Juan Manuel Merchant Garcia
Expediente 336/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 7 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 336/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 15/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Juan Manuel Merchant Garcia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a quince de agosto de dos mil veintitrés. Visto el oficio electrónico de la Actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito; agréguese a los autos para que obre como corresponda y téngasele informando que se dio trámite al recurso de queja interpuesto por la parte promovente en contra del auto que desechó y se turnó el expediente para formular el proyecto de resolución correspondiente, radicándolo bajo el número de toca 292/2023. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Alfredo García Ríos, que autoriza y da fe.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Vista la papeleta de turno remitida por la técnico del Enlace Administrativo OCC, adscrita a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa de Enríquez, Veracruz; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes y téngasele dando cumplimiento al requerimiento efectuado mediante proveído de veinticinco de los actuales, al informar que el recurso de queja interpuesto por el promovente, en contra del auto que desechó la demanda, le correspondió conocer por razón de turno al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con domicilio en Xalapa de Enríquez, Veracruz. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley de Amparo, remítase al supracitado Tribunal Colegiado, el escrito original de agravios y se deja a su disposición la versión electrónica del expediente en que se actúa, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, se deja a disposición del supracitado tribunal la versión electrónica del expediente en que se actúa, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. Ello, en virtud de que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, entró en vigor el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones Digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas Administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, dentro del cual se establece la integración del presente asunto se hará constar únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso, y tomando en consideración que el artículo 22, párrafo segundo prevé que "Las constancias que integran el expediente electrónico, cuando incluyen la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables.". Se instruye a la Oficial "A", para que habilite esa función, con la finalidad de que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, pueda consultar el expediente electrónico del índice de este juzgado, con posterioridad a que la persona encargada en dicho órgano haya relacionado el expediente de su índice, con este juicio de amparo, mediante la aplicación de las herramientas denominadas "Vincular con otro órgano" y "Relacionar con expediente de origen", del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En virtud de lo expuesto, se instruye a los oficiales "A" y "C", a los actuarios judiciales y al secretario encargado del trámite del presente asunto, para que verifiquen que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado, por lo que deberán realizar todas las acciones necesarias para conformar debidamente aquél. Cabe destacar que en el acuerdo de veinticinco de julio del presente año, se rindió el informe justificado en los siguientes términos. "(.)se rinde el informe justificado relativo a la queja de que se trata y dígase al Tribunal Colegiado que es cierto el acto reclamado, cuya legalidad se sostiene por sus propios fundamentos y consideraciones. (.)". Notifíquese; y por oficio al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con domicilio en Xalapa de Enríquez, Veracruz. Así lo acordó y firma electrónicamente Alfredo García Ríos, secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, encargado del despacho con motivo del primer período vacacional del presente año que gozará la titular de este órgano, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado en sesión de cinco de junio de dos mil veintitrés, lo que se comunicó por la secretaria técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/3097/2023, de esa misma fecha, ante el secretario Bruno Aníbal Rivera García, que autoriza y da fe.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veinticinco de julio de dos mil veintitrés. Visto el escrito del autorizado de la parte quejosa, a través del cual interpone RECURSO DE QUEJA en contra del acuerdo que desechó la demanda de amparo; agréguese a los autos una copia del ocurso de cuenta y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la ley de la materia, se rinde el informe justificado relativo a la queja de que se trata y dígase al Tribunal Colegiado que es cierto el acto reclamado, cuya legalidad se sostiene por sus propios fundamentos y consideraciones. En tal virtud y en atención a la circular DGGJ/0012/2020, de diez de julio de dos mil veinte, emitida por la Titular de la Dirección General de Gestión Judicial, gírese oficio vía correo electrónico institucional a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa de Enríquez, Veracruz; adjuntando los datos necesarios para su registro y el turno correspondiente a la normativa vigente (de manera aleatoria o relacionada). En virtud de lo expuesto, y para efectos de registro, se precisan los datos siguientes: NUMERO DE JUICIO DE AMPARO: 336/2023 FECHA DE RECEPCIÓN DE LA DEMANDA: 06/06/2023 NOMBRE DEL QUEJOSO: JUAN MANUEL MERCHANT GARCÍA TERCERO INTERESADO: NO EXISTE TIPO DE JUICIO O PROCEDIMIENTO QUE SE PROMUEVE: JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ACTOS RECLAMADOS: RESOLUCIÓN DE DIECINUEVE DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, DONDE SE DECLARÓ INFUNDADO EL RECURSO DE REVOCACIÓN INTERPUESTO POR EL AQUÍ QUEJOSO EN CONTRA DEL AUTO DE TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, DONDE SE DIO VISTA A LA PARTE DEMANDADA PARA QUE MANIFIESTE SI ES SU DESEO DESIGNAR A LOS PERITOS AHÍ PRECISADOS DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL 03/2021-III-A, DEL ÍNDICE DEL JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD, ASÍ COMO EL RETARDO EN EL DICTADO DE SU SENTENCIA, LO CUAL