JUAN MANUEL RAMIREZ SANCHEZ y Otros.
Expediente 318/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 318/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- JUAN MANUEL RAMIREZ SANCHEZ y Otros.
- Juan Manuel Ramirez Sanchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
MESA VI "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés.****************************************Vista la certificación de cuenta, se advierte que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, se incorporó cada promoción, documento, auto y resolución emitidos en el expediente en que se actúa. ********************Asimismo, se aprecia que las partes han quedado debidamente notificadas de la resolución recurrida y del auto por el que se tuvo por interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, cuyas constancias de notificación obran en este juicio.******************** Por tanto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley de Amparo y 39 del Acuerdo General 21/2020 del************************************************************Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el viruscovid-19, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Trabajo del Décimo Tercer Circuito en turno, por conducto dela oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Penal y Trabajo del Décimo Tercer Circuito, lo siguiente: ****************************************1) El escrito de agravios de la tercera interesada.********************2) El expediente en que se actúa.******************** ********************Finalmente, solicítese a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), deje disponible el expediente electrónico relativo al presente asunto y el Tribunal Colegiado que corresponda tenga a su disposición las constancias necesarias.****************************************Notifíquese y cúmplase.
- Principal
MESA VI "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés.********************Agréguese a los autos el escrito presentado por ..., Agente del Ministerio Público adscrita a la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca -tercera interesada-, mediante el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés.********************Por lo que, atento a lo dispuesto por los artículos 81,fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, y una vez que el expediente de que se trata se encuentre debidamente integrado, remítase al Tribunal Colegiado en********************Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito en turno, por conducto de la oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, el escrito de por el que la representación social tercera interesada interpone el recurso y expresa agravios.********************Distribúyanse entre las demás partes copia del escrito de expresión de agravios para los efectos legales correspondientes.********************SE DEJA DISPONIBLE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO****************************************Instrúyase a la Oficial Judicial "A", Encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que, una vez se tenga conocimiento del Tribunal al que sea turnado el recurso de cuenta, deje disponible el expediente electrónico relativo al presente asunto, a efecto de que el tribunal que por turno conozca del aludido medio de impugnación, tenga a su disposición las constancias necesarias.********************DOMICILIO********************Finalmente; se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones y acuerdos el que indica; así mismo, se les tiene únicamente como autorizadas para oír y recibir notificaciones, en términos del numeral 24 de la ley de la materia, a las personas que refiere.********************CORREO ELECTRONICO********************Se toma conocimiento del referido correo electrónico, para establecer comunicaciones no procesales, en caso de ser necesario.********************NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO, AL TERCERO INTERESADO (VÍCTIMA) Y A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚLBICO ADSCRITA; Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y A LOS DIVERSOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO TERCEROS INTERESADOS.
- Principal
NOTIFICO LA PRESENTE DETERMINACIÓN A LA PARTE QUEJOSA PREVIO AVISO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo ... promovido por ... contra actos de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, y; ... C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, ... SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Ahora, de un estudio integral de la demanda se advierte que los actos reclamados consisten en: La resolución dictada el uno de marzo de dos mil veintitrés, en el recurso de apelación ...interpuesto por la víctima contra el auto de no vinculación a proceso emitido el cinco de octubre de dos mil veintiuno, en la causa penal 575/2021, mediante la cual revocó el auto recurrido y en su lugar dictó auto de vinculación a proceso contra ... por la comisión del delito de violencia familiar; y contra ...por la comisión del delito de lesiones, cometidos ambos en agravio de Juan Ramírez Sánchez. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos. TERCERO. Certeza del acto reclamado ES CIERTO el acto reclamado, ya que así lo manifestó la autoridad responsable al rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora con las constancias que remitieron en apoyo, a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. En este apartado se estima conveniente hacer una reseña de los antecedentes del acto reclamado, apoyado en las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se ha otorgado el valor probatorio de ley, y de donde se advierte lo siguiente: Mediante resolución de cinco de octubre de dos mil veintiuno, emitida en la causa penal ... la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, dictó auto de no vinculación a proceso contra... Contra dicha determinación, la víctima interpuso recurso de apelación, el cual tramitó la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con el registro ..., en el que por resolución de veintitrés de marzo de dos mil veintidós confirmó la resolución recurrida. La víctima promovió juicio de amparo contra esa resolución, del cual conoció este Juzgado Octavo de Distrito y tramitó con el registro ...en el que se concedió la protección constitucional, esencialmente en los términos y para los efectos siguientes: "(.) Se reitera, la responsable fue omisa en precisar la motivación correspondiente relativa a explicar el porqué de la conclusión a la que llega de cada agravio del aquí quejoso, respecto del hecho que la ley señala como delito de VIOLENCIA FAMILIAR y en suplir la deficiencia de la queja respecto del delito de LESIONES; lo cual es su obligación, pues no basta que la Sala responsable, haya citado que es correcta la valoración que hizo la juez de cada una de las pruebas y por ello desechar por improcedentes los agravios expresados por el recurrente respecto del delito de LESIONES. (.) En consecuencia, dado que la omisión de motivar la resolución reclamada respecto del delito de VIOLENCIA FAMILIAR y suplir la deficiencia de la queja respecto del delito de LESIONES, constituye una violación formal en términos del artículo 16 y 19 constitucionales, ello impide el estudio de fondo del asunto; por lo que debe declararse la insubsistencia del reclamado y dictar uno nuevo que lo sustituya, en el que se subsane el vicio formal apuntado y, además, porque la emisión de una nueva resolución que purgue los vicios formales evidenciados, es una atribución propia de la autoridad. En esas condiciones, al haber resultado fundado el concepto de violación, procede CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL solicitada por ..., contra el acto de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, residente en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, consistente en la resolución de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, dictada en el toca penal ..., misma que confirmó el auto de no vinculación a proceso dictado por la Juez de Control en Materia Penal del Circuito de Valles Centrales con sede en San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca. SEPTIMO.