Juan Manuel Ortega de León
Expediente 1607/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1607/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 18/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Juan Manuel Ortega de León
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio 9278/2019 de cuenta, por medio del cual el Actuario del Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito con residencia en esta ciudad, comunica el contenido del auto de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, dictado en el recurso de queja civil 138/2019 del índice de dicho órgano colegiado, en el cual, se acusa recibo del oficio 692/2019, mediante el que se remitió copia certificada del juicio de amparo 1607/2019-IV, con motivo del recurso de queja interpuesto contra el acuerdo veintiséis de noviembre del año en curso, en el que se desechó la demanda promovida por el quejoso Juan Manuel Ortega de León.(IV)
- Principal
Visto el escrito signado por la parte quejosa Juan Manuel Ortega León, mediante el cual interpone recurso de queja contra el auto de veintiséis de noviembre del año en curso en el que desechó de plano la demanda; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 101 de la Ley de Amparo, agréguese a este expediente una de las copias del escrito de agravios que se acompañan y en su oportunidad, remítase al Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito en turno, el original del escrito de agravios, copia certificada de la resolución recurrida, de su notificación, y ríndase el informe de ley correspondiente.(IV)
- Principal
Se notifica por lista al quejoso auto de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve...Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito del quejoso, mediante el cual desahoga la prevención de once de noviembre de la presente anualidad. El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el órgano jurisdiccional que conozca de la demanda, la examinará y si encuentra motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Sobre el alcance de la expresión "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se cita la jurisprudencia P./J. 128/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIV, octubre de 2001, página 803, con rubro y texto: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En el particular se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 77 de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, ya que de concederse, eventualmente, la protección constitucional, los efectos no podrían concretarse. Los invocados preceptos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad con motivo de delitos que la ley no considere como graves o respecto de los cuales no proceda la prisión preventiva oficiosa conforme la legislación procedimental aplicable, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto por el que se resuelva la situación jurídica del quejoso en el sentido de sujetarlo a proceso penal, en términos de la legislación procesal aplicable, y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." La fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo anteriormente transcrita, a diferencia de las veintidós que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, lo cual se debe a que el legislador no podía establecer en forma casuística todas las causas de inejercitabilidad de la acción constitucional, de modo que para no pasar por alto alguna disposición legal que debiera tomarse en consideración cuando se formulan los supuestos de improcedencia, hizo culminar tal enumeración con una regla como la que estatuye la fracción que se analiza, la que en la especie es ciertamente justificada puesto que existen causas de improcedencia establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la propia Ley de Amparo, que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, entre los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo ordenado en el numeral 77. Sirve de apoyo a la consideración anterior, por su sentido, la jurisprudencia 2a./J. 175/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 2, de enero de dos mil catorce, Tomo II, página mil trescientos cuarenta y cuatro, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de amparo que enunciativamente prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que de suyo implica que las fracciones I a XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia, pero no son los únicos, pues existen otras causas de improcedencia claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no existe imprecisión en torno de las causas de improcedencia contenidas en esa fracción." Al respecto, debe decirse que el constituyente estructuró el juicio de amparo como un medio de control constitucional plenamente coercitivo sobre los actos de autoridad, dado que sus efectos no se limitan a identificar que un acto de autoridad sea contrario a la norma suprema, como un mero estudio sin resultados prácticos, sino que pretende lograr la restitución del orden que la Constitución Federal establece. Ese fin esencial de esta institución se refleja en el propio texto del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuya fracción II se indica que los efectos de una sentencia concesoria emitida en el juicio de amparo serán los de amparar y proteger a quien promovió la instancia. Por su parte, el legislador ordinario estableció en la Ley de Amparo la forma en que deben materializarse los efectos de una sentencia que conceda la protección de la Justicia de la Unión, determinando que el objeto de la concesión del amparo es restituir al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exige. Entonces, aunque los órganos jurisdiccionales que concedan la protección constitucional, de conformidad con la disposición en estudio, están facultados para obligar a que la autoridad responsable obre en el sentido que sea necesario o a restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación a los derechos fundamentales del quejoso, esta atribución tiene como fin específico precisamente lograr restituirlo al estado de normalidad en el pleno disfrute de sus derechos humanos, siendo ésta y no otra la única justificación de tan importante medio de control de los actos de gobierno. Sirve de apoyo a las consideraciones expuestas, la jurisprudencia P./J. 90/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, de diciembre de mil novecientos noventa y siete, página nueve, que se cita a continuación: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. . En el particular, del análisis integral de la demanda y del escrito aclaratorio se desprende que el quejoso reclama la constancia elaborada el dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, en atención a la adjudicación por remate efectuada en la audiencia de catorce de septiembre de dos mil dieciséis; documento aquél en el que se hizo constar que el juez de lo