Juan Manuel Zevada Cárdenas

Expediente 1098/2014 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 9 actuaciones registradas, la última del 3 de septiembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1098/2014
Año
2014
Actuaciones
9
Última actuación
03/09/2015

Partes del expediente

  • Juan Manuel Zevada Cárdenas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el tercer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de cuatro de agosto de dos mil quince, en el cual se declaró cumplido el fallo protector. En consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, considerando que ninguna de las partes hizo alguna manifestación al respecto. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo a la parte quejosa, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    De conformidad a lo ordenado mediante auto de quince de diciembre de dos mil catorce, con fundamento en los artículos 26, 27 y 29 de la Ley de Amparo, en cinco de agosto de dos mil quince, notifico personalmente a la parte tercero interesada BERNARDINO ESPINOZA el auto de cuatro de agosto de dos mil quince, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, y por lista en una página electrónica del Poder Judicial de la Federación, que dice: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que mediante oficios registrados con los números de folio 16809 (foja 280), 16970 (fojas 282 a 290), y 18840 (fojas 303 a 400), la autoridad responsable manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo; ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando las partes no hayan desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, tomo XI-marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, cuya sinopsis es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Igualmente resulta aplicable, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la tesis IX.1o.6 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 883, tomo III-marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, que dice: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, no prevén ningún caso de excepción. Por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas." En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridad responsable al 1. Juez Primero de Primera Instancia Penal, con residencia en esta ciudad, de quien reclamó lo siguiente: [.] "El auto de formal prisión dictado en contra del quejoso el veinte de junio de dos mil catorce, dentro de la causa penal 256/2014, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, con residencia en esta ciudad, por el delito de robo de vehículo de motor.." [.] Ahora bien, mediante resolución de veintinueve de mayo de dos mil quince, pronunciada por el Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, se revocó la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, y en su lugar se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. EFECTO DE LA SENTENCIA AMPARADORA Los efectos de la concesión de amparo fueron precisados en la resolución en comento, quedando de la siguiente forma: [.] I) Deje insubsistente el auto de plazo constitucional de veinte de junio de dos mil catorce, y por consecuencia aquel que transgrede lo aquí tratado. II) Ordene la reposición del procedimiento en la causa penal 256/2014, instruida contra Juan Manuel Zevada Cárdenas, inculpado por el delito de robo de vehículo de motor, previsto y sancionado en el artículo 208 bis, del Código Penal del Estado, hasta el auto que emitió con motivo del cumplimiento de la orden de aprehensión, mismo que deberá dictar de forma inmediata en términos del artículo 266 del Código de Procedimientos Penales del Estado; haciendo constar que el plazo constitucional para resolver la situación jurídica del indiciado mencionado, comenzará a partir de la fecha y hora en que reciba el oficio que contenga copia certificada de la presente ejecutoria. III) Además, en dicho proveído con fundamento en el artículo 20, apartado A, fracción IX, constitucional, anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, 3, 26 y 29 del Código de Procedimientos Penales del Estado, deberá inmediatamente informar al inculpado que tiene derecho a nombrar un defensor y entre ello sucede designar al de oficio de la adscripción estableciendo su nombre completo, quien entre en funciones desde ese momento para que lo asesore, a quien se le deberá notificar dicho nombramiento para que acepte el cargo, tome protesta y esté en aptitud de poder entrevistarse con el reo, para preparar su estrategia de defensa, y este a su vez pueda recusarlo; designación que en cualquier momento podrá revocar y nombrar si es su deseo. En el entendido de que la juez deberá preferir al defensor oficial que ya asumió la defensa del quejoso en el proceso, con la finalidad de aprovechar el conocimiento