Juan Manuel Maravilla Ramírez
Expediente 377/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 377/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juan Manuel Maravilla Ramírez
Actuaciones
- Principal
SOBRESEER EN EL JUICIO DE AMPARO Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: Visto, para resolver el juicio de amparo 377/2020, promovido por Juan Manuel Maravilla Ramírez, por alegada violación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán, y otras autoridades, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO DE AMPARO Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: Primero. Precisión de los actos reclamados. La parte quejosa reclama del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán y actuario adscrito lo siguiente: Privación de la posesión y derechos del inmueble ubicado en calle Alfonso Gil, número 7 siete, colonia Lázaro Cárdenas, de la población de Chavinda, Michoacán, perteneciente al Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán, y su ejecución. Segundo. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que los actos reclamados tienen ejecución dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. Tercero. Norma general, acto u omisión cuya existencia quedó demostrada. El Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán y actuario adscrito, aceptaron la existencia de los actos que se les reclaman; por tanto, se tienen por ciertos. Lo que se corrobora con las constancias que allegaron a sus informes, que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, poseen valor probatorio pleno, por haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Cuarto. Procedencia del juicio de amparo En el caso opera la causa de improcedencia prevista por la fracción XII del artículo 61, en relación con el numeral 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ya que la quejosa no justificó su interés jurídico. Al respecto, conviene destacar que el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el numeral 5, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter, el quejoso, quien aduce ser titular de un derecho y que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que el concepto de "interés jurídico" tiene un amplio abanico de pronunciamientos, por lo cuales, es posible entender que detrás de él, hay referencia a la existencia de derechos objetivos que conforme han sido reconocidos en el marco constitucional, otorgan a los individuos un interés jurídico de acuerdo a la posición particular que mantengan en relación con las normas del ordenamiento jurídico; cuestión que atendiendo a la situación particular del quejoso puede otorgar facultad para acudir al amparo. Por tanto, para verificar la procedencia del juicio resulta insuficiente advertir la presencia de un derecho subjetivo, ya que también es necesario constatar si existe algún derecho objetivo que otorgue interés para acudir a tal juicio, por lo cual la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que la persona extraña a juicio tiene interés jurídico para promover amparo indirecto contra algún acto que afecte el inmueble de su propiedad, porque la afectación a su esfera jurídica se produce y con ello existe la posibilidad de que se vulneren los derechos fundamentales a la propiedad o posesión e inviolabilidad del domicilio injustificadamente; lo anterior, cuando la persona extraña a juicio demuestra ser propietaria del inmueble o poseedora y tener su domicilio en éste. En el caso, el quejoso pretende defender en esta vía constitucional los derechos que aduce tener como propietario y poseedor respecto del bien inmueble ubicado en calle Alfonso Gil, número 7 siete, colonia Lázaro Cárdenas, de la población de Chavinda, Michoacán, perteneciente al Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán, al no haber sido oído ni vencido en el juicio de origen, dado que no figura como parte. Ahora bien, de las constancias que integran el juicio ordinario civil 1127/2015, se advierte que el diecisiete de septiembre de dos mil quince, ante el Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Jiquilpan, Michoacán, Merced Romero del Río, a través de su apoderado legal, promovió demanda contra Alejandro Tijero Maciel, la cual fue admitida el veintidós de septiembre de dos mil quince; seguida la secuela procesal, el treinta de noviembre de dos mil dieciséis, se dictó sentencia donde se declaró procedente la acción intentada, determinación confirmada el treinta de enero de dos mil diecisiete, por el Magistrado de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Morelia, Michoacán. Así, por auto de cinco de marzo de dos mil diecisiete, se ordenó requerir al demandado, cumpliera voluntariamente con la sentencia ejecutoriada, bajo apercibimiento de no hacerlo, se procedería a su ejecución forzosa; ante el