mercantil, ante la presencia de la Secretaria de Acuerdos, endosó en favor del actor, en rebeldía del aquí quejoso, los dos títulos que contienen las acciones adjudicadas en el juicio de origen, consistentes en cuatrocientos ochenta y tres acciones, de la en la cantidad total de ., en un número de cien acciones de la serie "A" y en número de trescientas ochenta y tres acciones serie "B", respectivamente. Asimismo, se hizo constar que tales documentos fueron recibidos por el adjudicatario. Lo anterior, el quejoso lo reclama con motivo de diversas actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento de remate, respecto de los cuales alega que, en su opinión, resultan inconstitucionales y los cuales les atribuye tanto al Juez Cuarto de lo Mercantil como a la Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes. Como antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, tanto en la demanda de amparo como en el escrito aclaratorio, el quejoso expone: - En sentencia definitiva dictada el cinco de agosto de mil novecientos noventa y uno, en el juicio principal, del entonces Juzgado Cuarto de lo Civil y de Hacienda del Estado, actualmente Juez Cuarto de lo Mercantil, se condenó al quejoso a pagar a.. la cantidad de dólares por concepto de suerte principal, intereses moratorios sobre la cantidad señalada. - En audiencia celebrada el catorce de septiembre de dos mil dieciséis se declaró fincado el remate en favor de la parte actora, en la que se adjudicaron cien acciones de la serie A y trescientas ochenta y tres de la serie B, de la inmobiliaria - El treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, se concluyó que se cumplieron los requisitos esenciales en términos del artículo 506 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, por lo que se aprobó el remate. - Contra esa determinación, el quejoso interpuso recurso de apelación ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mismo que se resolvió en el toca civil .confirmándose la resolución de primer grado. - Mediante proveído emitido el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, se requirió al ahora quejoso para que endosara los títulos, al adjudicatario. - El treinta de octubre de dos mil dieciocho, el juez de lo mercantil dictó acuerdo en el que ordenó endosar, en rebeldía de la parte demandada, aquí quejoso, las acciones adjudicadas; lo anterior, en virtud de que el ahora inconforme omitió dar cumplimiento al requerimiento citado en el párrafo que antecede. Asimismo, la autoridad responsable ordenó girar oficio a., para la anotación respectiva en cuanto a la transmisión de las acciones. - La parte quejosa reclamó esa resolución en el juicio de amparo., del índice de este juzgado, en el cual, en sentencia dictada el veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, se negó la protección constitucional, lo que fue confirmado por el Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, al resolver el recurso de revisión . - El dieciséis de octubre de dos mil diecinueve se hizo constar que el juez de lo mercantil endosó en favor del actor, quien las recibió, las acciones adjudicadas, en los siguientes términos: "En fecha dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, es presente en el local de este Juzgado, persona que se identifica con credencial para votar con fotografía, calve de elector número., expedida por el Instituto Nacional Electoral: por lo que de acuerdo a la adjudicación por remate llevado en la audiencia de fecha catorce de septiembre de dos mil dieciséis dentro de los autos del expediente en que se actúa; se hace constar que en esta misma fecha el Juez Cuarto de lo Mercantil, Licenciado, ante su Secretaria de acuerdos, la Licenciada endosó a favor de en rebeldía de, los dos títulos que contienen las acciones adjudicadas en autos del juicio en que se actúa a favor de consistente en cuatrocientos ochenta y tres acciones, de la inmobiliaria, en la cantidad total de, en un número de cien acciones de la serie "A" y en número trescientas ochenta y tres acciones de la serie "B", respectivamente; títulos que en este acto son recibidas por, firmando en la presente comparecencia para ratificación y constancia legal.". Hasta aquí los antecedentes del acto reclamado. Luego, el treinta de octubre de dos mil dieciocho, el juez responsable dictó acuerdo en el que ordenó endosar en rebeldía las acciones adjudicadas, a firmar por el juez, en rebeldía del ahora quejoso, dándose fe de ello por la Secretaria correspondiente; de igual manera, la autoridad responsable ordenó girar oficio a, a fin de que acreditara el cumplimiento a ello en términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Así lo determinó el juez de lo mercantil porque el aquí quejoso omitió comparecer (de manera voluntaria) a endosar los títulos accionarios. Entonces, se actualiza la causa de improcedencia en estudio porque, ante lo determinado por el juez responsable en auto de treinta de octubre de dos mil dieciocho, lo que se encuentra firme, incluso fue reclamado en juicio de amparo, negándose la protección constitucional; en esta instancia no puede examinarse válidamente la constancia asentada por el juez de lo mercantil, el dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, habida cuenta que en ella sólo se materializa el endoso de los referidos títulos de valor, esto es, únicamente se da cumplimiento al proveído que ordenó en endoso en rebeldía. De tal manera que, al analizar ahora la constancia de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, implicaría efectuar un estudio sobre el auto de treinta de octubre de dos mil dieciocho, que no constituye el acto reclamado en esta instancia y, sobre todo, que fue materia de análisis en diverso juicio de amparo, respecto del cual se negó la protección constitucional. Por ello, eventualmente, de concederse la protección constitucional respecto de la constancia de dieciséis de octubre del año en curso, en la que se ejecutó la orden del endoso en rebeldía, los efectos no podrían concretarse porque subsiste una decisión que se encuentra firme, a saber, la resolución de treinta de octubre de dos mil dieciocho, que constituye el mandato y origen del acto reclamado; lo que se evidencia aun más porque el inconforme centra sus motivos de agravio en los actos acontecidos en el procedimiento de remate de las acciones endosadas en rebeldía, sin cuestionar algún vicio propio de aquélla constancia reclamada; de ahí que claramente se advierte que el impetrante pretende que en esta vía constitucional se examine nuevamente dicho procedimiento, no obstante que previamente se le negó la protección constitucional. En tales consideraciones, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, la demanda se desecha por notoria improcedencia...(IV)
- Principal
Notifíquese personalmente.(IV)
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