Juan Manuel Miramontes Arias
Expediente 148/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 1 actuación registrada, la última del 24 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 148/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 24/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Juan Manuel Miramontes Arias
Actuaciones
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. RADICACIÓNVista la demanda de amparo promovida por Juan Manuel Miramontes Arias, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo Civil, del Segundo Distrito Judicial del Estado, con sede en la Ciudad del Carmen, Campeche y otras autoridades, por violación a los artículos 14 y 16 Constitucionales. Fórmese expediente, anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 148/2022, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). INCOMPETENCIA Ahora de un análisis integral del escrito de la demanda de amparo, se estima que este Juzgado Federal carece de competencia legal para proceder en eso términos, por las consideraciones que a continuación se exponen. En primer término, es menester traer a contexto lo previsto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo resaltado es propio. De la transcripción del anterior artículo se desprenden tres hipótesis que determinan cuando es competente un Juez de Distrito para conocer de una demanda de amparo promovida ante éste, las cuales son las siguientes: 1. Es juez competente para conocer de un juicio de amparo indirecto aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. 2. Es juez competente para conocer de un juicio de amparo indirecto, ante el que se presente la demanda cuando si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro. 3. Es juez competente para conocer del juicio de amparo indirecto, en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda cuando el acto reclamado no requiera ejecución material. Lo expuesto permite establecer que la competencia de los Jueces de Distrito, para conocer de un juicio de amparo, parte de la apreciación del acto reclamado a la luz de las hipótesis señaladas, por lo que, es importante distinguir la actualización de cada una de ellas, pues las dos primeras reglas de competencia aludidas exigen ejecución material y se diferencian con lo establecido en la tercera, porque esta última no la requiere; y lo que distingue a las reglas competenciales que demandan que el acto reclamado tenga ejecución material no es que ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que éste ocurra en la jurisdicción de uno o varios jueces de Distrito. Lo anterior obedece a la regla general de competencia contenida en la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Federal, que prevé que en el juicio de amparo promovido contra actos de autoridad, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en el que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, porque la o las autoridades responsables del dictado y de la ejecución de éste, serán las encargadas de afectar la esfera de derechos del gobernado. En efecto, el propósito del legislador fue hacer del juicio de amparo un medio de control constitucional asequible al gobernado, estableciendo reglas que lo facilitaran, contando con mejores medios y posibilidades de defensa para atender y vigilar el desenvolvimiento del juicio. Por eso, tratándose de la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, se toma en consideración el lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado, debido a que al ejercer el juzgador jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad ejecutora, cuenta con facultades para el desempeño de su función al determinar no sólo el derecho de las partes, con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias y emitir decisiones con autoridad de cosa juzgada, sino para que se agilice el eventual cumplimiento y ejecución de providencias procesales o de una sentencia en la que se haya concedido el amparo y protección de la Justicia de la Unión. En tales términos, la competencia de un Juez de Distrito para conocer del juicio de amparo no se encuentra sujeta a determinaciones discrecionales, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la determinación referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Amparo. Ahora bien, para determinar si en el caso se está en alguna de las hipótesis de incompetencia de este juzgado para conocer del presente asunto, debe tenerse presente que los actos reclamados se hicieron consistir en: Como ACTO RECLAMDO, señalo del Juez Segundo Civil del Segundo Judicial del Estado, con residencia en Ciudad del Carmen, la orden de lanzamiento y desposesión que se pretende realizar en perjuicio del suscrito del bien inmueble ubicado en la calle 47 número 150 entre 48 y 50 de la Colonia Tecolutla de Ciudad del Carmen Campeche, y todas las consecuencias jurídicas y materiales que indirecta o directamente deriven de los actos que reclamo y que impliquen una violación a las garantías individuales constitucionales del suscrito. Así mismo, solicito la nulidad de todo lo actuado a partir de la diligencia de emplazamiento practicada por el actuario adscrito a ese mismo juzgado, incluyendo la sentencia y la ejecución que se haya dictado y lo que se siga actuando; lo anterior dentro de los autos del expediente judicial número 152/2015-16/1C-II, relativo al Juicio Especial Hipotecario, promovido por la C. MARÍA DE LOS ÁNGELES GONZÁLEZ DÍAS, en contra de mi esposa NORMA ALICIA ESPONOSA LÓPEZ; de la autoridad que señalo como responsable ejecutora, reclamo cualquier tipo de ejecución que se derive o resulte del juicio antes mencionado Así las