Juan Manuel Velázquez Sánchez
Expediente 826/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 826/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/06/2018
Partes del expediente
- Juan Manuel Velázquez Sánchez
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, dieciocho de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra del auto en el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo, y carece de relevancia documental.
- Principal
Toluca, Estado de México, treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta y toda vez que las partes no formularon manifestación en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se procede a calificar el mismo. Por sentencia de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, se concedió el amparo, para el efecto de que, el Tribunal Unitario Agrario, Distrito Nueve, con residencia en Toluca, Estado de México: 1. Deje insubsistente la resolución de definitiva de veintiséis de agosto de dos mil catorce, dictada en el juicio sucesorio agrario 988/2013, por la que se reconoció a Alejandra Guzmán García como sucesora legítima de los derechos comunales que correspondieron a su extinto abuelo autor de la sucesión Genaro Guzmán Flores y/o Genaro Guadalupe Guzmán Flores, en el poblado de San Jerónimo Acazulco, Municipio de Ocoyoacac, Estado de México, conforme al certificado de reconocimiento de miembro de comunidad número 159422, expedido por la Secretaría de la Reforma Agraria; y, por la que se ordenó dar de baja a éste y cancelar los registros respectivos, así como en su oportunidad dar de alta y expedir la constancia que acreditara a Alejandra Guzmán García, como titular de los citados derechos comunales; y, 2. Se le emplace al juicio, a fin de que se le respete su derecho de audiencia. Concesión que debe hacerse extensiva respecto del acto reclamado a la autoridad ejecutora Delegado del Registro Agrario Nacional, en el Estado de México, dado que el mismo no se reclamó por vicios propios, sino en vía de consecuencia respecto del reclamado a la ordenadora. Por auto de quince de mayo de dos mil dieciocho, se requirió su cumplimiento; por lo que, la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario, Distrito Nueve, con residencia en Toluca, Estado de México, mediante oficio TUA09/1569/2018 presentado el diecisiete de mayo de la presente anualidad ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, y el día siguiente ante este órgano jurisdiccional, transcribió el acuerdo que emitió el diecisiete de mayo del año en curso, en el juicio sucesorio agrario 988/2013, por el que, en cumplimiento al fallo protector, dejó insubsistente la resolución definitiva de de veintiséis de agosto de dos mil catorce, dictada en el referido juicio sucesorio agrario, por la que se reconoció a Alejandra Guzmán García como sucesora legítima de los derechos comunales que correspondieron a su extinto abuelo autor de la sucesión Genaro Guzmán Flores y/o Genaro Guadalupe Guzmán Flores, en el poblado de San Jerónimo Acazulco, Municipio de Ocoyoacac, Estado de México, conforme al certificado de reconocimiento de miembro de comunidad número 159422, expedido por la Secretaría de la Reforma Agraria; y, por la que se ordenó dar de baja a éste y cancelar los registros respectivos, así como en su oportunidad dar de alta y expedir la constancia que acreditara a Alejandra Guzmán García, como titular de los citados derechos comunales. Asimismo, señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia de ley, y ordenó el llamamiento a juicio de la quejosa Vicenta Guzmán García, para lo cual debía corrérsele traslado con copia del escrito inicial de demanda y sus anexos. Luego, por oficio RAN-EM/1865/2018 presentado el veintidós de mayo de dos mil dieciocho ante este juzgado de Distrito, el Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de México, informó que en cumplimiento a la sentencia de amparo, procedió a cancelar la inscripción de la sentencia emitida el veintiséis de agosto de dos mil catorce, dictada en el juicio sucesorio agrario 988/2013, inscrita en el protocolo de esa delegación, con el número 7010, volumen XVIII, del libro 1-B, en fecha cinco de octubre de dos mil quince; y, al respecto, anexó copia certificada de la nota marginal respectiva, debidamente cancelada. Del examen de las documentales que anexaron las responsables, mismas que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria tienen pleno valor probatorio, se desprende que la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario, Distrito Nueve, con residencia en Toluca, Estado de México, atendió a los efectos del fallo protector, pues mediante acuerdo dictado el diecisiete de mayo del año en curso, en el juicio sucesorio agrario 988/2013, en cumplimiento al fallo protector, dejó insubsistente la resolución definitiva de de veintiséis de agosto de dos mil catorce, dictada en el referido juicio sucesorio agrario; y, señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia de ley, ordenando el llamamiento a juicio de la quejosa Vicenta Guzmán García. En tanto que, el Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de México, en cumplimiento a la sentencia de amparo, canceló la inscripción de la sentencia emitida el veintiséis de agosto de dos mil catorce, dictada en el juicio sucesorio agrario 988/2013, inscrita en el protocolo de esa delegación, lo cual acredito con la copia certificada de la nota marginal respectiva. Por todo lo plasmado, debe hacerse mención, que se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales violados. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos o defectos.