RESULTA EVIDENTE QUE COMO CONSECUENCIA DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA. MATERIA: CIVIL AUTORIDAD RESPONSABLE: JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARIO QUE RECIBE LA DEMANDA: BRUNO ANIBAL RIVERA GARCÍA RECURRENTE: QUEJOSO CLASIFICACIÓN DEL ASUNTO EN URGENTE Y NO URGENTE: NO URGENTE RECURSO INTERPUESTO: QUEJA FECHA DEL AUTO COMBATIDO: 13/07/2023 FUNDAMENTO LEGAL EN EL QUE ENCUADRA EL RECURSO 97, FRACCIÓN I, INCISO A) OBSERVACIONES NO CORRESPONDE A NINGÚN REQUERIMIENTO REALIZADO POR ALGÚN TRIBUNAL Notifíquese; y por correo electrónico institucional a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil. Así lo acordó y firma electrónicamente Alfredo García Ríos, secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, encargado del despacho con motivo del primer período vacacional del presente año que gozará la titular de este órgano, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado en sesión de cinco de junio de dos mil veintitrés, lo que se comunicó por la secretaria técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/3097/2023, de esa misma fecha, ante el secretario Bruno Aníbal Rivera García, que autoriza y da fe.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a trece de julio de dos mil veintitrés. Visto el oficio 284/2023-C del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa de Enríquez, Veracruz, al que adjunta el testimonio de la resolución pronunciada en sesión de veintitrés de junio de dos mil veintitrés, en el ********************, cuyos puntos resolutivos son del tenor siguiente: "ÚNICO. Se declara infundada la excusa planteada por la licenciada Natividad Regina Martínez Ramírez en su carácter de titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Poza Rica, para conocer del juicio de amparo indirecto ******************** del juzgado a su cargo promovido por ********************por propio derecho." Acúsese recibo, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, y provéase lo conducente. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA En principio, es menester tener presente que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, y se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierte es operante en el caso concreto; de tal modo que, aun en el supuesto de admitirse y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Son orientadoras las consideraciones sustentadas en la jurisprudencia P./J. 128/2001. En el caso, de oficio, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción V del diverso 107, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, pues el acto reclamado no lesiona derechos sustantivos ni genera efectos de imposible reparación en detrimento del quejoso, como se verá a continuación. I. causa de improcedencia Invocada Los artículos previamente mencionados, establecen, textualmente, lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley; [.]." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." Así, puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento. La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable el criterio, de considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento. Así, en la actualidad la concepción de que el amparo indirecto procede contra una violación formal o adjetiva que afectaba a las partes en grado predominante o superior, resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva. Sobre el tema, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las contradicciones de tesis 377/2013 y 14/2015, determinó que por actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que producen una afectación material a derechos sustantivos, ya sea que éstos se encuentren reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y precisó que sus consecuencias, al ser de tal gravedad, impiden en forma actual el ejercicio del derecho involucrado, por lo que con su dictado no sólo producen lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva. Al caso, resulta aplicable por sus consideraciones, la siguiente jurisprudencia, derivada de la contradicción de tesis 377/2013, referida en líneas que anteceden: Época: Décima Época Registro: 2006589 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 7, Junio de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 37/2014 (10a.) Página: 39 PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. (Lo resaltado es propio) Así como la diversa jurisprudencia derivada de la contradicción de tesis 14/2015, que a la letra dice: "Época: Décima Época Registro: 2011428 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 1/2016 (10a.) Página: 15 CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo. (Lo resaltado es propio)" Asimismo, para delimitar esa irreparabilidad, se establecieron dos condiciones: 1) que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; y, 2) que esos derechos revistan la categoría de "sustantivos", expresión que resulta antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. II. acto reclamado Establecido lo anterior, de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que el disconforme señala como actos reclamados los consistentes en: "La resolución de 19 de mayo del año en curso, emitida en los autos del ********************; y El retardo injustificado para integrar y resolver, por sentencia definitiva, el juicio ordinario civil citado con antelación." En tanto, en los numerales siete y ocho del capítulo de antecedentes, precisó: "7. Por auto de 30 de marzo del año en curso, sin embargo, su señoría advirtió ciertas irregularidades en el procedimiento, por lo que, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ordenó su regularización para el efecto de que PEP, dentro del término de tres días, presentara su perito, dado que el proveído de "16 de junio del año 2021", contenía un apercibimiento que "no contemplado" por el Código Federal de Procedimientos Civiles, y para que ******************** manifestara si era su deseo designar como perito a ******************** en materia ambiental y a ******************** en agronomía y valuación, ya que sostiene las mismas pretensiones que ********************. 