Juan Marcos Munguía González

Expediente 429/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 8 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
429/2016
Año
2016
Actuaciones
8
Última actuación
17/11/2016

Partes del expediente

  • Juan Marcos Munguía González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y por lo que con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a los autos, únicamente para que conste el pedimento signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad; en virtud de que el veintiuno de octubre del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto. Por otra parte, en relación a la solicitud de expedición de copias de la sentencia que se dicte en el presente asunto, y toda vez que como ya se dijo en este juicio se sobreseyó fuera de audiencia, en tal situación expídasele copia certificada del auto respectivo. Se informa que a fin de no distraer al personal de apoyo de sus labores sustantivas, el horario establecido para lo acordado es de nueve a doce horas, de lunes a jueves.

  3. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio y anexos del Agente del Ministerio Público del Fuero Común, con sede en San Quintín, Baja California, mediante el cual rinde informe justificado y remite diversas documentales que obran en la averiguación previa 976/15/306 de su índice. Ahora bien, y toda vez que de las constancias que remitió la responsable antes citada, se advierte que sobrevino una causal de improcedencia, por lo que esta Juzgadora procede a su estudio de oficio y de manera preferente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 63 fracción IV del mismo ordenamiento legal, que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" En efecto, el quejoso Juan Marcos Munguía González, promovió demanda de amparo contra actos del Subprocurador General de Justicia del Estado de Baja California y otra autoridad, cuyo acto reclamado lo hizo consistir en la falta de interés en la expedites procesal debido al excesivo tiempo para procurar justicia en la querella por el delito de despojo de cosas inmuebles o de aguas, formando la averiguación previa 976/15/3016 presentada el doce de junio de dos mil quince ante la representación social en San Quintín, Baja California, pues no obstante diversas peticiones hechas en la referida averiguación no se había girado oficio al Jefe de Servicios Periciales de San Quintín, a fin de que designe dos elementos a su cargo, que deberán ser peritos en materia de topografía para que una vez que acepten y protesten el cargo, deberán trasladarse y constituirse en los lote 1 y 2 de la manzana 16, Ejido Nuevo Mexicali, calle Emiliano Zapata número 910, a efecto de localizar y ubicar dichos terrenos, así como para que determinen si presentan o no afectación. Sin embargo, de las documentales aportadas por el Agente del Ministerio Público del Fuero Común, con sede en San Quintín, Baja California, se desprende que el veintinueve de septiembre del año en curso (fecha posterior a la de la presentación de la demanda en veintidós de septiembre del actual), se dictó acuerdo atendiendo a lo solicitado por el aquí quejoso y se giró oficio al Jefe de Servicios Periciales de San Quintín, Baja California, para que designe peritos en materia topográfica, quienes previa aceptación y protesta de cargo, deberá trasladarse y constituirse en los lotes de terreno 1 y 2 manzana 16 del Ejido Nuevo Mexicali, ubicados sobre la Calle Emiliano Zapata, número 910, a efecto de localizar y ubicar dichos terrenos, así como para que determine si presentan o no afectación, mismo que fue recibido por dicha autoridad el cinco de octubre de dos mil dieciséis, tal y como se advierte del acuse de recibo del oficio en mención, que remitió la citada autoridad. Las documentales en examen, a las que se les confiere eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acredita de forma fehaciente que han cesado los efectos del acto reclamado que la quejosa le atribuyó a las autoridades responsables. En esas condiciones, se advierte que los efectos del acto reclamado en el presente juicio de garantías, han cesado; razón por la cual se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y como consecuencia procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el juicio de garantías de acuerdo a lo establecido por la fracción V del artículo 63 del ordenamiento legal citado. Al efecto, tiene aplicación la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 8, del tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J. N, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Asimismo, se invoca por aplicable, la tesis número 415, sustentada por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 356, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del epígrafe y contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que establezcan, de modo tal, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Sin que sea necesario para ello la celebración de la audiencia constitucional respectiva, pues el motivo de improcedencia en estudio, se encuentra demostrado de tal manera, que no podría ser desvirtuado por medio de convicción alguno que aportara alguna de las partes, resultando innecesario que se lleve a cabo. Por tanto, quedan sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (NUEVE HORAS CON ONCE MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS). Sobre el particular es ilustrativa la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece publicada en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y contenido: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."