cosas, la suscrita considera que carece de competencia legal para conocer de la presente demanda de amparo. Lo anterior es así, en virtud de que el quejoso reclama una orden de lanzamiento y desposesión de un bien inmueble ubicado en Ciudad del Carmen Campeche, emitida dentro del expediente judicial 152/2015 del índice del Juzgado Segundo Civil, del Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en Ciudad del Carmen, Campeche, actos que tienen ejecución en esa ciudad, pues ahí residen las autoridades ante las cuales se está substanciando el citado juicio civil de cuya orden de lanzamiento se duele el quejoso. Además, la parte quejosa señaló únicamente autoridades con residencia en Ciudad del Carmen, Campeche, dado que ante ésta se está tramitando el expediente judicial de donde emana el acto que se duele,, no así alguna otra que tenga su domicilio en esta ciudad, para que en su caso se surta la competencia a favor de este órgano jurisdiccional. Sirve de apoyo a lo anterior, por sus consideraciones, la jurisprudencia siguiente: Época: Décima Época Registro: 2005229 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 2, Enero de 2014, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 116/2013 (10a.) Página: 853 COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES QUE CONCEDE LA EXTRADICIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ INSTRUCTOR DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO Y NO DEL QUE RADIQUE EN EL LUGAR DE RECLUSIÓN DEL QUEJOSO. De los artículos 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013 y 37 de la vigente a partir del día siguiente -normas que fijan los criterios de competencia de los jueces de distrito-, deriva que cuando el acto reclamado tenga ejecución material, la competencia para conocer del juicio de amparo se surte a favor del juez que ejerza jurisdicción donde se materializan los efectos del acto reclamado. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la que se instruye el procedimiento de extradición y promueve juicio de amparo contra la resolución definitiva mediante la cual la Secretaría de Relaciones Exteriores la concede, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez instructor del procedimiento respectivo, pues si bien es cierto que dicha resolución es la que da la pauta para la entrega del reclamado, también lo es que el artículo 34 de la Ley de Extradición Internacional establece un procedimiento al que debe sujetarse esta entrega, la cual se realizará al personal autorizado por el Estado que obtuvo la extradición en el puerto fronterizo o, en su caso, a bordo de la aeronave en que deba viajar el extraditado. De lo anterior se advierte que el cumplimiento de la resolución que concede la extradición comienza con la extracción del reclamado del lugar de su reclusión, a fin de ponerlo a disposición de la Procuraduría General de la República, por ser ésta la encargada de su entrega al Estado reclamante en el lugar convenido, el cual, por estar sujeto al sitio donde se acuerde la entrega, puede no coincidir con la jurisdicción del juez del lugar donde se encontraba recluido el reclamado. Este criterio obedece al propósito de conservar la unidad del procedimiento de extradición, así como el permitir la emisión de criterios generales a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones en las diversas etapas de aquél, que bien podrían ser contradictorias. De modo que, no se puede aplicar la regla de lugar de presentación de la demanda de amparo, sino que la competencia se fija con base en las reglas de ejecución, pues el acto reclamado tiene ejecución únicamente en Ciudad del Carmen, Campeche, ya que en ese lugar se encuentra el bien inmueble del que aduce se ordenó una orden de lanzamiento, además que también en esa ciudad residen las autoridades ante quienes se instruye el expediente judicial, Por tanto, los actos reclamados en el presente juicio de amparo tienen ejecución en un lugar diverso al en que ejerce jurisdicción este juzgado, esto es, Ciudad del Carmen, Campeche, pues es en ese lugar donde se está substanciado el expediente judicial; por lo que, es inconcuso que corresponde conocer del presente asunto al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: Época: Séptima Época Registro: 395560 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1985 Parte VIII Materia(s): Común Tesis: 91 Página: 142 COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO SE HAYA CONSUMADO. INTERPRETACIÓN ANALÓGICA INCORRECTA DEL ARTÍCULO 36, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere, se interpondrá ante el juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se le tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en el las pruebas que a su derecho importen, cuando el juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo de amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquel haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la Ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiere dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo. Por lo tanto, este Juzgado Federal es legalmente incompetente por razón de territorio para conocer de la demanda que nos ocupa, en atención a las consideraciones antes expuestas. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, y de conformidad con el punto Segundo, fracción VII, párrafo quinto, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; este órgano jurisdiccional se declara LEGALMENTE INCOMPETENTE para conocer del presente asunto y estima que resulta competente el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, por lo que, fórmese cuaderno de antecedentes con copia certificada de las constancias pertinentes y remítase la demanda original por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en aquella ciudad, a fin de que, tenga a bien pronunciarse respecto de la incompetencia planteada, solicitándole de la manera más atenta que una vez que obren en su poder los presentes autos, acuse recibo correspondiente. Resulta aplicable, la tesis II/92 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, mayo de 1992, visible en la página 94, cuyo contenido es el siguiente: COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto. De igual forma, tiene aplicación por su sentido y consideraciones, la jurisprudencia 13/95 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Junio de mil novecientos noventa y cinco, visible en la página 107, cuyo contenido es el siguiente: COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCION ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En virtud de que el impetrante del amparo señala como domicilio para oír y recibir notificaciones uno ubicado fuera del lugar donde reside este órgano jurisdiccional. En esas condiciones, notifíquensele los autos que se dicten en el presente asunto, aún los de carácter personal, por lista de acuerdos, en términos de los artículos 27, fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo vigente, hasta en tanto señale domicilio en esta. Téngase como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Carlos Alberto Osalde Alejandro, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, tal como se advierte de la certificación secretarial de cuenta; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, en términos del segundo párrafo del citado numeral a Miguel Flores Velázquez y Doryan Francisco Rodríguez García, al no contar con su cédula profesional registrada en el sistema computarizado de mérito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con el propósito de evitar dilaciones en el presente asunto, al respecto, requiérase a los actuarios adscritos a este juzgado, a efecto de que observen lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las resoluciones que se dicten deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificará inmediatamente en que sean pronunciadas. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. DIGITALIZACIÓN Y EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En observancia a los Acuerdos Generales conjuntos 1/2009 y 1/2013 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, así como el diverso Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, el cual en el transitorio tercero precisa que queda derogado el Título Cuarto, De los servicios electrónicos del CJF, del Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y al artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las constancias indispensables para su debida integración. COMUNICACIÓN ENTRE ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 9º, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, -que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1º, 2º, fracción V, 3º, fracción X; 4º, 7º, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete -que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1º, fracción l, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Cuarto y Séptimo transitorios del decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite a las partes y a sus autorizados la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de los acuerdos que obran en el presente juicio. EXHORTO PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON LAS PARTES De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se invita a las partes a que: a) De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, lo que significa que no podrá practicarse ninguna notificación a través de estos medios, únicamente son para establecer contacto. El contenido de estos contactos deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DENTRO DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL Se precisa a las partes, que en caso de que deseen consultar el expediente electrónico en los equipos de cómputo que están a su disposición en este órgano jurisdiccional, deberán generar una cita a través de un proceso automatizado disponible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el que se les otorgará un Código QR que permitirá a éstas y, en su caso, a otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresar al órgano jurisdiccional, plenamente identificadas y registradas, dicho código podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso, en el entendido de que la cita durará un máximo de veinticinco minutos, de conformidad con los artículos 3, 6 , fracción II, y 8, del referido Acuerdo General 21/2020. INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS Con apoyo en el artículo 2°, fracción VI, del referido Acuerdo General 21/2020, se instruye a los secretarios de este juzgado para que se realice la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos, asimismo, en caso de detectar alguna omisión, lo hagan saber a la titular para ordenar que se subsane de inmediato. DILIGENCIAS PERSONALES De conformidad con el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021 y 1/2022, las diligencias personales que se realicen en este asunto, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud del servidor público que la realice y de las personas justiciables. Notifíquese por lista de acuerdos al promovente como esta ordenado en el presente previsto. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Bruno Aníbal Rivera García, que autoriza y da fe.
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