JUAN MANUEL NAVA MUÑOZ y Otros.
Expediente 848/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 11 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 848/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 19/11/2019
Partes del expediente
- JUAN MANUEL NAVA MUÑOZ y Otros.
- Director de la Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana
- Juan Manuel Nava Muñoz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Tijuana, Baja California, diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Cumplimiento a ejecutoria de amparo. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa, mediante proveído de cinco de noviembre de dos mil diecinueve, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera con relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que lo hubieran hecho. En consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo y con la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Efectos del fallo protector. En principio, debe precisarse que a través de la sentencia emitida el treinta de septiembre del año en curso, se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a Juan Manuel Nava Muñoz, Israel Chávez Páez, Tania Isabel Villalobos Ortiz, Teodoro Aguilar González, Julio César Pillado Cabanillas, Fausto Amparo Díaz, Juan Ramón Reynoso Haro, Rosario Efrén Vega Espinoza, Arnoldo Antonio Murillo Manzanares o Arnoldo Antonio Murillo Manzanarez y Julisa Pérez Colmenares, contra el acto reclamado a la autoridad responsable Director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, Baja California, con residencia en esta ciudad, para los siguientes efectos: ''Motivo por el cual, a fin de restituirlos en el pleno goce de su derecho humano vulnerado, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es concederles el amparo para el efecto de que la autoridad responsable Director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, Baja California: De inmediato adopte las medidas necesarias que garanticen el servicio de agua potable -con regularidad- en los domicilios de los quejosos. Asimismo, en caso de que el problema de falta de suministro derive de un aspecto fuera del ámbito de su competencia, gestione lo necesario ante la autoridad o autoridades conducentes para atender el problema''. (sic) Requerimiento. En veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, causó ejecutoria la sentencia; y se requirió a la responsable por su cumplimiento; en atención a ello, por oficio sin número, registrado con el folio 17948, la responsable remitió las constancias que demuestran el cumplimiento al fallo protector. Se determina cumplida la sentencia de amparo. Del análisis de las constancias que remitió la responsable, se estima que se cumplió con el fallo protector, ya que realizó lo siguiente: Primero. Mediante oficio A201926759 de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, solicitó al Subdirector de Agua y Saneamiento de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, Baja California, con residencia en esta ciudad, se efectuaran las pruebas de registro a efecto de corroborar que se brindara de manera regular el servicio de agua potable en el domicilio de los quejosos. Segundo. Mediante oficio A201928159 de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, el Subdirector de Agua y Saneamiento de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, Baja California, con residencia en esta ciudad, hizo constar que el servicio se otorgó de manera contínua en el domicilio de los quejosos, correspondiente a las privadas Xilemas, Begonia, Hinojo y Menta y calle Arroyo Nuevo. Asimismo, la responsable adjuntó a su informe el plano de agosto de dos mil diecinueve, que contiene las Estaciones Reductoras de Presión (E.R.P.) Delicias, encargada de brindar servicio de agua potable al fraccionamiento Las Delicias, misma que se encuentra conectada a la Red de Agua Potable; así como el plano de ejecución que contiene la conexión de Acueducto Florido-Popotla, con tubería de doce pulgadas, para abastecer de agua potable al fraccionamiento Hacienda Las Delicias, de esta ciudad. Cabe destacar que aun cuando la autoridad no hace precisión respecto a la calle Arroyo Nuevo, de la copia certificada del oficio A201928159, se advierte que el Subdirector de Agua y Saneamiento de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, Baja California, con residencia en esta ciudad, precisó que no anexa registro de presión de dicha calle, toda vez que tal domicilio coincide con la presión registrada en la calle Privada Menta. Probanzas a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se determina cumplido el fallo protector. En esas condiciones, se advierte que la responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo, pues garantizó el servicio de agua potable con regularidad a los quejosos; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 196, segundo párrafo, de la ley de la materia, se declara cumplida la ejecutoria de amparo sin excesos ni defectos; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notificación. Comuníquese a la parte quejosa y tercero interesada la determinación que antecede para los efectos del artículo 201, fracción I, en relación con el 202, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre del año dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, que establece lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; pues en el punto Vigésimo prevé que son susceptibles de destrucción los expedientes auxiliares y los duplicados de los incidentes de suspensión que tengan más de seis meses de haberse dictado la sentencia o resolución interlocutoria correspondiente y en el punto Vigésimo Primero, establece que después de haber trascurrido cinco años como asunto concluido; son destruibles, los expedientes que se ubiquen en las fracciones I, II y III, primer párrafo de ese punto y que son susceptibles de depuración los que encuadren en las fracciones III, segundo párrafo, IV y V del punto en comento. Expediente principal. Ahora, en cumplimento al artículo Vigésimo Primero, fracción IV del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de depuración, por haberse concedido la sentencia de amparo. Cuaderno incidental original. En cambio, se precisa que el original del incidente de suspensión es depurable; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis de la fracción III, segundo párrafo del artículo Vigésimo Primero del mismo acuerdo; debiéndose conservar únicamente la determinación de diecinueve de julio de dos mil diecinueve, por la cual se concedió la suspensión provisional. Cuaderno duplicado. En cuanto al duplicado del incidente, se establece que es susceptible de destrucción al encuadrar en la hipótesis de la fracción III, del punto vigésimo del Acuerdo General Conjunto 1/2009 antes referido; por lo que se ordena dejar por separado del cuaderno principal y una vez transcurrido el términos de seis meses a que alude el referido acuerdo, procédase a su destrucción previa acta que se elabore para constancia. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al punto Vigésimo Quinto del mencionado acuerdo general. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del punto vigésimo primero, último párrafo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Informe de cumplimiento a sentencia. Agréguense a los autos para que obren como corresponda, el oficio y anexo que remite el Director General de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, en esta ciudad; atento a su contenido, se le tiene informando sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo en este asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio y anexos de cuenta, dése vista a las partes por el plazo de tres días legalmente computado, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, y una vez trascurrido dicho plazo, con o sin manifestación alguna, tráiganse los autos para resolver sobre el cumplimiento de la sentencia, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable; lo anterior con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo.
- Principal
Transcurrió plazo. De la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo de diez días concedido a las partes por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, en la que se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a los quejosos. Causa ejecutoria. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria; en consecuencia, dense los avisos de ley. Ahora, en la sentencia definitiva se otorgó el amparo y la protección de la Justicia Federal a los quejosos en los siguientes términos: ''Motivo por el cual, a fin de restituirlos en el pleno goce de su derecho humano vulnerado, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es concederles el amparo para el efecto de que la autoridad responsable Director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, Baja California: De inmediato adopte las medidas necesarias que garanticen el servicio de agua potable -con regularidad- en los domicilios de los quejosos. Asimismo, en caso de que el problema de falta de suministro derive de un aspecto fuera del ámbito de su competencia, gestione lo necesario ante la autoridad o autoridades conducentes para atender el problema''. (sic) Por ello, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, Baja California, para que dentro del plazo de tres días legalmente computado, de cumplimiento al fallo protector. Requerimiento al superior jerarquico. Igualmente, de conformidad con el artículo 192, párrafo tercero, de la ley de la materia, requiérase al Consejo de Administración de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, en su carácter de superior jerárquico del Director de dicha comisión, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, realice las gestiones conducentes y conmine a la responsable citada con antelación, para que dé cumplimiento a la ejecutora de amparo, debiendo demostrar ante este órgano jurisdiccional que dio la orden conducente. Apercibimiento. Se apercibe tanto a la responsable como a su superior jerárquico, en caso de incumplimiento, se les impondrá una multa de cien días en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado correspondiente para seguir el trámite de inejecución; mismo que podrá culminar con la separación del puesto y consignación de quien corresponda. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página diecinueve, tomo I, del libro doce del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, de noviembre de dos mil catorce, registro 2007918, que señala (énfasis añadido): "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Una vez transcurrido el plazo concedido a la autoridad responsable, dese cuenta con todo el expediente, para los efectos a que hubiere lugar.
- Principal
Tijuana, Baja California, nueve de octubre de dos mil diecinueve. Se devuelve expediente. Agréguese a los autos la copia certificada del oficio de cuenta signado por el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, al que acompaña los autos originales del cuaderno principal del juicio de amparo 848/2019-VI, del índice de este juzgado. Anotaciones y cuaderno de antecedentes. Háganse las anotaciones conducentes tanto en el libro de gobierno correspondiente como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); asimismo, glósese a los autos las actuaciones que no obran en este expediente y que se encuentran anexas al cuaderno de antecedentes que se ordenó formar con motivo de la remisión al Juzgado Auxiliar. Sin que sea el caso de agregar al presente juicio de amparo las copias certificadas que fueron expedidas para formar el cuaderno de antecedentes respectivo, toda vez que se duplicarían las actuaciones por obrar los originales en autos; por tanto, se ordena la destrucción de las mismas. Notificación de sentencia. Por otro lado, visto el estado de autos, se advierte que el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, el Juez Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región con residencia en Culiacán, Sinaloa, emitió el fallo correspondiente en este juicio de amparo; por tanto, se comisiona a cualquiera de los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional a efecto de que notifique tal determinación a las partes. Notifíquese en términos de ley.
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