Juan Manuel Posadas Molina

Expediente 263/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
263/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
28/03/2017

Partes del expediente

  • Juan Manuel Posadas Molina

Actuaciones

  1. Principal

    ESTADO DE AUTOS. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y en virtud de que de la certificación que antecede asentada por el secretario, se advierte que no fue recurrida dentro del término legal el proveído de seis de marzo de dos mil diecisiete, en la cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, así como el ordinal 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, de conformidad con el numeral 2°, se declara que dicho fallo ha causado estado. ARCHIVO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control y con fundamento en el numeral 214 de la Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, archívese el presente juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente no es de relevancia documental. DESTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, el mismo será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede. DEVOLUCIÓN DE TOMO DE PRUEBAS. Finalmente, dado que el Magistrado Presidente de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado agregó las constancias relativas al acto reclamado, con las cuales se ordenó formar un tomo de pruebas, se ordena devolver el mismo a su lugar de origen.

  2. Principal

    Por recibido el oficio de cuenta, signado por el Magistrado Presidente de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con sede en esta ciudad, en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley Amparo, téngase por rendido el INFORME JUSTIFICADO que a su parte corresponde. De conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas, exhibidas, admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza las documentales, que la autoridad oficiante adjuntó a su informe de ley, y con las copias certificadas del expediente 6215/16-10-01-2-OT se ordena formar un tomo de pruebas para su mejor manejo. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, por el cual se advierte, que mediante escrito presentado el veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Partes Común de los Juzgados Quinto, Sexto y Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, residentes en Celaya, y turnado a este órgano jurisdiccional en dicha data, ***, demandó el amparo y protección de la justicia federal, contra actos de la Sala Regional del Centro III, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con sede en esta ciudad. El quejoso señaló como acto reclamado lo siguiente: ".omisión de la responsable de emitir la sentencia interlocutoria derivada del recurso de reclamación presentado por el suscrito en dato 18 de octubre del año 2016, en el expediente ordinario tradicional número 6215/16-10-01-2-OT.". Lo cual consideró violatorio de los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución General de la República. En tal virtud, en proveído de veintidós de febrero de dos mil diecisiete, se admitió la demanda de amparo y se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable. Al rendir su informe justificado el Magistrado Presidente de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con sede en esta ciudad, negó la existencia del acto reclamado, y acompañó a su informe de ley documentales, mismas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo. Ahora bien, de las constancias que adjuntó el Magistrado Presidente de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con sede en esta ciudad, a su informe de ley, se advierte que el veintidós de febrero de dos mil diecisiete, la Sala responsable emitió la sentencia interlocutoria derivada del recurso de reclamación presentado por el aquí quejoso el dieciocho de octubre de dos mil dieciséis en el expediente 6215/16-10-01-2-OT; por tanto, el suscrito Juzgador Federal, advierte de oficio que se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia establecida en prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, acorde con las razones jurídicas siguientes: El precepto legal y fracción invocados con antelación, literalmente disponen: "ARTICULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: ... XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" La causal de improcedencia prevista en el artículo y fracción mencionados, se actualiza cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto reclamado en la vía de amparo, pero además con su actuación, destruye todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del gobernado que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la autoridad responsable al haber dictado la sentencia interlocutoria derivada del recurso de reclamación presentado por el aquí quejoso el dieciocho de octubre de dos mil dieciséis en el expediente 6215/16-10-01-2-OT (lo cual constituye el acto reclamado en el presente asunto), el suscrito estima que se actualiza la causal de improcedencia en estudio, toda vez que con ello desaparecen totalmente las transgresiones que por esta vía se impugnan, motivo por el cual procede decretar el sobreseimiento de conformidad con la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Además, no causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notaria, manifiesta, e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es la cesación de efectos, de suerte que ni aún celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda consecuencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Apoya lo anterior, resulta aplicable la Jurisprudencia y tesis aislada, esta última aplicada a contrario sensu, números 2a./J. 10/2003 y VIII.2o.25 P, de la Novena Época, sustentadas respectivamente por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Segundo Tribunal Colegiado Del Octavo Circuito, visibles en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomos XVII, Marzo de 2003 y X, Noviembre de 1999, Páginas 386 y 1025, ello de conformidad con lo establecido en el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo Vigente, ya que sus contenidos no se oponen en lo sustancial con el citado cuerpo de leyes, cuyos contenidos rezan lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial" "SOBRESEIMIENTO DECRETADO ANTES DE QUE SE CELEBRE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SIN CONSIDERAR ADEMÁS QUE UNA DE LAS RESPONSABLES ORDENADORAS NEGÓ EL ACTO RECLAMADO, DEJA SIN DEFENSA AL RECURRENTE.