- Efectos de la concesión del Amparo. Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, la concesión de amparo es para el efecto: a) Deje insubsistente la resolución reclamada. b) En su lugar dicte otra, con plenitud de jurisdicción, pero purgando los vicios de que adolece. (.)." Así, en cumplimiento a ejecutoria de amparo en mención, por resolución de uno de marzo de dos mil veintitrés, dejó insubsistente el acto reclamado y dictó una nueva resolución mediante la cual revocó el auto recurrido y dictó auto de vinculación a proceso contra los quejosos. En dicha determinación, la Sala Penal responsable desestimó la causa de justificación que hicieron valer los imputados, consistente en legítima defensa, al considerar que se excedieron en su ejecución. Resolución que constituye el acto reclamado en el presente asunto. QUINTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la tesis de jurisprudencia número 814, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 553, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Al no existir causa de improcedencia que se haga valer o que se advierta de oficio, se procede a atender los conceptos de violación formulados. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se encuentran en la demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues los antecedentes del caso y los conceptos de violación que esgrime la impetrante se dan por reproducidos como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones innecesarias, tomando en consideración que el artículo 76 ni algún otro precepto de la Ley de Amparo, señalan que deban transcribirse, lo que también tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." No obstante, en resumen, ha de señalarse que la parte quejosa, en su escrito de demanda, expone los conceptos de violación siguientes: Se viola en su perjuicio y agravio el artículo diecinueve de la Constitución Federal, pues la autoridad responsable no aprecia que existe causa suficiente para la exclusión del delito, dado que sostuvo que la defensa legítima fue excesiva, lo que no fue así. La autoridad responsable no apreció ni describió si alguno de los quejosos incurrió en exceso. No se puede verificar o hacer constar lo excesivo de la legítima defensa que aduce la autoridad responsable, pues si bien los imputados realizaron conductas contra la víctima, fueron desplegadas por cada uno de los imputados de forma aislada y no en conjunto o al mismo tiempo, las cuales tuvieron como único fin hacer cesar la violencia que sufría Juan Manuel Ramírez Sánchez, quien era estrangulado por su padre y se encontraba tirado en el piso. Cada imputado actuó de manera independiente, y al no poder hacer cesar la violencia y agresión que sufría ..., un imputado actuó después del otro, ante la incapacidad que tuvo el imputado anterior para hacer cesar la agresión, lo que motivó a persona diferente para repeler y defender una agresión actual e inminente a otra persona, la cual resultó ser su familiar que sufría estrangulamiento. La autoridad responsable no motivó la razón por la cual existió exceso en la legítima defensa, ni dio motivos para considerar un exceso en la legítima defensa; y cómo concurre en un momento fáctico o las posibles consecuencias donde se pudiera apreciar el desmedido uso de los medios empleados, así como el uso desmedido de la fuerza, pues ninguno de los datos de prueba ofertados por el Agente del Ministerio Público en audiencia de comunicación de imputación ni en la solicitud de vinculación a proceso, se observaron esas características. SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación. Son FUNDADOS los conceptos de violación, como se expondrá enseguida. Para sustentar lo anterior, es relevante establecer que los artículos 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo tercero, expresamente dispone lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. [.] No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.". "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." Los preceptos trascritos consagran el derecho de legalidad que prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en la debida fundamentación y motivación que las autoridades están obligadas a expresar al emitir un auto de vinculación a proceso como el aquí reclamado. Por fundamentación del acto de autoridad se entiende que debe sustentarse en una disposición normativa de carácter general; o sea, que la ley prevea una situación concreta para la cual resulte procedente realizar el acto de autoridad, es decir; que exista una ley que así lo autorice, de tal manera que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Por motivación del acto de autoridad, debe entenderse en el sentido que, al existir una norma jurídica, el caso o situación respecto del que se pretende realizar un acto autoritario de molestia, sean aquellos a que alude la disposición legal fundatoria; de esta suerte, la motivación indica que las circunstancias y modalidades del caso particular encuadran dentro del marco general correspondiente establecido por la ley, así, si una determinada conducta no corresponde o no encuadra en el caso concreto establecido por la ley, el acto de autoridad respectivo violará la exigencia de la motivación legal, por más que se hubiese previsto en una norma, es decir, aunque esté debidamente fundado. En conclusión, en lo relativo a la resolución que resuelve el recurso de apelación interpuesto contra un auto de no vinculación a proceso, para que la autoridad cumpla con la debida fundamentación y motivación a que se refieren los artículo 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que en sus determinaciones se citen los preceptos legales que le sirvan de apoyo y, además, debe expresar los razonamientos lógicos y jurídicos que la condujeron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata. ... Ahora, del contenido del acto reclamado, se aprecia que al analizar la causa de justificación que hicieron valer los quejosos ante el Juez de Control, consistente en legítima defensa, la Sala Penal responsable expuso esencialmente lo siguiente: La legítima defensa se entiende como la acción que repela una agresión real, actual o inminente y sin derecho, en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa empleada y no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de su defensor. Atendiendo a las circunstancias debe emplearse la acción de repeler de manera razonable y no excesiva de los medios defensivos que dispone, acorde a la magnitud de la agresión, la peligrosidad del atacante y al valor del bien amenazado. El medio empleado para defenderse debe resultar apropiado al nivel de peligro o daño que genera la agresión para el derecho o bien respectivo, es decir, el medio y la extensión de la