Juan Manuel Ortega Aguirre
Expediente 421/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 421/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juan Manuel Ortega Aguirre
Actuaciones
- Principal
En veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, la secretaria da cuenta al Juez con un oficio registrado bajo el número 18425, dentro del juicio de amparo 421/2018. Conste.Uruapan, Michoacán, veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese sin mayor trámite, el oficio que remite el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Colima, con residencia en Colima, mediante el cual, reproduce el contenido de su oficio recibido el dieciocho de septiembre pasado (foja 46). CÚMPLASE. Así lo acordó y firma el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, HORACIO ORTIZ GONZÁLEZ, y la secretaria Nubia Miranda Ramírez, con quien actúa y que autoriza. Doy fe.
- Principal
... En la misma fecha, la secretaria da cuenta al Juez con un oficio y anexos, registrado bajo el número 17857, así como con la certificación que antecede, dentro del juicio de amparo 421/2018. Conste.Uruapan, Michoacán, diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio que remite el secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Colima, con residencia en Colima, mediante el cual devuelve diligenciada la comunicación 936/2018 (número de orden 1579/2018), del índice de este Juzgado, misma que se envió a efecto de notificar al peticionario de amparo, el desechamiento decretado en auto de inicio. Dese de baja la citada comunicación oficial y realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por otra parte, visto el estado de autos y la certificación que antecede, se desprende que el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara con el proveído de treinta de agosto del año en curso (fojas 21 a 28), mediante el cual se desechó la demanda, transcurrió del once al dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, toda vez que se le notificó el pasado siete de este propio mes y año, sin que lo hubiere hecho. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, previas anotaciones de estilo en el libro de gobierno, archívese el presente expediente como asunto concluido. Con apoyo en el artículo vigésimo primero, primer párrafo, fracción I, en relación con el artículo segundo, fracción XVI, capítulo primero, ambos artículos del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, toda vez que se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, no existen documentos originales exhibidos y no se trata de un asunto de relevancia documental, se determina que es susceptible de destrucción, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el presente juicio al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Finalmente, de la certificación de cuenta se desprende que el el plazo de tres días concedido a la parte peticionaria de amparo, a efecto de que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, trascurrió del once al trece de septiembre de dos mil dieciocho, toda vez que se le notificó el pasado siete de septiembre, en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en auto de inicio y se ordena practicar al quejoso ésta, así como las subsecuentes notificaciones, incluso las de carácter personal, por medio de lista de acuerdos que se publica en los estrados de este Juzgado, lo anterior conforme a lo dispuesto en el artículo 27 fracción II, de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, HORACIO ORTIZ GONZÁLEZ, y la secretaria Nubia Miranda Ramírez, con quien actúa y que autoriza. Doy fe.
- Principal
En treinta de agosto de dos mil dieciocho, la secretaria da cuenta al Juez, con un oficio y anexo, registrado bajo el número 16541. Conste.Uruapan, Michoacán, treinta de agosto de dos mil dieciocho. Por recibido el oficio número suscrito por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Colima, con residencia en Colima, al que adjunta el cuaderno de incompetencia 698/2018, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Juan Manuel Ortega Aguirre, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 38, con residencia en Colima, Colima, y otras autoridades, en razón a que estimó carecer de competencia legal para conocer de la misma por razón de territorio. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional acepta la competencia planteada. Hágase saber tal determinación al citado Juez declinante mediante oficio que al efecto se le gire. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 421/2018. Ahora bien, antes de proveer respecto de la admisión de la demanda resulta necesario examinar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que literalmente dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de IMPROCEDENCIA De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama la diligencia de diez de julio de dos mil dieciocho, en la que la Actuaria adscrita al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 38, con residencia en Colima, Colima, en ejecución de sentencia dictada en el juicio agrario 265/2016, entregó físicamente a la parte actora el inmueble ubicado en la calle Niños Héroes sin número, colonia Bellavista de la población de Aquila, Michoacán. En el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el numeral 107 fracción IV (aplicado en sentido contrario), ambos de la Ley de Amparo, que señalan: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.). IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En efecto, de los citados artículos se advierte que el amparo indirecto es procedente contra actos judiciales de los tribunales administrativos, agrarios o del trabajo, emitidos fuera de juicio o después de concluido; sin embargo, tratándose del procedimiento de ejecución de sentencia, el amparo procederá únicamente contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Previamente, conviene