que ya tiene de la causa penal; salvo que ello no fuera materialmente posible. IV) Por otra parte, en el mismo auto, en cuanto a la víctima realizará lo siguiente: 1. Reconocer el carácter de víctima a Bernaldino Espinoza; 2. De inmediato llamarla a juicio, a fin de que se le hagan saber los derechos que a su favor confieren tanto la carta magna, como el Código de Procedimientos Penales del Estado y la Ley General de Víctimas, en el domicilio que tenga señalado en autos, a efecto de que este se encuentre en aptitud de hacerlos valer; 3. Hacer de su conocimiento que tiene la prerrogativa a nombrar un asesor jurídico particular que le asista y represente, en el entendido que de no querer o no poder contratar un abogado le será proporcionado por el Estado; 4. Acorde a los normativos 96, 97, 102 y 168 de la Ley General de Víctimas, informar su determinación a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la delegación en Baja California de la Comisión Nacional de Víctimas, con domicilio sito en Boulevard Sánchez Taboada esquina O' Gorman, local 101, planta baja, edificio Anda, zona Río, código postal 22320, en Tijuana, Baja California, teléfonos 664-191-5070 y 664-191-5071, extensiones 58000 y 58001; correo electrónico: cav.bajacalifornia@cav.gob.mx, a fin de que se le inscriba en el Sistema Nacional de Víctimas, mediante el Formato Único de Declaración (Solicitud de Incorporación de Víctimas al Registro Federal) que deberá llenar el propio juzgador y remitir vía ordinaria y electrónica a la dirección indicada, el cual puede obtener de la página de internet de la Comisión Nacional de Víctimas http://www.ceav.gob.mx. V) Finalmente, una vez subsanadas las violaciones señaladas en la presente ejecutoria, con plenitud de jurisdicción determine lo que en derecho proceda." ACTO DE LA AUTORIDAD EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO Por oficios registrados con los números de folio 16809 (foja 280), 16970 (fojas 282 a 290), y 18840 (fojas 303 a 400), la autoridad responsable 1. Juez Primero de Primera Instancia Penal, con residencia en esta ciudad, informó haber dado cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo; documentales que tienen pleno valor probatorio en términos de lo preceptuado en los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En las relatadas circunstancias y una vez analizada la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO, pues es inconcuso que la autoridad responsable, acató el núcleo de la ejecutoria. ANÁLISIS EVALUATIVO En efecto, la autoridad responsable 1. Juez Primero de Primera Instancia Penal, con residencia en esta ciudad, mediante auto de veinticuatro de junio del presente año (fojas 280), emitido dentro de la causa penal 256/2014 de su índice, dejó insubsistente el auto de término constitucional de veinte de junio del dos mil catorce, y ordenó la reposición del procedimiento hasta el auto que se emitió con motivo del cumplimiento de la orden de aprehensión. De igual forma, mediante proveído de veinticuatro de junio del actual (foja 285), la autoridad responsable informó al inculpado que tenía derecho a nombrar un defensor, y entre ello sucedía nombró como defensor del aquí quejoso a Luis Miguel Alcázar de la Torre, defensor público oficial quien había asumido la defensa del quejoso en el citado proceso penal; asimismo, reconoció el carácter de víctima al aquí tercero interesado Bernaldino Espinoza, a quién ordenó llamar a juicio, haciéndole de su conocimiento que tiene la prerrogativa a nombrar un asesor jurídico particular que le asista y represente, en el entendido que de no querer o no poder contratar un abogado le será proporcionado por el Estado; informando la anterior circunstancia a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la delegación en Baja California de la Comisión Nacional de Víctimas, con residencia en Tijuana, a fin de que se le inscriba en el Sistema Nacional de Víctimas, mediante el Formato Único de Declaración. Hecho lo anterior, el quejoso designó defensor particular, por lo que, en diverso auto de la misma fecha, fijó fecha y hora a efecto de recabar la declaración preparatoria al inculpado ahora quejoso, resolviendo su situación jurídica mediante auto de término constitucional de treinta de junio de dos mil quince. De ahí que al haber dejado insubsistente la autoridad responsable 1. Juez Primero de Primera Instancia Penal, con residencia en esta ciudad, el acto materia del acto reclamado, y al resolver de nueva cuenta la situación jurídica del quejoso en apego al fallo protector, se afirma que la violación cometida en perjuicio del accionante de amparo, quedó subsanada. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    hago efectivo el apercibimiento del A V I S O de cinco de agosto de dos mil quince, dejado en el domicilio procesal de LA PARTE QUEJOSA, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de cuatro de agosto de dos mil quince, por lista y por lista en una página electrónica, que dice: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que mediante oficios registrados con los números de folio 16809 (foja 280), 16970 (fojas 282 a 290), y 18840 (fojas 303 a 400), la autoridad responsable manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo; ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando las partes no hayan desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, tomo XI-marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, cuya sinopsis es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Igualmente resulta aplicable, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la tesis IX.1o.6 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 883, tomo III-marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, que dice: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, no prevén ningún caso de excepción. Por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas." En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridad responsable al 1. Juez Primero de Primera Instancia Penal, con residencia en esta ciudad, de quien reclamó lo siguiente: [.] "El auto de formal prisión dictado en contra del quejoso el veinte de junio de dos mil catorce, dentro de la causa penal 256/2014, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, con residencia en esta ciudad, por el delito de robo de vehículo de motor.." [.] Ahora bien, mediante resolución de veintinueve de mayo de dos mil quince, pronunciada por el Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, se revocó la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, y en su lugar se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. EFECTO DE LA SENTENCIA AMPARADORA Los efectos de la concesión de amparo fueron precisados en la resolución en comento, quedando de la siguiente forma: [.] I) Deje insubsistente el auto de plazo constitucional de veinte de junio de dos mil catorce, y por consecuencia aquel que transgrede lo aquí tratado. II) Ordene la reposición del procedimiento en la causa penal 256/2014, instruida contra Juan Manuel Zevada Cárdenas, inculpado por el delito de robo de vehículo de motor, previsto y sancionado en el artículo 208 bis, del Código Penal del Estado, hasta el auto que emitió con motivo del cumplimiento de la orden de aprehensión, mismo que deberá dictar de forma inmediata en términos del artículo 266 del Código de Procedimientos Penales del Estado; haciendo constar que el plazo constitucional para resolver la situación jurídica del indiciado mencionado, comenzará a partir de la fecha y hora en que reciba el oficio que contenga copia certificada de la presente ejecutoria. III) Además, en dicho proveído con fundamento en el artículo 20, apartado A, fracción IX, constitucional, anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, 3, 26 y 29 del Código de Procedimientos Penales del Estado, deberá inmediatamente informar al inculpado que tiene derecho a nombrar un defensor y entre ello sucede designar al de oficio de la adscripción estableciendo su nombre completo, quien entre en funciones desde ese momento para que lo asesore, a quien se le deberá notificar dicho nombramiento para que acepte el cargo, tome protesta y esté en aptitud de poder entrevistarse con el reo, para preparar su estrategia de defensa, y este a su vez pueda recusarlo; designación que en cualquier momento podrá revocar y nombrar si es su deseo. En el entendido de que la juez deberá preferir al defensor oficial que ya asumió la defensa del quejoso en el proceso, con la finalidad de aprovechar el conocimiento que ya tiene de la causa penal; salvo que ello no fuera materialmente posible. IV) Por otra parte, en el mismo auto, en cuanto a la víctima realizará lo siguiente: 1. Reconocer el carácter de víctima a Bernaldino Espinoza; 2. De inmediato llamarla a juicio, a fin de que se le hagan saber los derechos que a su favor confieren tanto la carta magna, como el Código de Procedimientos Penales del Estado y la Ley General de Víctimas, en el domicilio que tenga señalado en autos, a efecto de que este se encuentre en aptitud de hacerlos valer; 3. Hacer de su conocimiento que tiene la prerrogativa a nombrar un asesor jurídico particular que le asista y represente, en el entendido que de no querer o no poder contratar un abogado le será proporcionado por el Estado; 4. Acorde a los normativos 96, 97, 102 y 168 de la Ley General de Víctimas, informar su determinación a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la delegación en Baja California de la Comisión Nacional de Víctimas, con domicilio sito en Boulevard Sánchez Taboada esquina O' Gorman, local 101, planta