defensa han de ser lo racionalmente necesario para rechazar el ataque. La defensa no puede resultar excesiva. Conforme los datos proporcionados por el recurrente -víctima-, su testigo de cargo y los imputados, los atacantes del pasivo se aprecia fueron cuatro, esto es, sobrepasaban en número a la víctima, la edad con que contaba en ese momento, el conocimiento de una disciplina (taekwondo) con la que contaba uno de los imputados; el estado de salud en el que se encontraba la víctima; datos que llevaron a la responsable a comprender que existió el exceso de la fuerza al momento de repeler la agresión. Basta con que la fuerza al momento de repeler la agresión, por esa razón, con que la fuerza defensiva no se encuentre fuera de toda proporción razonable a la fuerza de la agresión, lo cual se probó que en ningún momento existió la legítima defensa argumentada ante el Juez de Control. Que los razonamientos aportados por la Juez de Control se contraponen con los datos vertidos por la víctima y por el testigo de cargo, pues: Los imputados en un primer momento aceptaron estar en el lugar de los hechos; y en segundo término, refirieron que fue la víctima quien ejerció violencia en contra de la imputada ... y por ello se defendieron y agredieron a la víctima para que soltara a su hijo que lo sujetó del cuello. Si bien es cierto existe una lesión en el cuello de Juan Manuel Ramírez Chávez, también lo es que en el certificado médico que aportó la defensa emitido por la perito médico adscrito a la Fiscalía Especializada para la atención a delito contra la mujer por razón de género, hizo referencia que ... a la exploración física presentaba tres escoriaciones de un centímetro de diámetro distribuidas en los nudillos de la mano derecha. Es decir, el imputado Juan Manuel Ramírez Sánchez ejerció violencia contra su padre (víctima), pues en los nudillos de la mano tenía secuelas; además dicho imputado refirió que su padre se las hizo, pero en ningún momento señala cómo se las ocasionó y que la teoría que sustentó la defensa fue que la víctima, ..., lesionó en el pecho a Alejandra Sánchez Chávez, dándole un golpe con la mano abierta en el pecho, el cual su hijo al percatarse de esto se metió para defender a su madre. Contrario a ello, en el certificado médico de lesiones suscrito por la perito médico emitido a favor de Alejandra Sánchez Chávez, refirió que a la exploración física encontró equimosis azul de ocho por siete centímetros de forma oval (arcada dentaria) en el dorso de la mano derecha, pero nunca hace mención que presenta una lesión en el pecho como hizo mención en su denuncia Alejandra Sánchez Chávez, lo que se contradice con lo declarado por su hijo Juan Manuel Ramírez Sánchez, quien manifestó ante el Juez de Control que su papá sujetó a su mamá de la muñeca de la mano derecha, alzó la mano para querer pegarle, pero se metió y le paró la mano, el cual generó que la víctima sujetara a su hijo, y este golpeara a su padre con su madre, más aun, se unió el suegro de la víctima y hermano de la ahora imputada; puesto que al llegar estos últimos al llamado que les hizo la imputada (al ser su hija y hermana respectivamente) de igual manera lo empezaron a golpear, tan es así que todos los imputados coinciden en que Heriberto le infirió a la víctima dos golpes, uno en la cara y otro en la costilla izquierda. Por ello se advierte la responsabilidad en dichos delitos por parte de los imputados. Existe el oficio signado por el Contador Público José Eduardo Arredondo Carrasco, suplente en ausencia del titular de la delegación del ISSSTE en Oaxaca, y en el cual le informa que Juan Manuel Ramírez Sánchez es alumno del Centro Cultural en la disciplina de taekwondo, bajo la instrucción del maestro Miguel Araujo Benes, documento que se estima como autentico al no haber sido objetado, determinándose que el imputado fue alumno de esa institución y cuenta con conocimientos en taekwondo, por lo que tenía conocimiento de un arte marcial que se sustenta en un estilo de combate, lo que lo hace tener más destreza por la rapidez y precisión. Tomando en consideración que la víctima se encontraba en desventaja por manifestar que tiene dolores en las articulaciones y en los riñones, por lo que debía tomar medicamentos para mitigar el dolor, lo que corroboró con las copias certificadas, relativas al expediente de la víctima, en el que constan diversas consultas médicas que ha recibido en el Hospital Regional Presidente Juárez, en el que aparece una hoja de urgencias de veintinueve de septiembre de dos mli veinte, en donde se hace constar su padecimiento por lo tanto, se apreció la desventaja en que se encontraba ante sus agresores. Como se advierte de los argumentos relatados, la Sala Penal responsable fue omisa en precisar, las razones concretas por las cuales estimó que, los aspectos siguientes: Los atacantes del pasivo fueron cuatro, esto es, sobrepasaban en número a la víctima. La edad con que contaba en ese momento la víctima. El conocimiento de una disciplina (taekwondo) con la que contaba uno de los imputados. El estado de salud en el que se encontraba la víctima. Resultaron determinantes para considerar exceso en la legítima defensa. Al respecto, es preciso señalar que la legítima defensa es un comportamiento nato basado en la sobrevivencia, que se manifiesta al repeler una agresión, jurídicamente ha sido definido como la "repulsa de la agresión antijurídica, actual o inminente, por el atacado o tercera persona, contra el agresor, sin traspasar la necesidad de la defensa y dentro de la racional proporcionalidad de los medios". En ese sentido, debe identificarse que una conducta típica es antijurídica cuando contraviene el orden jurídico en su conjunto (antijuridicidad formal) reafirmando la lesión o puesta en peligro de los bienes jurídicos protegidos (antijuridicidad material). Así, del contenido del artículo 14, apartado B, del Código Penal de Oaxaca, se advierte que el delito se excluye cuando se actualiza alguna causa de justificación (legítima defensa), concretamente cuando se repela una agresión real, actual o inminente y sin derecho, en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa, racionalidad de los medios empleados y no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de su defensor. Al respecto de la defensa legítima, conforme al citado dispositivo lega, se puede definir como la conducta que se realiza en ejercicio del derecho, que se tiene para preservar intereses propios o de un tercero que se encuentran jurídicamente protegidos y que son víctimas de un ataque (agresión) ilegítimo, actual e inevitable. Así, para que se configure la legítima defensa, como excluyente del delito, se requiere la concurrencia de los siguientes elementos: Repeler una agresión. Quien se defiende no inicia, sino que rechaza un acto ejecutado en su contra; según definición de la Real Academia Española, una agresión es el "Acto de acometer a alguno para matarlo, herirlo o hacerle daño, especialmente sin justificación." La agresión debe ser real, actual o inminente. Esto es, cuando no se pude prever la agresión, es decir, cuando el agredido no puede hacer una representación en la mente de la posibilidad de que se realizara el ataque; debe consistir en un ataque que ya ha comenzado o uno que puede desencadenarse en cualquier momento, poniendo en peligro un bien jurídico, lo cual no se surte si el agredido previó la agresión, y pudo fácilmente evitarla por otros medios legales. Sin derecho. La