Juan Manuel Vega Sánchez y Otros.
Expediente 1356/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1356/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/01/2022
Partes del expediente
- Juan Manuel Vega Sánchez
- Juan Manuel Vega Sánchez y Otros.
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, trece de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. ... se declara que el mismo ha causado estado. ... el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental. Notifíquese y personalmente a los quejosos.
- Principal
Toluca, Estado de México, veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno. REGISTRO Vista la demanda que promueven ... por propio derecho; con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 1356/2021-II-C. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; asimismo, en términos del artículo 62 de la citada ley se realiza el pronunciamiento correspondiente. En ese tenor, del escrito de demanda se colige que la parte quejosa, reclama: El auto de trece de diciembre de dos mil veintiuno, emitido en el juicio ordinario civil ...del índice del Juzgado Séptimo Civil del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, en el que se admitió la reconvención promovida por la parte demandada ....en el juicio de origen, en contra de los aquí quejosos. Sentado lo anterior, se advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia, establecida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Del precepto legal antes transcrito, se observa que la regla a fin de que se actualicen los supuestos de la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, es que en contra del acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa que pueda nulificar, modificar o revocar el acto reclamado. Es decir, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses existe el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Ello, dado que de ser omisos a tales consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos judiciales no tendrían la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, pues de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública, lo cual no es permitido conforme a la técnica del juicio constitucional. De ahí la importancia de que las partes interesadas, antes de acudir al juicio constitucional, deban agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rija el acto reclamado prevea para tal efecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 447, visible en la página 297, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo.". Así también, apoya a lo anterior la jurisprudencia 573, visible en la página 515, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional.". En ese sentido, este Juzgador advierte que Los quejosos, en esencia se duelen del acuerdo de trece de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio ordinario civil 709/2021, a través del cual el Juzgado Séptimo Civil del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, admitió demanda reconvencional promovido por la parte demandada ... en el juicio de origen, en contra de los aquí quejosos .....En efecto, se advierte que dicha parte podía obtener la nulificación de dicha determinación, mediante el recurso de revocación señalado en los ordinales 1.362, 1.363 y 1.364, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, los cuales disponen: "Artículo 1.362.- Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables por el juez o tribunal que los dictó. Artículo 1.363.- La revocación se interpondrá, expresando agravios, al día siguiente de notificado el recurrente. Artículo 1.364.- Interpuesta la revocación se dará vista a la parte contraria, por tres días y transcurridos, el Juez resolverá dentro del tercer día.". Máxime que los preceptos legales 1.192, 1.360, 1.366, 1.377 y 1.378 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, en su orden, establecen lo siguiente: "Artículo 1.192.- Las resoluciones judiciales son: I. Decretos, cuando sean simples determinaciones de trámite; II. Autos, son decisiones que tienden al impulso y desarrollo del procedimiento; III. Sentencias o autos interlocutorios, cuando deciden un incidente promovido antes o después de la sentencia definitiva, o bien decidan alguna cuestión procesal entre partes; IV. Sentencias definitivas, cuando decidan el fondo del litigio en lo principal. . Artículo 1.360. Se reconocen como recursos los siguientes: I. Revocación; II. Apelación; III. Queja. . Artículo 1.362. Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables. . Artículo 1.366. La apelación tiene por objeto que el Tribunal de Alzada, revoque o modifique la resolución impugnada, en los puntos relativos a los agravios, los que de no prosperar motivarán su confirmación. Artículo 1.377. Las sentencias definitivas son apelables con efecto suspensivo, salvo cuando la ley determine lo contrario. Artículo 1.378. Son apelables las sentencias interlocutorias y los autos que específicamente señala este Código. La apelación, en este caso, se admitirá sin efecto suspensivo, salvo cuando la ley disponga lo contrario." Así, la interpretación sistemática de los preceptos transcritos permite considerar que los decretos son simples determinaciones de trámite; que los autos son decisiones que tienden al impulso y desarrollo del procedimiento; que son sentencias o autos interlocutorios, cuando deciden un incidente promovido antes o después de la sentencia definitiva, o bien, decidan alguna cuestión procesal entre partes y sentencias definitivas cuando decidan el fondo del litigio en lo principal. Asimismo, como dato relevante se advierte que la procedencia del recurso de apelación es de naturaleza casuística, pues el artículo 1.378 del citado ordenamiento legal estatuye que serán apelables los autos que de manera específica señala el propio código adjetivo civil local. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis Aislada II.1o.C.T.114 C, que aprobó el entonces Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, publicada en la página 364, Tomo IV, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 1996, Novena Época, con el registro 199850, que establece: "APELACION EN MATERIA CIVIL. SU PROCEDENCIA ES DE NATURALEZA CASUISTICA LEGISLACION DEL ESTADO DE MEXICO. Del artículo 432 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, se advierte que necesariamente deben estar previstos en la legislación los casos en que son apelables las sentencias interlocutorias y los autos, precisión que evidencia el sistema legal récord del recurso de apelación, el cual queda dentro de la regla genérica, que establece la procedencia de alguno de los recursos o medios de defensa que fija el Código contra todo acto de procedimiento susceptible de producir un perjuicio a las partes; ejemplo de ello, lo es la norma contenida en el artículo 419 de la legislación en cita. De esa manera, es claro que la sistemática legal aludida, tratándose del recurso de apelación, necesariamente tiene que ser casuística, pues sólo cuando el Código lo dispone puede impugnarse en apelación una interlocutoria o auto, si además, lo fuere la sentencia definitiva en términos de lo previsto por el citado artículo 432." Asimismo, como se expuso, el artículo 1.362 del código procesal civil citado establece la existencia del recurso de revocación contemplado para resoluciones de los tribunales en los procedimientos civiles, procedente contra decretos y autos dictados en la instancia, que no son apelables, lo cual implica una procedencia genérica establecida por el legislador. En ese contexto, la revocación procede por exclusión respecto de los autos y decretos que no sean apelables, tal como lo establece la Tesis Aislada aprobada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 573, Volumen 217-228, Sexta Parte, en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Materia Común, con el registro 247290, que establece: "REVOCACION, ES PROCEDENTE CONTRA AUTOS NO APELABLES EL RECURSO DE LEGISLACION DEL ESTADO DE MEXICO. Cuando un acuerdo no constituye una sentencia definitiva o auto que pudiera ser confirmado, invocado o modificado a través del recurso de apelación, de conformidad con lo previsto en el numeral 423 del Código de Procedimientos Civiles, en consecuencia, aquél es combatible mediante el diverso recurso de revocación, de acuerdo con el artículo 419 del propio ordenamiento legal, en el que se establece que los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el Juez o tribunal que los dictó o por el que los sustituya en el conocimiento del negocio." En ese tenor, si el auto de trece de diciembre de dos mil veintiuno, emitido por el Juez responsable, en el expediente 709/2021, en donde se admitió la reconvención hecha valer por la contraparte de los aquí quejosos al momento de dar contestación de la demanda que éstos instauraron, no constituye una sentencia definitiva o auto que pudiera ser confirmado, invocado o modificado a través del recurso de apelación al ser una determinación de mero trámite, resulta factible concluir que se trata de un auto susceptible de ser revocado, por lo que es incuestionable que prosperaba el recurso de revocación, máxime que el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, contiene un sistema cerrado y completo de recursos. Así, dicho medio de defensa, consiste en que el propio juez a través del medio de impugnación en comento, determine sobre la subsistencia total o parcial de la determinación reclamada de la que se duele el quejoso, de tal forma que por ese recurso, puede ser modificado, revocado o nulificado. En efecto, del análisis sistemático de los preceptos legales transcritos se advierte que está previsto en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, los casos en que procede el recurso de revocación; por tanto, el auto combatido puede ser revocado por el juez de origen, pudiendo dictar otro nuevo en su lugar. De ahí que, la parte quejosa al promover el recurso de revocación, se encuentra en aptitud de obtener una determinación distinta a la actual, por lo que la resolución de dicho recurso puede beneficiar a los impetrantes. Por lo que los solicitantes del amparo estaban en aptitud de promover el recurso de revocación en contra del acuerdo tildado de inconstitucional en la