8. Contra esa determinación promoví recurso de revocación. Este fue resuelto el día 19 de mayo del corriente año, declarándose infundado. Dicha determinación me causa un daño irreparable que trasciende sobre mis derechos sustantivos, por lo que acudo a solicitar el amparo y protección de la justicia federal. (.)". Ahora bien, en el caso, la parte quejosa señala como acto reclamado la resolución de diecinueve de mayo del año en curso, donde se declaró infundado el recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso en contra del auto de treinta de marzo de dos mil veintitrés, donde se dio vista a la parte demandada para que manifieste si es su deseo designar a los peritos ahí precisados dentro del ********************, del índice del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, así como el retardo en el dictado de su sentencia, lo cual resulta evidente que como consecuencia de la resolución reclamada. De esta manera, la citada resolución no es un acto de los considerados de imposible reparación, ya que dicha resolución tiene efectos meramente procesales, lo que no implica un perjuicio al impetrante del amparo, puesto que al tenor de los antecedentes vertidos bajo protesta de decir verdad, se aprecia que el requerimiento a los demandados materia de la revoicación, se encuentra dirigido únicamente a dichas morales; de ahí que, dicha resolución afecta únicamente derechos procedimentales y no derechos sustantivos. Por tanto, el acto que en esta vía se impugna no constituye un acto reclamable en amparo indirecto, por no tener una ejecución de imposible reparación, ya que no afecta de manera cierta e inmediata algún derecho material o sustantivo a la parte quejosa; y, a manera de ejemplo son, entre otros, el arresto, la apertura de la correspondencia, derechos de libertad, de secrecía de modo irresarcible, ya que una vez ejecutados los actos, no podrá reponerse al arrestado el tiempo que estuvo detenido, ni volver al secreto el contenido de la correspondencia abierta. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, al promovente solo se le infringen derechos adjetivos o procesales, en el sentido de que tendrá que sujetarse a la continuación del juicio a raíz de la designación y fijación de peritos de los allá demandados y esperar que se dicte una sentencia definitiva en donde podría obtener una resolución favorable y quedar subsanada la violación que ahora alega. De ahí que, en la especie, no se dan las condiciones para la procedencia del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, pues no se afectan derechos materiales, sino solo formales, esto es, el derecho que reclama la parte quejosa, no reviste la categoría de derecho sustantivo, por no ser una afectación actual sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio de origen, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Además, como ya se indicó, la aludida resolución tiene efectos meramente procesales, y por ende constituye una violación combatible, en todo caso, en el juicio de amparo directo que se intente en contra de la sentencia definitiva que se pronuncie, ya que hasta ese momento se sabrá si la violación de que se trata afectó al particular trascendiendo al resultado del fallo; habida cuenta que la resolución que ponga fin al juicio pudiera ser que le beneficie y por tanto las violaciones procedimentales quedarán reparadas, o en su caso, de serle desfavorable ello podría ser todavía cuestionado en una eventual segunda instancia o en el juicio de amparo directo y obtener su reparación. Ello es así, no obstante lo indicado por la quejosa puesto que no se ordena reposición de procedimiento, si no precisamente con el fin de evitarlo, se regularizó el procedimiento, además en modo alguno se aprecia que como consecuencia del acto reclamado pudiera ordenarse "nuevamente" pruebas que podría ser imposible llevarlas a cabo, pues las atinentes a los demandados no se habían llevado a cabo anteriormente, a raíz de la falta de designación de peritos. III. Conclusión En tal virtud, el acto que reclama el promovente en el presente juicio de amparo no lo deja sin defensa, pues como ya quedó apuntado, no constituye una violación de carácter irreparable, ya que sólo tiene efectos intraprocesales, pues no se afectan de modo directo e inmediato sus derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en todo caso, las consecuencias del acto reclamado podrían constituir una violación procesal, es decir, aquellas que no tienen sobre las personas una ejecución irreparable, en tanto producen exclusivamente efectos de carácter formal, que desaparecen sin dejar huella en la esfera jurídica del afectado cuando éste logra queden satisfechas sus pretensiones con el dictado de una resolución favorable. Ahora bien, si por el contrario, el promovente no llegase a obtener sentencia favorable, entonces el perjuicio que le origine la audiencia reclamada podrá ser reparada como ya se indicó, por medio del amparo directo, tal y como lo prevé la fracción III, inciso a) del artículo 107 de la Carta Magna, en términos de los diversos 170, 171 y 172, fracción XII de la Ley de Amparo, previo agotamiento del recurso ordinario si lo hubiere y fuese necesario su interposición previo al juicio de amparo directo y así obtener lo que aquí se busca. Máxime que, dar trámite a la demanda que se trata vulneraría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional, relacionado con la impartición de justicia pronta, completa y expedita, a más del debido acceso a aquélla, dado que retrasaría el dictado de la resolución que al efecto se vaya a pronunciar en el juicio agrario natural, lo que la suscrita juzgadora considera le depararía mayor perjuicio al impetrante y a la litis que lo integra, al no resolver lo conducente en el expediente de mérito. En mérito de lo expuesto, al no resultar de imposible reparación el acto reclamado, es incuestionable que en el particular se actualiza la causal de improcedencia en estudio, que resulta de relacionar la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107 fracción V de la propia ley, este último interpretado a contrario sensu, por lo que, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda promovida por ********************, por su manifiesta e indudable improcedencia. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Bruno Aníbal Rivera García, que autoriza y da fe. El Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Poza Rica de Hidalgo, CERTIFICA: que la promoción de cuenta se encuentra digitalizada y agregada al expediente electrónico y físico. Doy Fe.
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