agresión repelida debe ser sin derecho, ya que no procede una legítima defensa contra otra, es decir, una de las agresiones tiene que ser sin derecho, pues si existen recíprocas agresiones físicas, como en el caso de que ambas personas se enfrasquen en la contienda con el propósito de hacerse daño, implicaría que ambos se encuentran colocadas en el mismo plano de ilicitud penal. d) Que sea en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos. Los bienes jurídicos susceptibles de pueden ser propios o de diversa persona. e) Necesidad racional de la defensa empleada. El derecho de repeler tiene un límite, pues lo que se busca es la cesación de la agresión, y no causar un daño mayor, es decir, el medio empleado para la defensa no debe ser desmesurado en comparación con la agresión sufrida. f) Que no medie provocación. Para que la agresión ilegítima pueda originar una repulsa amparada por la justificante de legítima defensa, es menester que ésta no sea provocada deliberadamente y dolosamente por el agredido y ser percibida de esa manera por el provocado. En ese orden de ideas, es evidente que la Sala responsable faltó al deber de motivar adecuadamente la resolución reclamada, dado que del contenido de dicha determinación, no se deduce en qué forma las circunstancias que adujo se actualizaban (los atacantes del pasivo fueron cuatro, esto es, sobrepasaban en número a la víctima; la edad con que contaba en ese momento la víctima; el conocimiento de una disciplina (taekwondo) con la que contaba uno de los imputados; y el estado de salud en el que se encontraba la víctima), excluyeron alguna de las hipótesis necesarias para configurar la causa de justificación invocada por los imputados. Ello, dado que únicamente las enunció, sin precisar de qué forma cada una tenía como efecto establecer el exceso en la legítima defensa. Sin que sea un obstáculo para considerar lo anterior, que la Sala responsable adujera la existencia de contradicciones entre lo declarado por el testigo de cargo y los datos de prueba aportados por la representación social, concretamente en cuanto a que: Los imputados agredieron a la víctima para que soltara del cuello a su hijo, quien presentó una lesión en esa parte del cuerpo según lo confirmó el dictamen médico aportado por la defensa; sin embargo conforme lo advertido por la perito médico de la fiscalía al realizar la exploración física del hijo de la víctima, advirtió tres escoriaciones en los nudillos de su mano derecha. Con lo que concluye la responsable que este imputado ejerció violencia física contra su padre (víctima). Que no se corrobora la teoría sustentada por la defensa, la cual se basó en que la víctima lesionó en el pecho a Alejandra Sánchez Chávez, dándolo un golpe con la mano abierta en el pecho, por lo que al percatarse de ello su hijo, se metió para defenderla; sin embargo, del certificado médico de lesiones emitido por la perito médico de la fiscalía a favor de esa persona, sólo encontró a la exploración física una equimosis azul en el dorso de la mano derecha (arcada dentaria), sin hacer mención de hallazgo relativo a una lesión en el pecho. Que el imputado Juan Manuel Ramírez Sánchez, contaba con conocimiento de taekwondo, al ser alumno del Centro Cultural en dicha disciplina, según el informe rendido por el suplente en ausencia del titular de la delegación del ISSSTE en Oaxaca, por lo que contaba conocimientos en esa arte marcial y por ende, contaba con más destreza por la rapidez y precisión. Que la víctima se encontraba en desventaja por manifestar que tenía dolores en las articulaciones y en los riñones, por lo que debía tomar medicamentos para mitigar el dolor, esto conforme las copias certificadas del expediente donde obraban las consultas médicas recibidas en el Hospital Regional Presidente Juárez. Pues de tales argumentos no se advierte que la Sala realmente hiciera notar contradicción alguna, ya que se limitó a evidenciar que uno de los imputados presentaba heridas en los nudillos, lo que implicaba había ejercido violencia física contra la víctima; sin que explicara por qué esto constituía algún elemento o causa suficiente para establecer que existió exceso en la legítima defensa. Asimismo, pretendió establecer que por no haber encontrado la perito de la fiscalía una lesión visible en el pecho de Alejandra Sánchez Chávez, resultaba inverosímil que al declarar el imputado Juan Manuel Ramírez Sánchez, afirmara que su padre (víctima), lesionó Alejandra Sánchez Chávez al darle un golpe con la mano abierta en el pecho; sin indicar la razón por la que la sola aseveración de la perito en cuanto a no haber advertido lesión visible en esa parte del cuerpo, excluyera la agresión narrada por Juan Manuel Ramírez Sánchez, y además, que en consecuencia, se incurriera en exceso en la legítima defensa. Aunado a ello, tampoco emite razonamiento para motivar por qué el informe emitido por el suplente en ausencia del titular de la delegación del ISSSTE en Oaxaca, mediante el cual comunicó que el imputado Juan Manuel Ramírez Sánchez, era alumno del Centro Cultural en la disciplina de taekwondo, resultaba suficiente para establecer que por esa sola circunstancia, dicho activo contaba con conocimiento en tal disciplina que lo dotaban de mayo destreza por su rapidez y precisión que la víctima, y que al momento del hecho, el imputado ejerciera conductas concretas que, en ejercicio del arte marcial que practicaba, incurriera en un exceso en la legítima defensa. En consecuencia, dado que la omisión de motivar la resolución reclamada respecto de la causa de justificación invocada por los imputados, consistente en legítima defensa, constituye una violación formal en términos del artículo 16 y 19 constitucionales, ello impide el estudio de fondo del asunto; por lo que debe declararse la insubsistencia del reclamado y dictar uno nuevo que lo sustituya, en el que se subsane el vicio formal apuntado y, además, porque la emisión de una nueva resolución que purgue los vicios formales evidenciados, es una atribución propia de la autoridad. En esas condiciones, al haber resultado fundado el concepto de violación, procede CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL solicitada por JUAN MANUEL RAMÍREZ SÁNCHEZ, ALEJANDRA SÁNCHEZ CHÁVEZ, CELSO SÁNCHEZ GARCÍA Y ROBERTO RODRÍGUEZ CHÁVEZ, contra el acto de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, residente en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, consistente en la resolución de uno de marzo de dos mil veintitrés, dictada en el toca penal JOTP/05/2022; con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, la concesión de amparo es para el efecto: Deje insubsistente la resolución reclamada. En su lugar dicte otra, en la que, con plenitud de jurisdicción y motivando de manera suficiente su proceder, resuelva lo que conforme a derecho estime conducente. OCTAVO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de esta sentencia se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a JU.... contra el acto de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, residente en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, en términos de lo dispuesto en el considerando séptimo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO, AL TERCERO INTERESADO (VÍCTIMA) Y A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA; Y MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y A LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO TERCEROS INTERESADOS.
