Juan Manuel Nuñez Tirado

Expediente 706/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 7 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
706/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
07/03/2023

Partes del expediente

  • Juan Manuel Nuñez Tirado
  • Juez de Control Especializado En Ejecución de Poder Judicial de Tecate, Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Se celebra la audiencia constitucional.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, uno de febrero de dos mil veintitrés. Designa defensores públicos. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio DP/93/2023 que remite el Coordinador Área Penal Zona Costa de Defensoría Pública Estatal, con sede en esta ciudad, mediante el cual designa a los licenciados Jesús Mendoza Medina y Mariana Lizbeth García, a fin de que brinden el servicio de defensa y asesoría al quejoso Juan Manuel Nuñez Tirado. Atento a lo anterior, se tiene como defensores públicos del quejoso a los licenciados Jesús Mendoza Medina y Mariana Lizbeth García; por lo que, con fundamento en los artículos 1º. y 14 Constitucionales, y en términos de los arábigos 2º., fracción I de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, resulta procedente dar vista con la totalidad de las actuaciones que conforman el presente juicio de amparo; para para que vigilen la representación legal de los intereses del quejoso en el presente asunto, debiendo emprender las acciones conducentes para evitar dejar al directamente agraviado en estado de indefensión, pese a que las mismas deban ser examinadas de oficio por el juzgador de amparo, al tratarse de una cuestión de orden público. Lo anterior, acorde a los lineamientos previstos en los artículos 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, instituido en el Estado Mexicano a través del juicio de amparo. Sirve de apoyo el criterio jurisprudencial Tesis 1a./J.43/2019 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, registrada bajo el número 2020495, publicada el veintitrés de agosto pasado, de rubro y texto siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc. -, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja." Autorizados. Asimismo, téngase como autorizados para oír y recibir notificaciones de los defensores públicos señalados, a las personas que se precisan en el oficio de cuenta. Señalamiento de domicilio. De conformidad con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y 27 de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de los citados defensores públicos el indicado en el oficio que se atiende. Notifíquese; personalmente al quejoso y a los defensores públicos ********************

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que la audiencia constitucional se encuentra programada para el día de hoy; sin embargo, se encuentra pendiente que el Coordinador del Nuevo Sistema de Justicia Penal de la Defensoría Pública Estatal de esta ciudad, no ha dado cumplimiento al requerimiento efectuado el catorce de diciembre de dos mil veintidós, es decir, no ha designado defensor público para representar al quejoso, no obstante de estar notificado desde el tres de enero pasado. Requerimiento. En atención a lo anterior, a fin de salvaguardar los derechos del peticionario del amparo, y no dejarlo en estado de indefensión, con fundamento en el artículo 20, fracciones I y V, de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, en relación con lo dispuesto en el diverso numeral 10, fracción VI, del Reglamento de la Ley de Defensoría de Oficio del Estado de Baja California, requiérase nuevamente al Coordinador del Nuevo Sistema de Justicia Penal de la Defensoría Pública Estatal de esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, asigne al quejoso Juan Manuel Núñez Tirado un defensor público, a fin de que adquiera una representación jurídica capacitada para enfrentar las diversas situaciones que se le presenten en el juicio, en razón a las condiciones restrictivas de libertad en las que se encuentra; debiendo anexar copia simple de la demanda. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Diferimiento de audiencia. Por tanto, a fin de dar tiempo a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional fijada para este día, y en su lugar, se programan las nueve horas con cuarenta minutos del siete de marzo de dos mil veintitrés, para su verificativo. Cambio de denominación y competencia. Finalmente, visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, hágase del conocimiento de las partes que en cumplimiento al Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a partir del dieciséis de enero de dos mil veintitrés, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, cambió su denominación a Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y competencia mixta. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, catorce de diciembre de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que la audiencia constitucional se encuentra programada para el día de hoy; asimismo, que el quejoso Juan Manuel Núñez Tirado, no se encuentra notificado de los proveídos de once, quince y dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, como se ordenó en el acuerdo de admisión de cuatro de octubre del presente año. Por tanto, túrnense los autos a cualquiera de los actuarios a efecto de que notifiquen al quejoso Juan Manuel Núñez Tirado los proveídos antes mencionados, así como el presente acuerdo. Asimismo, se conmina a los actuarios que cumplan con las determinaciones que esta Juzgadora emite y en los plazos legales otorgados para ello, ya que su omisión retrasa la impartición de justicia en contravención del artículo 17 Constitucional, independientemente de la responsabilidad que acarrea ese retraso. Se solicita defensor. Por otra parte, del estado de autos se advierte que el Coordinador Penal Zona Costa de la Defensoría Pública Estatal de esta ciudad, no ha dado cumplimiento al requerimiento efectuado el once de noviembre del presente año, es decir, no ha designado defensor público para representar al quejoso, no obstante de estar notificado desde el quince de noviembre pasado. Requerimiento. En atención a lo anterior, a fin de salvaguardar los derechos del peticionario del amparo, y no dejarlo en estado de indefensión, con fundamento en el artículo 20, fracciones I y V, de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, en relación con lo dispuesto en el diverso numeral 10, fracción VI, del Reglamento de la Ley de Defensoría de Oficio del Estado de Baja California, requiérase nuevamente al Coordinador Penal Zona Costa de la Defensoría Pública Estatal de esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, asigne al quejoso Juan Manuel Núñez Tirado un defensor público, a fin de que adquiera una representación jurídica capacitada para enfrentar las diversas situaciones que se le presenten en el juicio, en razón a las condiciones restrictivas de libertad en las que se encuentra; debiendo anexar copia simple de la demanda. Se invoca como apoyo la tesis de Jurisprudencia 1ª./J.43/2019 (10ª), de rubro y contenido siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja. Apercibimiento. Apercibido que de no hacerlo dentro del término indicado o no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá una multa de $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos moneda nacional) equivalente a cincuenta veces el valor diario de Unidad de Medida y Actualización vigente, con fundamento en la fracción I del artículo 237, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo, y artículos segundo y tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Diferimiento de audiencia. Por tanto, a fin de dar tiempo a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional fijada para este día, y en su lugar, se programan las once horas con diez minutos del veinticinco de enero de dos mil veintitrés, para su verificativo. Notifíquese; y personalmente al quejoso.

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