destacar que la razón que inspiró la creación de esta regla de procedencia fue impedir que el juicio constitucional sea utilizado como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público, ya que la sociedad está interesada en que la ejecución se realice con celeridad, en el menor tiempo posible; y la certidumbre de que la violación que entrañe una afectación meramente adjetiva a las defensas de un sujeto, sólo conllevará perjuicio si es que la resolución final con la que culmina el procedimiento es adversa a sus intereses. Con ese motivo, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de los procedimientos de ejecución de sentencia, a la última resolución, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. Por tanto, la pretensión del legislador fue evitar que con motivo de la promoción de juicios de amparo se retarde el procedimiento de ejecución, porque le antecede una sentencia ejecutoriada en cuyo cumplimiento está interesada la sociedad en general, a fin de evitar el abuso de la promoción de juicios de amparo en contra de los diversos actos emitidos dentro de ese procedimiento. Sentado lo anterior, es conveniente citar el artículo 191 de la Ley Agraria, el cual a la letra dispone lo siguiente: "ARTÍCULO 191.- Los tribunales agrarios están obligados a proveer a la eficaz e inmediata ejecución de sus sentencias y a ese efecto podrán dictar todas las medidas necesarias, incluidas las de apremio, en la forma y términos que, a su juicio, fueren procedentes, sin contravenir las reglas siguientes: I. Si al pronunciarse la sentencia estuvieren presentes ambas partes, el tribunal las interrogará acerca de la forma que cada una proponga para la ejecución y procurará que lleguen a un avenimiento a ese respecto; y II. El vencido en juicio podrá proponer fianza de persona arraigada en el lugar o de institución autorizada para garantizar la obligación que se le impone, y el tribunal, con audiencia de la parte que obtuvo, calificará la fianza o garantía según su arbitrio y si la aceptare podrá conceder un término hasta de quince días para el cumplimiento y aún mayor tiempo si el que obtuvo estuviera conforme con ella. Si transcurrido el plazo no hubiere cumplido, se hará efectiva la fianza o garantía correspondiente. Si existiera alguna imposibilidad material o jurídica para ejecutar una sentencia relativa a tierras de un núcleo de población, la parte que obtuvo sentencia favorable podrá aceptar la superficie efectivamente deslindada, en cuyo caso la sentencia se tendrá por ejecutada, dejándose constancia de tal circunstancia en el acta que levante el actuario. En caso de inconformidad con la ejecución de la parte que obtuvo sentencia favorable, se presentarán al actuario los alegatos correspondientes, los que asentará junto con las razones que impidan la ejecución, en el acta circunstanciada que levante. Dentro de los quince días siguientes al levantamiento del acta de ejecución, el tribunal del conocimiento dictará resolución definitiva sobre la ejecución de la sentencia y aprobará el plano definitivo." Del numeral trascrito, se deriva la obligación legal que tienen los Tribunales Agrarios para proveer en torno a la eficaz e inmediata ejecución de las sentencias que dicten, por ello, cuentan con la facultad de dictar cualquier medida de apremio que a su juicio consideren acorde a dos supuestos a saber: Así, lo que interesa, dentro de los quince días siguientes al levantamiento del acta, el Tribunal del conocimiento dictará resolución definitiva sobre la ejecución de la sentencia y en su caso, aprobara el plano definitivo. En este contexto, es claro que la ejecución de una sentencia dictada por un Tribunal Agrario, se integra por dos supuestos específicos, acorde al caso concreto. Ciertamente, puede acontecer que ante un supuesto particular baste con el levantamiento del acta que al efecto realice al actuario de la adscripción, para que el Tribunal del conocimiento dicte la resolución que corresponda respecto de la ejecución de su sentencia, esto es, la valoración de los extremos de su fallo a fin de establecer si este está cumplido o no; empero, si esta impone además en sus consideraciones, la elaboración de un plano, el Tribunal debe expresamente pronunciarse respecto de su aprobación. Lo cual hace válido sostener que la elaboración del plano respectivo, será únicamente cuando así se determine en la sentencia del Tribunal Agrario, en caso contrario, bastará con que éste, acorde a los elementos de circunstanciación vertidos en el acta levantada por el fedatario jurisdiccional califique su cumplimiento, es decir, dicte resolución definitiva al respecto. En ese sentido, la diligencia reclamada no tiene el carácter de definitivo en el procedimiento de ejecución de sentencia, en los términos apuntados, pues únicamente tiene como finalidad de que se continúe con el procedimiento de ejecución de la sentencia dictada en el referido juicio de origen. Por tanto, no ha ocurrido el supuesto para que proceda el juicio de amparo indirecto en el periodo de ejecución de sentencia, en la medida en que, como ya se dijo, procede contra la última resolución dictada en ese procedimiento, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente. De ahí que, no puede estimarse que el citado acto reclamado satisfaga las características establecidas en la Ley de Amparo, para considerarlo como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; pues, será hasta entonces que la parte afectada podrá acudir al juicio de amparo indirecto a hacer valer las violaciones cometidas durante dicho procedimiento. Entonces, el presente juicio de amparo es improcedente respecto del acto reclamado, porque conforme a lo previsto en la citada fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio biinstancial contra actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, solo se actualizará cuando se