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MESA "... Vistos para resolver los autos del juicio de amparo ... promovido por ... contra actos de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, y; ... C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, ... SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Ahora, de un estudio integral de la demanda se advierte que los actos reclamados consisten en: La resolución dictada el uno de marzo de dos mil veintitrés, en el recurso de apelación ...interpuesto por la víctima contra el auto de no vinculación a proceso emitido el cinco de octubre de dos mil veintiuno, en la causa penal 575/2021, mediante la cual revocó el auto recurrido y en su lugar dictó auto de vinculación a proceso contra ... por la comisión del delito de violencia familiar; y contra ...por la comisión del delito de lesiones, cometidos ambos en agravio de Juan Ramírez Sánchez. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos. TERCERO. Certeza del acto reclamado ES CIERTO el acto reclamado, ya que así lo manifestó la autoridad responsable al rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora con las constancias que remitieron en apoyo, a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. En este apartado se estima conveniente hacer una reseña de los antecedentes del acto reclamado, apoyado en las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se ha otorgado el valor probatorio de ley, y de donde se advierte lo siguiente: Mediante resolución de cinco de octubre de dos mil veintiuno, emitida en la causa penal ... la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, dictó auto de no vinculación a proceso contra... Contra dicha determinación, la víctima interpuso recurso de apelación, el cual tramitó la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con el registro ..., en el que por resolución de veintitrés de marzo de dos mil veintidós confirmó la resolución recurrida. La víctima promovió juicio de amparo contra esa resolución, del cual conoció este Juzgado Octavo de Distrito y tramitó con el registro ...en el que se concedió la protección constitucional, esencialmente en los términos y para los efectos siguientes: "(.) Se reitera, la responsable fue omisa en precisar la motivación correspondiente relativa a explicar el porqué de la conclusión a la que llega de cada agravio del aquí quejoso, respecto del hecho que la ley señala como delito de VIOLENCIA FAMILIAR y en suplir la deficiencia de la queja respecto del delito de LESIONES; lo cual es su obligación, pues no basta que la Sala responsable, haya citado que es correcta la valoración que hizo la juez de cada una de las pruebas y por ello desechar por improcedentes los agravios expresados por el recurrente respecto del delito de LESIONES. (.) En consecuencia, dado que la omisión de motivar la resolución reclamada respecto del delito de VIOLENCIA FAMILIAR y suplir la deficiencia de la queja respecto del delito de LESIONES, constituye una violación formal en términos del artículo 16 y 19 constitucionales, ello impide el estudio de fondo del asunto; por lo que debe declararse la insubsistencia del reclamado y dictar uno nuevo que lo sustituya, en el que se subsane el vicio formal apuntado y, además, porque la emisión de una nueva resolución que purgue los vicios formales evidenciados, es una atribución propia de la autoridad. En esas condiciones, al haber resultado fundado el concepto de violación, procede CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL solicitada por ..., contra el acto de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, residente en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, consistente en la resolución de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, dictada en el toca penal ..., misma que confirmó el auto de no vinculación a proceso dictado por la Juez de Control en Materia Penal del Circuito de Valles Centrales con sede en San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca. SEPTIMO.- Efectos de la concesión del Amparo. Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, la concesión de amparo es para el efecto: a) Deje insubsistente la resolución reclamada. b) En su lugar dicte otra, con plenitud de jurisdicción, pero purgando los vicios de que adolece. (.)." Así, en cumplimiento a ejecutoria de amparo en mención, por resolución de uno de marzo de dos mil veintitrés, dejó insubsistente el acto reclamado y dictó una nueva resolución mediante la cual revocó el auto recurrido y dictó auto de vinculación a proceso contra los quejosos. En dicha determinación, la Sala Penal responsable desestimó la causa de justificación que hicieron valer los imputados, consistente en legítima defensa, al considerar que se excedieron en su ejecución. Resolución que constituye el acto reclamado en el presente asunto. QUINTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la tesis de jurisprudencia número 814, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 553, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Al no existir causa de improcedencia que se haga valer o que se advierta de oficio, se procede a atender los conceptos de violación formulados. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se encuentran en la demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues los antecedentes del caso y los conceptos de violación que esgrime la impetrante se dan por reproducidos como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones innecesarias, tomando en consideración que el artículo 76 ni algún otro precepto de la Ley de Amparo, señalan que deban transcribirse, lo que también tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." No obstante, en resumen, ha de señalarse que la parte quejosa, en su escrito de demanda, expone los conceptos de violación siguientes: Se viola en su perjuicio y agravio el artículo diecinueve de la Constitución Federal, pues la autoridad responsable no aprecia que existe causa suficiente para la exclusión del delito, dado que sostuvo que la defensa legítima fue excesiva, lo que no fue así. La autoridad responsable no apreció ni describió si alguno de los quejosos incurrió en exceso. No se puede verificar o hacer constar lo excesivo de la legítima defensa que aduce la autoridad responsable, pues si bien los imputados realizaron conductas contra la víctima, fueron desplegadas por cada uno de los imputados de forma aislada y no en conjunto o al