Juan Manuel Soto Maldonado
Expediente 422/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 422/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juan Manuel Soto Maldonado
Actuaciones
- Principal
Agréguese en autos el oficio de cuenta suscrito por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, residente en Guanajuato, capital, mediante el cual envía testimonio de la ejecutoria pronunciada en el conflicto competencial 14/2020, suscitado entre el suscrito y el Juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, en relación a la demanda de amparo promovida por **************, que en sus puntos resolutivos determinó: PRIMERO: Si existe conflicto competencial entre el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya el Juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec. SEGUNDO. Se declara legalmente competente al Juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, para conocer de la demanda de amparo indirecto presentada por ************." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y acúsese el recibo de estilo. En razón de lo anterior, atendiendo al artículo 20, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dicho cuaderno deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho punto, por lo que, se ordena mandarlo al lugar que le corresponde en el archivo de este Juzgado hasta en tanto se destruya. Finalmente, toda vez que el quejoso omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio del Secretario Auxiliar de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, mediante el cual, informa que admitió el conflicto competencial con número 14/2020.
- Principal
Agréguese en autos el oficio y anexos signado por el Juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, mediante el cual informa que no acepta la competencia planteada por este tribunal para conocer de la demanda de amparo que promovió **********************, contra actos del Juez de Oralidad Penal de la Tercera Región, de esta ciudad y otras autoridades. Pues bien, con el objeto de tener un panorama claro de la determinación que el suscrito adoptará en relación con lo manifestado por el homólogo federal, debe traerse a contexto, por principio, las consideraciones que se expusieron en el proveído de dos de septiembre de dos mil veinte, en donde se declaró la incompetencia legal para conocer del presente asunto, a saber: I. Que en la especie, de acuerdo a lo expuesto por la parte quejosa en su demanda de amparo, el acto que reclama consiste en la orden de aprehensión, detención, mandato judicial, orden de comparecencia o cualquier otra orden de privación de la libertad, dictadas en su contra, así como su ejecución. II. En razón de lo anterior, este órgano jurisdiccional determinó que carece de competencia legal, en razón del territorio, para conocer de la demanda de amparo, porque según se advierte de los antecedentes narrados en el libelo constitucional, en el que manifiesta el quejoso que el día treinta de agosto de dos mil veinte, se constituyeron en el interior del CEFERESO de Oaxaca, lugar donde dice el quejoso Juan Manuel Soto Maldonado se encuentra recluido, custodios de ese centro federal, quienes le pidieron que bajara, pues tenía visita de parte de los Agentes de Investigación Criminal, procedentes de Celaya, Guanajuato, y que al llegar a locutorio, éstos le dijeron que le harían varias preguntas, a lo que el quejoso respondió que no estaba presente su abogado, que no respondería ninguna pregunta, que uno de los agentes, le dijo que estaba bien, pero que traían una orden de aprehensión librada en su contra por la muerte de varias personas. III. Así, a consideración de este juzgador, resulta evidente que la orden de aprehensión en ese momento sólo podría ser materializada en esa jurisdicción territorial (Cefereso de Oaxaca, Oaxaca) donde este órgano jurisdiccional no ejerce competencia. IV. Es por ello que se concluyó que de la demanda que promovió ********************, debía conocer un Juez de Distrito en turno de Oaxaca, Oaxaca, al ejercer jurisdicción territorial en el lugar donde se pretende materializar la ejecución, en términos del artículo 4, fracción XIII, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Por su parte, el Juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, en auto de ocho de octubre del año en curso, determinó no aceptar la competencia declinada a su favor, ya que en esencia sostuvo: El quejoso en su escrito inicial de demanda dice que se encuentra privado de su libertad en el "CEFERESO, de la ciudad de Oaxaca" (señalamiento que no se encuentra acreditado en autos, pues esa denominación resulta genérica e imprecisa, ya que solo obra la demanda de amparo) lugar en donde las autoridades ejecutoras con residencia en la ciudad de Celaya, Guanajuato, se hicieron presentes y le dijeron que tenían una orden de aprehensión (sin precisar en los hechos la participación de la autoridad señalada como ordenadora o en su caso ejecutora a una autoridad en la circunscripción territorial de este juzgado décimo de distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec). Dado el estado procesal no obran (inicio) no obran informes justificados de las autoridades responsables, a efecto de tener elementos objetivos que acrediten lo asegurado por el quejoso en su escrito inicial de demanda. Por lo anterior, el solo hecho de que en la referida demanda se mencione el lugar en el cual se ejecutará