Juan Manuel Muñoz Montelongo

Expediente 898/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
898/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
06/10/2017

Partes del expediente

  • Juan Manuel Muñoz Montelongo

Actuaciones

  1. Principal

    Al no ser atendido el aviso por parte del quejoso, por este conducto se le notifica: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y en virtud que de la certificación que antecede se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el desechamiento de veinte de septiembre de dos mil diecisiete. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, ambos de la ley de amparo, en relación 356, fracción II, del código federal de procedimientos civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, de conformidad con el numeral 2°, se declara que dicho fallo ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el numeral 214 de la ley de amparo, se ordena archivar el presente como asunto totalmente concluido. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Toda vez que se desechó la demanda con que se formó este juicio de amparo; el expediente en que se actúa será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo citado en el párrafo que antecede. Por último, toda vez que la parte quejosa adjuntó documental en original, requiérasele para que en el término máximo de noventa días, según lo establece el dispositivo Décimo primero, párrafo tercero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, acuda ante este órgano jurisdiccional a que le sea devuelto el mismo, con el apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado, dicho documento podrá ser depurado.

  2. Principal

    Al no ser atendido el aviso por parte del quejoso, por este conducto se le notifica: Vista la demanda de amparo promovida por ***, quienes se ostentan apoderados legales del quejoso ***, personalidad que se les reconoce en términos de lo indicado en el artículo 6º, en relación con el ordinal 11 de la Ley de Amparo, toda vez que lo acreditan mediante resolución de siete de marzo de dos mil diecisiete, dictada en el expediente 768/2017/L1/CB/IND del índice de la autoridad responsable; por medio de la cual solicitan el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, residente en Celaya, Guanajuato, por considerar que transgrede los derechos que se encuentran consagrados en el artículos 1, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 898/2017-II.1, anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. En atención a su contenido se acuerda lo siguiente: El artículo 113 de la Ley de Amparo, a la letra señala: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Por su parte, los diversos numerales 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, del ordenamiento legal invocado son del tenor siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Del escrito de la demanda que nos ocupa, se desprende que los solicitantes del amparo señalan como responsable a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, residente en Celaya, Guanajuato. Autoridad a la que reclama el acto que se describe de la forma siguiente: De la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la ciudad de Celaya, Guanajuato se reclama el acuerdo de fecha 28 veintiocho de Agosto de 2017 dos mil diecisiete, notificado por estrados el día veintiocho de Agosto de 2017 dos mil diecisiete, del cual el quejoso tuvo conocimiento hasta el día 29 veintinueve de agosto de 2017 dos mil diecisiete, pues hasta ese día pudo ver la publicación de los estrados de la Junta, pues, aunque se publicó un día antes, dicha publicación fue en un horario fuera delo horario de labores de la autoridad responsable. En dicho acuerdo la autoridad responsable, ante la petición del quejoso de que se giraran oficios para investigar el domicilio de la persona moral denominada ***, pues en el domicilio donde el quejoso sabía que podía ser encontrada no se logró su localización, acordó que Téngase al promovente por haciendo sus manifestaciones a través del escrito de cuenta y en atención a las mismas dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad con lo solicitado, ello en virtud de que su pedimento no se encuentra dentro de los parámetros que para el efecto prevé el artículo 712 de la Ley Federal del Trabajo, cuyo acuerdo fue dictado dentro del expediente laboral número 768/2017/l1/CB/IND, promovido por el C. ***. Ahora bien, de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad, narra la parte quejosa, se advierte que ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Celaya, Guanajuato, se está tramitando el juicio laboral número 768/2017/L1/CB/IND, promovido por ***, en su carácter de apoderados legales del quejoso ***, en contra de la empresa moral ***, a la que le reclama entre otras prestaciones el pago de la indemnización de tres meses de salario, salarios caídos, prima de antigüedad, aguinaldo, vacaciones y prima vacacional; asimismo, se advierte que a dicha persona moral no fue posible emplazarla en el domicilio señalado por el quejoso en su demanda. En fecha dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, los apoderados del quejoso presentaron escrito ante la autoridad responsable, solicitándole girara oficios a diferentes dependencias y organismos públicos y privados, a efecto de que informaran sobre el domicilio que tuviera registrado en su base de datos la empresa moral ***. En fecha veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, la Junta responsable acordó tener al quejoso por haciendo manifestaciones y no acordar de conformidad su petición, a virtud de que su pedimento no se encontraba dentro de los parámetros que prevé el artículo 712 de la Ley Federal del Trabajo. Fijado lo anterior, es menester señalar que en el caso, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia establecida en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Toda vez que el acuerdo de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, en la que la autoridad responsable únicamente tuvo al quejoso por haciendo manifestaciones; y, además resolvió no acodar de conformidad su petición, toda vez que su pedimento no se encontraba dentro de los parámetros que prevé el artículo 712 de la Ley Federal del Trabajo, no son de aquellos actos que la ley considera como de imposible reparación. Ello es así, porque por acto de imposible reparación, debe entenderse aquel cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar derechos personales, reales o del estado civil de las personas, cuyos efectos no puedan repararse en el juicio del que emanan, aunque se obtenga resolución favorable, así como que sus efectos sean ciertos, inmediatos e independientes de cualquier otro evento y que no puedan ser modificados por actuación posterior alguna, ya sea durante el trámite; o bien, al momento de resolverse el expediente de origen. Empero, cuando