mismo tiempo, las cuales tuvieron como único fin hacer cesar la violencia que sufría Juan Manuel Ramírez Sánchez, quien era estrangulado por su padre y se encontraba tirado en el piso. Cada imputado actuó de manera independiente, y al no poder hacer cesar la violencia y agresión que sufría ..., un imputado actuó después del otro, ante la incapacidad que tuvo el imputado anterior para hacer cesar la agresión, lo que motivó a persona diferente para repeler y defender una agresión actual e inminente a otra persona, la cual resultó ser su familiar que sufría estrangulamiento. La autoridad responsable no motivó la razón por la cual existió exceso en la legítima defensa, ni dio motivos para considerar un exceso en la legítima defensa; y cómo concurre en un momento fáctico o las posibles consecuencias donde se pudiera apreciar el desmedido uso de los medios empleados, así como el uso desmedido de la fuerza, pues ninguno de los datos de prueba ofertados por el Agente del Ministerio Público en audiencia de comunicación de imputación ni en la solicitud de vinculación a proceso, se observaron esas características. SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación. Son FUNDADOS los conceptos de violación, como se expondrá enseguida. Para sustentar lo anterior, es relevante establecer que los artículos 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo tercero, expresamente dispone lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. [.] No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.". "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." Los preceptos trascritos consagran el derecho de legalidad que prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en la debida fundamentación y motivación que las autoridades están obligadas a expresar al emitir un auto de vinculación a proceso como el aquí reclamado. Por fundamentación del acto de autoridad se entiende que debe sustentarse en una disposición normativa de carácter general; o sea, que la ley prevea una situación concreta para la cual resulte procedente realizar el acto de autoridad, es decir; que exista una ley que así lo autorice, de tal manera que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Por motivación del acto de autoridad, debe entenderse en el sentido que, al existir una norma jurídica, el caso o situación respecto del que se pretende realizar un acto autoritario de molestia, sean aquellos a que alude la disposición legal fundatoria; de esta suerte, la motivación indica que las circunstancias y modalidades del caso particular encuadran dentro del marco general correspondiente establecido por la ley, así, si una determinada conducta no corresponde o no encuadra en el caso concreto establecido por la ley, el acto de autoridad respectivo violará la exigencia de la motivación legal, por más que se hubiese previsto en una norma, es decir, aunque esté debidamente fundado. En conclusión, en lo relativo a la resolución que resuelve el recurso de apelación interpuesto contra un auto de no vinculación a proceso, para que la autoridad cumpla con la debida fundamentación y motivación a que se refieren los artículo 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que en sus determinaciones se citen los preceptos legales que le sirvan de apoyo y, además, debe expresar los razonamientos lógicos y jurídicos que la condujeron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata. ... Ahora, del contenido del acto reclamado, se aprecia que al analizar la causa de justificación que hicieron valer los quejosos ante el Juez de Control, consistente en legítima defensa, la Sala Penal responsable expuso esencialmente lo siguiente: La legítima defensa se entiende como la acción que repela una agresión real, actual o inminente y sin derecho, en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa empleada y no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de su defensor. Atendiendo a las circunstancias debe emplearse la acción de repeler de manera razonable y no excesiva de los medios defensivos que dispone, acorde a la magnitud de la agresión, la peligrosidad del atacante y al valor del bien amenazado. El medio empleado para defenderse debe resultar apropiado al nivel de peligro o daño que genera la agresión para el derecho o bien respectivo, es decir, el medio y la extensión de la defensa han de ser lo racionalmente necesario para rechazar el ataque. La defensa no puede resultar excesiva. Conforme los datos proporcionados por el recurrente -víctima-, su testigo de cargo y los imputados, los atacantes del pasivo se aprecia fueron cuatro, esto es, sobrepasaban en número a la víctima, la edad con que contaba en ese momento, el conocimiento de una disciplina (taekwondo) con la que contaba uno de los imputados; el estado de salud en el que se encontraba la víctima; datos que llevaron a la responsable a comprender que existió el exceso de la fuerza al momento de repeler la agresión. Basta con que la fuerza al momento de repeler la agresión, por esa razón, con que la fuerza defensiva no se encuentre fuera de toda proporción razonable a la fuerza de la agresión, lo cual se probó que en ningún momento existió la legítima defensa argumentada ante el Juez de Control. Que los razonamientos aportados por la Juez de Control se contraponen con los datos vertidos por la víctima y por el testigo de cargo, pues: Los imputados en un primer momento aceptaron estar en el lugar de los hechos; y en segundo término, refirieron que fue la víctima quien ejerció violencia en contra de la imputada ... y por ello se defendieron y agredieron a la víctima para que soltara a su hijo que lo sujetó del cuello. Si bien es cierto existe una lesión en el cuello de Juan Manuel Ramírez Chávez, también lo es que en el certificado médico que aportó la defensa emitido por la perito médico adscrito a la Fiscalía Especializada para la atención a delito contra la mujer por razón de género, hizo referencia que ... a la exploración física presentaba tres escoriaciones de un centímetro de diámetro distribuidas en los nudillos de la mano derecha. Es decir, el imputado Juan Manuel Ramírez Sánchez ejerció violencia contra su padre (víctima), pues en los nudillos de la mano tenía secuelas; además dicho imputado refirió que su padre se las hizo, pero en ningún momento señala cómo se las ocasionó y que la teoría que sustentó la defensa fue que la víctima, ..., lesionó en el pecho a Alejandra Sánchez Chávez, dándole un