- Si del examen de las constancias que integran el expediente que se analiza, se advierte que una de las autoridades ordenadoras responsables negó la existencia del acto reclamado, mientras que la otra admitió la existencia de la orden de aprehensión y al mismo tiempo notificó al a quo el cambio de situación jurídica con motivo del dictado del auto de formal prisión, concluyendo el Juez de Amparo en sobreseer en el juicio respecto de ambas autoridades, antes de que tuviera verificativo la audiencia constitucional señalada, tal proceder se traduce en violación a las reglas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio de garantías, que específicamente se contienen en los artículos 76 y 77 de la Ley de Amparo, en perjuicio del quejoso, al dejarlo en estado de indefensión, por dos razones: primero, porque al sobreseer respecto de ambas autoridades, siendo que una de ellas negó el acto reclamado, con ello no se deja oportunidad al quejoso de probar los hechos que afirma; y segundo, porque sobreseer antes de que se celebre la audiencia constitucional, sin estar en presencia de un desistimiento expreso del quejoso, su muerte o bien la cesación de efectos del acto reclamado, casos excepcionales en los que sí procede el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, igual se le deja sin defensa; por tanto, lo procedente en este caso es revocar el auto recurrido y ordenar la reposición del procedimiento en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, para el efecto de que el Juez Federal señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional, y con plenitud de jurisdicción, tomando en cuenta lo que las autoridades responsables manifestaron en su informe justificado y, en su caso, las pruebas que las partes en el juicio aporten, resuelva lo que en derecho corresponda." En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora señalada para la celebración de la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, por auto de veintidós de febrero de dos mil diecisiete, fijada para las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL SIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 76, 77, 78, 155, 192 y 193 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 263/2016-IV.2 de este índice, promovido por ***, por el acto y las autoridades señaladas en el presente proveído.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve ***, por propio derecho, en la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Sala Regional del Centro III, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con sede en esta ciudad, por violación a los artículos 1, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 263/2017-IV.2, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, así como procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, SE ADMITE la demanda de cuenta promovida. En virtud de lo anterior, pídase a la autoridad responsable, su informe justificado que deberá rendir dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio por el que se le solicita; sin embargo, deberá de tomar en consideración el artículo 25 1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que a la letra dice: "Artículo 25. Protección Judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Por lo que si el asunto que nos ocupa no tiene mayor complejidad, se sugiere rendir su respetivo informe justificado con inmediatez, para privilegiar el juicio de amparo como el recurso sencillo y rápido, a que tiene derecho toda persona. Apercibida que de ser omisa en rendir éste, se le impondrá multa de conformidad con el artículo 237, fracción I, de la citada Ley de Amparo. Se señalan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL SIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, para llevar a cabo la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en este juicio, ello en virtud de que las labores del juzgado así lo permiten y para favorecer la pronta impartición de justicia a que alude el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De conformidad con el tercer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término que se le concede para rendir su informe justificado, remita copia certificada LEGIBLE de la totalidad de las constancias que tomó en consideración para la emisión del acto reclamado, o bien, manifieste el impedimento que tiene para ello, apercibida que de no hacer manifestación alguna se le impondrá multa en términos del numeral 237, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual manera, se ordena requerir a la autoridad responsable, para que en términos de lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, informe de inmediato a este órgano de control constitucional, si durante el trámite del presente juicio de amparo, se llegare a presentar alguna causa notoria que diera lugar a decretar el sobreseimiento en el mismo, en especial si por cualquier circunstancia se da un cambio de situación jurídica, acorde con lo establecido por la fracción XVII, del numeral 61, del mismo ordenamiento legal; bajo el apercibimiento que de no cumplir con la anterior obligación, se les impondrá multa de conformidad con el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, téngase como pruebas de parte de la quejosa, las documentales que adjunta a su escrito inicial de demanda, las cuales se tienen por exhibidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas con posterioridad, en términos del artículo 119 de la Ley de la Materia. No se tramita incidente de suspensión por no haberlo solicitado y por no estar en ninguno de los supuestos que establece el artículo 126 de la Ley de Amparo, para proveer la suspensión de oficio. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponda. Ahora, en razón de que el promovente señala domicilio para oír y recibir notificaciones, fuera de la residencia de este Juzgado Federal, se tiene como domicilio de su parte los estrados de este Juzgado de Distrito, siendo que éstos no constituyen un domicilio propiamente dicho, hasta en tanto se dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, la notificación de este auto y las subsecuentes que tengan ese carácter practíquense al promovente por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este Juzgado de la Federación, conforme a las reglas que al efecto establece el diverso numeral 29 de la invocada Ley. Se tiene como autorizado del quejoso al licenciado ***, en términos amplios de lo indicado en el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en la base de datos, instaurada en cumplimiento al Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el Sistema Computacional para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día dieciocho de julio de dos mil cinco. En observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma acoge el artículo 157 de la Ley de Amparo, y de conformidad con el diverso numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, de este último cuerpo de leyes, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias.

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