  4. Principal

    con fundamento en el artículo 26, 27 y 29 de la ley de amparo, hago efectivo el apercibimiento del citatorio de veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, dejado en el domicilio procesal de la parte quejosa, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, por lista y por lista en una página electrónica a la PARTE QUEJOSA que dice...Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio y anexos del Agente del Ministerio Público del Fuero Común, con sede en San Quintín, Baja California, mediante el cual rinde informe justificado y remite diversas documentales que obran en la averiguación previa 976/15/306 de su índice. Ahora bien, y toda vez que de las constancias que remitió la responsable antes citada, se advierte que sobrevino una causal de improcedencia, por lo que esta Juzgadora procede a su estudio de oficio y de manera preferente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 63 fracción IV del mismo ordenamiento legal, que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" En efecto, el quejoso Juan Marcos Munguía González, promovió demanda de amparo contra actos del Subprocurador General de Justicia del Estado de Baja California y otra autoridad, cuyo acto reclamado lo hizo consistir en la falta de interés en la expedites procesal debido al excesivo tiempo para procurar justicia en la querella por el delito de despojo de cosas inmuebles o de aguas, formando la averiguación previa 976/15/3016 presentada el doce de junio de dos mil quince ante la representación social en San Quintín, Baja California, pues no obstante diversas peticiones hechas en la referida averiguación no se había girado oficio al Jefe de Servicios Periciales de San Quintín, a fin de que designe dos elementos a su cargo, que deberán ser peritos en materia de topografía para que una vez que acepten y protesten el cargo, deberán trasladarse y constituirse en los lote 1 y 2 de la manzana 16, Ejido Nuevo Mexicali, calle Emiliano Zapata número 910, a efecto de localizar y ubicar dichos terrenos, así como para que determinen si presentan o no afectación. Sin embargo, de las documentales aportadas por el Agente del Ministerio Público del Fuero Común, con sede en San Quintín, Baja California, se desprende que el veintinueve de septiembre del año en curso (fecha posterior a la de la presentación de la demanda en veintidós de septiembre del actual), se dictó acuerdo atendiendo a lo solicitado por el aquí quejoso y se giró oficio al Jefe de Servicios Periciales de San Quintín, Baja California, para que designe peritos en materia topográfica, quienes previa aceptación y protesta de cargo, deberá trasladarse y constituirse en los lotes de terreno 1 y 2 manzana 16 del Ejido Nuevo Mexicali, ubicados sobre la Calle Emiliano Zapata, número 910, a efecto de localizar y ubicar dichos terrenos, así como para que determine si presentan o no afectación, mismo que fue recibido por dicha autoridad el cinco de octubre de dos mil dieciséis, tal y como se advierte del acuse de recibo del oficio en mención, que remitió la citada autoridad. Las documentales en examen, a las que se les confiere eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acredita de forma fehaciente que han cesado los efectos del acto reclamado que la quejosa le atribuyó a las autoridades responsables. En esas condiciones, se advierte que los efectos del acto reclamado en el presente juicio de garantías, han cesado; razón por la cual se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y como consecuencia procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el juicio de garantías de acuerdo a lo establecido por la fracción V del artículo 63 del ordenamiento legal citado. Al efecto, tiene aplicación la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 8, del tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J. N, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Asimismo, se invoca por aplicable, la tesis número 415, sustentada por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 356, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del epígrafe y contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que establezcan, de modo tal, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Sin que sea necesario para ello la celebración de la audiencia constitucional respectiva, pues el motivo de improcedencia en estudio, se encuentra demostrado de tal manera, que no podría ser desvirtuado por medio de convicción alguno que aportara alguna de las partes, resultando innecesario que se lleve a cabo. Por tanto, quedan sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (NUEVE HORAS CON ONCE MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS). Sobre el particular es ilustrativa la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece publicada en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y contenido: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."

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