incumplimiento en proveído de trece de marzo de dos mil dieciocho, se señalaron días y horas y hábiles para que personal del juzgado pusiera en disposición real y material el inmueble objeto del juicio. Por lo que, el veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, la Juez y Secretaria de Acuerdos, en compañía de Merced Romero del Río, se constituyeron en el inmueble en cita, a fin de ponerlo en posesión real y material de la actora, sin ser posible ante la negativa del demandado; en consecuencia, el once de diciembre de dos mil dieciocho, se autorizó nuevamente a personal del juzgado, para los efectos citados en el párrafo supra, pero con el uso de la fuerza pública, sin que dicho acto se haya materializado, según se advierte de las constancias del informe rendido por la autoridad responsable. El quejoso refiere en su demanda que el cuatro de septiembre del año en curso, se presentó una persona en su domicilio ubicado en calle Alfonso Gil, número 7 siete, colonia Lázaro Cárdenas, de la población de Chavinda, Michoacán, quien dijo ser personal del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Jiquilpan, Michoacán y, le manifestó tenía que desocupar voluntariamente el inmueble, de no hacerlo regresaría a desalojarlo. De las constancias del juicio de origen se advierte que el quejoso no figuró como parte en la controversia civil, por lo que, al tener la calidad de tercero extraño al juicio de origen, debe acreditar su interés jurídico con un documento de fecha cierta. Así, para acreditar el derecho de posesión que aduce tener sobre el inmueble que pretende proteger, exhibió como prueba un contrato privado de cesión de derechos con firmas autógrafas, celebrado entre Alejandro Tinajero Maciel y Juan Manuel Maravilla Ramírez, del cual se advierte que el primero de los nombrados, en su calidad de propietario, cede a favor de Maravilla Ramírez, los derechos de propiedad y posesión del inmueble ubicado en calle Alfonso Gil, número 7 siete, colonia Lázaro Cárdenas, de la población de Chavinda, Michoacán. Sin embargo, el contrato de cesión de derechos celebrado entre Alejandro Tinajero Maciel y el aquí quejoso Juan Manuel Maravilla Ramírez, es insuficiente para tener por acreditado el interés jurídico de este último. En efecto, para que un gobernado pueda resultar beneficiado con la protección federal es necesario que acredite un derecho subjetivo derivado de la ley o un acto jurídico de fecha cierta, pues solo así, se estimaría lesionada su esfera jurídica de derechos y obligaciones que conforman su patrimonio; ya que los documentos privados para que tengan eficacia plena deben tener fecha cierta, lo cual acontecerá: a) A partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado; b) A partir del día en que se incorpore o inscriba en un registro público; y, c) Desde la muerte de los que firmaron. De manera que si no se actualiza alguno de los supuestos anteriores, al documento no se le puede dar ningún valor jurídico por carecer de certeza de la fecha que se celebró. Cabe agregar que como fecha cierta de un documento privado se debe tener aquella a partir del día en que se incorpore o se inscriba en una institución pública que da publicidad a los documentos, porque del mismo tiene conocimiento un tercero digno de fe ajeno a las partes. Asimismo, al presentar un documento privado ante un fedatario público da certidumbre sobre la fecha en que fue elaborado, pues también es un tercero ajeno a las partes que está investido de fe pública y cuenta con facultades para autenticar y dar forma en los términos que disponga la ley a los instrumentos en que se consignen los actos y hechos jurídicos, por lo cual su intervención conduce, así a garantizar la certeza de la fecha de su realización, porque da fe de que existió el instrumento que le fue presentado; pero dicha intervención es de ratificación con la asistencia de las partes que contrataron en el documento que se le presenta. De igual forma, se proporciona total seguridad sobre la fecha en que un documento privado fue suscrito, cuando se acredita el fallecimiento de alguno de los contratantes que intervino en dicho negocio, porque ésta lleva a entender que no pudo plasmar su firma después de su deceso. Con base en lo expuesto, se concluye que el quejoso no demostró la existencia de un título de fecha cierta, que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere su derecho a poseer -causa generadora de la posesión-, en la fecha en que dice adquirió la secesión de derechos del bien - dieciséis de julio de dos mil veinte -, pues el contrato de que se trata no cuenta con esa eficacia probatoria, ya que consiste en un documento privado que no se celebró ni se ratificó ante fedatario público o funcionario autorizado, tampoco se incorporó o inscribió en el registro público y los firmantes aún no han fallecido. Por otro lado, también se destaca que para que la posesión pueda ser objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta extraño al juicio, es necesario acreditar: 1. Su condición de tercero extraño al juicio del que derivan los actos reclamados. 