presente vía constitucional, previa la interposición del juicio que nos ocupa; máxime que no se ubica en alguno de los supuestos de excepción previstos en el artículo 61, fracción XVIII, incisos a), b) y c) de la Ley de Amparo. La presente determinación se dicta tomando en consideración que la parte promovente no se ostenta como tercero extraña al expediente de origen pues es puntual al afirmar que conoce de la tramitación del juicio instaurado en su contra, tal y como lo refiere bajo protesta de decir verdad en el apartado relativo a los antecedentes del acto que reclama. No obstante lo anterior, contra la admisión de la reconvención, igualmente se actualiza la causa de improcedencia, establecida en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, los que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte" Asimismo, el Pleno de nuestro máximo Tribunal ha sostenido que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera cierta e inmediata, alguno de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. En estos casos, la justicia federal debe intervenir sin demora, a través del juicio de amparo indirecto sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. La razón de ser de dichos derechos encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado al no alterarse ningún derecho sustantivo. En el caso, se está en presencia de actos que no tienen sobre la persona o las cosas de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, y por ende, la determinación reclamada, no legitima la promoción del juicio de amparo indirecto Lo anterior, pues solamente produciría efectos en contra de derechos adjetivos, sin atacar sus derechos sustantivos de forma tal que el perjuicio irrogado podría ser reparado por un acto jurídico posterior, ello tomando en consideración que la posible afectación que se ocasione puede ser subsanada, si se obtiene sentencia favorable en el juicio de origen del acto reclamado, y en caso contrario, aún puede remediarse a través del juicio de amparo directo que en su caso se promoviese en contra de la resolución respectiva, alegándolo como una violación procesal. Se estima aplicable, en lo conducente la tesis Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo VI, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1990, página 509, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA RECONVENCIONAL, SU ADMISIÓN NO IMPLICA UN ACTO CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. La admisión de la demanda reconvencional participa de la naturaleza jurídica de la demanda principal y en los términos de los artículos 107 fracción III, inciso b) constitucional y 114 fracción IV de la Ley de Amparo, no es un acto de imposible reparación. Esto es así, porque la referida admisión constituye un acto procesal que no impide la prosecución del juicio, ni causa a alguna de las partes en el juicio de origen, un agravio no reparable en la sentencia definitiva, dado que en ésta se abordará la materia sobre la que verse la reconvención; y, en su caso, tal fallo es susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo directo." De igual forma, tiene aplicación a lo antes expuesto, por el tema que informa, la tesis número 2a. XLVIII/2015 (10a.), de la SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, publicada en la página 1070, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con el contenido y epígrafe siguientes: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. La porción referida no eliminó un derecho ni restringió el nivel de protección alcanzado en la regulación de la Ley de Amparo abrogada, debido a que en ésta no se reconocía expresamente la posibilidad de que dentro de los "actos de imposible reparación" se entendiera a los procesales que afectan en grado predominante o superior, ya que ni siquiera existía disposición alguna que definiera ese concepto para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, antes bien constituía un aspecto indeterminado. Y aun cuando la Ley de Amparo vigente, construida bajo un nuevo esquema de protección a los derechos humanos, en su artículo 107, fracción V, define lo que debe entenderse por tal enunciado, ello responde a un rediseño del juicio de amparo que permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la directa los actos que impliquen alguna violación procesal, con el fin de consolidar la efectividad de la institución del juicio de amparo y evitar el abuso de su promoción con el consecuente retraso u obstaculización del dictado de la resolución de fondo del asunto de origen." En mérito de lo antes expuesto, de conformidad con los artículos 61 fracción XVIII, 62, en relación con los artículos 112, 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Juan Manuel Vega Sánchez y Graciela Tapia Domínguez, en virtud de ser notoriamente improcedente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS. En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones de autos. