del artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a toda petición de los gobernados presentada por escrito ante cualquier servidor público, de manera respetuosa y pacífica, éste deberá responderla por escrito y en forma congruente, haciéndolo del conocimiento de aquéllos en breve plazo, sin que el servidor esté vinculado a responder favorablemente a los intereses del solicitante. Ahora bien, en virtud de que las autoridades únicamente pueden resolver respecto de las cuestiones que sean de su competencia, en términos que fundada y motivadamente lo estimen conducente, la autoridad ante la que se haya instado deberá considerar, en principio, si dentro del cúmulo de facultades que le confiere el orden jurídico se encuentra la de resolver lo planteado y, de no ser así, para cumplir con el derecho de petición mediante una resolución congruente, deberá dictar y notificar un acuerdo donde precise que carece de competencia para pronunciarse sobre lo pedido". No obstante, se estima que aún ante lo fundado de los conceptos de violación, sería infructuoso otorgar al quejoso el amparo y protección de la justicia federal que solicita, para efectos de que la responsable deje insubsistente el acuerdo reclamado y en su lugar dicte otro pero fundado y motivado, en que vierta, por principio, su competencia y se pronuncie del pedido de intervención en la carpeta de investigación, pues en este punto no es desconocido para este juzgador, que la intervención de los imputados o su defensor a una carpeta de investigación, sólo se actualiza, según el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: Artículo 218. Reserva de los actos de investigación [.] El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código. Con base en lo anterior, resulta evidente que la autoridad responsable, si bien se encuentra obligada a contestar de manera fundada, motivada y congruente la petición de todo gobernado, lo cierto es que en el caso concreto, al pertenecer el contenido de dicha información a una carpeta de investigación, no resulta obligatorio para que la representación social le deba rendir toda esa información al quejoso, para que de esa manera pueda atender cabalmente el principio de petición a que tiene derecho tal impetrante. Lo anterior porque dicha información se encuentra restringida por el precepto citado, y por ello no es factible ni obligatorio para la autoridad ministerial que tenga que contestar todos los datos, pues en este sentido el quejoso no se ubica en los supuestos de la ley, es decir, no se encuentra detenido, no ha sido citado para comparecer como imputado o que esté siendo sujeto a un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, conforme a la hipótesis del numeral 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tal motivo, si bien resultan fundados los conceptos de violación del quejoso, porque la contestación no cumple con el principio de completitud, lo cierto es que también resultan inoperantes, porque la autoridad ministerial no está obligada a hacerlo al no ubicarse el quejoso en los supuestos de ley. Dicho numeral encuentra respaldo en la tesis de jurisprudencia 72/2019, de la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación, consultable en la página 994, libro 71, octubre de dos mil diecinueve, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto literal siguiente: DEFENSA ADECUADA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. EL INDICIADO Y SU DEFENSOR TIENEN DERECHO A OBTENER COPIAS O REPRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS DE LOS DATOS DE PRUEBA QUE OBRAN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, CUANDO EL IMPUTADO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 218, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Una interpretación sistemática de los artículos 113 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales permite concluir que el imputado y su defensor podrán tener acceso a los registros de la investigación cuando aquél se encuentre detenido, sea citado para comparecer con tal carácter, o bien, sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. Sin embargo, para el goce efectivo del derecho fundamental de defensa adecuada, debe permitirse que puedan obtener una reproducción de dichos registros, ya sea en copia fotostática o como registro fotográfico cuando el imputado se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 218, párrafo tercero, del Código aludido lo que es acorde con los principios del sistema procesal penal acusatorio, relativos a la igualdad y equilibrio entre las partes. Sin que obste a lo anterior el hecho de que el artículo 219 del Código aludido establezca que una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor tendrán derecho a consultar los registros de investigación y a obtener copia con la oportunidad debida para preparar la defensa, pues dicha disposición legal no debe interpretarse como una regla restrictiva ni considerar que sólo a partir de ese momento procesal pueden obtener copias, ya que de la redacción de dicho precepto deriva la obligación del Ministerio Público de respetar el derecho a una defensa adecuada y de igualdad entre las partes, permitiendo el acceso a los registros de investigación y la obtención de copias o reproducciones fotográficas de los datos que obran en la carpeta de investigación, de manera que no prohíbe que éstas se obtengan con anterioridad, pues lo que debe privilegiarse es que llegada la audiencia inicial, quien habrá de ser imputado cuente ya con los datos y registros necesarios que le permitan desarrollar una defensa adecuada, por lo que al actualizarse el supuesto en que el imputado pueda tener acceso a la carpeta de investigación, ello implica también su derecho a obtener copia de su contenido. Así las cosas, ante la inoperancia de los Conceptos de violación, lo PROCEDENTE ES NEGAR AL QUEJOSO EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL QUE SOLICITA. OCTAVO. Publicación de la sentencia En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO.- SE SOBRESEE en el juicio, promovido por J... en términos del considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO.- LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a ...contra actos de la encargada de la mesa de intervenciones adscrita a la vice-fiscalía General zona centro, por las razones expuestas en el considerando séptimo de esta resolución NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA III "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos el informe justificado que rinde la Encargada de la Mesa de Intervenciones adscrita a la Vicefiscalía General Zona Centro, con que da cuenta el secretario, para que surta sus efectos legales correspondientes. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, agréguense las pruebas documentales que remite la citada autoridad como apoyo a su informe justificado, mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de que sean relacionadas en la audiencia constitucional. Dese vista a las partes con el citado informe y constancias por un término de ocho días, a efecto de que se impongan de su contenido. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    MESA III "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la constancia de notificación que obra en el expediente electrónico, se advierte que el treinta de octubre del año en curso, quedó notificada la autoridad responsable Encargada de la Mesa de Intervenciones adscrita a la Vicefiscalía General Zona Centro, del oficio mediante el cual se le solicitó informe justificado; por lo tanto, se encuentra transcurriendo el término que se le concedió para tal efecto. En tal circunstancia, a fin de dar oportunidad a que lo anterior se actualice, la audiencia constitucional señalada para hoy no podrá celebrarse, por lo que se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y UN MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    MESA II San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el diez de octubre del año en curso, se tuvo a la parte quejosa proporcionando la denominación correcta de la autoridad responsable que señala como Encargada de la Mesa de Intervenciones adscrita a la Vicefiscalía General Zona Centro; y por ende, se solicitó a dicha autoridad su correspondiente informe justificado. Por tanto, y a fin de dar oportunidad a que la autoridad en cita quede debidamente notificada de dicho proveído, y esté en posibilidad de rendir su informe con justificación, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS DEL SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE.

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