2. La existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer; esto es, la causa generadora de la posesión. 3. Que efectivamente detente el inmueble respectivo. 4. La afectación de la posesión aducida, a través de la ejecución de los actos reclamados. Así las cosas, el multicitado documento aportado por el quejoso es insuficiente para acreditar que es propietario y poseedor de dicho bien, pues carece de fecha cierta; por tanto, el acuerdo de voluntades presentado resulta insuficiente para acreditar el derecho que dice tener sobre el bien de marras. Por consiguiente, si como se vio, el quejoso ofrece como prueba para acreditar su posesión un contrato privado de cesión de derechos que carece de fecha cierta, es inconcuso que no puede tenerse la certeza de que el acto que consta en dicho documento efectivamente se haya realizado en la fecha precisada en el citado contrato, de manera que Juan Manuel Maravilla Ramírez no cuenta con interés jurídico para promover el presente asunto. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, respecto de los actos y autoridades aquí precisados; el cual se hace extensivo respecto de los actos de ejecución por no reclamarse por vicios propios. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Juan Manuel Maravilla Ramírez, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma electrónicamente el treinta de octubre de dos mil veinte, Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; en que se emitió la sentencia, y en esos mismos términos firma también la secretaria Silvia Galván Patlán, quien da fe. Visto, para resolver el juicio de amparo 377/2020, promovido por Juan Manuel Maravilla Ramírez, por alegada violación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán, y otras autoridades, este órgano jurisdiccional ha decidido:SOBRESEER EN EL JUICIO DE AMPARO Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: Primero. Precisión de los actos reclamados. La parte quejosa reclama del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán y actuario adscrito lo siguiente: Privación de la posesión y derechos del inmueble ubicado en calle Alfonso Gil, número 7 siete, colonia Lázaro Cárdenas, de la población de Chavinda, Michoacán, perteneciente al Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán, y su ejecución. Segundo. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que los actos reclamados tienen ejecución dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. Tercero. Norma general, acto u omisión cuya existencia quedó demostrada. El Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán y actuario adscrito, aceptaron la existencia de los actos que se les reclaman; por tanto, se tienen por ciertos. Lo que se corrobora con las constancias que allegaron a sus informes, que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, poseen valor probatorio pleno, por haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Cuarto. Procedencia del juicio de amparo En el caso opera la causa de improcedencia prevista por la fracción XII del artículo 61, en relación con el numeral 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ya que la quejosa no justificó su interés jurídico. Al respecto, conviene destacar que el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el numeral 5, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter, el quejoso, quien aduce ser titular de un derecho y que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que el concepto de "interés jurídico" tiene un amplio abanico de pronunciamientos, por lo cuales, es posible entender que detrás de él, hay referencia a la existencia de derechos objetivos que conforme han sido reconocidos en el marco constitucional, otorgan a los individuos un interés jurídico de acuerdo a la posición particular que mantengan en relación con las normas del ordenamiento jurídico; cuestión que atendiendo a la situación particular del quejoso puede otorgar facultad para acudir al amparo. Por tanto, para verificar la procedencia del juicio resulta insuficiente advertir la presencia de un derecho subjetivo, ya que también es necesario constatar si existe algún derecho objetivo que otorgue interés para acudir a tal juicio, por lo cual la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que la persona extraña a juicio tiene interés jurídico para promover amparo indirecto contra algún acto que afecte el inmueble de su propiedad, porque la afectación a su esfera jurídica se produce y con ello existe la posibilidad de que se vulneren los derechos fundamentales a la