la orden de aprehensión reclamada, dicha manifestación en el estado procesal del expediente que se remite, es insuficiente para fijar su competencia por territorio, pues el acto de ejecución debe estar acreditado en los autos del juicio de amparo, esto es, que las autoridades ejecutoras convengan en la existencia del acto de ejecución que se les atribuye y que, como en el caso, el quejoso, efectivamente, se encuentre privado su libertad en un centro de reclusión donde este Juzgado Décimo de Distrito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ejerza jurisdicción, o bien el quejoso aporte medios de prueba idóneos para demostrar dichos elementos; por ende, la sola cita del lugar donde se pretende ejecutar el acto reclamado es insuficiente para establecer la competencia legal que se plantea. Ello es así, ya que para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo puede advertirse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en este instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables. De esa manera la afirmación del quejoso en la demanda sobre la posible ejecución de la orden de aprehensión debió ser base para que el juzgado declinante previniera a la parte quejosa para lo siguiente: Precisar la denominación del centro de reclusión donde asegura se encuentra interno, ya que la denominación "CEFERESO, de la ciudad de Oaxaca" resulta imprecisa, al ser un hecho notorio que en la ciudad de Oaxaca, no existe ningún centro penitenciario estatal o federal con esa denominación señalamiento que genera incertidumbre, pues en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, existe un centro de reinserción social en el que tanto reos federales como estatales se encuentran internos, ámbito territorial en el que este juzgado con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, no ejerce jurisdicción conforme al acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, o en su caso; Para que el quejoso señalara autoridades responsables con residencia en la jurisdicción de este Juzgado Décimo de Distrito en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. Por ende, se insiste que dado el estado procesal del juicio de amparo 422/2020-VI, del índice del Juzgado Sexto De Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, Guanajuato, no se puede sostener la competencia planteada." Sin embargo, contrario a lo argumentado por el homólogo federal, se insiste en el sentido de que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer del asunto que nos ocupa, debido a que no ejerce jurisdicción en lugar en que se pretende materializar la orden de aprehensión, esto es, en Oaxaca, Oaxaca. Por ello se estima que, en todo caso, quien debe conocer de la demanda es el Juez de Distrito de Oaxaca, Oaxaca, al ejercer jurisdicción territorial en el lugar donde se pretende ejecutar la orden de aprehensión, y donde actualmente se encuentra interno el directo quejoso ******************; al actualizarse la regla de competencia prevista en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en donde se establece que es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Además, en el caso, no se comparte el criterio del homólogo del Juzgado Décimo de Distrito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, en el sentido de que previo al pronunciamiento de la competencia, se debió prevenir al quejoso, en términos de la jurisprudencia que señala en su determinación, dado que su sola manifestación en el sentido de que se encontraba recluido en el centro de reclusión federal a que hizo referencia en su escrito de demanda es insuficiente para plantear la competencia. Y, las razones por las que no se comparte el criterio en mención, obedece a que en el caso en estudio, al tratarse de una demanda en materia penal, en la que está de por medio el derecho fundamental de la libertad del quejoso, los datos que éste aportó en su escrito de demanda, se consideraron suficientes para tener por acreditado su dicho, en cuanto a que en ese momento estaba recluido en el centro de reclusión que mencionó y, por ende, la incompetencia legal de este órgano jurisdiccional para conocer del asunto, sin que para ello resultara indispensable la obtención de los informes justificados, como lo refiere el Juzgado oficiante. Manifestaciones (en cuanto al sitio donde se encontraba detenido) que el quejoso emitió en su demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, lo cual constituye un requisito formal y no una mera fórmula sacramental o solemne que, el juzgador de amparo no puede desconocer a priori lo manifestado por el peticionario de amparo, ya que en esa fase del procedimiento -auto de admisión-, no se pondera respecto de la certeza de los actos reclamados o su vinculación con las autoridades responsables. En otro orden, las cuestiones jurídicas que dieron origen a la jurisprudencia que señaló el Juez oficiante en su acuerdo, son distintas a las analizadas en el presente juicio de amparo, porque en éste se trata de un quejoso que ya se encuentra privado de la libertad en un centro de reclusión, hipótesis que no se estudió en la ejecutoria referida. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítanse los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal en turno, con sede en Guanajuato, capital, a efecto de que resuelva el conflicto competencial surgido en este asunto.
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