se reclaman en amparo indirecto actos dictados o realizados dentro de un procedimiento, resulta indispensable que los daños causados por estos actos, no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros, los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en nuestro texto constitucional a través de las llamadas garantías individuales, en virtud de que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una resolución favorable en el juicio; en tanto que, los derechos adjetivos son aquellos que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a cómo se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una resolución favorable; por lo que si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Por tanto, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo y como consecuencia de ello, cuando se esté en el primero de los casos mencionados (cuando se trate de violación que atente contra los derechos fundamentales del gobernado), procederá el amparo indirecto; y cuando se esté en el segundo de los supuestos (derechos adjetivos o comúnmente llamados procesales), no procederá el amparo biinstancial por tratarse de un acto que no conlleva una imposible reparación. Dicho de otro modo, la ejecución irreparable se presenta para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, cuando se afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos del gobernado que no pueden ser convalidados o reparados a través de la obtención de una resolución favorable; por consecuencia, si el acto que se reclama no atenta contra tales derechos sustantivos, sino contra derechos adjetivos o procesales, los cuales sí pueden ser reparados o convalidados en caso de que se obtenga una resolución favorable, ello se traduce en que la promoción del amparo biinstancial sea improcedente. Expuesto lo anterior, la demanda de amparo promovida por ***, en su carácter de apoderados legales del quejoso ***, resulta improcedente porque el acuerdo de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, en la que la autoridad responsable únicamente tuvo al quejoso por haciendo manifestaciones; y, además resolvió no acodar de conformidad su petición, toda vez que ello no se encontraba dentro de los parámetros que prevé el artículo 712 de la Ley Federal del Trabajo, no son de aquellos actos que la Ley clasifique como de los que vulneran principios fundamentales de la parte quejosa, por no encontrarse en el supuesto de que pudiera violarse en su contra algún derecho, como pudiera ser, un derecho personal, real o del estado civil, pues bastará con que formulen la petición de mérito en los términos que señala el artículo 712 de la Ley Federal del Trabajo, para que el tribunal laboral responsable autorice lo peticionado. Así, en la especie, los actos reclamados no implican una violación de imposible reparación porque no afectan por sí solos y en forma inmediata los derechos fundamentales de la solicitante del amparo, puesto que ninguna consecuencia legal mediata le acarrea, pudiendo obtener un laudo favorable a pesar de las actuaciones que estima violan sus derechos o garantías, y si ello no fuere así, está en aptitud de reclamarlas al momento de inconformarse con el mismo, vía amparo directo. No pasa inadvertida la tesis del rubro EMPLAZAMIENTO AL JUICIO LABORAL. SI EL TRABAJADOR MANIFIESTA QUE EL DOMICILIO EN DONDE NO PUDO EMPLAZARSE AL DEMANDADO ES EL ÚNICO QUE CONOCE, EN RESPETO A SU DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JUSTICIA, LA JUNTA DEBE AUXILIARLO EN LA INVESTIGACIÓN DE UNO DIVERSO, CON EL REQUERIMIENTO A CUALQUIER AUTORIDAD O PERSONAS PÚBLICAS O PRIVADAS Y LAS DILIGENCIAS NECESARIAS PARA ESE EFECTO, que se cita en los conceptos de violación con número de registro 2012953, misma que se estima no aplicable al caso concreto al provenir o tener un origen distinto al presente, es decir, estar en presencia de un juicio de amparo indirecto, en tanto que los asuntos de donde deriva dicha jurisprudencia provienen de amparos directos. Máxime que el órgano emisor no pertenece a este circuito judicial, circunstancia que en términos del segundo párrafo, del artículo 217, de la Ley de Amparo, no la hace obligatoria para este juzgado de distrito. Por su puntual aplicación, es de invocarse la jurisprudencia por contradicción de tesis 3ª. 43, publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989, Materia Común, Página 291, del tenor literal siguiente: EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Así como la diversa tesis de jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo III, Junio de 1996, tesis IV.2° J/13, en la página 538, la cual es del tenor siguiente: AMPARO INDIRECTO, IMPROCEDENCIA DEL. CUANDO SE ALEGAN VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, SU FUNDAMENTO NO RADICA EN QUE PUDIERAN SER MATERIA DE AMPARO DIRECTO, SINO EN QUE NO CONSTITUYEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACION.- Cuando en la demanda de amparo indirecto se reclamen violaciones procesales, el fundamento de su improcedencia no radica en la posibilidad de plantearse como tales en el amparo directo, en los términos del artículo 159 de la Ley de Amparo, sino en el evento de que no se traten actos dentro del juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, como lo previene el diverso artículo 114, en su fracción IV, del mismo ordenamiento, al contemplar precisamente los supuestos de procedencia del juicio bi-instancial. Por todo ello, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que el acuerdo de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, en la que la autoridad responsable únicamente tuvo al quejoso por haciendo manifestaciones; y, además resolvió no acodar de conformidad su petición, toda vez que su pedimento no se encontraba dentro de los parámetros que prevé el artículo 712 de la Ley Federal del Trabajo, reclamados no son actos de imposible reparación, se desecha la demanda de amparo promovida por ***, en su carácter de apoderados legales del quejoso ***, de conformidad con el diverso numeral 113 de la invocada Ley. De conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso j) de la Ley de Amparo, notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la parte quejosa. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle ***, de esta ciudad. Por otra parte, como lo pide el promovente, téngase como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***, toda vez que su cedula profesional no se encuentra debidamente registrada en la base de datos, que se configuró en cumplimiento al Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el Sistema Computacional para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil cinco. En observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias; esto último con fundamento el artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.

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