Juan Manuel Sillas Cano

Expediente 727/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 14 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
727/2018
Año
2018
Actuaciones
14
Última actuación
08/10/2018

Partes del expediente

  • Juan Manuel Sillas Cano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta signado por la Delegada de la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual informa haber dado cumplimiento al fallo protector concedido, lo anterior, sin que haya lugar a realizar pronunciamiento alguno al respecto, toda vez que mediante diverso proveído de catorce de agosto del año en curso (fojas 116 a 120) este juzgado tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo y ordenó el archivo del expediente como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual solicita se le concede un término de quince días a efecto de cumplir con el fallo protector; sin embargo, no ha lugar a proveer de conformidad a lo solicitado, atendiendo al estado procesal en que se encuentra el presente expediente, toda vez que por auto de catorce de agosto del presente año, se tuvo por cumplido el fallo protector y se ordenó el archivo del presente expediente por estar totalmente concluido (fojas 116 a 120).

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que por oficio presentado el once de julio del año en curso, en la oficina de este juzgado federal y documentales adjuntas (fojas 107 a 109), el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto del Director General Jurídico de dicha Secretaría, comunicó la forma en que la aludida responsable dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de garantías, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa. Así, por auto de doce de julio de la presente anualidad, (ante la omisión de la parte quejosa de comparecer ante las oficinas de la autoridad responsable, a fin de efectuar el cobro respectivo del cheque puesto a su disposición), se le requirió para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación respectiva, compareciera ante la autoridad responsable a recibir el título de crédito puesto a su disposición; del mismo modo, se le requirió para que al día siguiente hábil en que transcurriera el término otorgado, informará si ya le había sido devuelta la cantidad señalada, bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos (foja 110). El anterior acuerdo, se notificó el dieciocho de julio del presente año (foja 115), por lo que el término de tres días para desahogar el requerimiento, más uno para informar a este juzgado, transcurrió del veinte al veinticinco de julio de dos mil dieciocho, sin que hubiera desahogado cumplido con lo ordenado o hubiera hecho manifestación al respecto. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho (fojas 60 a 83), se determinó conceder a Manuel Sillas Cano, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los siguientes términos: ".se concede la protección de la Justicia de la Unión solicitada para los efectos de que: a) El artículo 23, fracción XXIII, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevé el cobro por refrendo de permiso de alcoholes en el giro minisúper, abarrotes, tendajones y similares con venta de bebidas alcohólicas, con superficie no mayor a 200m2, sea desincorporado de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit devuelva la contribución erogada por el concepto referido, según se aprecia de la constancia de pago allegada por la Secretaria de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago que se haya hecho al quejoso; asimismo, a la cantidad que deba entregarse se incluirá la actualización fiscal correspondiente." De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables aludidas en párrafos que antecede, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: A).- Que no le fuera aplicado a la parte quejosa lo previsto en el numeral 23, fracción XXIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho; esto es, para que vigilaran que fueran desincorporados de la esfera jurídica del promovente del amparo, en el presente y en el futuro; y B).- Devolverle a la parte quejosa la cantidad de $9,159.02 (nueve mil ciento cincuenta y nueve pesos 02/100 moneda nacional), que pagó el veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, por concepto de derechos del giro de "MINISÚPER, ABARR. TENDAJONES Y SIM. CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, SUP. NO> A 200M2", así como de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit, menos el cobro de comisión bancaria de $3.00 (tres pesos 00/100 moneda nacional); la cual debía ser actualizada. Luego, a través del oficio número DJC/3708/2018 y anexos presentados en la oficialía de partes de este juzgado, el once de julio de dos mil dieciocho (fojas 107 a 109), el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto del Director General Jurídico de dicha Secretaría, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que se encontraba a disposición de la parte quejosa un cheque por la cantidad que en su momento erogó la solicitante del amparo con motivo de la aplicación de los normativos tildados de inconstitucionales en el presente juicio de amparo más su actualización fiscal respectiva. Derivado lo anterior, mediante proveído de doce de julio de la presente anualidad (foja 110), se le requirió a la citada parte quejosa para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación respectiva, compareciera ante la autoridad responsable a recibir el título de crédito puesto a su disposición; del mismo modo, se le requirió para que al día siguiente hábil en que transcurriera el término otorgado, informará si ya le había sido devuelto la cantidad señalada, bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos, sin que a la data en que se actúa haya dado cumplimiento a lo anterior. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $9,159.02 (nueve mil ciento cincuenta y nueve pesos 02/100 moneda nacional), menos la suma de $3.00 (tres pesos 00/100 moneda nacional), que corresponde al concepto de comisión bancaría, da como resultado un total $9,156.02 (nueve mil ciento cincuenta y seis pesos 02/100 moneda nacional), cantidad sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintiocho de marzo de dos mil dieciocho (fojas 11 y 12) y en el veintiocho de junio del presente año, la autoridad responsable elaboró el cheque valioso por $9,156.02 (nueve mil ciento cincuenta y seis pesos 02/100 moneda nacional), tal y como se aprecia del oficio y anexo presentado el once de julio del año en que se actúa, en la oficialía de partes de este juzgado federal (fojas 107 a 109), por el cual la autoridad responsable citada pretendía devolver la contribución reclamada en su totalidad y debidamente actualizada. En ese tenor, el periodo de actualización comprende del mes de febrero al mes de mayo, ambos de dos mil dieciocho, éste último por corresponder a la fecha en la que la responsable acreditó haber puesto a disposición del promovente del amparo el título de crédito de referencia. Luego, el factor de referencia debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de mayo de dos mil dieciocho entre el índice para el mes de febrero de la presente anualidad (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mayo de dos mil dieciocho fue 131.773 y para el mes de febrero del mismo año corresponde a 132.009. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 0.99821; sin embargo, cuando el resultado de la operación es menor a uno, el factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones será 1 de conformidad al último párrafo del citado numeral. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad $9,156.02 (nueve mil ciento cincuenta y seis pesos 02/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $0.00 (cero pesos 00/100, moneda nacional). En ese sentido, se advierte que la ejecutoria en análisis se encuentra cumplida en sus términos, pues la autoridad devolvió a la quejosa la cantidad total de $9,156.02 (nueve mil ciento cincuenta y seis pesos 02/100 moneda nacional). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido al aludido agraviado en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es DECLARAR CUMPLIDO el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. No pasa inadvertido para esta juzgadora, que del análisis de las pruebas aludidas, no se aprecia que el promovente del amparo haya acudido ante la autoridad responsable a fin de que le hicieran entrega del cheque emitido en cumplimiento al fallo protector; sin embargo, ello no resulta impedimento para tener por cumplida la ejecutoria de mérito, pues sólo bastará que el peticionario de garantías acuda hacer efectivo el cobro del título nominativo, a fin de recuperar la suma en él inserta en cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos. Por otro lado, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DOCE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Téngase por recibido el oficio signado por la Directora de Catastro e impuesto Predial del Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, a través del cual, informa el cumplimiento dado al fallo protector; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en Vigor, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibido que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento a la sentencia amparadora, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. Finalmente, respecto a su solicitud planteada en el sentido de que se le condone la multa impuesta en autos, no ha lugar a acordar favorablemente su petición, pues, la sanción que se impuso fue por la conducta omisiva de cumplir totalmente con la sentencia amparadora dentro del lapso otorgado el doce de febrero de dos mil dieciocho, aunado a que este Juzgado Federal no puede revocar sus propias determinaciones. Al caso se invoca la tesis aislada en materia común, sustentada por la anterior Tercera Sala, de la Quinta Época, visible en la página dos mil ciento treinta, Tomo CV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "JUECES DE DISTRITO, NO PUEDEN REVOCAR SUS RESOLUCIONES. Los Jueces de Distrito no pueden revocar sus propias determinaciones, lo cual sólo incumbe, mediante los recursos procedentes, a la Suprema Corte de Justicia. Por tanto, debe declararse fundada la queja interpuesta contra la resolución del Juez de Distrito que implique una modificación de un auto anterior, por rectificarse en aquella la forma en que con anterioridad se había ordenado practicar una notificación."

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