Juan Manuel Ortega de León
Expediente 580/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 580/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 23/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Juan Manuel Ortega de León
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de ocho de mayo de dos mil diecisiete, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer; por tanto, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo. En cumplimiento a la fracción I, del artículo vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, se establece que este expediente es destruible. Se hace constar que no obran documentos originales ni el presente asunto constituye una relevancia documental jurídica e histórica.(V)
- Principal
Notifíquese personalmente al quejoso.(V)
- Principal
Se notifica por lista al quejoso...Con base en las anteriores premisas normativas, este juzgador estima que el acto reclamado no puede considerarse como un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, debido a que no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en la Constitución ni en los tratados Internacionales, sino que la eventual violación de derechos que pudieran producirse únicamente son de carácter formal dentro del proceso del que derivan. Partiendo de esa base, se estima que el acto reclamado no constituye un acto de imposible reparación en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, porque no se actualiza alguno de los supuestos anteriormente citados, es decir, aquél no afecta de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales (vida, integridad personal, libertad, propiedad, etc.). En efecto, en el presente caso, la posible violación procesal no producirá de manera cierta e inmediata una afectación a los derechos fundamentales de la quejosa, cuenta habida que una vez tramitado el incidente de inconformidad puede obtener un fallo favorable, con lo que desaparecerían fácticamente los efectos de la violación procesal, dejando intacta su esfera jurídica al no alterarse ningún derecho sustantivo; por ende, será hasta que se dicte la sentencia correspondiente en el incidente del que deriva el acto reclamado, cuando pueda apreciarse si el proceder de la responsable vulneró o no las defensas del quejoso de cuya violación se duele y, en su caso, si la supuesta violación procesal trascendió al resultado del fallo, tiene la posibilidad la quejosa de combatirla conjuntamente con la sentencia que se llegare a emitir en aquel juicio, si ésta resultara desfavorable a sus intereses. Lo anterior es así, porque de los antecedentes del acto reclamado, que fueron narrados bajo protesta de decir verdad en la demanda de cuenta, y que constituyen una confesión de valor probatorio pleno se aprecia que el expediente del que emana el acto reclamado, es una sucesión testamentaria en la que en la sección segunda se generó el acto reclamado, a virtud de que el aquí quejoso cuando fungía como albacea de la sucesión listó adicionalmente una propiedad, que dice corresponder a la sucesión la cual no fue listada por virtud de la inconformidad y se ordenó su tramite vía incidental; por tanto es inconcuso que se trata de un acto intermedio en la sección segunda del Sucesorio 1327/1980, es decir, que aún no se dicta la sentencia interlocutoria que resuelva si se adiciona o no ese inmueble en el listado de inventario y avaluó. Así las cosas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 677 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Aguascalientes la sección segunda se comprende de varios tramites (incluyendo los incidentes y concluye con la resolución definitiva que aprueba el inventario y avaluó, en este caso si se adiciona a ella el bien inmueble que apareció, posteriomente. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada I.3º.C.439 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito , bajo el rubro: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. ES DE CARÁCTER UNIVERSAL Y PROCEDE AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE DECIDEN EL FONDO DE LAS TRES PRIMERAS ETAPAS DE DECLARACIÓN DE HEREDEROS, INVENTARIOS, Y AVALÚOS Y DE ADMINISTRACIÓN, O QUE SEAN UN OBSTÁCULO PARA SU CONCLUSIÓN. Así como la tesis de jurisprudencia VI.2o.C. J/316, emitida por emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, bajo el rubro: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. LAS VIOLACIONES PROCESALES OCURRIDAS DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE LAS TRES PRIMERAS SECCIONES PREVISTAS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE PUEBLA ABROGADO SON RECLAMABLES EN EL AMPARO INDIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LES PONGA FIN." En ese tenor de acuerdo con la transcripción del auto de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, se aprecia que no se acordó de conformidad aprobar a la adición a las operaciones de inventario y avaluó, porque la remitió a tramite incidental. Como puede apreciarse; con tal proceder de la responsable: a) No se le priva de algún derecho de propiedad al aquí quejoso. b) La no aprobación de la solicitud de adición del inmueble que refiere el quejoso a las operaciones de inventario y avaluó, se trata solamente de un derecho procesal, (vía propuesta) que no se esta resolviendo en definitiva pues no se ha hecho el pronunciamiento definitivo, ya se remitió a las partes el tramite incidental a la inconformidad que no genera consecuencias de afectación a derechos sustantivos. Es aplicable por el tema tratado, la tesis 1V.1º.t.1k (10ª.), la cual aparece publicada en la página 2162, del Tomo III, febrero de 2014, de la Décima Época del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE LA MATERIA, AL DISPONER QUE SON LOS QUE AFECTAN MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS, NO CONTRAVIENE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El referido numeral de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, no se contrapone con el contenido de los mandatos establecidos en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sino que, en todo caso, los reglamenta, ya que fija lo que debe entenderse por actos de imposible reparación para efectos de la procedencia del amparo indirecto y, al efecto, dispone que se trata de los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Norma Fundamental y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De ahí que si la Ley de Amparo es el ordenamiento reglamentario de los citados artículos constitucionales, se concluye que dicha legislación cumple con su finalidad y es congruente con la Constitución, en la medida en que regula el contenido y alcance de los conceptos previstos en ésta, sin que ello se traduzca en imponer limitantes al acceso a la administración de justicia." De igual modo, resulta aplicable por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 1a./J. 4/2012 (10a.), emitida por contradicción de tesis por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2, página 942; que es del tenor literal siguiente: "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN O VIOLACIÓN PROCESAL QUE AFECTE EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NO LO CONSTITUYE LA DETERMINACIÓN QUE ADMITE A TRÁMITE UNA DEMANDA DE NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO. La admisión de una demanda de nulidad de juicio concluido, no constituye un acto que afecte en grado predominante o superior a los demandados, puesto que únicamente produce el efecto de someter a las partes a un procedimiento jurisdiccional, donde tendrán la oportunidad de contestar la demanda, ofrecer pruebas y alegar; de ahí que los vicios que pudiera llegar a tener dicha admisión pueden no trascender a su esfera jurídica. No pasa inadvertido que la institución procesal que está en juego con la admisión a trámite de este tipo de procedimientos, es la de la "cosa juzgada" del juicio concluido; sin embargo, ello no constituye un elemento válido para establecer la procedencia del amparo indirecto pues, en todo caso, será la sentencia que recaiga a dicho procedimiento, la que pudiera repercutir en la cosa juzgada del juicio que concluyó". Como corolario, debe decirse que admitir y dar trámite al juicio de amparo a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que el promovente interponga oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena Época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en la página 921, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." Además, si bien del contenido de los artículos 1° y 17 de la Constitución Federal, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se advierte que privilegian el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que no tienen el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance -que en la especie se traduce en la promoción del juicio de amparo indirecto, contra actos que afecten en grado predominante derechos fundamentales-. Estimar lo contrario, equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales, convencionales y legales que rigen la función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función dado que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, aunado a que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables. Tiene aplicación, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Libro XIV, Noviembre de 2012 Tomo 2, décima época, página 1587, con el siguiente texto: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables". En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los numerales 107, fracción V, 171 y 172 fracción IX y XII, y fracción V del 107, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, por notoriamente improcedente.(V)
- Principal
Notifíquese personalmente a la quejosa. (V)
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