baja, edificio Anda, zona Río, código postal 22320, en Tijuana, Baja California, teléfonos 664-191-5070 y 664-191-5071, extensiones 58000 y 58001; correo electrónico: cav.bajacalifornia@cav.gob.mx, a fin de que se le inscriba en el Sistema Nacional de Víctimas, mediante el Formato Único de Declaración (Solicitud de Incorporación de Víctimas al Registro Federal) que deberá llenar el propio juzgador y remitir vía ordinaria y electrónica a la dirección indicada, el cual puede obtener de la página de internet de la Comisión Nacional de Víctimas http://www.ceav.gob.mx. V) Finalmente, una vez subsanadas las violaciones señaladas en la presente ejecutoria, con plenitud de jurisdicción determine lo que en derecho proceda." ACTO DE LA AUTORIDAD EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO Por oficios registrados con los números de folio 16809 (foja 280), 16970 (fojas 282 a 290), y 18840 (fojas 303 a 400), la autoridad responsable 1. Juez Primero de Primera Instancia Penal, con residencia en esta ciudad, informó haber dado cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo; documentales que tienen pleno valor probatorio en términos de lo preceptuado en los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En las relatadas circunstancias y una vez analizada la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO, pues es inconcuso que la autoridad responsable, acató el núcleo de la ejecutoria. ANÁLISIS EVALUATIVO En efecto, la autoridad responsable 1. Juez Primero de Primera Instancia Penal, con residencia en esta ciudad, mediante auto de veinticuatro de junio del presente año (fojas 280), emitido dentro de la causa penal 256/2014 de su índice, dejó insubsistente el auto de término constitucional de veinte de junio del dos mil catorce, y ordenó la reposición del procedimiento hasta el auto que se emitió con motivo del cumplimiento de la orden de aprehensión. De igual forma, mediante proveído de veinticuatro de junio del actual (foja 285), la autoridad responsable informó al inculpado que tenía derecho a nombrar un defensor, y entre ello sucedía nombró como defensor del aquí quejoso a Luis Miguel Alcázar de la Torre, defensor público oficial quien había asumido la defensa del quejoso en el citado proceso penal; asimismo, reconoció el carácter de víctima al aquí tercero interesado Bernaldino Espinoza, a quién ordenó llamar a juicio, haciéndole de su conocimiento que tiene la prerrogativa a nombrar un asesor jurídico particular que le asista y represente, en el entendido que de no querer o no poder contratar un abogado le será proporcionado por el Estado; informando la anterior circunstancia a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la delegación en Baja California de la Comisión Nacional de Víctimas, con residencia en Tijuana, a fin de que se le inscriba en el Sistema Nacional de Víctimas, mediante el Formato Único de Declaración. Hecho lo anterior, el quejoso designó defensor particular, por lo que, en diverso auto de la misma fecha, fijó fecha y hora a efecto de recabar la declaración preparatoria al inculpado ahora quejoso, resolviendo su situación jurídica mediante auto de término constitucional de treinta de junio de dos mil quince. De ahí que al haber dejado insubsistente la autoridad responsable 1. Juez Primero de Primera Instancia Penal, con residencia en esta ciudad, el acto materia del acto reclamado, y al resolver de nueva cuenta la situación jurídica del quejoso en apego al fallo protector, se afirma que la violación cometida en perjuicio del accionante de amparo, quedó subsanada. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    De conformidad a lo ordenado mediante auto de quince de diciembre de dos mil catorce, con fundamento en los artículos 26, 27 y 29 de la Ley de Amparo, en diecisiete de julio de dos mil quince, notifico personalmente a la parte tercero interesada BERNARDINO ESPINOZA el auto de dieciséis de julio de dos mil quince, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, y por lista en una página electrónica del Poder Judicial de la Federación, que dice: Se ordena agregar a los autos el oficio de cuenta, suscrito por la 1. Juez Primero de Primera Instancia Penal, con residencia en esta ciudad, y anexo, los cuales se relacionan con el cumplimiento a la ejecutoria que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes con el oficio de cuenta, así como con los diversos registrados con los números de folio 16809 (foja 280) y 16970 (fojas 282 a 290), por el plazo de tres días a efecto que manifiesten lo que a su interés convenga; apercibidas que de no hacerlo, considerando los elementos que obren en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad responsable se resolverá respecto de dicho cumplimiento.

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