Juan Manuel Sánchez Castillo

Expediente 226/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
226/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
28/10/2021

Partes del expediente

  • Juan Manuel Sánchez Castillo

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio que vía electrónica signa el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, mediante el cual informa que ese Tribunal se avocó al conocimiento de la demanda de amparo presentada por************; en tal virtud, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado y archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente cuaderno, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso j)2, del acuerdo citado en el párrafo que antecede.

  2. Principal

    Agréguese el escrito de cuenta que suscribe **************, por su propio derecho, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se le tiene cumpliendo con el requerimiento efectuado en proveído de catorce de abril del año en curso. Ahora bien, toda vez que la competencia legal constituye un presupuesto de orden público, primeramente debe establecerse si este órgano jurisdiccional es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo recibida. Del análisis integral de la demanda de amparo, así como del escrito aclaratorio, se advierte que este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado carece de competencia legal para conocer de la misma, atento a lo dispuesto por los artículos 33, fracción II, 34 y 170, fracción I de la Ley de Amparo, que en lo que interesa establecen: Artículo 33. Son competentes para conocer del juicio de amparo: (.) II. Los tribunales colegiados de circuito; Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley." (.) Conforme a lo dispuesto en los numerales transcritos, el amparo contra sentencias definitivas, laudos, o contra resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá por conducto de la autoridad responsable, en la inteligencia que las resoluciones que ponen fin al juicio, son aquellas que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas, casos en los que la instancia constitucional será competencia del Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente. Pues bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, así como del escrito aclaratorio, se advierte que: El ********************, el Magistrado de la Sala Regional del Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ordenó registrar la demanda presentada por el aquí quejoso, bajo el número de expediente ******************** y la desechó por improcedente. Inconforme con dicha determinación el quejoso interpuso recurso de reclamación. El cinco de febrero del año en curso, los Magistrados integrantes de la Sala Regional del Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, resolvieron el recurso de reclamación confirmando el proveído de ********************, en el que se determinó desechar por improcedente la demanda promovida por el aquí quejoso. -acto reclamado- En tal virtud, como se evidencia de los antecedentes narrados, la resolución reclamada se cataloga de aquellas que ponen fin al juicio, pues sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido. Precisado lo anterior, debe decirse que los Tribunales Colegiados de Circuito son los competentes para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiéndose por los primeros, las que decida el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación por tratarse de una resolución definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito. Con base en lo expuesto, este operador jurídico considera que dicho acto debe impugnarse vía amparo directo, en términos de los artículos 33, fracción II, 34 y 170, fracción I de la Ley de Amparo, ya que sin decidirse el juicio en lo principal se dio por concluido, por lo que el estudio de su procedencia es competencia de un Tribunal Colegiado. Consecuentemente, este Juzgado de Distrito declara de plano su legal incompetencia para conocer de la demanda, y con fundamento en el numeral 47 de la referida legislación reglamentaria, ordena: Remitir el escrito original de demanda y del escrito aclaratorio, así como sus copias respectivas, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Turno del Décimo Sexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, para lo que a bien tenga ordenar. Solicitarle a la Superioridad comedidamente informe si acepta o no la competencia planteada. Formar con copia de la aludida demanda y del escrito aclaratorio, el cuaderno de antecedentes; y, Realizar las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ************, por su propio derecho, contra actos del Magistrado Instructor de la Sala Regional del Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; con apoyo en el artículo 2, fracción VIII, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número de expediente 226/2021-III. A efecto de proveer respecto de su admisión, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del libelo constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, se estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto al requisito establecido en la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo, textualmente dispone: Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación." Tal precepto establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa haga una narración, bajo protesta de decir verdad, de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al artículo 62 de la citada ley. Por las razones que informa, ilustra lo anterior la tesis emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 990, Tomo XXIII, Abril de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." En la especie, si bien es cierto que la parte quejosa dentro en el capítulo atinente a los antecedentes del acto reclamado, narró algunos de ellos, también lo es que omitió expresar otros que resultan relevantes para determinar lo procedente en relación con el escrito que se provee, pues omitió señalar: Quienes son las partes en el controvertido natural. Cuál es la naturaleza del juicio del que emana el acto reclamado; Que prestaciones se reclaman. En qué etapa procesal se encuentra el juicio de origen. En contra de qué determinación interpuso el recurso de reclamación cuya resolución refiere reclama. Qué fue lo que se resolvió en el recurso de reclamación que cita impugna. Por tanto, se estima que el promovente del amparo soslaya describir de manera cronológica y detallada los hechos o abstenciones que les constan y que constituyen los antecedentes del acto que tilda de inconstitucional en el presente juicio con apego a la verdad, lo que como se dijo, resulta necesario para proveer lo que en derecho corresponda en relación con la demanda de amparo. Conclusivamente, ante las irregularidades advertidas, con fundamento en los artículos 108, fracción V, en relación con el 114, fracción II, ambos de la ley de la materia, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días legalmente computado, por escrito y con copias suficientes para correr traslado a cada una de las partes realice lo siguiente: Manifieste bajo protesta de decir verdad, la totalidad de los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, en términos de lo expuesto en el cuerpo de la presente determinación. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del citado artículo 114 de la ley de la materia, que dispone: Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Cabe señalar que la manifestación "bajo protesta de decir verdad" constituye un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien promueve la demanda, porque lo sujeta a manifestar que el relato de sus hechos lo hace con sujeción a la verdad y, que de resultar falso alguno de ellos, estaría sujeto a lo dispuesto por la fracción I del artículo 261 de la Ley de Amparo, en la que se contienen las penas en que incurren las personas que al formular su demanda afirmen hechos falsos u omitan las que les consten en relación al amparo. Otro motivo por el cual el promovente debe desahogar el requerimiento, es porque el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar la irregularidad que se detectó en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. Tiene aplicación a lo anterior, por las razones jurídicas que informa, la tesis de jurisprudencia 50/2014, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, Materia Común, Tomo I, libro 9 agosto de 2014, página 210, del tenor literal siguiente: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." En otro contexto, con fundamento en los artículos 35, 36, 37, 39, 40 y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se le autoriza a la parte quejosa para que se le practiquen las notificaciones que a su parte corresponde por esa vía; para tal efecto se le tiene proporcionando el usuario *********, dado de alta en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Sin que haya lugar a tenerle señalando el diverso domicilio para oír y recibir ubicado en calle R*************, toda vez que se encuentra fuera del territorio donde ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. Asimismo, téngasele autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado **********, en virtud de que cuenta con cédula profesional número **********, inscrita en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal, y en términos de la última parte del segundo párrafo del precepto legal en cita a Patricia Rodríguez Ibarra, por así haberlo solicitado. En términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se invita a las partes para que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea: y, II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, se instruye a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que cuando practiquen notificaciones personales, acaten el lineamiento de higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para notificadores y defensores públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones.

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