controvierta la última resolución dictada en dicho procedimiento, y en el caso, como se explicó, no ha acontecido. Por tanto, se concluye que el auto reclamado constituye solamente una determinación intermedia dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia. ... Además, al respecto resulta pertinente precisar que, en la especie, no se está en presencia de un acto de imposible reparación, contra el cual procede por excepción el juicio de amparo indirecto, entendiéndose por ellos, únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en términos de la fracción V del artículo 107 de la ley de la materia, así como en los tratados internacionales de los que México es parte, como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros. Se estima de esa manera, ya que la acción ejercida por J. Jesús Díaz Méndez dentro del juicio natural, resultó procedente y consecuentemente se condenó al demandado, aquí quejoso, la entrega real y material del bien inmueble que defiende en esta instancia constitucional. Y el Pleno del Alto Tribunal del País determinó que para que el medio de control de la Constitución General resulte procedente contra actos dictados en ejecución de sentencia, es menester que afecten de modo directo derechos fundamentales que sean ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, precisamente porque debe privilegiarse la ejecución, sin obstáculos, de un fallo que es inmutable derivado de su firmeza legal. Extremo que evidentemente no se cumple, porque en el caso, la afectación a los derechos de que se duele el quejoso, deriva de la cosa juzgada del juicio natural, específicamente, la entrega real y material del inmueble que defiende en el presente juicio. Máxime, que la posesión que detenta el quejoso respecto del referido bien inmueble no es legítima, ya que fue oído y vencido en el juicio en el cual se dictó sentencia que ordenó la desocupación del mismo, de ahí que el acto reclamado no sea de imposible reparación que sea sujeta de análisis a la luz del juicio de amparo...En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV (aplicado en sentido contrario), ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Juan Manuel Ortega Aguirre, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 38, con residencia en Colima, Colima, y otras autoridades. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN De conformidad con el artículo 1° en relación con el diverso 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que entró en vigor el diez de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes, que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión del Poder Judicial, a que se refiere la citada ley, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Ahora bien, como el artículo 113, fracción I, de la referida Ley, clasifica como confidencial toda aquella información que contenga datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable, en esas condiciones, dicha información no podrá ser pública. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA De autos se advierte que la parte quejosa señaló como domicilio para recibir notificaciones los estrados del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Colima, con residencia en Colima. En esa virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, gírese exhorto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), al Juez Tercero de Distrito en el Estado de Colima, con residencia en Colima, para que por su conducto ordene a quien corresponda, notifique a la parte quejosa el presente proveído; asimismo, la requiera para que en el momento de la diligencia, o bien, dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, señale domicilio en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, para oír y recibir notificaciones, apercibiéndola que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le correrán por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado, en términos del artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo vigente. En ese orden, se tiene por autorizado de la parte quejosa con las facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a Eleazar Torres Dueñas, virtud a que los actos reclamados en el presente juicio son de naturaleza agraria. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita a la actuaria para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. MEDIOS ELECTRÓNICOS En virtud de que no se advierte dato alguno que, objetivamente, permita inferir algún riesgo desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la reproducción de todas y cada una de las constancias que integren el presente juicio de amparo, con excepción de la documentación o información que tenga el carácter de confidencial o reservada. En el entendido de que las constancias obtenidas por medio de cámaras fotográficas u otros medios electrónicos no podrán ser modificadas o alteradas de las originales que obran glosadas en el presente juicio de amparo, quedando bajo su más estricta responsabilidad en caso de que así sea. Además de que no pueden exhibirse a personas ajenas al juicio, cuando ello implique imponerlas de los datos personales de las partes en el juicio de amparo, quedando igualmente, bajo su más estricta responsabilidad, el mal uso que, respecto de los mismos se pueda dar. EXPEDICIÓN DE COPIAS Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde éste momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. En la inteligencia de que ello lo podrá solicitar de manera verbal al Secretario adscrito a este Juzgado, previa toma de razón que por la captura de las imágenes correspondientes obren en autos y solo por conducto de las personas autorizadas en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, HORACIO ORTIZ GONZÁLEZ, y la secretaria Nubia Miranda Ramírez, con quien actúa y que autoriza. Doy fe.
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