Juan Martín Rojas Rodríguez

Expediente 611/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 13 actuaciones registradas, la última del 15 de septiembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
611/2015
Año
2015
Actuaciones
13
Última actuación
15/09/2015

Partes del expediente

  • Juan Martín Rojas Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de veintisiete de agosto de dos mil quince, en el que este Tribunal sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo promovido por ********, no fue recurrido dentro del término legal, por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme dicho proveído. Lo anterior, sin que pase inadvertido para este juzgador el hecho de que no obre en autos la totalidad de las constancias de notificación a las autoridades responsables, del proveído de veintisiete de agosto pasado dictado en el presente asunto, toda vez que de conformidad con el artículo 87, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, éstas carecen de legitimación para interponer recurso de revisión, al haberse decretado el sobreseimiento del juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Por otra parte, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que en el presente expediente se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. En relación al cuaderno original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del citado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión de los actos reclamados, por lo que, se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en diciembre 2012, específicamente en su capítulo: "JUZGADOS DE DISTRITO. VALORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES AUXILIARES Y JUDICIALES, DE CONFORMIDAD CON EL AGC 1/2009", subtítulo: "EXPEDIENTES QUE CORRESPONDE CLASIFICAR COMO DEPURABLES O DESTRUIBLES POR LOS JUZGADOS DE DISTRITO DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO"; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Ahora bien, atendiendo al punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho acuerdo. En virtud de que resulta innecesaria la retención de las constancias relativas a la causa penal 125/2015-III que remitió el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, devuélvansele y solicítesele el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, en vista de que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos; por tratarse de un asunto en materia penal, sólo podrá hacerse público una vez que transcurran doce años contados a partir de la presente determinación.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, mediante el cual en atención a la solicitud de veinticuatro de agosto pasado, informa que el testigo Juan Martín Rojas Rodríguez (aquí quejoso) no compareció al desahogo de la prueba testimonial a su cargo, fijada para las diez horas con treinta y seis minutos el trece de julio de dos mil quince, no obstante estar debidamente notificado para ello; que en esa misma fecha, se difirió la diligencia para las once horas del once de agosto del año en curso; y que nuevamente no tuvo verificativo en virtud de que el antes mencionado no compareció a la cita; asimismo, informa que no hizo efectivo el apercibimiento decretado en el auto de veintidós de junio del año en curso; anexando al efecto copia certificada de las constancias que se constituyeron. Por otro lado, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como de la lectura íntegra de la demanda de amparo, en concordancia con el escrito aclaratorio y la información allegada al presente juicio, se advierte que el quejoso acude a esta instancia constitucional reclamando: La citación contenida en el auto de veintidós de junio de dos mil quince, emitida por el Juez Quinto de Distrito con sede en esta ciudad, en atención al exhorto 135/2015 girado por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad de León, mediante la cual se le requirió a efecto de que compareciera a las diez horas con treinta y seis minutos del trece de julio del año en curso, ante esa presencia Judicial al desahogo de la prueba testimonial a su cargo por medio del sistema de videoconferencia, ofertada en la causa penal 125/2014-III, por el procesado Humberto Federico Cruces Granados, bajo apercibimiento de multa para el caso de que no se presentara. Ahora bien, a efecto de proveer lo conducente en el presente juicio, es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución en virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por el impetrante es constitucional o no; es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la ley de la materia, así como por la Carta Magna y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto Tribunal, la que se analiza en forma oficiosa de acuerdo con el texto del numeral 62 de la ley de la materia. En consecuencia, este órgano jurisdiccional federal se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre las causas de improcedencia que se desprenden de autos, de conformidad con el mencionado dispositivo 62 de la ley en cita, y en la jurisprudencia 814, sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en las páginas 553 y 554, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Así, el suscrito estima que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, con base en las razones que a continuación se exponen. Primeramente, es menester señalar que el artículo y fracción antes invocados, disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo;" En este orden de ideas, para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejados determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado, y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los Tratados Internacionales en los que este país forma parte. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de los derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado, con el fin de restituirlo en el pleno goce de los derechos que le hubieren sido vulnerados, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia del Más Alto Tribunal del país ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan esta acción constitucional a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Por esta razón, entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que, en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de su derecho que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Lo anterior, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél; porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación; o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del fallo protector se concreticen en la esfera jurídica del peticionario de garantías. En esta línea de razonamiento, se estima actualizado el invocado motivo de improcedencia, tomando en consideración las constancias que obran en autos, particularmente, las que se allegaron al oficio que se acuerda relativas al exhorto 135/2015 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad. Las referidas constancias informan que mediante proveído de veintidós de junio de dos mil quince, se ordenó citar al quejoso para efectos de que compareciera ante esa presencia judicial a las diez horas con treinta y seis minutos del trece de julio de dos mil trece, al desahogo de la prueba testimonial a su cargo, por medio del sistema de videoconferencias, ofertada en la causa penal 125/2014-III, por el procesado Humberto Federico Cruces Granados, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León; bajo el apercibimiento que de no hacerlo se haría acreedor a un multa por el equivalente a treinta días d salario mínimo vigente de conformidad con el artículo 44, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Penales. Cabe destacar que el objeto de la citación es lograr la comparecencia del impetrante a efecto de desahogar una prueba testimonial, pero no en cualquier momento sino en la fecha y hora determinadas, puesto que su desahogo, al pretenderse realizar por medio del sistema de videoconferencia, requiere de una preparación anticipada y de la coordinación con el Juez exhortante. Además, en autos se encuentra probado que la fecha para la cual fue citado el quejoso ya acaeció, sin que acudiera a la cita en la fecha programada; por lo que, se difirió y se fijó nueva fecha para su desahogo a saber las once horas del once de agosto del año en curso, ordenándose citarlo de nueva cuenta, y apercibiéndolo una vez más sobre la imposición de una multa para el caso de que no se presentara. Importa agregar que la nueva citación se dictó sin haber hecho efectivo el apercibimiento decretado por auto de veintidós de junio del año en curso. En las relatadas circunstancias, el acto reclamado, aun cuando subsiste formalmente, pues no ha sido revocado ni se ha dejado insubsistente, no puede surtir efecto legal o material alguno, al haber acontecido la fecha establecida en el mismo, sin que la responsable hiciera efectivo el apercibimiento de multa; aunado a que ya se giró una nueva citación, la cual contiene también un diverso apercibimiento de multa, siendo este acto el que actualmente incide en la esfera jurídica del quejoso; lo que trae como consecuencia que la materia u objeto del presente juicio amparo haya dejado de existir. Esto es así, en virtud de que la concesión del amparo, cuando se trata de actos positivos, como el reclamado, tiene por efecto restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, según lo previsto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, lo que implica que el agravio causado por el acto autoritario, debe ser actual, pues sólo en la medida en que la parte quejosa se encuentre resintiendo sus efectos, podrá ser reparada la violación a sus derechos fundamentales mediante la concesión del amparo. Desde luego, resulta evidente que, a la fecha, dejó de existir el objeto de la mencionada citación reclamada, dado que, en principio, la temporalidad dentro de la cual debió comparecer el impetrante ante la responsable ya aconteció, y la responsable, en lugar de hacer efectivo el apercibimiento de multa, optó por ordenar una nueva citación, de manera que el quejoso ya no se encuentra vinculado a comparecer ante la responsable en ocasión o con motivo del acto reclamado, sino como consecuencia del nuevo acto. Bajo esta guisa, resulta incuestionable concluir que en virtud de la modificación del entorno en el cual se materializó el acto reclamado, la concesión del amparo que en su caso se llegara a emitir, ningún efecto jurídico tendría, pues a pesar de que aún subsiste el acto de autoridad, en la especie su objeto o materia dejó de existir, así como su incidencia sobre la esfera jurídica del quejoso. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción XXII del artículo 61 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla.

  3. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que el quejoso hace consistir el acto reclamado en la determinación contenida en el auto de veintidós de junio de dos mil quince, pronunciado por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, mismo que le fue notificado mediante cédula de veinticuatro del citado mes y año, a efecto de que comparezca ante esa presencia Judicial al desahogo de la prueba testimonial a su cargo, ofertada en la causa penal 125/2014-III, por el procesado ***********; sin embargo, tomando en consideración que la fecha indicada ya aconteció, con todo comedimiento, solicítese al titular de dicho Juzgado, para que informe si el quejoso, compareció al desahogo de dicha probanza; y, para el caso de que no lo haya hecho, informe si se hizo efectivo el apercibimiento de multa contenido en el referido auto de veintidós de junio pasado; y, si se señaló una nueva fecha para su presentación, remitiendo en su caso copia certificada de la constancia respectiva.

  4. Incidental

    Agréguese a sus autos el oficio de cuenta que debía suscribir el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, sin que sea tomado en consideración, en virtud de que el mismo carece de firma autógrafa y resulta indispensable que en las promociones conste en original la firma de quien promueve, ya que sólo así se acredita la voluntad del que suscribe.

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