golpe con la mano abierta en el pecho, el cual su hijo al percatarse de esto se metió para defender a su madre. Contrario a ello, en el certificado médico de lesiones suscrito por la perito médico emitido a favor de Alejandra Sánchez Chávez, refirió que a la exploración física encontró equimosis azul de ocho por siete centímetros de forma oval (arcada dentaria) en el dorso de la mano derecha, pero nunca hace mención que presenta una lesión en el pecho como hizo mención en su denuncia Alejandra Sánchez Chávez, lo que se contradice con lo declarado por su hijo Juan Manuel Ramírez Sánchez, quien manifestó ante el Juez de Control que su papá sujetó a su mamá de la muñeca de la mano derecha, alzó la mano para querer pegarle, pero se metió y le paró la mano, el cual generó que la víctima sujetara a su hijo, y este golpeara a su padre con su madre, más aun, se unió el suegro de la víctima y hermano de la ahora imputada; puesto que al llegar estos últimos al llamado que les hizo la imputada (al ser su hija y hermana respectivamente) de igual manera lo empezaron a golpear, tan es así que todos los imputados coinciden en que Heriberto le infirió a la víctima dos golpes, uno en la cara y otro en la costilla izquierda. Por ello se advierte la responsabilidad en dichos delitos por parte de los imputados. Existe el oficio signado por el Contador Público José Eduardo Arredondo Carrasco, suplente en ausencia del titular de la delegación del ISSSTE en Oaxaca, y en el cual le informa que Juan Manuel Ramírez Sánchez es alumno del Centro Cultural en la disciplina de taekwondo, bajo la instrucción del maestro Miguel Araujo Benes, documento que se estima como autentico al no haber sido objetado, determinándose que el imputado fue alumno de esa institución y cuenta con conocimientos en taekwondo, por lo que tenía conocimiento de un arte marcial que se sustenta en un estilo de combate, lo que lo hace tener más destreza por la rapidez y precisión. Tomando en consideración que la víctima se encontraba en desventaja por manifestar que tiene dolores en las articulaciones y en los riñones, por lo que debía tomar medicamentos para mitigar el dolor, lo que corroboró con las copias certificadas, relativas al expediente de la víctima, en el que constan diversas consultas médicas que ha recibido en el Hospital Regional Presidente Juárez, en el que aparece una hoja de urgencias de veintinueve de septiembre de dos mli veinte, en donde se hace constar su padecimiento por lo tanto, se apreció la desventaja en que se encontraba ante sus agresores. Como se advierte de los argumentos relatados, la Sala Penal responsable fue omisa en precisar, las razones concretas por las cuales estimó que, los aspectos siguientes: Los atacantes del pasivo fueron cuatro, esto es, sobrepasaban en número a la víctima. La edad con que contaba en ese momento la víctima. El conocimiento de una disciplina (taekwondo) con la que contaba uno de los imputados. El estado de salud en el que se encontraba la víctima. Resultaron determinantes para considerar exceso en la legítima defensa. Al respecto, es preciso señalar que la legítima defensa es un comportamiento nato basado en la sobrevivencia, que se manifiesta al repeler una agresión, jurídicamente ha sido definido como la "repulsa de la agresión antijurídica, actual o inminente, por el atacado o tercera persona, contra el agresor, sin traspasar la necesidad de la defensa y dentro de la racional proporcionalidad de los medios". En ese sentido, debe identificarse que una conducta típica es antijurídica cuando contraviene el orden jurídico en su conjunto (antijuridicidad formal) reafirmando la lesión o puesta en peligro de los bienes jurídicos protegidos (antijuridicidad material). Así, del contenido del artículo 14, apartado B, del Código Penal de Oaxaca, se advierte que el delito se excluye cuando se actualiza alguna causa de justificación (legítima defensa), concretamente cuando se repela una agresión real, actual o inminente y sin derecho, en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa, racionalidad de los medios empleados y no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de su defensor. Al respecto de la defensa legítima, conforme al citado dispositivo lega, se puede definir como la conducta que se realiza en ejercicio del derecho, que se tiene para preservar intereses propios o de un tercero que se encuentran jurídicamente protegidos y que son víctimas de un ataque (agresión) ilegítimo, actual e inevitable. Así, para que se configure la legítima defensa, como excluyente del delito, se requiere la concurrencia de los siguientes elementos: Repeler una agresión. Quien se defiende no inicia, sino que rechaza un acto ejecutado en su contra; según definición de la Real Academia Española, una agresión es el "Acto de acometer a alguno para matarlo, herirlo o hacerle daño, especialmente sin justificación." La agresión debe ser real, actual o inminente. Esto es, cuando no se pude prever la agresión, es decir, cuando el agredido no puede hacer una representación en la mente de la posibilidad de que se realizara el ataque; debe consistir en un ataque que ya ha comenzado o uno que puede desencadenarse en cualquier momento, poniendo en peligro un bien jurídico, lo cual no se surte si el agredido previó la agresión, y pudo fácilmente evitarla por otros medios legales. Sin derecho. La agresión repelida debe ser sin derecho, ya que no procede una legítima defensa contra otra, es decir, una de las agresiones tiene que ser sin derecho, pues si existen recíprocas agresiones físicas, como en el caso de que ambas personas se enfrasquen en la contienda con el propósito de hacerse daño, implicaría que ambos se encuentran colocadas en el mismo plano de ilicitud penal. d) Que sea en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos. Los bienes jurídicos susceptibles de pueden ser propios o de diversa persona. e) Necesidad racional de la defensa empleada. El derecho de repeler tiene un límite, pues lo que se busca es la cesación de la agresión, y no causar un daño mayor, es decir, el medio empleado para la defensa no debe ser desmesurado en comparación con la agresión sufrida. f) Que no medie provocación. Para que la agresión ilegítima pueda originar una repulsa amparada por la justificante de legítima defensa, es menester que ésta no sea provocada deliberadamente y dolosamente por el agredido y ser percibida de esa manera por el provocado. En ese orden de