Juan Manuel Rubio Quiroz
Expediente 2296/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2296/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 28/10/2019
Partes del expediente
- Juan Manuel Rubio Quiroz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Tepic, Nayarit, veintiocho de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha la autoridad responsable Tesorero del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, no ha informado el trámite realizado a fin de dar cumplimiento al fallo protector concedido a la parte quejosa. En consecuencia, en acatamiento a los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a dicho ente, a fin de que dentro del término de CINCO DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio de notificación correspondiente, dé cumplimiento a la ejecutoria de mérito, o bien, informe el impedimento que tengan para realizarlo. Apercibido que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá a una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a doscientos días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. De igual manera, se le hace del conocimiento a las citadas autoridades, que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este órgano jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá la multa que proceda; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el numeral 193 de la Ley citada. Notifíquese mediante oficio a la autoridad responsable Tesorero del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit y por lista a las demás partes.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la certificación que antecede, se desprende que no se interpuso medio de impugnación dentro del plazo que prevé el arábigo 86 de la Ley de la Materia, en contra de la sentencia de diecisiete de septiembre del año en curso (fojas 72 a 80). En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación citada en primer término, se declara que la referida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 192 de la Ley de Amparo vigente, requiérase a las autoridades responsables denominadas Presidente, Secretario y Actuario, todos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de diez días, siguientes al en que reciban el oficio correspondiente, den cumplimiento al fallo protector concedido. Apercibidas que de no hacerlo con causa justificada, se les impondrá una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización, acorde con los preceptos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo en vigor. Se les hace del conocimiento a la citadas autoridades que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el Titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el ordinal 193 de la citada Ley. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en este juzgado federal (fojas 1497-1499 del tomo III), el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de diez de septiembre del año en curso (foja 1500), se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera, luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. ....". Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el veintiuno de junio de dos mil trece (fojas 152-158, del tomo I), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ".lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal que solicita Héctor Domingo Veraza Lugo, para el efecto de que la responsable con prontitud y sin exceder los términos de ley, lleve a cabo la ejecución total del laudo dictado en autos del expediente laboral 94/2008, de su índice; lo anterior, a fin de cumplir lo que la garantía individual en cuestión exige y, de esa manera, resarcir así al impetrante de amparo en el pleno goce de la misma, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Luego, en proveído de quince de julio de dos mil trece, causó ejecutoria y se requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento al fallo protector (fojas 167-168, del tomo I). Ahora bien, del oficio y anexos recibidos en este juzgado federal el nueve de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 1497-1499 del tomo III), el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que tenía imposibilidad jurídica para dar cumplimiento al fallo protector dictado en autos, toda vez que no existe materia para ello, pues en auto de cinco se septiembre de dos mil diecinueve, dictado en los autos del juicio laboral 94/2008, se su índice, tuvo a la parte actora, aquí quejoso, Héctor Domingo Veraza Lugo, por desistido de la acción de ejecución intentada en contra del Ayuntamiento Constitucional de San Blas, Nayarit; por ende, al haberse desistido de la demanda la parte actora, ordenó el archivo del juicio laboral por estar legalmente concluido. Esto demuestra que la parte actora manifestó su voluntad de dar por concluido el juicio al haberse desistido de la acción intentada en contra del demandado, lo que da como resultado que se actualice un cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo sin la intervención del órgano jurisdiccional que concedió el amparo y que, por ende, no pueda exigirse a la autoridad responsable que cumpla aquélla en sus términos. En este sentido, es dable dejar sin materia el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, debiendo privilegiarse cualquier posibilidad o alternativa que las partes acuerden para poner fin a la ejecución de los fallos constitucionales, pues el objetivo primordial que se persigue es que de alguna manera, incluso la convencional como en el caso sucede, se dé una solución rápida al cumplimiento de las sentencias de amparo. Así lo ha determinado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis LIX/2009, publicada en la página 317, del Tomo XXIX, Junio de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA CUANDO SE ACREDITA QUE LAS PARTES CELEBRARON CONVENIO CONCILIATORIO EN EL JUICIO LABORAL DE ORIGEN. Si ...". En este orden de ideas, la reparación constitucional a que se refiere el numeral 196 de la Ley de Amparo, resulta ociosa por no existir ya el acto, la materia o los efectos reclamados, motivo por el cual debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado sin materia. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Por otra parte, con sustento en los artículos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto aludido, los cuadernos incidentales derivados de este juicio son susceptibles de destrucción, debido a que la medida cautelar se negó respecto de todos los actos reclamados; por ende, déjese por separado el duplicado del incidente de suspensión respectivo y una vez transcurridos seis meses de dictada la interlocutoria, procédase a la destrucción del mismo previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación correspondiente en el libro de gobierno. En tanto que el cuaderno original, es susceptible de destrucción una vez que transcurran más de cinco años, por lo que déjese por separado para tales efectos. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este juzgado federal (fojas 122-124), la Delegada de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por auto de veinticuatro de septiembre del año en curso (foja 125), se dio vista a la parte quejosa con el referido comunicado, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este juzgado de distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la parte quejosa, el veinticinco de septiembre del presente año (foja 126); por tanto, el plazo de tres días otorgado a la fecha en que se actúa transcurrió del veintisiete de septiembre al uno de octubre del presente año, sin que realizara manifestación respecto al cumplimiento. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO....." En ese sentido, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el tres de junio de dos mil dieciocho (fojas 35-55), confirmada por ejecutoria de veintidós de agosto del año en curso, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, residente en esta ciudad, se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en los términos siguientes: "En esa tesitura, se concede la protección de la Justicia de la Unión solicitada para los efectos de que: 1. Los artículos 22, fracción I, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el costo por inscripción de documentos, así como los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sea desincorporado de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en el ámbito de sus competencias, devuelva a la parte quejosa el remanente que exceda de la aplicación de $290.00 pesos, por cada pago de los conceptos de inscripción de documento público, con sustento el artículo 22, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional. [.] 3. De igual manera, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, no realice el cobro de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida; en consecuencia, deberá hacer la devolución del pago que realizó la parte quejosa, por los impuestos referidos en relación al pago que efectuó la parte quejosa sólo respecto de lo que erogó por el concepto de inscripción de documento público o privado. [.] 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que los quejosos sean restituidos en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarles las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexos presentado en la oficialía de partes de este juzgado el veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 122-124), la Delegada de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que realizó la devolución de la cantidad de $5,071.15 (cinco mil setenta y un pesos 15/100 moneda nacional) a la parte quejosa por medio de cheque el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve. En ese tenor, si tenemos que al monto total de $5,563.28 (cinco mil quinientos sesenta y tres pesos 28/100 moneda nacional), monto que pagó la parte quejosa derivado de los preceptos declarados inconstitucionales, se le resta el monto de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100, moneda nacional), monto mínimo a pagar y el diverso de $231.04 (doscientos treinta y un pesos 04/100 moneda nacional), relativa al concepto de solicitud de trámite urgente, mismo que no fue materia de concesión del amparo, se obtiene el monto de $5,042.24 (cinco mil cuarenta y dos 24/100 moneda nacional), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintidós de marzo del año en curso, y el veintitrés de septiembre del mismo año se efectúo la devolución mediante cheque al peticionario del amparo; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de febrero a agosto de dos mil diecinueve (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de febrero del presente año fue 103.079; y para el mes de agosto del año en curso 103.670. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0057. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $5,070.98 (cuatro mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 13/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $28.74 (veintiocho pesos 74/100, moneda nacional). En ese sentido, se advierte que la ejecutoria en análisis se encuentra cumplida en sus términos, pues la autoridad devolvió a la quejosa la cantidad total de $5,071.15 (cinco mil setenta y un pesos 15/100 moneda nacional). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Máxime que, mediante ocurso presentado por el quejoso, el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve (foja 127), manifestó su conformidad respecto al cumplimiento de la ejecutoria dictada en autos efectuado por las autoridades responsables, por lo que solicitó se tuviera por cumplida la sentencia recaída en autos. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Juzgado Federal determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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