propiedad o posesión e inviolabilidad del domicilio injustificadamente; lo anterior, cuando la persona extraña a juicio demuestra ser propietaria del inmueble o poseedora y tener su domicilio en éste. En el caso, el quejoso pretende defender en esta vía constitucional los derechos que aduce tener como propietario y poseedor respecto del bien inmueble ubicado en calle Alfonso Gil, número 7 siete, colonia Lázaro Cárdenas, de la población de Chavinda, Michoacán, perteneciente al Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán, al no haber sido oído ni vencido en el juicio de origen, dado que no figura como parte. Ahora bien, de las constancias que integran el juicio ordinario civil 1127/2015, se advierte que el diecisiete de septiembre de dos mil quince, ante el Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Jiquilpan, Michoacán, Merced Romero del Río, a través de su apoderado legal, promovió demanda contra Alejandro Tijero Maciel, la cual fue admitida el veintidós de septiembre de dos mil quince; seguida la secuela procesal, el treinta de noviembre de dos mil dieciséis, se dictó sentencia donde se declaró procedente la acción intentada, determinación confirmada el treinta de enero de dos mil diecisiete, por el Magistrado de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Morelia, Michoacán. Así, por auto de cinco de marzo de dos mil diecisiete, se ordenó requerir al demandado, cumpliera voluntariamente con la sentencia ejecutoriada, bajo apercibimiento de no hacerlo, se procedería a su ejecución forzosa; ante el incumplimiento en proveído de trece de marzo de dos mil dieciocho, se señalaron días y horas y hábiles para que personal del juzgado pusiera en disposición real y material el inmueble objeto del juicio. Por lo que, el veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, la Juez y Secretaria de Acuerdos, en compañía de Merced Romero del Río, se constituyeron en el inmueble en cita, a fin de ponerlo en posesión real y material de la actora, sin ser posible ante la negativa del demandado; en consecuencia, el once de diciembre de dos mil dieciocho, se autorizó nuevamente a personal del juzgado, para los efectos citados en el párrafo supra, pero con el uso de la fuerza pública, sin que dicho acto se haya materializado, según se advierte de las constancias del informe rendido por la autoridad responsable. El quejoso refiere en su demanda que el cuatro de septiembre del año en curso, se presentó una persona en su domicilio ubicado en calle Alfonso Gil, número 7 siete, colonia Lázaro Cárdenas, de la población de Chavinda, Michoacán, quien dijo ser personal del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Jiquilpan, Michoacán y, le manifestó tenía que desocupar voluntariamente el inmueble, de no hacerlo regresaría a desalojarlo. De las constancias del juicio de origen se advierte que el quejoso no figuró como parte en la controversia civil, por lo que, al tener la calidad de tercero extraño al juicio de origen, debe acreditar su interés jurídico con un documento de fecha cierta. Así, para acreditar el derecho de posesión que aduce tener sobre el inmueble que pretende proteger, exhibió como prueba un contrato privado de cesión de derechos con firmas autógrafas, celebrado entre Alejandro Tinajero Maciel y Juan Manuel Maravilla Ramírez, del cual se advierte que el primero de los nombrados, en su calidad de propietario, cede a favor de Maravilla Ramírez, los derechos de propiedad y posesión del inmueble ubicado en calle Alfonso Gil, número 7 siete, colonia Lázaro Cárdenas, de la población de Chavinda, Michoacán. Sin embargo, el contrato de cesión de derechos celebrado entre Alejandro Tinajero Maciel y el aquí quejoso Juan Manuel Maravilla Ramírez, es insuficiente para tener por acreditado el interés jurídico de este último. En efecto, para que un gobernado pueda resultar beneficiado con la protección federal es necesario que acredite un derecho subjetivo derivado de la ley o un acto jurídico de fecha cierta, pues solo así, se estimaría lesionada su esfera jurídica de derechos y obligaciones que conforman su patrimonio; ya que los documentos privados para que tengan eficacia plena deben tener fecha cierta, lo cual acontecerá: a) A partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado; b) A partir del día en que se incorpore o inscriba en un registro público; y, c) Desde la muerte de los que firmaron. De manera que si no se actualiza alguno de los supuestos anteriores, al documento no se le puede dar ningún valor jurídico por carecer de certeza de la fecha que se celebró. Cabe agregar que como fecha cierta de un documento privado se debe tener aquella a partir del día en que se incorpore o se inscriba en una institución pública que da publicidad a los documentos, porque del mismo tiene conocimiento un tercero