Juan Martín Rodríguez Prieto
Expediente 494/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 494/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 19/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juan Martín Rodríguez Prieto
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Agréguese en autos el oficio signado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, al que adjunta testimonio con evidencia criptográfica de la resolución pronunciada en el recurso de queja civil 100/2022, interpuesto por ****************, en contra del auto pronunciado el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós; cuyo punto resolutivo es el siguiente: "ÚNICO. Es infundado el presente recurso de queja." En ese sentido, acúsese recibo al tribunal de alzada y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que el quejoso omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por el actuario judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, mediante el cual informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el quejoso **************, en contra del proveído de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, por el que se desechó por notoriamente improcedente la demanda que promovió.
- Principal
Agréguense en autos el escrito que remite la parte quejosa ***********; en atención a su contenido y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 -fracción I, inciso a- 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se acuerda: I. Se tiene a la parte quejosa interponiendo recurso de queja contra el proveído de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo por notoriamente improcedente. II. En razón de lo anterior, y dada la naturaleza de la resolución recurrida, esto es, que no existe parte alguna a la cual se haya emplazado a este juicio de amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito en turno, con sede en Guanajuato, capital, el original del escrito del recurso, copia certificada de las constancias que obran en el expediente y de la resolución recurrida, con su respectiva notificación, todo ello para la substanciación del recurso interpuesto. III. Ríndase el informe sobre la materia de la queja en el sentido de ser cierto el acto reclamado, toda vez que efectivamente este juzgado el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, dictó un acuerdo en el que determinó desechar la demanda de amparo promovida por ***********.
- Principal
Agréguese en autos el escrito signado por el quejoso ****************, en atención a su contenido y de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo, téngasele dando cumpliendo al requerimiento que se le hizo en proveído de de doce de mayo de dos mil veintidós, explicando el contenido de la resolución de veintinueve de marzo del año en curso, así como los actos que derivaron de dicha determinación, además de manifestar la fecha de conocimiento del acto reclamado y por allegando las copias de su demanda de amparo. En ese sentido, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo antes citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Ahora bien, para una mejor comprensión de lo que se resolverá, es menester precisar el acto reclamado que se desprende del estudio y análisis conjunto de la demanda de amparo y de las constancias que allega, atendiendo al criterio jurisprudencial sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.- Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Bajo la consideración anterior, se precisa que lo que el quejoso reclama de la autoridad responsable, es: La determinación de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, que resuelve el recurso de queja, dentro del Toca 171/2022, de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, interpuesto en contra del proveído de cuatro de marzo de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente C-284/2020 de la estadística del Juez Primero Civil de Partido, de esta ciudad, derivado todo ello de la ampliación de la testimonial ofrecida por el ahora quejoso a cargo de personas aptas e idóneas, petición que no fue acordada en proveído de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, por lo que posteriormente el ahora quejoso mediante escrito de treinta y uno de enero de dos mil veintiuno solicito a la Juez del conocimiento pronunciarse de dicha petición, y fue mediante proveído de dos de febrero de dos mil veintidós se determinó, respecto al ofrecimiento de la prueba testimonial, no acordar de conformidad en virtud de que, el propio oferente (ahora parte quejosa) designo a los testigos a cargo de quienes debía desahogarse dicha probanza. En ese orden, respecto a dicho acto reclamado, el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 -fracción XXIII- en relación con el diverso 107 -fracción V- ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" (...) "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede:" (.) "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación. En efecto, en la legislación vigente, se estableció que por actos de imposible reparación debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales únicamente tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate; lo que no sucede en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. En ese sentido, con la aclaración que hace el legislador secundario, se proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho; y, no únicamente, que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. De la anterior interpretación derivan dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión contraria a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Por lo expuesto, de no afectarse materialmente derechos sustantivos, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro de juicio será improcedente. Esto, porque las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla, son impugnables en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación. En el caso, como previamente se estableció el quejoso acude a esta instancia constitucional reclamando la resolución de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, que resuelve el recurso de queja, dentro del Toca 171/2022, de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, interpuesto en contra del proveído de cuatro de marzo de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente C-284/2020 de la estadística del Juez Primero Civil de Partido, de esta ciudad, derivado todo ello de la ampliación de la testimonial ofrecida por el ahora quejoso a cargo de personas aptas e idóneas, petición que no fue acordada en proveído de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, por lo que posteriormente el ahora quejoso mediante escrito de treinta y uno de enero de dos mil veintiuno solicito a la Juez del conocimiento pronunciarse de dicha petición, y fue mediante proveído de dos de febrero de dos mil veintidós se determinó, respecto al ofrecimiento de la prueba testimonial, no acordar de conformidad en virtud de que, el propio oferente (ahora parte quejosa) designo a los testigos a cargo de quienes debía desahogarse dicha probanza. Por tanto, como se puede observar, la resoluciónde veintinueve de marzo de dos mil veintidós, que resuelve el recurso de queja, dentro del Toca 171/2022, de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, interpuesto en contra del proveído de cuatro de marzo de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente C-284/2020 de la estadística del Juez Primero Civil de Partido, de esta ciudad, no puede ser considerado como un acto en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, puesto que su consecuencia únicamente podría traducirse en una violación procesal que afecte derechos adjetivos, más no así derechos sustantivos, ya que esa actuación tendrá un efecto jurídico en la esfera del quejoso en el dictado de la sentencia; por lo que, no se le puede considerar como un acto de imposible reparación, y por tanto, no encuadra en la hipótesis de procedencia prevista en el artículo 107 -fracción V- de la Ley de Amparo en vigor. De ahí que, la actuación reclamada sólo implique la infracción a derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si el quejoso obtiene sentencia favorable y, en caso contrario, de resultar opuesto a sus intereses, puede reclamarla en el juicio de amparo directo como violación procesal en términos de la fracción XII del artículo 172 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues en la especie, como se estableció dicho acto reclamado no puede ser considerado como un acto de imposible reparación, en virtud de que sus consecuencias no afectan materialmente alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal, ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación podría repararse, si el quejoso obtiene sentencia favorable en el juicio. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107 -fracción V- ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se estudia, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.
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