- Principal
Vista la demanda promovida por Juan Manuel Velázquez Sánchez, regístrese la demanda bajo el número 826/2018-I-A. DESECHAMIENTO Previamente, deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Del análisis íntegro al escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama la resolución emitida el siete de mayo de dos mil dieciocho, con motivo del recurso de revocación interpuesto por el quejoso, ello con relación a la negativa por parte de la autoridad responsable de regularizar el procedimiento respecto a la razón que asentó el notificador adscrito al juzgado de origen en el sentido de imponer al promovente de amparo la obligación de asistir a la Notaría Número Quince de esta ciudad, para la firma de la escritura correspondiente al bien inmueble materia del juicio ordinario civil 667/2004, del índice del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México. En virtud de lo anterior, después de analizar la presente demanda de amparo, éste órgano de control constitucional advierte que, en la especie respecto del citado acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por tanto, conforme al numeral 113 de la referida legislación, se indica lo siguiente. El artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución; (.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así las cosas, se aprecia que se surte la causa de improcedencia que establecen los citados numerales, respecto del acto reclamado consistente en la resolución emitida el siete de mayo de dos mil dieciocho, con motivo del recurso de revocación interpuesto por el quejoso, ello con relación a la negativa por parte de la autoridad responsable de regularizar el procedimiento respecto a la razón que asentó el notificador adscrito al juzgado de origen en el sentido de imponer al promovente de amparo la obligación de asistir a la Notaría Número Quince de esta ciudad, para la firma de la escritura correspondiente al bien inmueble materia del juicio ordinario civil 667/2004, del índice del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, ya que dicho procedimiento se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, en el expediente del cual emana el acto reclamado, pues como se advierte del escrito inicial de demanda, el quince de abril de dos mil cinco, se dictó sentencia definitiva misma que fue confirmada por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en el toca de apelación 417/2005, inconforme con esta última el quejoso promovió amparo directo 695/2005, en el que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, negó el amparo y protección al aquí quejoso; por tanto, se encuentra en etapa de ejecución de sentencia. En efecto, el acto de referencia, no se ubica en la hipótesis de procedencia establecida en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, ya que no se trata del último acto en ejecución de sentencia, pues no ha concluido el procedimiento correspondiente. Por ello cuando se emita la determinación que tenga por debidamente cumplida la sentencia dictada en el juicio ordinario civil 667/2004, de actualizarse alguna violación en dicha fase y será el momento para combatirla en amparo indirecto. Por tanto, la determinación reclamada, de ninguna manera versa o tiene el carácter de ser la última resolución en ese procedimiento para los efectos de la procedencia de la acción constitucional biinstancial; por lo que será hasta que se agote en su totalidad el procedimiento de ejecución y se dicte la última resolución, cuando sea procedente la acción de amparo donde podrán atacarse las violaciones que dentro de ese procedimiento considere le hayan dejado sin defensa. Es aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 190035, Novena Época, visible a página treinta y uno del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente. Los lineamientos de los criterios referidos, tienen por finalidad evitar que se promuevan tantos amparos como violaciones en el procedimiento de ejecución se estime cometan las autoridades que conozcan de las controversias respectivas; pues de considerar lo contrario, se harían interminables los procedimientos relativos a cumplimentar las sentencias que constituyan la verdad legal.". El lineamiento del criterio referido, tiene por finalidad evitar que se promuevan tantos amparos como violaciones en el procedimiento de ejecución se estime cometan las autoridades que conozcan de las controversias respectivas; pues de considerar lo contrario, se harían interminables los procedimientos relativos a cumplimentar las sentencias que constituyan la verdad legal. Robustece lo anterior, la tesis sostenida por la Segunda Sala de nuestro máximo tribunal, con número de registro 196894, Novena Época, visible a página doscientos treinta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución.". Así las cosas, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia que se surte de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, es procedente con fundamento en el numeral 113 del cuerpo de leyes en cita, desechar de plano la demanda que dio origen al presente asunto, por ser notoriamente improcedente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso el señalado en el proemio de su demanda. En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
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