ideas, es evidente que la Sala responsable faltó al deber de motivar adecuadamente la resolución reclamada, dado que del contenido de dicha determinación, no se deduce en qué forma las circunstancias que adujo se actualizaban (los atacantes del pasivo fueron cuatro, esto es, sobrepasaban en número a la víctima; la edad con que contaba en ese momento la víctima; el conocimiento de una disciplina (taekwondo) con la que contaba uno de los imputados; y el estado de salud en el que se encontraba la víctima), excluyeron alguna de las hipótesis necesarias para configurar la causa de justificación invocada por los imputados. Ello, dado que únicamente las enunció, sin precisar de qué forma cada una tenía como efecto establecer el exceso en la legítima defensa. Sin que sea un obstáculo para considerar lo anterior, que la Sala responsable adujera la existencia de contradicciones entre lo declarado por el testigo de cargo y los datos de prueba aportados por la representación social, concretamente en cuanto a que: Los imputados agredieron a la víctima para que soltara del cuello a su hijo, quien presentó una lesión en esa parte del cuerpo según lo confirmó el dictamen médico aportado por la defensa; sin embargo conforme lo advertido por la perito médico de la fiscalía al realizar la exploración física del hijo de la víctima, advirtió tres escoriaciones en los nudillos de su mano derecha. Con lo que concluye la responsable que este imputado ejerció violencia física contra su padre (víctima). Que no se corrobora la teoría sustentada por la defensa, la cual se basó en que la víctima lesionó en el pecho a Alejandra Sánchez Chávez, dándolo un golpe con la mano abierta en el pecho, por lo que al percatarse de ello su hijo, se metió para defenderla; sin embargo, del certificado médico de lesiones emitido por la perito médico de la fiscalía a favor de esa persona, sólo encontró a la exploración física una equimosis azul en el dorso de la mano derecha (arcada dentaria), sin hacer mención de hallazgo relativo a una lesión en el pecho. Que el imputado Juan Manuel Ramírez Sánchez, contaba con conocimiento de taekwondo, al ser alumno del Centro Cultural en dicha disciplina, según el informe rendido por el suplente en ausencia del titular de la delegación del ISSSTE en Oaxaca, por lo que contaba conocimientos en esa arte marcial y por ende, contaba con más destreza por la rapidez y precisión. Que la víctima se encontraba en desventaja por manifestar que tenía dolores en las articulaciones y en los riñones, por lo que debía tomar medicamentos para mitigar el dolor, esto conforme las copias certificadas del expediente donde obraban las consultas médicas recibidas en el Hospital Regional Presidente Juárez. Pues de tales argumentos no se advierte que la Sala realmente hiciera notar contradicción alguna, ya que se limitó a evidenciar que uno de los imputados presentaba heridas en los nudillos, lo que implicaba había ejercido violencia física contra la víctima; sin que explicara por qué esto constituía algún elemento o causa suficiente para establecer que existió exceso en la legítima defensa. Asimismo, pretendió establecer que por no haber encontrado la perito de la fiscalía una lesión visible en el pecho de Alejandra Sánchez Chávez, resultaba inverosímil que al declarar el imputado Juan Manuel Ramírez Sánchez, afirmara que su padre (víctima), lesionó Alejandra Sánchez Chávez al darle un golpe con la mano abierta en el pecho; sin indicar la razón por la que la sola aseveración de la perito en cuanto a no haber advertido lesión visible en esa parte del cuerpo, excluyera la agresión narrada por Juan Manuel Ramírez Sánchez, y además, que en consecuencia, se incurriera en exceso en la legítima defensa. Aunado a ello, tampoco emite razonamiento para motivar por qué el informe emitido por el suplente en ausencia del titular de la delegación del ISSSTE en Oaxaca, mediante el cual comunicó que el imputado Juan Manuel Ramírez Sánchez, era alumno del Centro Cultural en la disciplina de taekwondo, resultaba suficiente para establecer que por esa sola circunstancia, dicho activo contaba con conocimiento en tal disciplina que lo dotaban de mayo destreza por su rapidez y precisión que la víctima, y que al momento del hecho, el imputado ejerciera conductas concretas que, en ejercicio del arte marcial que practicaba, incurriera en un exceso en la legítima defensa. En consecuencia, dado que la omisión de motivar la resolución reclamada respecto de la causa de justificación invocada por los imputados, consistente en legítima defensa, constituye una violación formal en términos del artículo 16 y 19 constitucionales, ello impide el estudio de fondo del asunto; por lo que debe declararse la insubsistencia del reclamado y dictar uno nuevo que lo sustituya, en el que se subsane el vicio formal apuntado y, además, porque la emisión de una nueva resolución que purgue los vicios formales evidenciados, es una atribución propia de la autoridad. En esas condiciones, al haber resultado fundado el concepto de violación, procede CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL solicitada por JUAN MANUEL RAMÍREZ SÁNCHEZ, ALEJANDRA SÁNCHEZ CHÁVEZ, CELSO SÁNCHEZ GARCÍA Y ROBERTO RODRÍGUEZ CHÁVEZ, contra el acto de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, residente en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, consistente en la resolución de uno de marzo de dos mil veintitrés, dictada en el toca penal JOTP/05/2022; con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, la concesión de amparo es para el efecto: Deje insubsistente la resolución reclamada. En su lugar dicte otra, en la que, con plenitud de jurisdicción y motivando de manera suficiente su proceder, resuelva lo que conforme a derecho estime conducente. OCTAVO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de esta sentencia se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a JU.... contra el acto de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, residente en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, en términos de lo dispuesto en el considerando séptimo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO, AL TERCERO INTERESADO (VÍCTIMA) Y A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA; Y MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y A LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO TERCEROS INTERESADOS.
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