digno de fe ajeno a las partes. Asimismo, al presentar un documento privado ante un fedatario público da certidumbre sobre la fecha en que fue elaborado, pues también es un tercero ajeno a las partes que está investido de fe pública y cuenta con facultades para autenticar y dar forma en los términos que disponga la ley a los instrumentos en que se consignen los actos y hechos jurídicos, por lo cual su intervención conduce, así a garantizar la certeza de la fecha de su realización, porque da fe de que existió el instrumento que le fue presentado; pero dicha intervención es de ratificación con la asistencia de las partes que contrataron en el documento que se le presenta. De igual forma, se proporciona total seguridad sobre la fecha en que un documento privado fue suscrito, cuando se acredita el fallecimiento de alguno de los contratantes que intervino en dicho negocio, porque ésta lleva a entender que no pudo plasmar su firma después de su deceso. Con base en lo expuesto, se concluye que el quejoso no demostró la existencia de un título de fecha cierta, que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere su derecho a poseer -causa generadora de la posesión-, en la fecha en que dice adquirió la secesión de derechos del bien - dieciséis de julio de dos mil veinte -, pues el contrato de que se trata no cuenta con esa eficacia probatoria, ya que consiste en un documento privado que no se celebró ni se ratificó ante fedatario público o funcionario autorizado, tampoco se incorporó o inscribió en el registro público y los firmantes aún no han fallecido. Por otro lado, también se destaca que para que la posesión pueda ser objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta extraño al juicio, es necesario acreditar: 1. Su condición de tercero extraño al juicio del que derivan los actos reclamados. 2. La existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer; esto es, la causa generadora de la posesión. 3. Que efectivamente detente el inmueble respectivo. 4. La afectación de la posesión aducida, a través de la ejecución de los actos reclamados. Así las cosas, el multicitado documento aportado por el quejoso es insuficiente para acreditar que es propietario y poseedor de dicho bien, pues carece de fecha cierta; por tanto, el acuerdo de voluntades presentado resulta insuficiente para acreditar el derecho que dice tener sobre el bien de marras. Por consiguiente, si como se vio, el quejoso ofrece como prueba para acreditar su posesión un contrato privado de cesión de derechos que carece de fecha cierta, es inconcuso que no puede tenerse la certeza de que el acto que consta en dicho documento efectivamente se haya realizado en la fecha precisada en el citado contrato, de manera que Juan Manuel Maravilla Ramírez no cuenta con interés jurídico para promover el presente asunto. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, respecto de los actos y autoridades aquí precisados; el cual se hace extensivo respecto de los actos de ejecución por no reclamarse por vicios propios. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Juan Manuel Maravilla Ramírez, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma electrónicamente el treinta de octubre de dos mil veinte, Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; en que se emitió la sentencia, y en esos mismos términos firma también la secretaria Silvia Galván Patlán, quien da fe.
- Principal
Uruapan, Michoacán, diecinueve de octubre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio del Juez de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Jiquilpan, Michoacán; sin que resulte necesario proveer respecto a su contenido, pues el trece de octubre del año en curso, se tuvieron por recibidas las constancias de las que deriva el acto reclamado. No pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional, que el oficio que se provee, se haya dirigido al juicio de amparo 357/2020, ya que de su contenido se advierte corresponden al presente juicio, lo que hace evidente que se trata de un mero error; de ahí que se integren al presente asunto... Cúmplase.
- Principal
Uruapan, Michoacán, trece de octubre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio del Juez de Primera Instancia en Materia Civil de Jiquilpan, Michoacán, al cual acompaña diversas constancias como complemento a su informe justificado, con lo cual se ordena dar vista a las partes para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Incidental
Uruapan, Michoacán, trece de octubre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos sin mayor trámite el oficio del Juez de Primera Instancia en Materia Civil de Jiquilpan, Michoacán, toda vez que en interlocutoria de dos de octubre de dos mil veinte, se resolvió el presente incidente. Cúmplase.
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