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE Ahora, en caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3°, 4°, 5°, 6° y 7°, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias, revisión de expedientes como en el caso); sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. NOTIFICACIÓN ESPECIAL A LAS PARTES Hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el dieciséis de enero de dos mil veintidós o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 20/2021 OTORGAMIENTO DE COPIAS FOTOSTÁTICAS En aras de una correcta imposición de los presentes autos, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, de oficio, se autoriza a las partes la expedición de copias relativas a las constancias de autos, previa razón de recibo obre en autos a persona autorizada para tal efecto. En el entendido de que cuando las partes requieran de las mismas, deberán generar su código QR para que el día permitido por el sistema, en el horario matutino de nueve quince de la mañana a las catorce horas con quince minutos de lunes a viernes; para acudir al área indicada y se realice el fotocopiado respectivo; sin embargo, para cumplir con la entrega recepción los solicitantes deberá realizar lo siguiente: Como se dijo deberá generar su código QR para que el día asignado se baje al área respectiva y se realice el fotocopiado de las constancias solicitadas. En caso de ser certificadas, al día siguiente, se hará la certificación correspondiente de las constancias, es decir, el entre sello, folio, rubrica y la certificación respectiva. ( De ser el caso) Y, en un tercer día, la entrega de las mismas. Para el caso de que las partes necesiten el fotocopiado de varios tomos derivados del juicio principal o incidental, según corresponda, dicha labor se hará en varios días; en el entendido de que el máximo de copias a sacar por día será de trescientas fojas; por ello, si las copias solicitadas rebasan ese límite, se irán sacando por día hasta concluir con las mismas y, después conforme a los puntos anteriores, en otro día la certificación y en un diverso momento la entrega de las mismas. Lo anterior es así, por la reducida plantilla del personal que fue asignado para laborar en términos del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en las áreas administrativas del propio Consejo por el fenómeno de Salud Pública derivado del virus COVID-19; aunado a las cargas de trabajo y el normal desarrollo de las audiencias, diligencias y trámite de los asuntos que se ventilan de forma cotidiana en este Órgano jurisdiccional. Se hace de su conocimiento que, en el día autorizado para el acceso al inmueble del órgano jurisdiccional, deberá de estar presente a la hora indicada, ya que, de no ser así, no se esperará y deberá solicitar nueva diligencia para esa labor. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Notifíquese y personalmente a los quejosos.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO A AVISO CORRESPONDIENTE, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE VEINTICUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Toluca, Estado de México, veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno. REGISTRO Vista la demanda que promueven ... por propio derecho; con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 1356/2021-II-C. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; asimismo, en términos del artículo 62 de la citada ley se realiza el pronunciamiento correspondiente. En ese tenor, del escrito de demanda se colige que la parte quejosa, reclama: El auto de trece de diciembre de dos mil veintiuno, emitido en el juicio ordinario civil ...del índice del Juzgado Séptimo Civil del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, en el que se admitió la reconvención promovida por la parte demandada ....en el juicio de origen, en contra de los aquí quejosos. Sentado lo anterior, se advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia, establecida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Del precepto legal antes transcrito, se observa que la regla a fin de que se actualicen los supuestos de la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, es que en contra del acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa que pueda nulificar, modificar o revocar el acto reclamado. Es decir, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses existe el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Ello, dado que de ser omisos a tales consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos judiciales no tendrían la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, pues de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública, lo cual no es permitido conforme a la técnica del juicio constitucional. De ahí la importancia de que las partes interesadas, antes de acudir al juicio constitucional, deban agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rija el acto reclamado prevea para tal efecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 447, visible en la página 297, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo.". Así también, apoya a lo anterior la jurisprudencia 573, visible en la página 515, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional.". En ese sentido, este Juzgador advierte que Los quejosos, en esencia se duelen del acuerdo de trece de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio ordinario civil 709/2021, a través del cual el Juzgado Séptimo Civil del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, admitió demanda reconvencional promovido por la parte demandada ... en el juicio de origen, en contra de los aquí quejosos .....En efecto, se advierte que dicha parte podía obtener la nulificación de dicha determinación, mediante el recurso de revocación señalado en los ordinales 1.362, 1.363 y 1.364, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, los cuales disponen: "Artículo 1.362.- Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables por el juez o tribunal que los dictó. Artículo 1.363.- La revocación se interpondrá, expresando agravios, al día siguiente de notificado el recurrente. Artículo 1.364.- Interpuesta la revocación se dará vista a la parte contraria, por tres días y transcurridos, el Juez resolverá dentro del tercer día.". Máxime que los preceptos legales 1.192, 1.360, 1.366, 1.377 y 1.378 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, en su orden, establecen lo siguiente: "Artículo 1.192.- Las resoluciones judiciales son: I. Decretos, cuando sean simples determinaciones de trámite; II. Autos, son decisiones que tienden al impulso y desarrollo del procedimiento; III. Sentencias o autos interlocutorios, cuando deciden un incidente promovido antes o después de la sentencia definitiva, o bien decidan alguna cuestión procesal entre partes; IV. Sentencias definitivas, cuando decidan el fondo del litigio en lo principal. . Artículo 1.360. Se reconocen como recursos los siguientes: I. Revocación; II. Apelación; III. Queja. . Artículo 1.362. Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables. . Artículo 1.366. La apelación tiene por objeto que el Tribunal de Alzada, revoque o modifique la resolución impugnada, en los puntos relativos a los agravios, los que de no prosperar motivarán su confirmación. Artículo 1.377. Las sentencias definitivas son apelables con efecto suspensivo, salvo cuando la ley determine lo contrario. Artículo 1.378. Son apelables las sentencias interlocutorias y los autos que específicamente señala este Código. La apelación, en este caso, se admitirá sin efecto suspensivo, salvo cuando la ley disponga lo contrario." Así, la interpretación sistemática de los preceptos transcritos permite considerar que los decretos son simples determinaciones de trámite; que los autos son decisiones que tienden al impulso y desarrollo del procedimiento; que son sentencias o autos interlocutorios, cuando deciden un incidente promovido antes o después de la sentencia definitiva, o bien, decidan alguna cuestión procesal entre partes y sentencias definitivas cuando decidan el fondo del litigio en lo principal. Asimismo, como dato relevante se advierte que la procedencia del recurso de apelación es de naturaleza casuística, pues el artículo 1.378 del citado ordenamiento legal estatuye que serán apelables los autos que de manera específica señala el propio código adjetivo civil local. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis Aislada II.1o.C.T.114 C, que aprobó el entonces Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, publicada en la página 364, Tomo IV, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 1996, Novena Época, con el registro 199850, que establece: "APELACION EN MATERIA CIVIL. SU PROCEDENCIA ES DE NATURALEZA CASUISTICA LEGISLACION DEL ESTADO DE MEXICO. Del artículo 432 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, se advierte que necesariamente deben estar previstos en la legislación los casos en que son apelables las sentencias interlocutorias y los autos, precisión que evidencia el sistema legal récord del recurso de apelación, el cual queda dentro de la regla genérica, que establece la procedencia de alguno de los recursos o medios de defensa que fija el Código contra todo acto de procedimiento susceptible de producir un perjuicio a las partes; ejemplo de ello, lo es la norma contenida en el artículo 419 de la legislación en cita. De esa manera, es claro que la sistemática legal aludida, tratándose del recurso de apelación, necesariamente tiene que ser casuística, pues sólo cuando el Código lo dispone puede impugnarse en apelación una interlocutoria o auto, si además, lo fuere la sentencia definitiva en términos de lo previsto por el citado artículo 432." Asimismo, como se expuso, el artículo 1.362 del código procesal civil citado establece la existencia del recurso de revocación contemplado para resoluciones de los tribunales en los procedimientos civiles, procedente contra decretos y autos dictados en la instancia, que no son apelables, lo cual implica una procedencia genérica establecida por el legislador. En ese contexto, la revocación procede por exclusión respecto de los autos y decretos que no sean apelables, tal como lo establece la Tesis Aislada aprobada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 573, Volumen 217-228, Sexta Parte, en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Materia Común, con el registro 247290, que establece: "REVOCACION, ES PROCEDENTE CONTRA AUTOS NO APELABLES EL RECURSO DE LEGISLACION DEL ESTADO DE MEXICO. Cuando un acuerdo no constituye una sentencia definitiva o auto que pudiera ser confirmado, invocado o modificado a través del recurso de apelación, de conformidad con lo previsto en el numeral 423 del Código de Procedimientos Civiles, en consecuencia, aquél es combatible mediante el diverso recurso de revocación, de acuerdo con el artículo 419 del propio ordenamiento legal, en el que se establece que los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el Juez o tribunal que los dictó o por el que los sustituya en el conocimiento del negocio." En ese tenor, si el auto de trece de diciembre de dos mil veintiuno, emitido por el Juez responsable, en el expediente 709/2021, en donde se admitió la reconvención hecha valer por la contraparte de los aquí quejosos al momento de dar contestación de la demanda que éstos instauraron, no constituye una sentencia definitiva o auto que pudiera ser confirmado, invocado o modificado a través del recurso de apelación al ser una determinación de mero trámite, resulta factible concluir que se trata de un auto susceptible de ser revocado, por lo que es incuestionable que prosperaba el recurso de revocación, máxime que el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, contiene un sistema cerrado y completo de recursos. Así, dicho medio de defensa, consiste en que el propio juez a través del medio de impugnación en comento, determine sobre la subsistencia total o parcial de la determinación reclamada de la que se duele el quejoso, de tal forma que por ese recurso, puede ser modificado, revocado o nulificado. En efecto, del análisis sistemático de los preceptos legales transcritos se advierte que está previsto en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, los casos en que procede el recurso de revocación; por tanto, el auto combatido puede ser revocado por el juez de origen, pudiendo dictar otro nuevo en su lugar. De ahí que, la parte quejosa al promover el recurso de revocación, se encuentra en aptitud de obtener una determinación distinta a la actual, por lo que la resolución de dicho recurso puede beneficiar a los impetrantes. Por lo que los solicitantes del amparo estaban en aptitud de promover el recurso de revocación en contra del acuerdo tildado de inconstitucional en la presente vía constitucional, previa la interposición del juicio que nos ocupa; máxime que no se ubica en alguno de los supuestos de excepción previstos en el artículo 61, fracción XVIII, incisos a), b) y c) de la Ley de Amparo. La presente determinación se dicta tomando en consideración que la parte promovente no se ostenta como tercero extraña al expediente de origen pues es puntual al afirmar que conoce de la tramitación del juicio instaurado en su contra, tal y como lo refiere bajo protesta de decir verdad en el apartado relativo a los antecedentes del acto que reclama. No obstante lo anterior, contra la admisión de la reconvención, igualmente se actualiza la causa de improcedencia, establecida en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, los que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte" Asimismo, el Pleno de nuestro máximo Tribunal ha sostenido que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera cierta e inmediata, alguno de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. En estos casos, la justicia federal debe intervenir sin demora, a través del juicio de amparo indirecto sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. La razón de ser de dichos derechos encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado al no alterarse ningún derecho sustantivo. En el caso, se está en presencia de actos que no tienen sobre la persona o las cosas de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, y por ende, la determinación reclamada, no legitima la promoción del juicio de amparo indirecto Lo anterior, pues solamente produciría efectos en contra de derechos adjetivos, sin atacar sus derechos sustantivos de forma tal que el perjuicio irrogado podría ser reparado por un acto jurídico posterior, ello tomando en consideración que la posible afectación que se ocasione puede ser subsanada, si se obtiene sentencia favorable en el juicio de origen del acto reclamado, y en caso contrario, aún puede remediarse a través del juicio de amparo directo que en su caso se promoviese en contra de la resolución respectiva, alegándolo como una violación procesal. Se estima aplicable, en lo conducente la tesis Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo VI, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1990, página 509, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA RECONVENCIONAL, SU ADMISIÓN NO IMPLICA UN ACTO CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. La admisión de la demanda reconvencional participa de la naturaleza jurídica de la demanda principal y en los términos de los artículos 107 fracción III, inciso b) constitucional y 114 fracción IV de la Ley de Amparo, no es un acto de imposible reparación. Esto es así, porque la referida admisión constituye un acto procesal que no impide la prosecución del juicio, ni causa a alguna de las partes en el juicio de origen, un agravio no reparable en la sentencia definitiva, dado que en ésta se abordará la materia sobre la que verse la reconvención; y, en su caso, tal fallo es susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo directo." De igual forma, tiene aplicación a lo antes expuesto, por el tema que informa, la tesis número 2a. XLVIII/2015 (10a.), de la SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, publicada en la página 1070, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con el contenido y epígrafe siguientes: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. La porción referida no eliminó un derecho ni restringió el nivel de protección alcanzado en la regulación de la Ley de Amparo abrogada, debido a que en ésta no se reconocía expresamente la posibilidad de que dentro de los "actos de imposible reparación" se entendiera a los procesales que afectan en grado predominante o superior, ya que ni siquiera existía disposición alguna que definiera ese concepto para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, antes bien constituía un aspecto indeterminado. Y aun cuando la Ley de Amparo vigente, construida bajo un nuevo esquema de protección a los derechos humanos, en su artículo 107, fracción V, define lo que debe entenderse por tal enunciado, ello responde a un rediseño del juicio de amparo que permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la directa los actos que impliquen alguna violación procesal, con el fin de consolidar la efectividad de la institución del juicio de amparo y evitar el abuso de su promoción con el consecuente retraso u obstaculización del dictado de la resolución de fondo del asunto de origen." En mérito de lo antes expuesto, de conformidad con los artículos 61 fracción XVIII, 62, en relación con los artículos 112, 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Juan Manuel Vega Sánchez y Graciela Tapia Domínguez, en virtud de ser notoriamente improcedente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS. En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones de autos. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE Ahora, en caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3°, 4°, 5°, 6° y 7°, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias, revisión de expedientes como en el caso); sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. NOTIFICACIÓN ESPECIAL A LAS PARTES Hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el dieciséis de enero de dos mil veintidós o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 20/2021 OTORGAMIENTO DE COPIAS FOTOSTÁTICAS En aras de una correcta imposición de los presentes autos, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, de oficio, se autoriza a las partes la expedición de copias relativas a las constancias de autos, previa razón de recibo obre en autos a persona autorizada para tal efecto. En el entendido de que cuando las partes requieran de las mismas, deberán generar su código QR para que el día permitido por el sistema, en el horario matutino de nueve quince de la mañana a las catorce horas con quince minutos de lunes a viernes; para acudir al área indicada y se realice el fotocopiado respectivo; sin embargo, para cumplir con la entrega recepción los solicitantes deberá realizar lo siguiente: Como se dijo deberá generar su código QR para que el día asignado se baje al área respectiva y se realice el fotocopiado de las constancias solicitadas. En caso de ser certificadas, al día siguiente, se hará la certificación correspondiente de las constancias, es decir, el entre sello, folio, rubrica y la certificación respectiva. ( De ser el caso) Y, en un tercer día, la entrega de las mismas. Para el caso de que las partes necesiten el fotocopiado de varios tomos derivados del juicio principal o incidental, según corresponda, dicha labor se hará en varios días; en el entendido de que el máximo de copias a sacar por día será de trescientas fojas; por ello, si las copias solicitadas rebasan ese límite, se irán sacando por día hasta concluir con las mismas y, después conforme a los puntos anteriores, en otro día la certificación y en un diverso momento la entrega de las mismas. Lo anterior es así, por la reducida plantilla del personal que fue asignado para laborar en términos del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en las áreas administrativas del propio Consejo por el fenómeno de Salud Pública derivado del virus COVID-19; aunado a las cargas de trabajo y el normal desarrollo de las audiencias, diligencias y trámite de los asuntos que se ventilan de forma cotidiana en este Órgano jurisdiccional. Se hace de su conocimiento que, en el día autorizado para el acceso al inmueble del órgano jurisdiccional, deberá de estar presente a la hora indicada, ya que, de no ser así, no se esperará y deberá solicitar nueva diligencia para esa labor. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Notifíquese y personalmente a los quejosos."
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